Jorge Teruel Ortiz Quiroga
Expediente 620/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 620/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 12/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jorge Teruel Ortiz Quiroga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; doce de agosto de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que las partes no recurrieron la sentencia dictada por este juzgado que sobreseyó en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. No se tramitó incidencia de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, ARCHÍVENSE LOS AUTOS COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino de expediente principal. Hágase saber a las partes, que este expediente se encuentra en la hipótesis que establece el Artículo 21, inciso a) y penúltimo párrafo, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales"; por lo que procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias. Por otro lado, se hace la precisión que el criterio y plazo de conservación es el siguiente: Destruible y deberá conservarse en el archivo de este Juzgado durante TRES AÑOS; asimismo, el expediente no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en el instrumento normativo en cita y no obran documentos originales que deban ser devueltos a quien corresponda. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 620/2020, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado el mismo día por razón de turno, *************, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que precisaron en su demanda. SEGUNDO. AUTO INICIAL Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, conocer de la demanda de amparo de que se trata, registrándose con el número de expediente 620/2020, misma que en auto de tres de septiembre de dos mil veinte, se desechó parcialmente por unas autoridades y se admitió a trámite por diversas, en donde se mandó pedir informe justificado; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento y reanudación del procedimiento, se celebró en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, residente en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 107 de la Ley de Amparo vigente, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que las autoridades señaladas como responsables tienen su residencia oficial dentro del ámbito territorial donde este Tribunal Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LEYES Y ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de las leyes y actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son, en observancia a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo aplicable; realizando para tal efecto, un análisis conjunto de la demanda de garantías, que atienda a lo que materialmente se pretende, tal como lo ha dispuesto nuestro máximo Tribunal de la República. Tiene aplicación en este sentido, la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del Tomo XI de abril de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En esa tesitura, se tiene que en el presente juicio de amparo, los actos que serán sometidos al análisis constitucional, conforme a lo señalado en la demanda de amparo, son los siguientes: a). El proceso legislativo de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en su artículo 77, fracciones II, III y XX. b). El proceso legislativo de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en sus artículos 94 ter a 94 ter 11, 119 a 125, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos. c). La aplicación de los mencionados preceptos legales, al haberse efectuado el cobro y pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y adicional al mismo, respecto de la escritura pública 308,499, de nueve de febrero de dos mil dieciocho, elevada ante la fe del Notario Público número Dos de la Primera Demarcación Notarial en el Estado de Morelos. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, y por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causal de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Previamente, es pertinente precisar que en auto de tres de septiembre de dos mil veinte, este juzgado federal desechó la demanda de amparo únicamente por cuanto al señalamiento del Secretario de Gobierno y Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, como autoridades responsables, por no revestirles tal carácter para efectos del juicio de amparo; proveído que causó firmeza el veintiuno de septiembre de esa misma anualidad, al no haberse impugnado. Por otra parte, la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayutamiento de Jojutla, Morelos, en forma general negó la existencia de los actos, y si bien no hizo mención específica respecto de la aplicación del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que reclama la parte quejosa, debe tenerse a dicha autoridad municipal negando su ejecución, pues conforme a tal legislación, no se encuentra dentro del ámbito de su competencia practicar el cobro de derechos registrales, cuya hipótesis prevé es precepto; aunado a que como se verá más adelante, su intervención deriva de la aplicación de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, en relación al cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. En ese orden de ideas, deben tenerse por inexistentes los actos reclamados relativos a la aplicación del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, pues no se deduce que la autoridad municipal haya aplicado a la parte inconforme dicha porción normativa. Ello es así, pues de la interpretación de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124, de la Ley de Amparo, se aprecia que corresponde a la parte quejosa desvirtuar la negativa de los actos atribuidos a las responsables, debiendo, por un lado, acreditar su existencia, y por otro, su inconstitucionalidad. Apoya la anterior consideración, la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/308, que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 763, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Así las cosas, del análisis de las constancias que integran el cuaderno de amparo se advierte que la parte quejosa no ofreció algún medio de prueba idóneo con el cual acreditara que Tesorero Municipal de Jojutla, Morelos, hubiera ejecutado los actos que se le atribuyen en relación al artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. En esa tesitura, resulta claro que es inexistente al acto reclamado relativo a la aplicación del referido precepto legal; consecuentemente, lo procedente es decretar el sobreseimiento en esta instancia constitucional, de conformidad con la fracción IV del numeral 63 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Apoya las anteriores consideraciones la jurisprudencia 284, consultable en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es de la siguiente voz: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. CERTEZA DE DIVERSOS ACTOS RECLAMADOS. En ese sentido se tiene que son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Morelos, residentes en esta ciudad, pues así lo afirmaron al rendir su correspondiente informe justificado, en el ámbito de su respectiva competencia en relación al proceso legislativo de las normas que se tildan de inconstitucionales. Además, al ser los actos reclamados la existencia de leyes, éstas no son objeto de prueba, pues la existencia de las normas no depende del contenido de los informes de las responsables, pues basta que estén publicadas en el Diario o en el Periódico Oficial correspondiente para tener por acreditada su existencia, así como para que las autoridades estén obligadas a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad y en consecuencia, a conocer su contenido y alcance. Al caso, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XII, Agosto de 2000, en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Por su parte, la autoridad responsable Tesorero Municipal de Jojutla, Morelos, negó la existencia de los actos que se le atribuyen en relación al cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, sin embargo, deben tenerse por ciertos los relativos a la aplicación de los artículos 94 ter a 94 ter 11 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, ya que obra en autos copia certificada del recibo "CFDI" expedido por dicha autoridad a nombre de los quejosos, identificado con el número B 39597, de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, en el que se precisa como concepto de pago "IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES", el cual fue remitido en copia certificada por el Notario Público número Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, previo requerimiento que se le formuló; documental que adquiere valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Una vez que ha sido estudiada la existencia de los actos reclamados, previo al estudio de fondo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público cuyo estudio es oficioso y preferente, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Cobra aplicación la jurisprudencia número 814, localizable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17 de la Ley de Amparo, respecto del reclamo del cobro y pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y adicionales al mismo, conforme a los artículos 94 ter a 94 ter 11 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que fueron tildados de inconstitucionales. Lo anterior es así, en virtud de que la demanda de amparo no se presentó dentro de los quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir de la fecha en que se tuvo conocimiento de los actos de aplicación reclamados. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Mientras que el diverso 17 de ese mismo ordenamiento dice: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I.- Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II.- Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III.- Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV.- Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En el caso, de las documentales remitidas por el Notario Público número Dos de la Primera Demarcación Notarial en el Estado de Morelos, consistente en copia certificada de diversas constancias que integran el testimonio ******, de nueve de febrero de dos mil dieciocho, se deduce que en esa fecha, al celebrarse entre otros actos el contrato de compraventa, en el que participaron los aquí quejosos como compradores, en el apartado relativo a certificaciones fiscales, se indicó: ".DE LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISIÓN DE BIENES INMUEBLES. - DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, EL ACTO JURÍDICO CONTENIDO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO CAUSA IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN SUS ARTÍCULOS 94 TER (NOVENTA Y CUATRO TER) 94 TER-1 AL 94 TER-11 (NOVENTA Y CUATRO TER UNO AL NOVENTA Y CUATRO TER ONCE) 119 AL 125 (CIENTO DIECINUEVE AL CIENTO VEINTICINCO).- OPERACIÓN COMPRAVENTA.- BASE SEGÚN AVALÚO.- $1,743,000.00.- IMPUESTO TASA 2%.- $34,860.00.- MAS 25% ADICIONAL.- $8,715.00.- TOTAL A PAGAR.- $43,575.00.-." Asimismo, en esa actuación, el notario público indicó: ".YO, EL NOTARIO DOY FE: (.) X.- De que habiéndoles leído a los comparecientes el presente instrumento, y explicándoles el valor y la fuerza legal de su contenido, me manifestaron su conformidad con el mismo, ratificándolo y firmándolo." Aunado a ello, se deduce que el ocho de marzo de dos mil dieciocho, el referido notario público expidió a nombre del quejoso el recibo de pago "**********", en el que también se indicó como concepto de pago el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y sus adicionales, y se citaron los referidos preceptos legales. Esa documental acredita que la quejosa conoció de las normas generales cuya inconstitucionalidad reclama, el nueve de febrero de dos mil dieciocho, en que se llevó a cabo la firma del instrumento notarial, y le fueron aplicados dichos ordenamientos cuando realizó el pago de los impuestos descritos, el ocho de marzo de dos mil dieciocho, como se deduce del recibo expedido por el notario en mención público mencionado. En ese contexto, devienen consentidos tácitamente los actos que reclama la parte quejosa en la presente instancia constitucional, por no impugnarlos dentro de los quince días siguientes al ocho de marzo de dos mil dieciocho, fecha en la que pagó los tributos; pues a partir de entonces tuvo conocimiento pleno de los actos de aplicación que reclama. En ese escenario procesal, es evidente que queda desvirtuada la manifestación bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, en el sentido de que conoció recientemente de los actos reclamados, durante el periodo de contingencia decretada por el gobierno federal para evitar la propagación del virus "SARS- COV2 COVID-19"; lo que es de conocimiento general aconteció a partir de la segunda quince de marzo de dos mil veinte. Por ende, como la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, hasta el veintiuno de agosto de dos mil veinte, queda patente que resulta extemporánea porque no se hizo con la oportunidad que estatuye el artículo 17, de la ley de la materia, tomando en cuenta que entre la fecha de pago y la presentación de la demanda transcurrieron más de quince días. Cierto, la liquidación de los derechos e impuestos que formula el fedatario público informada al contribuyente, constituye el primer acto de aplicación de los preceptos legales que lo regulan y, por ende, genera la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento tácito, en caso de que no se impugne dentro de los quince días siguientes a aquel en que la parte quejosa (adquirente) tuvo conocimiento de dicho acto, tal como ocurrió en el caso, en el contexto jurídico y fáctico hasta aquí evidenciado. En efecto, el pago de los tributos de que se trata, es el que materializa la aplicación de los actos reclamados, pues es el instante en que la parte obligada, por disposición legal, se vincula a la autoridad, lo que no puede ocurrir en ningún momento posterior, como lo pretende la parte quejosa, pues estimar lo contrario, dejaría al arbitrio del gobernado, la promoción del juicio de amparo. Más aún, según se transcribió antes, en el testimonio notarial de mérito, se hizo constar que fue leído personalmente a las partes contratantes y se les explicó la fuerza legal de su contenido, quienes manifestaron su comprensión y conformidad plena con los mismos, estampando todos los comparecientes al calce su firma. Así, la fe pública del Notario encargado de la escrituración hace prueba plena para resolver en ese sentido y tomar en consideración la fecha de conocimiento de la parte quejosa de los conceptos de cobro de tributos, así como de las tarifas y tasas en que se sustentaron y las cantidades equivalentes a cada tributo. Aún más, la Ley del Notariado del Estado de Morelos, establece lo siguiente: "Artículo 28.- Los Notarios tienen la obligación de: I.- Atender personalmente la Notaría a su cargo; II.- Ejercer sus funciones cuando para ello fueren requeridos; III.- Explicar a los comparecientes y otorgantes, el valor y las consecuencias legales de los actos que ellos vayan a autorizar (.)". "Artículo 32.- El Notario es el profesional del Derecho que tiene el deber de explicar a las partes el valor y las consecuencias legales de los actos que vayan a otorgar ante él". De lo anterior, se establece la obligación de los Notarios Públicos adscritos a las diversas Demarcaciones del Estado de Morelos, de explicar a las partes las consecuencias legales de los actos que ante ellos se realizan. Así que, si por disposición legal se encuentran obligados a dar a conocer a los contratantes el valor y consecuencias legales de sus actos; entonces, el Notario Público goza de la presunción legal de que al momento en que celebró la escritura pública referida y plasmó lo que en ella se estipula, se apegó a la normatividad que rige su función pública, puesto que no existe prueba en contrario, ni tampoco su actuar fue motivo de controversia en esta instancia de amparo. Aunado al hecho de que, con independencia de que les haya explicado a las partes de manera verbal las consecuencias legales de la escritura pública, entre las cuales, evidentemente se encuentra la obligación de pago de impuestos, en el testimonio de mérito se asentó de manera clara, y sin lugar a dudas, cuáles eran los conceptos que debían pagarse, lo cual, es inconcuso que hizo del conocimiento de la parte quejosa, pues ésta firmó la escritura pública ante su presencia y posteriormente fue pagado el ocho de marzo de dos mil dieciocho. Así que, al no existir prueba en contra de la actuación del Notario Público, se concluye que la misma fue apegada a la legislación que rige su función, y por tanto, se infiere que, como lo estipula la Ley del Notariado del Estado de Morelos, sí les explicó a las partes las consecuencias legales que implicaban firmar la escritura pública, entre las cuales, se encontraba la obligación de pago de tributos y los elementos de ellos; de ahí que, se reitera, se actualiza la causa de improcedencia en análisis, ante el consentimiento tácito de tales actos reclamados. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, página 1964, Décima Época, registro digital 2020056, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA. Si se pretende impugnar en amparo la constitucionalidad de las normas generales que regulan esas contribuciones con motivo de su pago realizado por conducto de un notario público, debe tomarse en cuenta que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decide entregar a éste los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes y, por ende, el plazo de 15 días para presentar la demanda, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, inicia al día siguiente a aquel en que tuvo lugar esa afectación, ya que esas erogaciones se realizaron con base en recursos que se encuentran a disposición del quejoso, de donde se sigue que desde ese momento conoce la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación de la normativa que la sustenta y, además, se encuentra en la posición jurídica y material de realizar su pago sólo si el tercero que actúa en auxilio de la administración hace de su conocimiento la fuente jurídica de esa afectación; en la inteligencia de que la circunstancia de que en el documento en el que conste el acto de pago al notario público o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se citen las normas generales que rigen el o los tributos respectivos, no modifica el conocimiento cierto que el quejoso tiene de la afectación patrimonial que se le causa, en primer lugar, porque dentro del margen legal para ello decide erogar los recursos correspondientes y, en segundo, porque la participación del fedatario que recibe el pago de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que este último no impone su voluntad al contribuyente; sin que esta conclusión se oponga a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 47/2013 (10a.), de rubro: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN.", pues de la lectura de la sentencia respectiva se advierte que el punto de contradicción materia de análisis y la conclusión a la que se arribó se refiere a la fecha de inicio del plazo para impugnar el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, no a la del plazo para controvertir su acto de aplicación, es decir, la afectación patrimonial que tiene origen en la entrega de recursos realizada por el contribuyente, ante lo cual se concluyó, lógicamente, que el cómputo del plazo para impugnar el precepto de mérito sólo puede comenzar cuando se tiene conocimiento de su aplicación expresa, lo que constituye un aspecto procesal diferente a determinar cuándo inicia el plazo para impugnar en amparo la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación del numeral indicado y que tiene lugar con la entrega de los recursos que tiene a su disposición el contribuyente. Por tanto, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señala en el artículo 17 de la invocada ley. Al operar la causal de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio. Por tanto, es innecesario analizar las diversas causales de improcedencia invocadas por algunas de las autoridades responsables, pues la examinada conduce al sobreseimiento en esta instancia. Por consiguiente, al decretarse el sobreseimiento en esta sentencia constitucional, que atiende a la actualización de la precisada causa de improcedencia, surge el impedimento técnico jurídico para analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia en el juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y su actualización impide el análisis de la cuestión de fondo. SEPTIMO. PUBLICIDAD. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217, y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******, por la razón expuesta en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; cinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio signado por Hugo Salgado Catañeda, Titular de la Notaria Publica Numero Dos y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la Primera Demarcación notarial del Estado de Morelos, por el que en atención al requerimiento efectuado en auto admisorio, remite copia certificada de diversas documentales que guardan relación con los actos reclamados en el presente sumario constitucional. Pruebas Con fundamento en el artículo 119 de la Ley citada, se tienen como pruebas las documentales que adjunta, sin perjuicio de que sean relacionadas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Vista. Con dichas documentales, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Relaciónese en la audiencia constitucional. Haciéndose la precisión que la parte quejosa en caso de considerar necesario imponerse de los autos, deberá´ programar una cita para la consulta del expediente y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la judicatura Federal; ello, con base al nuevo esquema de trabajo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, podrán proporcionar algún correo electrónico, para que en caso de así manifestarlo expresamente, se le de vista con el informe justificado respectivo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; uno de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de la Tesorera Municipal de Jojutla, Morelos, por medio del cual informa que ya cumplió con el requerimiento formulado en autos. Lo anterior sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto a su contenido toda vez que como lo manifiesta, en proveído de veintitrés de febrero del año en curso se le tuvo remitiendo copia de diversas documentales que guardan relación con los actos reclamados en el presente sumario constitucional y se acordó lo conducente. Notifíquese.
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