Jorge Tejeda Marquez

Expediente 793/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
793/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
09/08/2022

Partes del expediente

  • Jorge Tejeda Marquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, nueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones el documento de cuenta, a través del cual la autoridad oficiante acusa de recibo del oficio con el que se le remitió las documentales que allegó a este juzgado; por tanto, se ordena que obre como constancia, en virtud de que mediante auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En otro entorno, toda vez que resulta innecesario los tomos de constancias formados con motivo de las constancias que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, devuélvanse dichas constancias para los efectos legales conducentes. Solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, el documento de cuenta por el cual se devuelve lo actuado en la comunicación oficial con número de orden 275/2022-IV-B, del índice de este juzgado. Dese de baja la comunicación oficial en cita y acúsese recibo, salvo que éste se genere automáticamente en el sistema electrónico correspondiente. Ahora bien, toda vez que de la constancia actuarial levantada por el actuario se advierte que la parte quejosa fue notificada por medio de lista de acuerdos publicada el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, del contenido del acuerdo de catorce de junio del año en curso, y dado que el ocurso mediante el cual la parte quejosa pretende cumplir con el requerimiento efectuado en el proveído de referencia por el que se radicó su demanda de amparo, fue presentado el cuatro de julio del presente año, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado, con sede en Tampico, lo que hace evidente que el mismo fue presentado dentro del término concedido, de ahí que ante la reserva que prevalece sobre el contenido del citado escrito, en atención provéase lo conducente: Parte quejosa cumple prevención. En ese sentido, se reservó proveer respecto del escrito registrado con el folio [11846], signado por Jorge Tejeda Márquez, en atención al contenido del mismo se le tiene al promovente cumpliendo la prevención realizada por por auto de catorce de junio de dos mil veintidós. Análisis de demanda. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclama: La Resolución del recurso de apelación de fecha siete de abril de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, que declaró infundados los conceptos de agravio expresados por la parte quejosa (demandada principal), contra el auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira y su aclaración de quince de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se aprobó el remate en el expediente 343/2018, relativo al juicio hipotecario promovido por Felipe Jesús Perez González, en su carácter de apoderado legal de la empresa HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC en contra del aquí quejoso. Desechamiento de la demanda Este juzgador procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En la especie, procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que se advierte de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que establecen: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. La interpretación gramatical, teleológica y funcional de los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, lleva a concluir, que el juicio constitucional es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la propia Constitución o de la Ley; así, para el caso del párrafo segundo, se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: [1] actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; y, [2] actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución del procedimiento respectivo [definida como la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente), por ser en ésta en la que se materializará el agravio. En cambio en los procedimientos de remate, a que se refiere el párrafo tercero, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en forma voluntaria. En efecto, en ambos párrafos de la disposición 107, fracción IV, apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto siguientes: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. De igual forma, la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Y, la jurisprudencia 1a./J. 28/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. En esa tesitura, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, la aclaración y de los documentos que integran el presente juicio, relacionados con el juicio de origen 343/2018, [manifiesto] que se acredita: [1] que el aquí quejoso es parte demandada en el juicio hipotecario 343/2018, es decir, Jorge Tejeda Márquez [a] no tiene la calidad de persona extraña al juicio ordinario hipotecario de mérito [b] y que el expediente se encuentra en etapa de remate; [2] que por sentencia firme [con sustento en la institución de cosa juzgada] se le condenó, en la propia resolución, al aquí quejoso Jorge Tejeda Márquez, la entrega física y material del inmueble de su propiedad que refiere fue rematada, es decir, la resolución del recurso de apelación de fecha siete de abril de dos mil veintidós, que declaró infundados los conceptos de agravio expresados por la parte demandada contra el auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, y su aclaración de quince de diciembre de dos mil veintiuno, [acto reclamado], es un acto emitido en el procedimiento de remate [después de concluido el juicio] y tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio hipotecario 343/2018. Por tanto, no goza de autonomía propia ni es ajeno a la institución de la cosa juzgada en el juicio natural 343/2018; y, [3] la resolución del recurso de apelación de fecha siete de abril de dos mil veintidós, no es la última resolución dictada en el procedimiento de remate, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, ello pues de la lectura de la resolución apelada por la parte quejosa, se advierte que únicamente se aprobó el remate del bien inmueble, no se ha requerido el otorgamiento de la escritura de adjudicación ni la entrega de los bienes rematados. En ese contexto, se tiene la certeza y plena convicción [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque se considera que la resolución del recurso de apelación de fecha siete de abril de dos mil veintidós, que declaró infundados los conceptos de agravio expresados por la parte demandada contra el auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, y su aclaración de quince de diciembre de dos mil veintiuno, a criterio de esta juzgadora, es impugnable en el amparo que se intente contra la última resolución del procedimiento de remate, puesto que será hasta dicho momento que se actualice en agravio de que excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar -como violación procesal a ese procedimiento de ejecución-, si es que el sentido de dicha resolución final es adverso al ejecutado. En otras palabras, se considera que el acto aquí reclamado, por su naturaleza, no constituye la última determinación en el procedimiento de remate, puesto que no es la que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, sino que únicamente confirmó la resolución de aprobación de remate; mismo que no es ajeno a la cosa juzgada, sino consecuencia de la sentencia dictada en el mismo, en que la aquí quejosa tiene la calidad de parte demandada. De ahí que, de manera manifiesta e indudable, de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque la improcedencia del acto reclamado es incuestionable desde este momento procesal, toda vez que se cuenta con la totalidad de las constancias que integran el toca de apelación 33/2022 y del expediente 343/2018, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, de donde se torna patente que contra la resolución que constituye el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, en atención a que el acto aquí reclamado, no constituye el último acto en la etapa de remate, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa, porque la improcedencia del acto reclamado es manifiesta e incuestionable desde este momento procesal. A lo anterior, se estima aplicable la jurisprudencia 1a./J. 57/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente; ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo. Por lo que se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jorge Tejeda Márquez, con fundamento en los arábigos 112 y 113, ambos de la Ley de Amparo. Domicilio procesal. Considerado que por auto de catorce de junio de dos mil veintidós, se requirió a la citada parte quejosa, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo hubiese hecho; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó y se ordena con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notificar a la parte tercero interesado las subsecuentes notificaciones, inclusive las de carácter personal, por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto proporcione algún domicilio para oír y recibir notificaciones. Acceso al expediente electrónico. Asimismo, solicita el acceso al expediente electrónico en el escrito aclaratorio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario que indica. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, seis de julio de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, el documento de cuenta, mediante el cual la parte quejosa pretende cumplir con el requerimiento efectuado en el proveído por el que se radicó su demanda de amparo; en atención a ello, se reserva proveer en cuanto a su contenido hasta en tanto obre en los presentes autos la constancia respectiva de notificación y estar en posibilidad de verificar si dicho cumplimiento se encuentra dentro del término otorgado en el proveído citado. Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en fecha catorce de junio de dos mil veintidós, se dispuso enviar a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, la comunicación oficial exhorto: 258/2022-IV-B, [orden 275/2022], del índice de este juzgado, el que por razón de turno correspondió conocer, según consta de la certificación de cuenta, al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, sin que hasta el día de hoy se haya recibido en este Juzgado el acuse de recibo de estilo o en su caso la devolución del mismo. Por tanto, mediante oficio que al efecto se gire, solicítese atentamente al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que de no existir impedimento legal alguno, tenga a bien informar el tratamiento dado a la comunicación oficial en mención exhorto: 258/2022-IV-B, [orden 275/2022], el que le fue remitido con folio electrónico 3617470, de quince de junio de dos mil veintidós; lo anterior, por resultar necesario para la continuidad del trámite en el presente asunto. Notifíquese por lista.

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