Jorge Tamayo Álvarez del Castillo
Expediente 2303/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2303/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jorge Tamayo Álvarez del Castillo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos se advierte que ha transcurrido el término sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso de queja, en contra del proveído diecinueve de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo...En consecuencia, se declara que el auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, HA CAUSADO ESTADO...Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, se acuerda: se ordena el archivo y conservación del presente juicio de amparo...M ADMISIONES
- Principal
Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa...M ADMISIONES
- Principal
Ciudad de México; diecinueve de julio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Visto lo de cuenta; fórmese el expediente y regístrese la demanda de amparo promovida por Jorge Tamayo Álvarez del Castillo, por propio derecho; con el número 2303/2023, que es el que le corresponde en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) DESECHAMIENTO Ahora bien, en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este Juzgado debe estudiar integralmente dicho ocurso a fin de resolver lo que proceda; y, debe observarse el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" Relativo a lo anterior, el artículo 62 de la legislación de la materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el Órgano Jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. El precepto transcrito faculta a este Juzgado a desechar la demanda de amparo cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, en virtud de que en el caso se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (...)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (...)" De la lectura del último precepto se advierte que la demanda de amparo es un acto personalísimo, esto es, que sólo podrá promoverse por el directamente interesado o bien por su apoderado, salvo en los casos de excepción, cuando se trate de una causa criminal y en los que la propia ley lo permita. Correlativo a ello, el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Principio que reproduce el diverso artículo 6 de la propia Ley de Amparo, al señalar que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame, principio que rige en todos los casos, salvo las causas criminales y los casos que expresamente lo permita la propia ley. En tal sentido, las personas físicas dentro de los procedimientos por escrito expresan su voluntad a través de la firma, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales y cuando no saben hacerlo, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe la manifestación de voluntad del interesado. Correlativo a ello, se precisa que ciertamente el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo; en cuya normatividad se establece el uso de las tecnologías de la información, sobre la base de generar certeza a las partes dentro de los juicio de amparo. A ese tenor, es destacable lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en el sentido de que la firma electrónica que establezca el Poder Judicial de la Federación será el medio de ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación como opción para enviar y recibir demandas, promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, lo cual se estima como un aspecto relevante precisamente para brindar mayor certeza a los justiciables y permita el uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a los órganos jurisdiccionales. De ahí que, si la firma autógrafa es un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley; entonces sucede lo mismo respecto a la firma electrónica que produce ese efecto. En el caso que nos ocupa, la demanda fue presentada en línea; sin embargo, carece de firma electrónica por la parte quejosa (FIEL / E.FIRMA, ni FIREL) ya que en ninguna de sus páginas, calces, rubros o laterales es posible advertir alguna evidencia de ello, tan es así que hasta carece de evidencia criptográfica; por tanto, al no contener firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, en razón de ello, no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a los artículos 6 y 108 ambos de la Ley de Amparo, por carecer de este requisito formal y esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa extraordinario; de ahí que si ésta no se encuentra suscrita por la parte interesada, debe entenderse que no existe la manifestación de la voluntad respecto del promovente. Consecuentemente, la demanda resulta improcedente; deficiencia que no puede mandarse prevenir, ni mucho menos tenerse por enmendada mediante un ocurso o su ratificación, pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se omiten los requisitos señalados por el artículo 108 del indicado ordenamiento legal. Al caso sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 8/2019, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el 26 abril 2019, materia Común, con registro electrónico 2019715, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." No obstante, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vinculación con el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), en su artículo 3, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) es el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados, que producirá los mismos efectos que la firma autógrafa; de lo que se puede colegir que en los supuestos de presentación de demandas de amparo en línea, se hace preciso, como un requisito fundamental, que obre la firma electrónica de la parte quejosa o de su representante en el escrito correspondiente, pues en función de la naturaleza del sistema electrónico implementado para la tramitación de los juicios en línea, será exclusivamente esta la que dote de validez legal al documento en cuestión; por tanto, solo a través de la electrónica, se hará patente la voluntad del promovente de someterse a la potestad jurisdiccional. Asimismo, abona a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada en Enero de 2019, Libro 62, Tomo I, materia Común, pagina 5, con registro electrónico 2018943, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." En consecuencia, como se anticipó, se considera actualizada la causal de improcedencia, pues, la demanda no se encuentra firmada electrónicamente por la parte quejosa, lo que implica la ausencia de la expresión auténtica de la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte, y por ende, lo que procede es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, por notoriamente improcedente. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 6, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. SOLICITUD DE REGISTRO A LA CONSULTA DE EXPEDIENTE VÍA ELECTRÓNICA En atención a lo solicitado y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 34 a 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como del artículo 3 de la Ley de Amparo, y después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se acredita que el usuario "JESUS2022", se encuentra vigente, por lo que se concede el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo general aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. DOMICILIO Ahora bien, agréguese el diverso de escritos de cuenta, por medio del cual el quejoso solicita que las notificaciones que se ordenen en este asunto, se le realicen de manera electrónica; para lo cual con fundamento en los artículos 55 a 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo proporcionó el usuario "JESUS2022", y que de una revisión efectuada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se observa que el referido usuario está dado de alta. Por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario de la adscripción para que las notificaciones personales, se efectúen vía electrónica, al usuario "JESUS2022"; lo anterior, por así haberlo solicitado la parte quejosa. AUTORIZADOS Téngase por autorizadas con las facultades a que alude la promovente, a las personas que menciona, por ser la parte trabajadora quien así lo solicitó. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Atento al principio de prontitud en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. Además, se autoriza a los actuarios adscritos para que, en caso de tener conocimiento: A) De un domicilio físico (de persona física, moral privada o moral oficial) donde puedan practicar la notificación respectiva, se constituyan a éste y realicen la notificación respectiva, sin que lo anterior, implique la necesidad de emitir nueva determinación judicial que ordene la práctica de la diligencia señalada en último término; para lo cual deberán tener pleno cercioramiento de la veracidad de que en el inmueble en que se lleve a cabo la noticia judicial encomendada, efectivamente conducirá a que la persona a quien está dirigida tendrá conocimiento de la determinación correspondiente. Para lo cual, deberán justificar, a través de la fe pública de la que están investidos, que realizaron una indagación que rroje datos objetivos que sustenten su actuar. B) De un domicilio electrónico (de persona moral privada conocida por el público en general, tales como órganos de impartición de justicia; organismos de la administración pública; instituciones bancarias u análogas o cualquier tipo de persona moral oficial), en los que se tenga la certeza de que dicha persona moral faculta y autoriza a recibir notificaciones a través del correo electrónico que proporcionen; el actuario de la adscripción deberá levantar la razón respectiva comunicando las circunstancias pormenorizadas con las que llegó a la convicción de enviar la notificación a través del correo electrónico del que tuvo conocimiento. En estos casos, deberá obtenerse la confirmación de la recepción del correo, la cual se certificará por la servidora o el servidor público facultado para tal efecto, lo anterior con fundamento en el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentren adscritos a este juzgado, los que incluso, son comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se determina que cuando se trate de un caso que, por sus características, implique un peligro de contagio por virus SARSCoV2 (COVID-19), en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioro de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra, para lo cual podrá valerse de los medios electrónicos que estime conducentes para tal efecto. MEDIOS ELECTRÓNICOS Con fundamento en la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes así como a sus autorizados, el uso de dispositivos electrónicos, para la reproducción de las actuaciones que se generen en el expediente en que se actúa. Sin embargo, por seguridad jurídica, quien desee utilizar los mencionados dispositivos deberá solicitarlo directamente al secretario (a) llevador (a) del expediente, quien una vez cerciorado (a) de la identificación del consultante, deberá en todos los casos, levantar la certificación respectiva en la que se haga constar la consulta así como el número de las fojas que se reproduzcan con los dispositivos digitales; sin que implique que la fe pública del (la) Secretario (a) de este Juzgado quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que las partes tienen expedito sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con el artículo 31, fracción II, del referido acuerdo, sin perjuicio de lo anterior, este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN Acorde a lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en el área administrativa y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se mantiene la apertura total a la tramitación de casos bajo el esquema de "juicio en línea", por lo que se exhorta a las partes a que, de ser posible continúen la tramitación del caso mediante es esquema. Ahora, con fundamento el acuerdo general citado anteriormente, se invita a la parte quejosa para que al momento de la diligencia del presente acuerdo, proporcione al Actuario adscrito a este juzgado un número telefónico o bien un correo electrónico con la finalidad de entablar una comunicación, si bien no procesal, sí efectiva para la agilización del asunto. En razón de ello, se instruye al actuario adscrito para que una vez proporcionada dicha información la registre en la base de datos correspondiente que lleva este órgano jurisdiccional y se informe al Secretario encargado del asunto a efecto de que, de resultar el caso, se realice y se incorpore la certificación correspondiente al presente asunto.
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