Jorge Suárez García
Expediente 232/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 232/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Jorge Suárez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la cuenta, téngase por recibido el oficio firmado por el Juez de Control Región Dos Distritos Judiciales de Tapachula y Acapetahua, Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de siete de abril de dos mil veintidós, pronunciada en el toca penal número 30-C-1P02/2022-JA, formado con motivo al recurso de apelación interpuesto por el quejoso, en contra del auto de veinticinco de febrero del año en curso, en el expediente 17/2022, de su índice. Atento a su contenido, agréguese únicamente para que obre como corresponda, toda vez que mediante proveído veintinueve de marzo del año en curso, se desechó la demanda de amparo y en auto de once del mes y año que transcurre causó estado esa determinación judicial y se ordenó el archivo definitivo. Lo anterior, hágase del conocimiento a la autoridad oficiante, para los efectos legales procedentes.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a once de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede se advierte que transcurrió el plazo de cinco días, que el artículo 98 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de queja contra el auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, por las consideraciones que en él se precisan, sin que se haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que causa estado para todos los efectos legales correspondientes. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales; publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; de igual forma, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en la caratula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Posterior, procédase a la destrucción del presente juicio de amparo, debiéndose generar previamente los documentos por duplicado que establece el artículo 29 del Acuerdo General de mérito, a efecto de tener plena identificación de dicho expediente. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta, téngase por recibido el escrito firmado por Jorge Suarez García, mediante el cual en cumplimiento a la prevención ordenada en auto quince de marzo del año en curso, y bajo protesta de decir verdad manifiesta lo siguiente: 1.- El número de causa penal es: 17/2022. Que conoce la C. Juez de Control Región 02, de los Juzgados de Control y tribunales de enjuiciamiento en Tapachula Chiapas. 2.- El suscrito actualmente se encuentra gozando de mi libertad. 3.- Aparte de la garantía económica que se me fijó se me señaló la presentación periódica quincenal ante el Juzgado del Conocimiento, ordenándose el registro correspondiente en el sistema de administración de personas en libertad (SAPLIP), en día sábado, en horario de siete a trece horas así como la prohibición de salir sin autorización de la localidad en la que resido. 4.- Manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que en el recurso de apelación que promoví en contra del auto de vinculación de fecha 25 de febrero de 2022, dictado en la causa penal número 17/2022, Que conoce la C. Juez de Control de la Región 02, de los Juzgados de Control y Tribunales de enjuiciamiento en Tapachula Chiapas, señalada como Autoridad Responsable en el presente juicio, únicamente tocó la decisión de la garantía económica, sin embargo lo hago únicamente para el efecto de que se declare improcedente la vinculación decretada en mi contra, en virtud de que considera la Juez, como elemento de convicción para vincular al suscrito, dándole el carácter de ejecución de una sanción y en este caso como ejecución de una vinculación en ese sentido la contravengo. 5.- Asimismo manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que el tribunal de Alzada en que se radico el recurso de apelación es la H. Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 02, en Tapachula, Chiapas. Asimismo, manifiesto que hasta el momento no tengo conocimiento si fue admitida o no en los términos apelados, ya que el recurso de apelación interpuesto por el suscrito se encuentra en tramite, sin embargo el suscrito solo tiene conocimiento que el toca que esta conociendo es el 30-C-1P02/2022-JA mismo que se interpuso por conducto del Juez de Control de la Región 02, de los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento en Tapachula Chiapas". Ahora bien, es menester señalar que este órgano ya cuenta con elementos necesarios para determinar lo procedencia o no de la acción constitucional intentada, para lo cual se desarrolla de la siguiente manera: El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese sentido el suscrito Juzgador Federal, tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial o su aclaración. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran ofrecer las partes. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito1, cuyo rubro y texto disponen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener 1 Registro: 180663, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Materia(s): Común, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631. significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Establecido lo anterior y derivado de lo externado por el quejoso así como de lo informado por la Juez de Control Región 02, con sede en esta ciudad, se desprende que: 1.- Actualmente el quejoso se encuentra gozando de su libertad. 2.- Se encuentra sujeto a las medidas cautelares contempladas en las fracciones I y V del artículo 155 del Código Nacional de Prendimientos Penales, consistentes en presentación periódica y de prohibición de salir de la localidad de la cual reside. 3.-La garantía económica fue fijada para la subsistencia futura de la menor víctima, su objeto no es para ser depositada a favor del Estado ni para sujetar al quejoso al proceso penal. 4.- El incumplimiento de la garantía anterior solo conllevaría a una audiencia de revisión o modificación, es decir no se le apercibió directamente con la restricción a su libertad. 5.- La medida económica impuesta no fue atacada de manera directa por algún recurso ordinario. Al respecto, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no haberse agotado el principio de definitividad en el caso concreto; circunstancia que se encuentra motivada por los argumentos y consideraciones que a continuación se precisan. En primera instancia, por cuanto hace al marco normativo sobre el cual se estima que opera la causa de improcedencia, es importante destacar que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 6 orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. (.)" De lo anteriormente transcrito se advierte que el juicio de amparo será improcedente en contra de las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ahora, en el caso concreto, tenemos que en audiencia de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, dictado dentro del proceso penal 17/2022 del índice de la responsable, se impusieron a la parte quejosa las medidas cautelares contenidas en las fracciones I, II y V, del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de las cuales el quejoso se duele particularmente de la establecida en la fracción II del citado precepto, consistente en la exhibición de una garantía económica por la cantidad de $59,581.57 (cincuenta y nueve mil quinientos ochenta y un pesos, con cincuenta y siete centavos 00/100 M.N.). En ese sentido, los artículos 160 y 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: "Artículo 160. Impugnación de las decisiones judiciales. Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este Código son apelables." CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 7 "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (.) V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; (.)" Los referidos preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales refieren que, contra las resoluciones dictadas por un Juez de Control, en las cuales se realicen pronunciamientos con relación a medidas cautelares, procede el recurso de apelación. En ese tenor, se concluye que previo a acudir a la presente instancia constitucional, el quejoso debió agotar el medio de defensa ordinario ante el órgano jurisdiccional competente, esto es, el recurso de apelación previsto en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de impugnar la imposición de la medida cautelar de garantía económica fijada en la audiencia de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, dictado por la Juez de Control de la Región 02 de los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento en Tapachula, Chiapas, dentro de los autos del proceso penal 17/2022; dado que a través de dicho medio de impugnación, puede ser modificado, revocado o nulificado el acto antes precisado. Sin que por la naturaleza del acto reclamado, se esté ante alguno de los supuestos de excepción previstos por la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no se trata de un acto que importe peligro de privación de CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 8 la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Tampoco se está en presencia una orden de aprehensión o reaprehensión, y dicha medida no es restrictiva de la libertad, no se trata de alguna resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, tampoco ante una resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Para esto último, es necesario establecer que la medida cautelar que refiere le causa afectación, no es restrictiva de la libertad, dado que solo implica una afectación económica en la esfera jurídica del quejoso, pues es de naturaleza real, únicamente implica una afectación monetaria. Lo cual revela que su imposición no restringe, ni siquiera en forma indirecta, la libertad personal del imputado. Se circunscribe a que exhiba una determinada cantidad, sin que con esa imposición se limite o restrinja su libertad personal. No es óbice, el hecho de que en caso de un eventual incumplimiento a la exhibición monetaria, pueda imponerse una medida cautelar diferente, la cual podría -de estimarlo conveniente la autoridad jurisdiccional- afectar su libertad personal, sin embargo, dicha afectación, en caso de imponerse, sería consecuencia directa e inmediata de una diversa determinación judicial, futura y de acontecimiento incierto. CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 9 Por lo tanto, no hay duda que el disconforme, previo a la promoción del juicio de amparo, se encontraba obligado a promover el recurso de apelación previsto en los artículos 160 y la fracción V, del diverso 467 del Código Nacional de Procedimiento Penales. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis II.3o.P.59 P, registro digital: 2019543, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2694, Tomo III, Libro 64, correspondiente a Marzo de 2019, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "MEDIDA CAUTELAR DE EXHIBICIÓN DE GARANTÍA ECONÓMICA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA IMPONE PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La medida cautelar de exhibición de garantía económica es de naturaleza real, ya que únicamente implica una afectación monetaria, pues requiere a los imputados a efecto de que exhiban una cantidad definida para garantizar su presencia en el proceso penal. Lo que revela que, por regla general, su imposición no restringe, ni siquiera en forma indirecta, la libertad personal de los imputados, ya que se circunscribe a que exhiban una determinada cantidad, sin que con esa imposición se limite o restrinja su libertad personal. En estas condiciones, si en el juicio de amparo indirecto se reclama la resolución del Juez de Control del sistema penal acusatorio que impone al imputado la medida cautelar de exhibición de garantía económica, establecida en el artículo 155, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo pues, previo a promoverlo, debe agotarse el recurso de apelación regulado en el diverso artículo 467, fracción V, del propio código, en observancia al principio de definitividad, sin que se actualice alguna excepción a éste, ya que como se refirió, el acto reclamado no impone una medida cautelar restrictiva de la libertad, ni se trata de un acto que afecte la libertad personal, sólo implica una afectación económica. No obsta CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 10 a lo anterior, el hecho de que en caso de un eventual incumplimiento a la exhibición monetaria, con base en lo expuesto por la Representación Social y la decisión del Juez de Control, pueda imponerse una medida cautelar diferente, la cual podría -de estimarlo conveniente la autoridad jurisdiccional- afectar la libertad personal; sin embargo, dicha afectación, en caso de imponerse, sería consecuencia directa e inmediata de una diversa determinación judicial, futura y de acontecimiento incierto. Además de lo anterior, si la parte quejosa considera que han variado de manera objetiva las condiciones de la imposición, también cuenta con el medio de "revisión de la medida" contemplada en el artículo 161 del ordenamiento penal mencionado, tal medio puede revocar, sustituir o modificar la misma. Por último, es importante destacar que el hecho de que un acto sea o no de imposible reparación para efectos del juicio de amparo, no lo vuelve por sí mismo procedente, ni tampoco exento de agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige el acto. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia P./J. 11/2018, registro digital 2017117, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de identificación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 11 acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En tales circunstancias, atendiendo a que se comprobó que el quejoso inobservó el principio de definitividad sobre el cual se rige el juicio de amparo, al no agotar el recurso de apelación correspondiente; con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO por su notoria improcedencia, pues se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sin que esta determinación implique una violación al derecho humano del quejoso a un recurso efectivo, pues si bien es cierto que con la reforma al artículo 1 constitucional, de diez de junio de dos mil once, se modificó el sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos, el derecho a un recurso efectivo, previsto por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso, el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia de la acción o para la CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 12 interposición de cualquier medio de defensa, previstos en las leyes nacionales, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 y 2a./J. 56/2014, de la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con números de registros digitales 2005717 y 2006485, de rubros: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Finalmente, no resulta necesario proveer sobre domicilio; autorizados; medios digitales; habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones; transparencia; aviso de privacidad; datos personales, toda vez que, en auto de quince de marzo del año en curso, se proveyó al respecto. Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta, téngase por recibido el oficio signado por la Juez de Control Región 02 de los Distritos Judiciales de Tapachula y Acapetahua, Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa lo requerido en proveído quince de marzo del año en curso, atento a esto, téngase por cumplida la encomienda requerida y déjese sin efecto el apercibimiento con el que se le conminó Seguidamente, en cuanto al contenido del informe allegado, este juzgado se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto el quejoso desahogue la prevención requerida en auto de quince del mes y año en curso o en su caso hasta que fenezca el término otorgado para hacerlo. Notifíquese.
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