Jorge Solorzano Mosqueda

Expediente 131/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
131/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
04/12/2018

Partes del expediente

  • Jorge Solorzano Mosqueda

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Declaración de estado Se tiene a la vista el estado procesal de autos y la primera certificación de cuenta, de la que se advierte que no se interpuso el recurso de queja en contra del auto de quince de noviembre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Por lo tanto, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Fundamento: Artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Archivo del asunto Toda vez, que no existe nada pendiente por acordar archívese el asunto como concluido. Fundamento: Artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Valoración del expediente, anotación en el Libro Electrónico y colocación de los sellos en la carátula Por otra parte, se valora que el que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, por tanto, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula, asimismo, háganse las anotaciones en el libro electrónico que para registro lleva este juzgado de distrito. Fundamento: Artículos décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, quince de noviembre de dos mil dieciocho. Recepción de la demanda. Vista la razón de cuenta con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese el expediente físico así como el electrónico, al cual correspondió el registro 131/2018. Fundamento: Artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XXIII, 107, fracción V y 172, fracción XII de la Ley de Amparo. Pronunciamiento respecto de la procedencia del juicio de amparo. En principio, debe decirse que la demanda debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido, como lo ordena la jurisprudencia P./J. 40/2000, con número de registro 192,097, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: "a) La sentencia interlocutoria de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, a través de la cual se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por **********.; y b) La omisión de resolver el recurso de revocación interpuesto por el promovente el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, en contra de la negativa a admitir a trámite el recurso de apelación interpuesto en contra de la negativa del juzgador de declarar la caducidad de la instancia en el juicio mercantil de origen." Ahora bien, esta juzgadora considera que en el presente asunto se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 107, fracción V, -aplicado a contrario sensu-, así como 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo. En efecto, los preceptos citados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Del análisis de las citadas porciones normativas, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, sólo procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Este tipo de actos son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Además, deben producir en los gobernados efectos materiales inmediatos sobre tales derechos. En oposición a lo antes mencionado, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación y que no lesionan de manera directa e inmediata derechos sustantivos, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales. Lo anterior es así, ya que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquéllas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna en la esfera del gobernado. Cabe precisar que en la Ley de Amparo vigente, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir como ya se dijo, una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2,006,589, del rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Sentado lo precedente, la resolución aquí reclamada que -en lo que interesa-, negó decretar la caducidad de la instancia en el juicio incoado en contra de la quejosa, no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no afecta los derechos sustantivos de la impetrante consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, etcétera, pues no le impide el ejercicio de algún derecho, es decir, no atenta en contra de aquéllas prerrogativas de las que no se le puede privar ni restringir, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello; de ahí que las consecuencias del acto que reclama son sólo intraprocesales, toda vez que tiene el efecto de continuar con el trámite del procedimiento natural. Lo anterior es así, pues de obtener la agraviada una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, las violaciones procesales que ahora constituyen el acto reclamado, quedarán extinguidas sin haber originado afectación alguna a sus derechos sustantivos y, en caso de que no sea así, es decir, que no obtenga un fallo acorde a sus intereses, estará en condiciones de hacer valer tales violaciones, en el recurso ordinario, o bien, en el amparo que se intente en contra de dicho fallo. Apoya el criterio aquí estimado por las razones que informa la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2,011,428, del rubro: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." De igual forma, sirve de apoyo la tesis (VIII Región) 2o.3 C (10a.), con número de registro 2,008,120, del rubro: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA A DECRETARLA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 37/2014 (10a.)]." A mayor abundamiento, respecto del acto reclamado que hace consistir en la sentencia interlocutoria de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, a través de la cual, el juzgado de origen declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por **********, debe decirse que una vez que se dicte la sentencia de primer grado el promovente tendrá a su alcance el recurso de apelación donde podrá hacer valer en vía de agravios la caducidad del juicio natural, siendo esto materia de análisis del tribunal de alzada y, en su caso, será este quien podrá decretar que en la primera instancia se actualizó la extinción del procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 1a./J. 153/2007, con número de registro 170,544, de rubro y texto siguientes: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL TRIBUNAL DE ALZADA PUEDE DECRETARLA SI SE ACTUALIZÓ EN PRIMERA INSTANCIA Y SE HACE VALER EN VÍA DE AGRAVIOS, AUN CUANDO EL JUEZ NO LA HAYA DECLARADO DE OFICIO NI LA PARTE INTERESADA LO HUBIERE SOLICITADO. Conforme al artículo 1076 del Código de Comercio, transcurridos 120 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución dictada sin que hubiere promoción de las partes dando impulso al procedimiento para su trámite solicitando la continuación para su conclusión, la caducidad de la instancia debe tenerse por existente aunque no haya declaración judicial sobre el particular, pues al señalar que ésta "operará de pleno derecho", el legislador previó su actualización automática por el solo transcurso del tiempo, es decir, por ministerio de ley, y su efecto es que todas las actuaciones posteriores serán nulas, pues ni siquiera el consentimiento de las partes puede revalidar la instancia, ya que con ello se protege el interés del Estado de que no existan juicios pendientes de resolver. Así, la citación para oír sentencia o su dictado son actos que no extinguen la posibilidad de declarar la caducidad de la instancia, en la medida en que si ésta ya operó dentro del lapso previsto en la ley, es evidente que no existe impedimento para que se declare con posterioridad, siempre y cuando no exista sentencia firme. En ese sentido, se concluye que si en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primer grado el recurrente hace valer en vía de agravios la caducidad del juicio natural, el tribunal de alzada debe estudiar ese motivo de inconformidad y, en su caso, puede decretar que en la primera instancia se actualizó la extinción del procedimiento, aun cuando el juez haya omitido declararla de oficio y la parte interesada no lo hubiere solicitado, pues al no existir cosa juzgada no ha precluido su derecho para hacerlo valer, dado que dicha figura procesal es de orden público y, por ende, irrenunciable." Finalmente, respecto del acto reclamado que hace consistir en la omisión de resolver el recurso de revocación que interpuso el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, es de señalar, que cuando un particular se duele de una afectación cometida dentro de un proceso jurisdiccional, aún y cuando alegue violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el presente caso lo sería lo dispuesto por el artículo 8º, debe decirse que dichos actos no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones procesales. Ya que una de las excepciones para la procedencia del juicio de amparo indirecto sería que dicha omisión fuera autónoma al procedimiento. Por lo que, en el caso que nos ocupa, se advierte que dicha circunstancia no acontece, es decir, la omisión que se le atribuye al juez natural de resolver el recurso de revocación anteriormente mencionado, forma parte del procedimiento en que el promovente es parte, a menos de que se advirtiera del contenido de la propia demanda que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, lo cual en el presente asunto, tampoco se actualiza, tan es así que el promovente manifiesta en su demanda que ya hubo citación a sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2,011,580 , del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En torno a lo anterior, se reitera que dicha omisión en dar trámite al recurso de revocación incoado no tiene la naturaleza de irreparabilidad para hacer procedente el juicio de amparo, máxime que no incide en una abierta dilación del procedimiento o paralización total, pues por una parte ya se obtuvo respuesta a idéntica pretensión respecto a similar recurso planteado por un codemandado y por otra, no obstante la omisión reclamada, el juez natural dictaminó procedente citar para sentencia, lo que en el caso no paraliza el proceso sino lo continúa. Habida cuenta que, como se dijo en líneas precedentes, respecto a la causa central del reclamo - la declaración de caducidad, negada - existe causa de reparabilidad en los agravios de la apelación que en su caso se formule en contra de la sentencia que se dicte y en el proceso ordinario la quejosa tiene a su alcance los medios la vía y forma que estime pertinente para que el Juez natural se pronuncie respecto a la tramitación de dicho recurso. Asimismo, apoya lo establecido la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2,008,884, del rubro siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. En razón de lo anterior, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Fundamento: Artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda, ubicado en **********. Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Autorizados Ahora, ténganse como autorizados en términos amplios a **********, ********** y **********, toda vez que, tienen registradas sus cédulas profesionales ante el Registro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así respecto de **********, a quien se le tiene por autorizada sólo para oír y recibir notificaciones junto con las demás personas que indica en su demanda para los mismos efectos. Fundamento: Artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto llevar a cabo las notificaciones que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, en caso de que sean informados de que las partes en el juicio pueden ser emplazados o notificados en domicilios distintos, deberán constituirse en el inmueble que para tal efecto les sea proporcionado. Fundamento: Artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Notificaciones En el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla (por ejemplo, si la persona con quien se entiende la diligencia manifiesta no conocer a la persona buscada, si el inmueble designado está desocupado, entre otros posibles supuestos), se faculta al actuario de la adscripción para que dicha notificación se practique (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado. Ello en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Fundamento: Jurisprudencia 1a./J. 20/2008, con número de registro 169,843, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES". Además, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables. Lo anterior es posible debido a que la notificación del diferimiento de la audiencia no está entre las actuaciones que la ley indica que deben ser notificadas personalmente. Este razonamiento también es aplicable a las autoridades señaladas como responsables y al agente del Ministerio Público. La notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercera interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores. De ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, entonces debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador para esta formalidad, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Fundamento: Artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, y los supuestos de la fracción I del mismo artículo, en sentido contrario; y la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), con número de registro 2,002,576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Por otro lado, en caso de que las partes deseen que les sean practicadas notificaciones por vía electrónica, deben solicitarlo expresamente, señalando el nombre de usuario correspondiente. Fundamento: Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 79, 80 y 87 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Reproducción fotostática y medios electrónicos para la obtención y consulta de determinaciones Hágase del conocimiento de la parte quejosa que, en caso de requerirla, queda autorizada la expedición de copia de la presente determinación y demás actuaciones y/o constancias en el juicio, previa comparecencia y recibo que se deje en autos por quien tenga facultades para ello (es decir, realizar la solicitud). También quedan a la vista los presentes autos a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Fundamento: Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tesis aislada I.1o.A.23 K (10a.), con número de registro 2,008,986, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Igualmente, por lo que respecta a la parte quejosa, dígase que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. Para el acceso a las partes al sistema de consulta correspondiente, la parte que así lo desee deberá solicitarlo por escrito y por única ocasión en el expediente principal, señalando el nombre de usuario correspondiente. En ese sentido, se otorga la autorización a ********** de consultar el expediente electrónico vía internet con el usuario "**********". Fundamento: Artículos 77, 78, 87, 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Transparencia y datos personales Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Fundamento: Artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 21, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracciones V, XI y XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 69, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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