Jorge Solis Zapata
Expediente 387/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 387/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jorge Solis Zapata
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a la autoridad responsable esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito inicial de demanda un documento susceptible de devolución, por tanto, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documento, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, téngase como delegado de su parte a la persona que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexó a su oficio de cuenta. Ahora bien, el suscrito considera que respecto del acto reclamado en la presente instancia constitucional, se actualiza de forma manifiesta e indudable una causal de sobreseimiento, de conformidad con las siguientes consideraciones: En principio, cabe señalar que el quejoso en su ocurso inicial de demanda, señala como autoridad responsable a la Regidora del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosí, de quien reclama el acto que precisó de la siguiente manera: "Falta de notificación y Acuerdo a escrito presentado el día 02 de agosto de 2017." En relación con el acto reclamado señalado en el párrafo que antecede, quien aquí provee, considera que se surte la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]." De conformidad con el dispositivo legal en comento, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Así, a efecto de evidenciar la actualización de la causa de sobreseimiento en comento, resulta pertinente destacar los antecedentes más relevantes que se desprenden de las constancias que acompañó la autoridad responsable a su informe de ley, las cuales por ser documentos públicos merecen valor pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las cuales se advierte lo siguiente: a) Mediante escrito datado el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, recibido por la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosí, el dieciocho siguiente, la Regidora de ese Municipio dio contestación al escrito presentado por el aquí quejoso el dos de agosto del mismo año. (fojas 28 y 29). b) Así mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, el Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosí, ordenó notificar al quejoso la respuesta a que se hace referencia en el inciso que antecede, proporcionada por la Regidora de dicho Municipio, en el domicilio señalado para tal efecto (foja 27). c) En ese tenor, de conformidad con la razón actuarial de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, el Jefe de la Unidad de Transparencia, asociado del Juez Auxiliar de la Comunidad de Progreso perteneciente al Municipio de Rioverde, San Luis Potosí, se constituyó en dicha Comunidad (en la que se ubica el domicilio proporcionado por el quejoso), asentándose en la misma, que de conformidad con la información proporcionada por el aludido Juez Auxiliar, ".el Jorge Solis Zapata, No vive en esta Comunidad, ni mucho menos existe el domicilio de Mollinedo No. 156, en Progreso." (foja 30). d) Con motivo de lo anterior, el veintiocho del mismo mes y año, el Jefe de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosí, notificó al ahora quejoso la respuesta que se dio a su petición, a través de los estrados de esa Unidad (foja 26). Lo expuesto con antelación evidencia que el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, la responsable emitió la contestación respectiva al escrito presentado por el quejoso el quince del mismo mes y año, ante la Unidad de Información Pública del Municipio de Rioverde, San Luis Potosí; respuesta que se hizo de su conocimiento mediante notificación por estrados practicada el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete; de donde deviene inconcuso que la omisión de la cual se duele la parte quejosa, no existía a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa (diecisiete de abril de dos mil dieciocho). Ello es así, dado que al analizar el sello receptor de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito, el cual se encuentra impreso en la parte superior derecha del escrito de demanda, se desprende que fue presentada el diecisiete de abril del presente año, y como quedó establecido en el párrafo que antecede, el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, se emitió la respuesta respectiva al escrito presentado por el quejoso, misma que se hizo de su conocimiento mediante notificación por estrados del día veintiocho siguiente; luego entonces, es evidente que a la fecha en que se instó la acción constitucional, no existía el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, con número 2a./J. 3/94, visible en la página 15, Tomo 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". Sin que en el caso, se estime necesario emitir pronunciamiento diverso en relación con el incidente de objeción de firma planeado por la responsable, con motivo de la falsedad que aduce de la firma estampada por el quejoso en su escrito inicial de demanda. Pues incluso, en el supuesto de que resultara fundada dicha incidencia, esa circunstancia tendría como conclusión que quien aparece en la demanda como promovente, aunque el acto reclamado afecte su esfera jurídica, no externó su voluntad de acudir al juicio constitucional, lo cual se traduce en el incumplimiento del requisito de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 6° de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el anteriormente citado y 63, fracción VI, de la Ley de la Materia. Adquiere aplicación, por las razones que la informan, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 1a./J. 93/2008, en la página 476, Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA QUE CALZA UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. CUANDO SE DECLARA SU FALSEDAD A TRAVÉS DEL INCIDENTE RESUELTO CONJUNTAMENTE CON LA SENTENCIA DEFINITIVA, TANTO AQUELLA DILIGENCIA COMO LA DEMANDA CARECEN DE EFICACIA, POR LO QUE AL NO TENERSE POR EXTERNADA LA VOLUNTAD DEL PROMOVENTE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Cuando al resolver el incidente respectivo un tribunal colegiado de circuito declara conjuntamente con la sentencia definitiva dictada en un juicio de amparo directo la falsedad de la firma que calza la demanda de garantías, tanto la diligencia en que el promovente reconozca dicha firma como la aludida demanda carecen de eficacia, ya que no existe certeza sobre su autenticidad, esto es, que realmente proviene de quien aparece como su autor jurídico, pues una firma sólo puede reconocerla quien la imprimió. Así, ante la mencionada declaración de falsedad, a la diligencia de reconocimiento de firmas no puede otorgársele el alcance de tener por presentada la demanda en la fecha en que el aparente promovente compareció ante el tribunal colegiado a reconocer la firma cuya autenticidad se cuestiona, en tanto que el objeto de dicha diligencia se limita a que el autor del documento reconozca como suya la firma impresa en él y no a hacer suyo el contenido de un instrumento que no suscribió. Por tanto, se concluye que quien aparece en la demanda como promovente, aunque el acto reclamado afecte su esfera jurídica, no externó su voluntad de acudir al juicio constitucional, lo cual se traduce en el incumplimiento del requisito de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 4o. de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio con fundamento en los artículos 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley indicada." Además cabe señalar, que para los efectos del presente juicio de amparo, basta la actualización de una sola causal de sobreseimiento para proveer en consecuencia (sobreseimiento en el juicio), por tanto, la circunstancia de que eventualmente en el mismo controvertido pueda operar o no alguna otra causal, incluso de improcedencia, es irrelevante, pues no cambiaría el sentido de la resolución. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 54/98 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 414, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." En las relatadas condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado señalado en párrafos que anteceden, al momento de la fecha en que se presentó la demanda de amparo, al haber prueba fehaciente de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, la cual está señalada para las diez horas del veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, quedando sin efecto la misma. Es de puntual aplicación a lo antepuesto, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 254, Tomo: XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." No sobra señalar que en el caso, el sobreseimiento decretado no desatiende la Jurisprudencia número 1ª./J.49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el primero de diciembre de dos mil diecisiete, ubicada en publicación semanal, en la página web del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO", toda vez que se estima que la misma no es aplicable al caso concreto, ya que ésta se refiere a la negativa simple de la autoridad, pero no a casos en que existe prueba plena que demuestra que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no existía el acto reclamado, pues ello quedó demostrado con las documentales públicas que allegó al presente sumario el Representante Social responsable, al rendir su informe de ley. Lo anterior, además de conformidad con lo dispuesto a la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". No obstante lo anterior, tomando en consideración las manifestaciones formuladas en el informe de cuenta, en relación a la objeción de falsedad de la firma estampada por el quejoso en el ocurso inicial de demanda, así como a lo manifestado por la responsable en el sentido de que el presente juicio constitucional fue "promovido de manera dolosa y fraudulenta por una diversa persona con el ánimo de engañar a la justicia federal", en atención a lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Con fundamento en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el pedimento que suscribe el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, como lo solicita, en su oportunidad, expídasele copia certificada de la resolución que refiere. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término de cinco días concedido a la parte quejosa mediante proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, a fin de que manifestará si era su intención señalar como autoridad responsable al Titular de la Unidad de Información Pública del Municipio de Rioverde, San Luis Potosí, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de dieciocho de abril del año en curso, por tanto, procédase a proveer sobre la demanda de amparo tal y con la planteó el quejoso en su escrito inicial. En tal virtud, con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, III, y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Jorge Solís Zapata, contra la omisión de la Regidora del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosi. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, enviándole para tal efecto copia simple de la demanda. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5°, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. Se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional. Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, en el entendido que de acuerdo a lo establecido por el numeral invocado, en caso de no cumplir con tal obligación, se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente, en términos del numeral 251 de la citada legislación. Se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. De conformidad con el artículo 119 de la Ley en cita, se tienen como pruebas de la parte quejosa la documental que adjuntó a su escrito de demanda, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación de las mismas en la audiencia constitucional. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese.
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