Jorge Solís Villamil

Expediente 427/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 29 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
427/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
29/03/2023

Partes del expediente

  • Jorge Solís Villamil

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés Téngase por recibida la demanda de amparo presentada físicamente, promovida por ********************, contra actos de Juez Octavo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y otra autoridad. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número que corresponda, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Desechamiento de la demanda Establecido lo anterior, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes (o solicitudes ajenas al juicio de amparo), para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el citado artículo 113 dispone: ".Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De ese precepto se sigue la obligación del juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. En ese sentido, en el caso que nos ocupa la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Octavo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, dentro del incidente de ejecución forzosa, deducido del expediente número 98/2015, mediante la cual se declaró procedente, sobre liquidación de pensiones alimenticias adeudadas. De los antecedentes narrados en el escrito inicial la parte quejosa, en la resolución incidental de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés refiere que: "QUINTO. Teniendo la presente resolución efectos de mandamiento en forma, en el acto de la diligencia de notificación de la presente resolución, requiérase al demando incidental JORGE SOLÍS VILLAMIL, para que al momento de la diligencia haga pago a la parte actora YASMIN YANELY TABOADA VILLANUEVA, de la cantidad de $126,400.00 (CIENTO VEINTISÉSIS MIL CUSTROCIENTOS PENSOS 00/100), que ampara las cantidades adeudadas por el mandamiento incidental, por el periodo comprendido del mes de febrero de dos mil dieciséis al mes de septiembre de dos mil veintidós;.." Acto reclamado del que se advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de Amparo, dispone: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente.... ".XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas...". El texto de la disposición legal transcrita establece la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y el quejoso no lo haya hecho valer oportunamente. Este principio tiende a conservar como medio extraordinario de defensa al juicio de amparo, al que sólo se pueda acudir si la ley no provee de medios ordinarios, o contra la resolución del último de éstos. El principio de definitividad que se comenta y que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la modificación, revocación o nulificación del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En ese sentido, es pertinente transcribir lo preceptuado por los artículos 556, 569 y 572 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, los cuales establecen: "Artículo 556. DE LOS RECURSOS LEGALES. Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: I. Revocación y reposición; II. Apelación, y III. Queja." "Artículo 572.- RESOLUCIONES APELABLES. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. Las sentencias definitivas en toda clase de juicios, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; II. Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la ley no se otorgue a las partes el recurso o la sentencia definitiva no fuere apelable; III. Los autos, cuando expresamente lo disponga este código, y IV. Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que se proceda, se reclame la providencia ante el mismo juez o se levante por éste." "Artículo *590.- PROCEDENCIA DE LA QUEJA CONTRA JUEZ. El recurso de queja contra el juez es procedente: I. Contra la resolución en que se niegue la admisión de una demanda, o se desconozca de oficio la personalidad de un litigante; II. Respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencias; III. Contra la denegación de la apelación; IV. Por exceso, o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en segunda instancia, V. Derogada VI. En los demás casos fijados por la ley. La queja en contra de los jueces procede aún cuando se trate de juicios en que por su cuantía no se admite el recurso de apelación." "Artículo 606.- REGLAS PARA PROCEDER A LA LIQUIDEZ. Si la resolución cuya ejecución se pide no contiene cantidad líquida, para llevar adelante la ejecución debe previamente liquidarse conforme a las siguientes prevenciones: I. Si la resolución no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada. Si ésta no la objetare dentro del término fijado, se decretará la ejecución por la cantidad que importe, pero moderada prudentemente por el juez; mas si expresare su inconformidad, se dará vista de las razones que alegue a la parte promovente, por tres días, y de lo que replique, por otros tres días, al deudor. El juez fallará dentro de igual término lo que estime justo, y la resolución no será recurrible; II. Cuando la resolución condene al pago de daños y perjuicios, sin fijar su importe en cantidad líquida, se hayan establecido o no en aquella las bases para la liquidación, el que haya obtenido a su favor la resolución presentará, con la solicitud, relación de daños y perjuicios de su importe. De esta regulación se correrá traslado al que haya sido condenado, observándose lo prevenido en la fracción anterior; III. Igual regla que la contenida en las fracciones anteriores se observará cuando la cantidad ilíquida proceda de frutos, rentas, intereses o productos de cualquier clase; IV. En los casos de ejecución de resoluciones que ordenen medidas cautelares de aseguramiento, los intereses o perjuicios que formen parte de la deuda reclamada y no estuvieren liquidados al despacharse la ejecución lo serán en su oportunidad y decidirán en la sentencia definitiva, y V. Se convertirán a cantidad líquida las prestaciones de hacer o no hacer o de otra índole que no puedan cumplirse y se traduzca en daños y perjuicios, siendo aplicable en este caso el procedimiento a que se refiere la fracción I de este artículo." "Artículo 616.- RECURSOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Las resoluciones que se dicten en ejecución de sentencias sólo son recurribles en apelación o queja cuando la ley lo determine expresamente. El auto aprobatorio del remate será siempre apelable en el efecto suspensivo, si la sentencia definitiva fuere apelable. En los demás casos, las resoluciones no serán recurribles. Del estudio de dichos preceptos, se concluye que contra el acto aquí reclamado procede recurso de queja, tal como lo establecen los artículos 556, 590 y 616 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. Sin embargo, la parte aquí quejosa no agotó el principio de definitividad que se comenta, toda vez que no hizo valer el recurso ordinario, antes de acudir a la presente instancia constitucional. Lo anterior, en virtud de que la determinación incidental que reclama contiene cantidad liquida la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución presentara su liquidación, por lo cual no se actualiza la hipótesis contemplada en la fracción I, de artículo 606, del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, por lo que no implica que las partes se vean impedidas para agotar los recursos correspondientes en la etapa de ejecución de sentencia, que permita que se encauce cuanto antes adecuadamente el procedimiento, para el caso de que existan violaciones que irroguen un perjuicio. La anterior determinación emitida por este Juzgado Federal encuentra apoyo en la tesis I.6o.C. J/37. Sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a continuación se citan: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En ese sentido, si existe un medio de defensa ordinario en contra del acuerdo que se reclamó en este juicio de amparo, la suscrita considera que no se agotó el principio de definitividad, pues al ejercitarse el medio de impugnación referido, puede nulificarse, revocarse o modificarse el acto que aquí se impugna. Sin que pueda considerarse que la irreparabilidad del acto reclamado sea suficiente para estimar que no debe agotarse el principio de definitividad, ya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 25/2015, sostuvo que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Por tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley. Al respecto, se invoca la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.)2, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal, con registro digital 2017117, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por tanto, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos de los preceptos 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************. Lo anterior no es violatorio del derecho de acceso a la justicia, ya que el desechamiento de mérito obedeció al marco jurídico establecido para la procedencia y tramitación del juicio de amparo. El aserto de esta Juzgadora, se corrobora con lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual concluyó que la aplicación del principio pro persona no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Esto se desprende de la jurisprudencia de número 2a./J. 56/2014 (10a.), cuyos datos de identificación y rubro a continuación se transcriben: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Del expediente electrónico Se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, siempre y cuando la cuenta se encuentre registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Domicilio procesal y autorizados En términos del artículo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y para esos mismos efectos a las personas que señala, así como a ********************, por no contar con su registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único del Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que refiere. Se exhorta a las personas profesionistas en Derecho para que realicen el registro de su cédula profesional en el mencionado Registro Único, ante cualquier juzgado o tribunal del Poder Judicial de la Federación. Uso de medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales) Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de Internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistido de Jesús Marisela Cruz Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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