Jorge Santiago Aguirre Espinoza
Expediente 1155/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1155/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Jorge Santiago Aguirre Espinoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero; en atención a su contenido, se tiene informando que admitió el conflicto competencial suscitado entre este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero y el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Iguala, el cual quedó registrado con el número 59/2023. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO, POR ASÍ ORDENARLO EL MISMO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICEN...Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a trece de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo 281/2023, de su índice y hace del conocimiento que no acepta la competencia que le fue declinada por este órgano jurisdiccional el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, respecto del diverso juicio 1155/2023, promovido por Jorge Santiago Aguirre Espinoza, en su carácter de asesor jurídico de las víctimas indirectas, madres y padres de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, contra actos de los Magistrados de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. Acúsese recibo vía electrónica. Ahora bien, vistas las razones que expuso el Secretario encargado del despacho para declinar la competencia planteada por esta juzgadora Federal, no se comparte en el sentido de que el acto reclamado en sede constitucional, ha comenzado a ejecutarse en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, y por ende es este órgano jurisdiccional es competente para conocer del asunto, ya que contrario a lo que se afirma el acto reclamado se ejecutará materialmente en el territorio en el que ejerce jurisdicción; por lo que, se insiste en que este Juzgado de Distrito que carece de competencia legal para seguir conociendo del juicio de amparo en que se actúa, en atención a las consideraciones siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de amparo, al indicar: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la lectura del citado precepto se advierte que la competencia para conocer de la demanda de amparo, se fija de acuerdo a la ejecución del acto reclamado, de los cuales surgen dos hipótesis distintas: 1) Aquella en la que el acto está pendiente de ejecutarse o bien, 2) Aquella en que la ejecución fue consumada o se está consumando, por lo que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio; Pues bien, de esas mismas hipótesis pueden desprenderse cuatro supuestos específicos en los que se establece la competencia del Juez de Distrito de acuerdo a: a) El lugar donde el acto deba tener ejecución, b) en donde trate de ejecutarse, c) en donde se ejecute o d) en donde se haya ejecutado; Bajo esa tesitura, debe mencionarse que: El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquel en donde: A) El acto aún no ha sido ejecutado y B) en virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión de que el acto reclamado habrá de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tiene que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. 2. El lugar en donde trate de ejecutarse, es aquel donde la ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero que no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud, que del conjunto de los actos tendientes a consumar el acto, no fue posible el producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. 3. En donde se ejecute, es aquél en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. 4. El lugar en donde se haya ejecutado, es aquel en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y, sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos con base en sus efectos: Actos de Tracto Sucesivo, que son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. Actos que se consuman, pero que sus efectos se prolongan en el tiempo, que como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados, se consuman una sola vez y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse. En tales condiciones, conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, INSISTE EN DECLARARSE LEGALMENTE INCOMPETENTE POR RAZÓN DE TERRITORIO, para conocer de la presente demanda de amparo. Se explica: El promovente del amparo, en el escrito de demanda reclama la determinación de veinticuatro de mayo del año en curso, emitida por el Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Iguala de la Independencia Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón, en el cual acepta la competencia para conocer y resolver la causa penal 66/2015-II, toda vez que así lo determinó la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en el conflicto de competencias suscitado entre ese órgano y el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en esa misma ciudad. Consecuentemente, si en cumplimiento a la resolución de veintidós de mayo de la anualidad que transcurre por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, el Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Iguala de la Independencia Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón, emitió el acuerdo de veinticuatro del indicado mes y año, en el que se avocó al conocimiento de la causa penal 66/2015; es evidente que contrario a lo que afirma el Secretario Encargado del Despacho, dicho acto si tiene ejecución material en esa jurisdicción (Iguala de la Independencia, Guerrero). Es aplicable a lo anterior, por las razones que informa la Jurisprudencia PC.X. J/6 L (11a.), del Pleno del Décimo Circuito, visible en el Libro 15, Julio de 2022, Tomo III, página 3039, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2024986, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO QUE ADMITE LA COMPETENCIA QUE UNA AUTORIDAD LABORAL JURISDICCIONAL DECLINA EN FAVOR DE OTRA SIMILAR, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD LABORAL QUE ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA, AL CONSTITUIR UN ACTO QUE TIENE EJECUCIÓN MATERIAL (INTERPRETACIÓN DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si el acto reclamado consistente en el acuerdo que declina la competencia y el diverso que la admite, tiene o no ejecución material, lo anterior para efectos de fijar la competencia del Juez de Distrito que debe conocer del amparo en la vía indirecta. Criterio jurídico: El Pleno del Décimo Circuito determina que el acuerdo por el que una autoridad laboral jurisdiccional declina la competencia, atendiendo a la naturaleza de los actos, es de los considerados actos negativos, por lo que no tiene ejecución material, en tanto que el acuerdo por el que una autoridad laboral jurisdiccional acepta la competencia declinada, tiene naturaleza positiva y, por lo tanto, tiene ejecución material; por ello, es esta última determinación la que fija la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto en términos de la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Justificación: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 343/2019, estableció que los actos se dividen de manera genérica de acuerdo con su naturaleza y consecuencias. Al respecto, importa destacar los positivos y los negativos; los primeros son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que la persona estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traduce en un hacer o en un no hacer que implica una acción, una orden, una privación o una molestia. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión de la persona. Esto es, la autoridad ha hecho manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde. En tal contexto, el proveído mediante el cual una autoridad declina su competencia en favor de otra, es de los considerados negativos simples, en razón de que mediante esta resolución la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión de la persona, esto es, a admitir la competencia por considerar que a otra autoridad le corresponde la misma; esta actuación no produce ningún efecto positivo dado que hasta ese momento no se impone alguna carga u obligación a la persona; en tanto que el acto de autoridad consistente en el auto que acepta la competencia declinada se constituye como un acto positivo, dado que tiene efectos materiales, al incidir en la esfera jurídica de la persona, porque la somete bajo su jurisdicción y la obliga a litigar el asunto ante ella, actualizando de tal forma la posibilidad que el procedimiento o juicio se tramite por una autoridad legalmente incompetente; por ende, para definir la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido contra tales actos resulta aplicable la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En consecuencia, el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto es el que tenga jurisdicción en el lugar donde se ubique la autoridad laboral jurisdiccional que acepta dicha competencia." Así como la diversa tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Volumen 65 segunda parte, registro digital: 235884, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, se ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado de este Circuito que por turno y materia corresponda, para que resuelva el conflicto competencial entre este Órgano de Control Constitucional y el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en acatamiento al criterio jurisprudencial sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, visible en la página 284, tomo VI, julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 198233, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA RESOLVER UN CONFLICTO DE ESTA NATURALEZA, DEBE ATENDERSE A LAS DIPOSICIONES ESPECIALES Y NO A LA REGLA GENERAL. Resulta inaplicable el artículo 52, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, para determinar la competencia de los Tribunales Colegiados para conocer y resolver conflictos competenciales suscitados entre Jueces de Distrito de distintas jurisdicción, y que atento al principio de que la regla especial impera sobre la general, debe prevalecer lo ordenado por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su numeral 37, fracción VI." Sin que haya lugar a ordenar que se forme cuaderno de antecedentes en sustitución del juicio principal, toda vez que mediante auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se proveyó respecto al cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión del expediente al juzgado Federal que se estimó competente para conocer del asunto. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte que la parte quejosa, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento inserto en auto de veintinueve de agosto del año en curso, por lo que con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, la notificación de este proveído y las subsecuentes aún las de carácter personal, hágansele por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese por estrados a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a trece de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese por estrados a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a doce de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de revisión, interpuesto por Ricardo Martínez Mejía, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno de antecedentes, el que quedó registrado bajo el número 415/2023. Notifíquese.
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