Jorge Sandor Martinez Velez
Expediente 699/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 22/11/2018
Partes del expediente
- Jorge Sandor Martinez Velez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
IV)Toluca, Estado de México; veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta patentiza que el quejoso dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el auto de veintitrés de octubre pasado, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria del presente juicio de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo, evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, revocó la sentencia dictada en este juicio de amparo, determinando conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009). A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Dist
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IV. Toluca, Estado de México; veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de diez de octubre de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Jorge Sandor Martínez Vélez, contra la resolución de dieciocho de abril de dos mil dieciocho dictada en el toca 532/2017 del índice de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que modifica la diversa de siete de junio del citado año, emitida por el Juez Séptimo Familiar de Toluca, Estado de México, derivado del expediente 789/2009, relativa al incidente de liquidación conyugal. Ahora, mediante sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en lo relativo a los efectos del amparo (fojas 126 y 127), se determinó lo siguiente: "(.) En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que el Primera Sala Familiar Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, realice lo siguiente: A) Deje insubsistente el acto reclamado. B) En su lugar, dicte la resolución correspondiente, en la que se pronuncie de manera fundada y motivada sobre la forma en que se disolverá la copropiedad pactada en la escritura pública respecto del bien inmueble ubicado en calle Filiberto Navas, número 325, interior 46, en San Mateo Oxtotilán, Toluca, Estado de México, además, de fijar la forma de obligar a cumplir a la parte demandada Vannessa María Valle Yves, a ceder los derechos de copropiedad que le asisten respecto del citado inmueble, así como fijar algún apercibimiento en caso de omisión o negativa de cumplir la condena. (.)" En ese sentido, mediante proveído de diez de octubre de dos mil dieciocho (foja 178), se tuvo por recibido el oficio signado por la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Familiar de Toluca, Estado de México, a través del cual comunicó el cumplimiento al fallo protector, para lo cual remitió copia certificada de la resolución de nueve de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el toca 532/2017. Ahora, de la citada copia se advierte que en el apartado relativo al resultando señalado con el numeral seis, mediante auto de cinco de octubre de dos mil dieciocho dejó insubsistente la sentencia de dieciocho de abril de dos mil dieciocho (foja 141), con lo cual se da cumplimiento al inciso a) de la sentencia en estudio. Además, determinó lo siguiente: "En ese tenor, y al haber resultado parcialmente fundados y operantes los agravios esgrimidos por JORGE SANDOR MARTÍNEZ VÉLEZ y por la otra parcialmente fundados y operantes los agravios planteados por VANNESSA MARÍA VALLE YVES; lo procedente es condenar a esta última que para los efectos de disolver la copropiedad pactada entre los contendientes, deberá otorgar en favor de JORGE SANDOR MARTÍNEZ VÉLEZ contrato de donación pura ante fedatario público, en el que transfiera de forma gratuita la parte proporcional que le corresponda $252,418.31 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 31/100 M.N.); del inmueble ubicado en Filiberto Navas número trescientos veinticinco, interior cuarenta y seis, San Mateo Oxtotitlán, Municipio de Toluca, Estado de México; debiendo JORGE SANDOR MARTÍNEZ VÉLEZ, aceptar dicha liberalidad y absorber los gastos de dicho acto notarial; señalándose para tal efecto el plazo de TREINTA DÍAS naturales contados a partir de que la presente cause ejecutoria para la instrumentación de la escritura señalada en líneas que anteceden en favor de JORGE SANDOR MARTÍNEZ VÉLEZ, lo anterior, bajo el apercibimiento que para el caso de que VANNESSA MARÍA VALLE YVES omita o se niegue al cumplimiento de la presente ejecutoria, con fundamento en lo establecido en el artículo 1.267, fracción III del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de México, y una vez fenecido el plazo, incumpliéndose dicho mandamiento judicial, el juzgador lo ejecutará por la obligada, expresándose en el documento que este se otorgó en rebeldía." De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente el acto reclamado, dictó otra resolución fundada y motivada sobre la disolución de copropiedad del inmueble ubicado en Filiberto Navas número trescientos veinticinco, interior cuarenta y seis, San Mateo Oxtotitlán, Municipio de Toluca, Estado de México; además señaló la forma de cumplimiento y el apercibimiento respectivo. Con lo anterior, se estima que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes, en su oportunidad archívese el presente asunto. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
IV)Toluca, Estado de México; diez de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios de cuenta a través de los cuales la Oficial Mayor y la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Familiar de Toluca, Estado de México, acusa recibido de las constancias devueltas y la segunda autoridad remite copia certificada de la resolución de nueve de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el toca 532/2017. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia simple del oficio signado por la Magistrada y anexo de cuenta, dese vista al quejoso, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibido que en caso de ser omiso, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
iv)Toluca, Estado de México; veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta evidencia que el quejoso, Agente del Ministerio Público adscrito y tercera interesada, dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrieron la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al agraviado; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; en el libro de gobierno realícense las anotaciones respectivas. Atento a lo anterior, mediante oficio devuélvase a la autoridad responsable las constancias que adjuntó a su informe justificado (fojas 31 y 34). En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que se le notifique el presente proveído, de cumplimiento al fallo protector y, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias que así lo acrediten. En el entendido que en caso de ser omiso al requerimiento anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 192 y 258 de la citada ley, se le impondrá una multa de doscientas veces la unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del salario mínimo, y de ser el caso, se enviara el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para continuar con dicho cumplimiento, que puede culminar con la suspensión del cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese.
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