Jorge Samuel Mendez Rocha

Expediente 378/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
378/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
11/05/2018

Partes del expediente

  • Jorge Samuel Mendez Rocha

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 378/2018-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Sin embargo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado Jadilson Alonso Navarro Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el trece de marzo de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/1275/2018, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 378/2018-V, promovido por Jorge Samuel Méndez Rocha, constante de ciento veintisiete fojas útiles que contiene la sentencia terminada de engrosar el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo, asimismo, remite un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; en tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE LA SENTENCIA DE AMPARO. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 378/2018-V del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 220/2018-I del registro de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Jorge Samuel Méndez Rocha, por propio derecho, en contra de actos del director del Centro Estatal de Reinserción Social 'Morelos', con sede en Atlacholoaya, Morelos, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil dieciocho (fojas 5 a 8), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Cuernavaca, Morelos, Jorge Samuel Méndez Rocha, Jorge Armando Carmona Peña, Geovany Rojo Camacho y Juan López López, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos de las autoridades, que a continuación se transcriben: "ACTO RECLAMADO. El acuerdo que tomaron las autoridades responsables de dar la orden de castigarlos con 15 días de aislamiento, sin derecho a realizar llamadas telefónicas con mi familia y abogados, sin derecho a recibir visita, sin derecho a recibir atención médica, sin derecho a recibir atención médica (sic), sin derecho a recibir suficiente alimento para comer y agua para tomar, sin derecho a salir al patio para tomar un poco de sol. III. NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: C. Director del CERESO 'MORELOS' C.C. del H. Comité Técnico del mismo penal. C. Subdirector de Seguridad y Custodia. C. Cmdte. De Seguridad y Custodia Delta 1 y Delta dos. C. Supervisor de Seguridad y Custodia encargado del área de sentenciados. Todas las autoridades responsables con domicilio en el Centro Estatal de Reinserción Social 'Morelos' en Atlacholoaya mpio. De Xochitepec, Morelos." Actos que consideraron violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, señalaron que no existe tercero interesado; y expresaron los conceptos de violación que estimaron pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, cuyo titular mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, registró la demanda bajo el número 131/2018-V, concedió la suspensión de plano a los quejosos respecto de la incomunicación que reclaman; y previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda, requirió a los promoventes para que manifiesten si la ratifican (fojas 9 y 10). Cumplida que fue la prevención, por auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el juez auxiliado admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 24 a 29). Por auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho (fojas 71 y 72), el juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos consideró que las conductas sancionadas a los quejosos fueron distintas, esto es, el origen del aislamiento se debe a causas distintas, por tanto, ordenó la separación de juicios y formarse un expediente nuevo en el que se estudie por separado los actos que reclaman cada uno de los quejosos, asumiendo el conocimiento de la demanda de garantías únicamente por el quejoso Jorge Armando Carmona Peña, remitió los autos al jefe de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, para que turne las demanda de amparo promovida por los diversos quejosos. Por auto de dos de marzo de dos mil dieciocho, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, recibió el juicio de amparo 131/2018, promovido por Jorge Samuel Méndez Rocha, lo registró con el número 336/2018, y declaró carecer de competencia, por razón de turno, para conocer y resolver la demanda de amparo, y determinó que debía conocer de esta el juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, por ser quien previno en el conocimiento de una primera demanda de amparo, por lo que ordenó enviarle la demanda (fojas 75 a 81). Así, por auto de seis de marzo de dos mil dieciocho (fojas 87 a 91), el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo, promovida por Jorge Samuel Méndez Rocha, la cual registró con el número 378/2018-V, la admitió a trámite; convalidó las actuaciones que conforman el juicio de amparo, relativas al diverso amparo 131/2018-V de su índice; dio vista a las partes con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito quien no formulo pedimento; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual dio inicio el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, como consta en el acta visible a foja 112 de autos. TERCERO. Envío del expediente de amparo. En acuerdo de diez de abril de dos mil dieciocho (foja 113), el juez auxiliado ordenó la remisión del expediente de amparo 378/2018-V, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en términos del punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en los juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número 220/2018-I; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la jurisprudencia 2a./J.107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; pues se reclama un acto con efectos de ejecución en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos, esto es, dentro del ámbito de competencia territorial del órgano de control constitucional auxiliado. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Asimismo, impone la obligación a los jueces de amparo de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 , que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De este modo, se establece que en el presente juicio de amparo el acto reclamado lo constituye: ? La sanción impuesta al quejoso en la tercera sesión ordinaria Bis, de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, en la que se castiga con quince días de aislamiento temporal en el área de conductas especiales, iniciando el veinticinco de enero y concluyendo el ocho de febrero de dos mil dieciocho . Acto reclamado a las siguientes autoridades: 1. Director del Centro Estatal de Reinserción Social 'Morelos', con sede en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos. 2. Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social 'Morelos', con sede en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos. 3. Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro Estatal de Reinserción Social 'Morelos', con sede en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos. 4. Comandante de Seguridad y Custodia Delta 1 y Delta 2 del Centro Estatal de Reinserción Social 'Morelos', con sede en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos. 5. Supervisor de Seguridad y Custodia encargado del Área de Sentenciados del Centro Estatal de Reinserción Social 'Morelos', con sede en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El director por sí y como presidente del Comité Técnico (fojas 48 a 50), y el subdirector de Seguridad y Custodia, por sí y como superior jerárquico del personal de seguridad y custodia del primero y segundo turno operativo y del encargado del Área de Sentenciados (fojas 68 a 70), ambos del Centro Estatal de Reinserción Social 'Morelos', con sede en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos; al rendir su respectivo informe justificado aceptaron la existencia del acto que se les reclama. En consecuencia, debe tenerse por cierto tal acto, pues las manifestaciones de las autoridades responsables constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 749 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de la resolución reclamada se robustece con las constancias que acompañó el director del Centro Estatal de Reinserción Social 'Morelos' a su informe justificado, de las que se advierte la existencia de la sanción reclamada; documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese sentido, este juzgado federal estima que en el presente juicio de garantías se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El texto del precepto transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un juicio, recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia marcada con el número I.6o.C. J/37 , cuyo rubro y texto, disponen: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así, tal principio de definitividad encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en la propia Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, como se advierte de las constancias remitidas por las responsables, el procedimiento del que deriva el acto reclamado se encuentra regulado por la Ley Nacional de Ejecución Penal, en los artículos 46, 47 y 48 de la referida legislación, que disponen: "De la Imposición de Sanciones Disciplinarias Artículo 46. Debido proceso Los procedimientos disciplinarios garantizarán el derecho a la defensa, de audiencia y la oportunidad de allegarse de medios de prueba en favor de la persona privada de la libertad. Artículo 47. Notificación de sanción El Comité Técnico deberá notificar por escrito a la persona privada de la libertad sobre la sanción impuesta, el tiempo de duración, las condiciones de ésta, así como su derecho a impugnarla. Artículo 48. Impugnación de resoluciones Las resoluciones del Comité Técnico se impugnarán dentro de los tres días siguientes a su notificación y procederá su revisión ante el Juez de Ejecución. Cuando se impugne resoluciones administrativas por faltas disciplinarias, se dejará en suspenso la aplicación de las sanciones impuestas, hasta que el Juez de Ejecución resuelva en definitiva, sin perjuicio de que se adopten las medidas administrativas necesarias que salvaguarden la seguridad y orden en el Centro Penitenciario." De dichos preceptos, se advierte que para la imposición de sanciones se deben garantizar los derechos de defensa y audiencia, además que dicha sanción se debe notificar a la parte sancionada, así como el derecho que tiene esta para inconformarse de la misma, pues del último numeral, se desprende que en contra de dichas sanciones procede su revisión ante el juez de ejecución. Así, en el presente caso, se advierte que el quejoso fue llamado a la tercera sesión ordinaria bis del Comité Técnico, celebrada el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, en la cual se le impuso la sanción que aquí reclama; asimismo, se desprende que en esa misma sesión, se le hizo saber el plazo de tres días con el que contaba para inconformarse, en los siguientes términos: ".Por consiguiente usted, cuenta con tres días a partir de la presente notificación para inconformarse por escrito ante el Órgano Jurisdiccional Competente. Lo anterior con fundamento en el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal." (foja 54). Lo cual se reiteró al quejoso al momento de que fue notificado de la sanción que se le impuso, esto es, que cuenta con tres días a partir de la notificación para inconformarse por escrito ante el órgano jurisdiccional competente, en términos del artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (foja 60). Bajo ese contexto, se colma la causal de improcedencia en estudio, cuenta habida que antes de instar esta vía constitucional el quejoso se encuentra obligado a agotar el recurso que prevé el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en contra de la sanción que reclama, razón por la que en la especie no se cumplió con el principio de definitividad. Máxime que el citado artículo 48 prevé que cuando se impugne resoluciones administrativas por faltas disciplinarias, se dejará en suspenso la aplicación de las sanciones impuestas, hasta que el juez de ejecución resuelva en definitiva, esto es, prevé la suspensión del acto reclamado de inmediato; por tanto, la Ley Nacional de Ejecución Penal no exige mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva conforme a lo previsto en la fracción XX del artículo 61 de este último ordenamiento legal. En consecuencia, previo a promover el juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso previsto en el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal en los términos indicados, pues a través de ese medio de defensa, pudo obtener la insubsistencia del acto que reclama. En apoyo se cita la tesis III.2o.P.135 P (10a.) , emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que dispone: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad." Además, debe puntualizarse que no se actualiza ninguna de las excepciones que prevé la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en la resolución reclamada la autoridad responsable que la emitió citó los preceptos que estimó encuentran aplicación a su actuar, como se advierte de la lectura de aquella (fojas 52 a 58); de ahí que no carezca de fundamentación. Tampoco se actualiza la diversa excepción al principio de definitividad, consistente en que se reclamen violaciones directas a la constitución, puesto que la parte quejosa precisa que la ilegalidad del acto que combate radica en que no es cierto lo asentado en el parte informativo, pues fueron los supuestos agredidos los que los golpearon; de ese modo el acto reclamado no encuentra asidero en el supuesto de excepción aludido. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito , que dispone: "RECURSOS ORDINARIOS. VIOLACIONES DIRECTAS Y VIOLACIONES INDIRECTAS DE LA CONSTITUCION. Este Tribunal Colegiado estima que puede promoverse en forma inmediata el juicio de garantías, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, pero solamente cuando se plantea exclusivamente ese tipo de violaciones, y no así cuando se hacen valer al mismo tiempo en la demanda de garantías, violaciones directa e indirectas a la Carta Magna. Lo anterior, porque sólo en el primer caso se configura una excepción a la regla contenida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad en el juicio de garantías, habida cuenta de que el agraviado sólo puede atacar adecuadamente la resolución respectivamente ante el Juez de amparo, pues no resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas al Pacto Federal en los recursos ordinarios, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. En cambio, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de garantías, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al Juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar el proveído recurrido, porque de todas maneras al fallarse el recurso, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad que consagra el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución, para hacer procedente el juicio de garantías, obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Se estima además, que no resultaría jurídico, cuando se plantean en la misma demanda de garantías violaciones constitucionales directas e indirectas, analizar únicamente las primeras y omitir el estudio de las segundas, porque no puede fraccionarse la procedencia del juicio de garantías. El juicio constitucional procede porque se configura un excepción a la regla contenida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, o bien es improcedente conforme a dicha regla; pero no puede aceptarse que el amparo proceda sólo respecto a determinados conceptos de violación y resulte improcedente en lo que ve a otros." Finalmente, tampoco se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad consistente en que los medios de defensa se encuentren previstos en un reglamento, cuenta habida que el recurso que procede está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En virtud de lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución, para que dicho órgano jurisdiccional ordene lo relativo a su notificación. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jorge Samuel Méndez Rocha, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables, que precisado quedó en el considerando segundo de esta resolución; de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma José Alfredo Sánchez García, juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido de Francisco Javier Ramírez Álvarez, secretario que firma y da fe, hoy diecinueve de abril de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de marzo de dos mil dieciocho Por recibido el oficio 206 signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual devuelve el cuaderno principal del juicio de amparo 858/2014-IV, en dos tomos y dos anexos, promovido por CARLOS GONZÁLEZ NOGUEDA, y testimonio de la ejecutoria emitida en los autos del amparo en revisión administrativo 1101/2016, concluyendo con los puntos resolutivos que son del tenor siguiente: "PRIMERO.- En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO.- SE sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos consistentes en la falta de emplazamiento de la parte quejosa al juicio agrario 218/2012, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, así como del diverso relativo al cierre de facto de los caminos que existían entre las parcelas 665 y 482, así como en las 665 y 487, ubicadas en el poblado de Chalcalcingo, en el Municipio de Jantetelco, Morelos, aunque por que hace a éste último acto, por diferente causal de improcedencia a la considerada por el Juez de Distrito." En mérito de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, glósese a los autos el cuaderno relativo al antecedente, cuaderno incidental y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración que en el presente juicio se interpuso recurso de revisión y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, confirmó la resolución recurrida, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. En ese orden de ideas, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y tomando cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la resolución interlocutoria de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de repetición del acto reclamado; ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Laura Yanzín González Ceballos, que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano