Jorge Salvador Torres Vázquez
Expediente 1014/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 32 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1014/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 30/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jorge Salvador Torres Vázquez
- Ángela Chiquinquira Atencio
- JORGE SALVADOR TORRES VÁZQUEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por las autoridades responsables en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, sin que hubieran efectuado alguna manifestación; empero, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la parte considerativa que interesa de la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que los Integrantes de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, realizaran lo siguiente: I. Deje insubsistente la resolución de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis en la que confirmó el auto de formal prisión de nueve de septiembre de dos mil quince dictado en el proceso 257/2016 del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla (antes 276/2015 del Juzgado Noveno de lo Penal), única y exclusivamente por lo que respecta al impetrante Jorge Salvador Torres Vázquez. II. En su lugar, siguiendo los lineamientos de esta sentencia de amparo, dicte una nueva resolución en la que revoque el auto de formal prisión reclamado y ordene al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla repare las violaciones advertidas, esto es: a) Dentro del plazo constitucional agote e instrumente todas las medidas para lograr el desahogo de los interrogatorios a cargo de las víctimas Jesús Huerta Amaya y Ángela Chiquinquira Atenco, quedando constreñido a realizarlo de manera inmediata, una vez que se le notifique que la presente sentencia causó ejecutoria y se le requiera su cumplimiento, para lo cual deberá certificar el tiempo que había transcurrido al momento de la presentación del escrito de ofrecimiento de las pruebas cuyo desahogo se omitió, para que dentro del tiempo restante a cumplir las ciento cuarenta y cuatro horas, tome las medidas necesarias y conducentes dentro de sus facultades para dar cumplimiento a la presente resolución. Cabe ponderar que el juez responsable deberá efectuar todos los actos que estime necesarios para lograr el desahogo de dichas pruebas; sin embargo, de no lograrse, no obstante realizar los actos necesarios para ello, deberá resolver la situación jurídica del quejoso dentro del término constitucional con las pruebas que obren en el sumario, asentando las razones legales por las cuales no se practicó la citada prueba. b) El juez penal, con libertad de jurisdicción, deberá resolver la situación jurídica del impetrante. c) Al pronunciarse sobre la probable responsabilidad y cualquier derecho sustantivo, se sustente en las disposiciones federales aplicables, en términos del artículo 2 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Ahora bien, de las constancias que enviaron los Integrantes de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla se advierte que mediante resolución de veintidós de marzo de este año dictada en el toca de apelación 1100/2015 de su índice, realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución reclamada de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, única y exclusivamente por lo que respecta al impetrante Jorge Salvador Torres Vázquez. Siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo, revocó el auto de formal prisión reclamado de nueve de septiembre de dos mil quince dictado en el proceso 257/2016 del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla (antes 276/2015 del Juzgado Noveno de lo Penal), única y exclusivamente por lo que respecta al impetrante Jorge Salvador Torres Vázquez. Ordenó al juez de origen reponer el procedimiento instaurado contra el quejoso hasta la fase procesal de instrucción a fin de agotar e instrumentar todas las medidas para lograr el desahogo de los interrogatorios a cargo de las víctimas Jesús Huerta Amaya y Ángela Chiquinquira Atenco, quedando constreñido a realizarlo de manera inmediata, para lo cual debía certificar el tiempo que había transcurrido al momento de la presentación del escrito de ofrecimiento de las pruebas cuyo desahogo se omitió, para que dentro del tiempo restante a cumplir las ciento cuarenta y cuatro horas, tome las medidas necesarias y conducentes dentro de sus facultades para dar cumplimiento a la presente resolución. Para lo cual le indicó al juez natural que debía efectuar todos los actos que estime necesarios para lograr el desahogo de dichas pruebas; sin embargo, de no lograrse, no obstante realizar los actos necesarios para ello, deberá resolver la situación jurídica del quejoso dentro del término constitucional con las pruebas que obren en el sumario, asentando las razones legales por las cuales no se practicó la citada prueba. Con libertad de jurisdicción, al resolver la situación jurídica del impetrante, así como al pronunciarse sobre la probable responsabilidad y cualquier derecho sustantivo, se sustente en las disposiciones federales aplicables, en términos del artículo 2 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Por su parte, el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla en el acuerdo de veinticuatro de marzo de esta anualidad dictado en el proceso 257/2016 de su índice (antes 276/2015 del Juzgado Noveno de lo Penal) realizó lo siguiente: Dejó insubsistente el auto de formal prisión de nueve de septiembre del año pasado dictado contra el quejoso. Certificó que el término constitucional comenzó a las trece horas del veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete y feneció a las cinco horas con treinta minutos del veintinueve de marzo siguiente, previo descuento de las de las treinta y un horas con treinta minutos que transcurrieron entre la detención del peticionario y el momento en que rindió su declaración preparatoria. Señaló las diez horas del veinticinco de marzo de este año para el de los interrogatorios a cargo de las víctimas Jesús Huerta Amaya y Ángela Chiquinquira Atenco. No obstante lo anterior, y ante la incomparecencia del defensor del aquí quejoso, señaló como nueva fecha para el desahogo de los citados interrogatorios las nueve horas del veintiocho de marzo del año en curso. En la hora y fecha señalada con antelación, se desahogaron los interrogatorios a cargo de las víctimas Jesús Huerta Amaya y Ángela Chiquinquira Atenco. A las cuatro horas con treinta minutos del veintinueve de marzo de dos mil diecisiete resolvió la situación jurídica del quejoso dentro del término constitucional, decretando en su contra auto de formal prisión, para lo cual: Tomó en consideración las pruebas que obran en el proceso de origen incluidas aquellas que motivaron la reposición del procedimiento. Al pronunciarse sobre la probable responsabilidad y cualquier derecho sustantivo, se sustentó en las disposiciones federales aplicables, en términos del artículo 2 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Finalmente, el Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, en cumplimiento al fallo, realizó las anotaciones respectivas en el expediente penitenciario del inconforme. En ese sentido, este juzgado estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por las autoridades responsables; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hicieron más ni menos de lo que les correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la parte quejosa, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, ya sea en la suspensión provisional o definitiva por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los Archivos Judiciales Regulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, debiendo conservarse todas las resoluciones de la provisional o definitiva relativas a su otorgamiento y de la violación a la suspensión; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por las autoridades responsables en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, sin que hubieran efectuado alguna manifestación; empero, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la parte considerativa que interesa de la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que los Integrantes de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, realizaran lo siguiente: I. Deje insubsistente la resolución de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis en la que confirmó el auto de formal prisión de nueve de septiembre de dos mil quince dictado en el proceso 257/2016 del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla (antes 276/2015 del Juzgado Noveno de lo Penal), única y exclusivamente por lo que respecta al impetrante Jorge Salvador Torres Vázquez. II. En su lugar, siguiendo los lineamientos de esta sentencia de amparo, dicte una nueva resolución en la que revoque el auto de formal prisión reclamado y ordene al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla repare las violaciones advertidas, esto es: a) Dentro del plazo constitucional agote e instrumente todas las medidas para lograr el desahogo de los interrogatorios a cargo de las víctimas Jesús Huerta Amaya y Ángela Chiquinquira Atenco, quedando constreñido a realizarlo de manera inmediata, una vez que se le notifique que la presente sentencia causó ejecutoria y se le requiera su cumplimiento, para lo cual deberá certificar el tiempo que había transcurrido al momento de la presentación del escrito de ofrecimiento de las pruebas cuyo desahogo se omitió, para que dentro del tiempo restante a cumplir las ciento cuarenta y cuatro horas, tome las medidas necesarias y conducentes dentro de sus facultades para dar cumplimiento a la presente resolución. Cabe ponderar que el juez responsable deberá efectuar todos los actos que estime necesarios para lograr el desahogo de dichas pruebas; sin embargo, de no lograrse, no obstante realizar los actos necesarios para ello, deberá resolver la situación jurídica del quejoso dentro del término constitucional con las pruebas que obren en el sumario, asentando las razones legales por las cuales no se practicó la citada prueba. b) El juez penal, con libertad de jurisdicción, deberá resolver la situación jurídica del impetrante. c) Al pronunciarse sobre la probable responsabilidad y cualquier derecho sustantivo, se sustente en las disposiciones federales aplicables, en términos del artículo 2 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Ahora bien, de las constancias que enviaron los Integrantes de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla se advierte que mediante resolución de veintidós de marzo de este año dictada en el toca de apelación 1100/2015 de su índice, realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución reclamada de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, única y exclusivamente por lo que respecta al impetrante Jorge Salvador Torres Vázquez. Siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo, revocó el auto de formal prisión reclamado de nueve de septiembre de dos mil quince dictado en el proceso 257/2016 del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla (antes 276/2015 del Juzgado Noveno de lo Penal), única y exclusivamente por lo que respecta al impetrante Jorge Salvador Torres Vázquez. Ordenó al juez de origen reponer el procedimiento instaurado contra el quejoso hasta la fase procesal de instrucción a fin de agotar e instrumentar todas las medidas para lograr el desahogo de los interrogatorios a cargo de las víctimas Jesús Huerta Amaya y Ángela Chiquinquira Atenco, quedando constreñido a realizarlo de manera inmediata, para lo cual debía certificar el tiempo que había transcurrido al momento de la presentación del escrito de ofrecimiento de las pruebas cuyo desahogo se omitió, para que dentro del tiempo restante a cumplir las ciento cuarenta y cuatro horas, tome las medidas necesarias y conducentes dentro de sus facultades para dar cumplimiento a la presente resolución. Para lo cual le indicó al juez natural que debía efectuar todos los actos que estime necesarios para lograr el desahogo de dichas pruebas; sin embargo, de no lograrse, no obstante realizar los actos necesarios para ello, deberá resolver la situación jurídica del quejoso dentro del término constitucional con las pruebas que obren en el sumario, asentando las razones legales por las cuales no se practicó la citada prueba. Con libertad de jurisdicción, al resolver la situación jurídica del impetrante, así como al pronunciarse sobre la probable responsabilidad y cualquier derecho sustantivo, se sustente en las disposiciones federales aplicables, en términos del artículo 2 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Por su parte, el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla en el acuerdo de veinticuatro de marzo de esta anualidad dictado en el proceso 257/2016 de su índice (antes 276/2015 del Juzgado Noveno de lo Penal) realizó lo siguiente: Dejó insubsistente el auto de formal prisión de nueve de septiembre del año pasado dictado contra el quejoso. Certificó que el término constitucional comenzó a las trece horas del veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete y feneció a las cinco horas con treinta minutos del veintinueve de marzo siguiente, previo descuento de las de las treinta y un horas con treinta minutos que transcurrieron entre la detención del peticionario y el momento en que rindió su declaración preparatoria. Señaló las diez horas del veinticinco de marzo de este año para el de los interrogatorios a cargo de las víctimas Jesús Huerta Amaya y Ángela Chiquinquira Atenco. No obstante lo anterior, y ante la incomparecencia del defensor del aquí quejoso, señaló como nueva fecha para el desahogo de los citados interrogatorios las nueve horas del veintiocho de marzo del año en curso. En la hora y fecha señalada con antelación, se desahogaron los interrogatorios a cargo de las víctimas Jesús Huerta Amaya y Ángela Chiquinquira Atenco. A las cuatro horas con treinta minutos del veintinueve de marzo de dos mil diecisiete resolvió la situación jurídica del quejoso dentro del término constitucional, decretando en su contra auto de formal prisión, para lo cual: Tomó en consideración las pruebas que obran en el proceso de origen incluidas aquellas que motivaron la reposición del procedimiento. Al pronunciarse sobre la probable responsabilidad y cualquier derecho sustantivo, se sustentó en las disposiciones federales aplicables, en términos del artículo 2 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Finalmente, el Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, en cumplimiento al fallo, realizó las anotaciones respectivas en el expediente penitenciario del inconforme. En ese sentido, este juzgado estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por las autoridades responsables; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hicieron más ni menos de lo que les correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la parte quejosa, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, ya sea en la suspensión provisional o definitiva por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los Archivos Judiciales Regulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, debiendo conservarse todas las resoluciones de la provisional o definitiva relativas a su otorgamiento y de la violación a la suspensión; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla así como su anexo; visto su contenido, téngasele informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con su contenido, para que en el plazo de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido ese tiempo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que proceda en derecho.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla así como su anexo; visto su contenido, téngasele informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con su contenido, para que en el plazo de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido ese tiempo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que proceda en derecho.
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