Jorge Saavedra Figueroa

Expediente 3735/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
3735/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/03/2023

Partes del expediente

  • Jorge Saavedra Figueroa

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a las quejosas en el acuerdo de diez de marzo de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia, sin que hayan realizado manifestación alguna. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En primer lugar, cabe señalar que en la sentencia de tres de noviembre de dos mil dieciséis, se concedió la protección constitucional a las quejosas para los efectos siguientes: "[.] En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. (.) Sin que el amparo concedido respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, se haga extensivo a los artículos 61 y 62 de su reglamento; toda vez que dichas disposiciones reglamentarias desarrollan supuestos normativos diversos del procedimiento de fiscalización al que se considera violatorio del derecho fundamental de audiencia de la parte quejosa [.]" Decisión que quedó intocada por no ser materia del recurso de revisión interpuesto en autos. Así el efecto protector de la sentencia ejecutoriada consiste en que el jefe del Servicio de Administración Tributaria, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a las quejosas y éstas no hayan ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Ahora bien, para acreditar el acatamiento de la sentencia la autoridad responsable manifestó mediante oficio registrado con folio 4425 que no realizó el procedimiento de fiscalización electrónica a las quejosas y que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. Sin que las quejosas realizaran señalamiento alguno. Por tanto, se estima que el cumplimiento del fallo ha quedado sin materia, lo que impide que pueda llevarse a cabo su ejecución, pues no se está en aptitud legal de exigirlo dado que no se instauró procedimiento de revisión electrónica a las quejosas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como concluído. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de cuenta, por la que el Actuario Judicial adscrito a este órgano auxiliar, expone que no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa *****, según lo ordenado en auto de catorce de octubre de dos mil veintidós, por las razones que asienta; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, realícese la notificación a la parte quejosa de la resolución de veintidós de septiembre y el proveído de catorce de octubre, ambos de dos mil veintidós, así como el presente proveído, por medio de lista, que se publica en este juzgado de distrito; así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Finalmente, dada la voluminosidad del cuaderno principal en que se actúa y para el mejor manejo del expediente, se ordena la apertura del segundo tomo. Notifíquese en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y por medio de lista a la parte quejosa *****, el presente proveído, la resolución de veintidóis de septiembre y el proveído de catorce de octubre, todos de dos mil veintidós

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