Jorge Rosas Rosas
Expediente 145/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 145/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/07/2016
Partes del expediente
- Jorge Rosas Rosas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ensenada, Baja California, a trece de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos, de los que se advierte el oficio 1269/2016 (foja 33), con número de registro 9289, mediante el cual la autoridad responsable Junta Especial Número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Ensenada, Baja California, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector, anexando copia con firmas autógrafas del proveído de primero de julio del año en curso dictado en el expediente laboral número 164/2013 (foja 34). Mediante proveído de cinco de julio del presente año, se dio vista a las partes con tales constancias, para que en el término de TRES DÍAS manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Tal acuerdo se notificó por lista a las partes el seis de julio de dos mi dieciséis (foja reverso 35), sin que las partes hicieran manifestación alguna. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a.XXXVIII/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, correspondiente al mes de Marzo de mil novecientos noventa y nueve página trescientos quince, que al rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECRETARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Jorge Rosas Rosas para efecto de que la Junta Especial Número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Ensenada, Baja California, procediera de inmediato a dictar las medidas necesarias para que la ejecución del laudo emitido en los autos del juicio laboral 164/2013, sea pronta expedita en términos de lo dispuesto por el artículo 940 de la Ley Federal del trabajo. Ahora bien, los actos que debían realizar las autoridades responsables, era dictar las medidas necesarias para la ejecución del laudo dentro del juicio laboral 164/2013. Del examen de las referidas documentales, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que la Junta responsable, el primero de julio de dos mil dieciséis (foja 34), dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, y comisionó al Actuario de su adscripción para que en compañía del actor Jorge Rosas Rosas se constituyan en el domicilio de la demandada Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y le requiera por el pago de la cantidad $9,909.67 (NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 67/100 MONEDA NACIONAL). Luego entonces, si el amparo y protección de la Justicia Federal se otorgó para esos efectos, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de su garantía violada en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Consecuentemente, háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente, y archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el aludido precepto legal. Por otra parte, dado que no se solicitó la suspensión del acto reclamado; además que se estima que este expediente carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera inciso III, párrafo segundo y IV del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, debiéndose conservar únicamente la demanda de garantías y la sentencia dictada en autos. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Ensenada, Baja California, cinco de julio de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta, que remite la PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 40 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, de esta ciudad, mediante el cual remite constancia en cumplimiento al fallo protector; con su contenido, dése vista a las partes, por el término de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base a los elementos que obran en el expediente, de conformidad con lo que dispone el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintitrés de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que por sentencia de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Jorge Rosas Rosas. La protección constitucional se concedió para el efecto de que la autoridad responsable realizará lo siguiente: "Proceda de inmediato a dictar las medidas necesarias para que la ejecución del laudo emitido en los autos del juicio laboral 164/2013, sea pronta y expedita en términos de lo dispuesto por el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, una vez que cause ejecutoria el presente juicio de derechos fundamentales, pues solo así restituirá a la agraviada en el goce y disfrute de la garantía individual vulnerada, tal como lo indica el numeral 77 de la Ley de Amparo." Lo anterior, implica que la junta debería realizar el trámite del procedimiento de ejecución dentro de los términos fijados por la Ley Federal del Trabajo, pues solo así podrá cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige. Ahora, se aprecia de autos que desde el dieciocho de mayo del año en curso, fecha en que se declaró ejecutoriada la resolución constitucional, la responsable ha sido omisa en informar sobre las actuaciones tendientes al cumplimiento o bien remitir constancias que lo acrediten, no obstante el requerimiento efectuado en la misiva 4722/2016, de dieciocho de mayo del año en curso, como se aprecia del acuse de recibo que obre en autos. Por otra parte, debe destacarse que en el incidente de inejecución de sentencia 117/2015, pronunciado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado del juicio de amparo 2284/2013, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, que se trae a la vista por este juzgador como hecho notorio, se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. ES FUNDADO EL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA A QUE ESTE TOCA SE REFIERE. SEGUNDO. QUEDA INMEDIATAMENTE SEPARADO DE SU CARGO JORGE ARTURO BECERRA BECERRA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA QUINTA JUNTA ESPECIAL DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE JALISCO, POR HABER INCUMPLIDO LA SENTENCIA DE DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 2284/2013, POR EL JUEZ SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO. TERCERO. CONSÍGNESE A LA PERSONA MENCIONADA EN EL PUNTO RESOLUTIVO QUE ANTECEDE, DIRECTAMENTE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO EN PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE JALISCO EN TURNO, POR EL DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. CUARTO. DÉJESE EL PRESENTE INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA ABIERTO Y REQUIÉRASE A LA AUTORIDAD AHÍ SEÑALADA EL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO EN LOS TÉRMINOS ESPECIFICADOS." Para una mejor comprensión del asunto señalado con antelación, cabe trascribir lo siguiente: "El presente asunto involucra el retraso inexcusable en el cumplimiento de una sentencia dictada el doce de diciembre de dos mil trece, en la que el Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco otorgó el amparo para el efecto de que la Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado se pronunciara de manera inmediata sobre la procedencia o improcedencia del incidente de sustitución patronal interpuesto por la quejosa y le notificara la resolución respectiva así como para que los actos subsecuentes dentro del procedimiento laboral se llevaran a cabo respetando los plazos legales. La autoridad responsable vulneró reiteradamente el orden constitucional; el juez de distrito la instó en diecinueve ocasiones en el transcurso de poco más de un año para que diera cumplimiento a la sentencia; sin embargo, se limitó a informar que había regularizado el trámite del incidente pero que aún no se encontraba en posibilidad de celebrar la audiencia correspondiente dado que no obraban en el expediente las constancias de notificación a las partes respecto de la celebración de dicha audiencia, lo que constituía su responsabilidad." En consecuencia, y tomando en consideración que el asunto analizado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es similar al del juicio de amparo en que se actúa, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, remita copia certificada de las constancias que acrediten que acató la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no hacerlo en la forma y términos indicados, sin necesidad de nuevo requerimiento, se le impondrá una multa equivalente a cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio, en términos de los numerales 238 y 260 ambos de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para que se siga el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de cargo y consignación, tal como lo dispone el artículo 192, párrafo segundo y el numeral 193, párrafo primero de la ley de amparo vigente, en relación con el precepto 258 del citado ordenamiento legal. Cobra aplicación al caso, la tesis CLXXIV/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 163/97, el veintitrés de octubre de dos mil, de la sinopsis siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO. Del análisis relacionado de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, así como de los artículos 104 a 113 de la Ley de amparo, que integran el Capítulo XII, de la Ejecución de Sentencias", del Título Primero del Libro Primero, se desprende que tanto el poder Constituyente como el Poder Reformador y el legislador ordinario han considerando que las sentencias de amparo deben cumplirse con exactitud y rapidez. Las distintas tesis de jurisprudencia y aisladas que al respecto ha sustentado la Suprema corte de Justicia corroboran plenamente esa apreciación. Ello explica que cuando una autoridad, cualquiera que sea, no cumple una sentencia de amparo proceda separarla de su cargo y consignarla ante el Juez de Distrito que corresponda, a fin de que, en su caso, sea procesada y sentenciada. Todo ello significa que incurre en la conducta que motiva esas medidas y que puede ser constitutiva de delito, la persona que teniendo calidad de autoridad responsable en un juicio de amparo, o estando obligada a cumplir con una sentencia que concede la protección constitucional no lo hace dentro de las veinticuatro horas que previene el artículo 105 de la Ley de amparo, como regla general dentro del tiempo prudente que la naturaleza especial del acto amerite. Por tanto si quien se encuentra en ese supuesto deja de despeñar el cargo, no desaparece la responsabilidad en que incurrió durante el desempeño del mismo. Es obvio que de admitir lo contrario sería fácilmente burlado el riguroso sistema que la Constitución y la Ley de Amparo establecen para salvaguardar la eficacia de las sentencias de amparo, pues bastaría que se cambiara de puesto al funcionario que incurrió en desacato para que su conducta cayera en la impunidad; y lo más grave sería que, de admitir ese sistema como lícito, se podría prorrogar indefinidamente el incumplimiento de las sentencias de amparo. Además, como las responsabilidades que se siguen del desacato son de carácter personal e incluso pueden dar lugar a una consignación penal, es imprescindible que la nueva autoridad comparezca al juicio de amparo que se encuentre en etapa de ejecución de sentencia y que ello esté probado fehacientemente, lo que exigirá, por regla general, que se le daba requerir el referido cumplimiento, con lo que el principio establecido en el artículo 105 citado, se rebasaría en exceso, o lo que es más grave, daría lugar a que nunca se pudiera proceder contra alguna autoridad responsable. Por las consideraciones anteriores debe establecerse categóricamente que si un funcionario público incurrió en desacato, debe consignársele ante el Juez de Distrito que corresponda, aunque ya no ocupe el cargo que desempeñó". NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ensenada, Baja California, dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos y en atención a que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que ninguna de las partes recurriera la sentencia que CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL al quejoso Jorge Rosas Rosas. En esa virtud, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo y artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al referido ordenamiento legal, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Hágase la anotación de estilo en el libro de gobierno. Ahora, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de la presente notificación, sin demora alguna, dicten las providencias correspondientes en cumplimiento al fallo protector dictado en autos. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá a cada autoridad una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para que se siga el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de cargo y consignación, tal como lo dispone el artículo 192, párrafo segundo y el numeral 193, párrafo primero de la ley de amparo vigente, en relación con el precepto 258 del citado ordenamiento legal. NOTIFÍQUESE.
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