Jorge Rosabal Fernández

Expediente 674/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
674/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
18/06/2019

Partes del expediente

  • Jorge Rosabal Fernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda este expedientillo y la cuenta que antecede, glósese el oficio INM/DFCHIS/5691/2019 signado por la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula; mediante el cual rinde su informe relativo a la suspensión de plano y de oficio concedida en este asunto. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de veintinueve de mayo del año en curso, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto (fojas 27 a 30) y por acuerdo de siete de los corrientes, se tuvo por recibo el oficio del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordónez, mediante el cual aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del asunto (foja 43), por lo que se ordenó el archivo de este asunto como asunto concluido. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda este expedientillo y lo de cuenta, se acuerda: se tiene por recibido el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, mediante el cual hace del conocimiento de este Juzgado Federal que mediante proveído de cuatro de junio del año en curso, dictado en autos del juicio de amparo 1671/2019 de su índice, aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del asunto. Ahora bien, no obstante que este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto; lo procedente es declarar el presente juicio como susceptible de depuración, toda vez que se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otro lado, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, y no existiendo razón alguna para que continúe el presente cuaderno de antecedentes en la Secretaría de este Juzgado, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta y certificación secretarial que anteceden, de donde se desprende que el quejoso *******, no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante proveído de veinte de mayo del presente año, a efecto de que: Señalara el lugar en donde trató de ejecutarse la orden de deportación y/o aprehensión y/o detención y/o encarcelamiento o alojamiento reclamada; y, Manifestara si era su deseo designar alguna otra autoridad o autoridades ejecutoras residentes en esta Entidad, precisando sus denominaciones correctas. De ahí que, habiendo transcurrido el término de cinco días concedido para tal efecto, sin que la parte quejosa diera cumplimiento a alguno de los requerimientos señalados, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de que se trata, por lo que se determina que los actos reclamados no pretenden ejecutarse dentro de la jurisdicción de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. Una vez precisado lo anterior, para determinar y delimitar la competencia para conocer del presente asunto, es conveniente tomar en cuenta el contenido de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Los artículos citados señalan que se establecen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos, cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las dos primeras reglas, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, la cual puede verificarse en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes, al precisar que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito, en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito, al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro. Sólo de esa manera el gobernado puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles, conforme a las prevenciones de la ley de la materia; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Dicho fin se plasmó en la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 217-228, Tercera Parte, página 73, con el rubro y texto que a continuación se transcriben: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCIÓN DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado". Así como en la tesis sustentada por la Sala Auxiliar, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 217-228, Séptima Parte, página 88, que señala: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". De lo que se sabe que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde se ejecute, trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto está pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso JORGE ROSABAL FERNÁNDEZ señaló como actos reclamados del Titular de la Oficina de Representación y Encargado de la Estación Migratoria, ambos del Instituto Nacional de Migración de la Delegación de Tapachula, Chiapas (la primera en su denominación correcta), así como del Director de Estaciones Migratorias de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del Estado de Chiapas, en su carácter de ordenadoras, y como ejecutora, a los Agentes Federales del Instituto Nacional de Migración de la Delegación de Tapachula, Chiapas: La orden de deportación y/o aprehensión y/o detención y/o encarcelamiento y/o alojamiento fuera del procedimiento dictada en su contra y su ejecución. En ese sentido, deviene inconcuso que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, ya que los actos que el quejoso por esta vía reclama, habrán de ejecutarse, en todo caso, dentro de la jurisdicción de un Juzgado de Distrito con sede en la ciudad de Tapachula, Chiapas, por ser el lugar donde residen las autoridades que señaló como responsables, entre ellas, desde luego, la autoridad ejecutora, es decir, los Agentes Federales del Instituto Nacional de Migración de la Delegación de Tapachula, Chiapas. Ello pues, se reitera, el impetrante del amparo fue omiso en señalar autoridad ejecutora alguna residente en esta Entidad, aun cuando fue requerido para tal efecto. En consecuencia, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 107 fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 48 de la Ley de Amparo; y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, remítase el presente juicio al Juzgado de Distrito en turno, con residencia en la ciudad de Tapachula, Chiapas, a quien se estima competente para conocer de este asunto en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, solicitándole que dentro del término previsto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, tenga a bien informar si acepta o no, el conocimiento de este juicio de amparo. No representa obstáculo a la anterior determinación el hecho de que el promovente del amparo hubiese señalado domicilio procesal en esta ciudad de Mérida, Yucatán, pues tal circunstancia no resulta apta para fincar competencia a este Juzgado de Distrito, dado que, de adoptar ese criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el sólo hecho de señalar un domicilio donde fuera su deseo promover el juicio constitucional. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 1a.J.12/95, de la actual conformación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97, del Tomo II, Septiembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." Así como la tesis 1a. III/92, de la anterior integración de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, del Tomo IX, correspondiente al mes de mayo de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que bajo el rubro y texto indica: "COMPETENCIA EN MATERIA PENAL DE LOS JUECES DE DISTRITO PARA CONOCER DE LA ORDEN DE APREHENSION, NO DEBE ATENDERSE A LOS DOMICILIOS QUE EL QUEJOSO SEÑALA EN SU DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINAR LA. Cuando el acto reclamado requiera de ejecución material (orden de aprehensión), la competencia del juez de Distrito que deba conocer del asunto no debe circunscribirse al lugar del domicilio de trabajo o particular que señaló el quejoso en su demanda de garantías, sino al lugar de residencia de las autoridades ejecutoras que reconocieron el acto reclamado o de aquellas a las que se les tuvo por cierto, de conformidad con la interpretación del artículo 36 de la Ley de Amparo." Sin que lo anterior signifique en forma alguna que el suscrito desconozca el contenido de la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, localizable en la página tres mil cien, Libro 52, marzo de dos mil dieciocho, Tomo IV, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2016328, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE PUEDE EJECUTARSE EN EL DISTRITO DONDE SE UBICA EL DOMICILIO PARTICULAR DEL QUEJOSO O EN EL DEL LUGAR DONDE ÉSTE SE ENCUENTRE. CORRESPONDE A CUALQUIERA DE LOS JUECES DE ESAS JURISDICCIONES, A PREVENCIÓN. Si el quejoso presenta la demanda de amparo ante el Juez de Distrito que reside en el mismo lugar donde aquél dijo tener su domicilio particular, reclamando una orden de aprehensión emitida por autoridad judicial que se ubica en lugar distinto donde ejerce jurisdicción el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, entonces la orden de captura reclamada puede ejecutarse en cualquiera de los distritos en que ejercen jurisdicción los Jueces contendientes, ya que ésta puede tener ejecución material donde se ubica el domicilio particular o en cualquier parte donde el inculpado se encuentre, aun si las autoridades ejecutoras niegan la existencia del acto reclamado, ya que ésta debe ejecutarse. Por tanto, si no se tiene certeza de dónde se ejecutará el mandamiento de captura, será Juez competente para conocer de la demanda de amparo, a prevención, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo". Se dice lo anterior, pues en el presente caso, no se actualiza el supuesto contenido en el criterio acabado de transcribir relativo a la falta de certeza del lugar en el que se ejecutará el mandamiento de captura reclamado, pues en esta propia fecha se determinó que los actos reclamados no pretenden ejecutarse dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; determinación que se alcanzó ante el incumplimiento del propio quejoso de señalar alguna autoridad ejecutora en esta Entidad. En consecuencia, al sólo haberse señalado en el presente asunto autoridades responsable residentes en el Estado de Chiapas, se crea la convicción de que es en dicho lugar donde habría de ejecutarse el acto reclamado. Finalmente, apertúrese un cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias a fin de que permanezca en este Juzgado Federal, hasta en tanto se resuelva sobre la competencia declinada en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente, para los efectos legales correspondientes, el telegrama remitido por la Jefa de Departamento Jurídico Zona Sur del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, por ausencia de la Titular de la Oficina de Representación de dicha dependencia, con residencia en Tapachula, Chiapas; mediante el cual rinde su informe relativo a la suspensión de plano y de oficio concedida en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes. Asimismo, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones y como sus delegados, los que señala para tal fin en su correspondiente informe. Finalmente, este órgano jurisdiccional queda enterado de que la denominación correcta de la autoridad oficiante es Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, por lo que así deberán dirigirse las subsecuentes notificaciones en el presente asunto. Notifíquese y cúmplase.

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