Jorge Romero Pérez

Expediente 255/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
255/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
25/11/2022

Partes del expediente

  • Jorge Romero Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de noviembre de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se negó la protección constitucional, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser depurable en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado. Ahora bien, con apoyo en el artículo 21 inciso c), el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruible, toda vez que, se negó la suspensión definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver el juicio de amparo 255/2022, promovido por Jorge Romero Pérez, por propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada en Robo de Vehículo de la Fiscalía Regional Oriente, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido dos de marzo de dos mil veintidós, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Jorge Romero Pérez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada en Robo de Vehículo de la Fiscalía Regional Oriente La resolución de ocho de febrero de dos mil veintidós, mediante la cual se niega la devolución del vehículo marca Nissan, tipo NP300, modelo 2020, color blanco, con placas de circulación NV3287B particulares del estado de Morelos, motor QR2533291H, número de serie 3N6AD35A9LKB11768, dictada en la carpeta de investigación CT-UCD/983/2021. SEGUNDO. El tres de marzo de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 255/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que el acto reclamado emana de una autoridad que radica dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza del acto reclamado, es necesario precisar dicho acto, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama la resolución de ocho de febrero de dos mil veintidós, mediante la cual se niega la devolución del vehículo marca Nissan, tipo NP300, modelo 2020, color blanco, con placas de circulación NV3287B particulares del estado de Morelos, motor QR2533291H, número de serie 3N6AD35A9LKB11768, dictada en la carpeta de investigación CT-UCD/983/2021. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, pues así lo manifestó la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía Regional Oriente, al momento de rendir su informe justificado. Lo anterior también se corrobora con las copias certificadas de la carpeta de investigación CT-UCD/983/2021, que remitió la autoridad responsable. Constancias a las que se les concede eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los numerales 129 y 202, del Código Fiscal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2°, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por cuestión de técnica, previamente a examinar el fondo de la constitucionalidad del amparo, procede analizar si se actualiza o no alguna causa de improcedencia por ser de orden público, conforme lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, aplicable al caso. En la especie, las partes no hicieron valer causa de improcedencia y de oficio tampoco se advierte que se actualice alguna, por lo que procede entrar al estudio de la cuestión planteada en el presente juicio. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Establecido lo anterior, se aprecia que los motivos de disenso hechos valer por el peticionario del amparo devienen infundados en una parte e inoperantes en la restante, y por ende debe negarse el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Previo a entrar al estudio del acto impugnado se hace necesario determinar si el aseguramiento reclamado constituye acto privativo o acto de molestia, porque nuestra Carta Magna los distingue y tutela de manera diferente. Por actos privativos se entienden aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado por lo que la Ley Suprema únicamente los autoriza a través del cumplimiento de las garantías individuales previstas en el artículo 14 de la Constitución Federal, entre ellas la de audiencia previa. Por su parte, los actos de molestia son aquellos que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues los primeros sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, por lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los autoriza, según lo dispuesto en el artículo 16, siempre y cuando proceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 40/96, contenida en la página 5, Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rubro siguiente: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Ahora bien, de acuerdo a las atribuciones del Ministerio Público, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que la investigación y persecución de los delitos corresponde precisamente a dicha institución. En el ejercicio de tan importante facultad, desde luego la fiscalía está en condiciones de emprender las acciones conducentes para establecer un hecho considerado delito y encontrar el autor de tal conducta o acción. En esa fase investigadora, la obtención de datos es importante, la conservación de objetos, instrumentos o documentos también es relevante para evitar que desaparezcan huellas, datos o vestigios conducentes a esclarecer el hecho delictuoso y a encontrar a su autor. El artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales constituye el fundamento que faculta al Ministerio Público para asegurar instrumentos, objetos o productos del delito investigado, así como su devolución. Tal dispositivo establece: "Artículo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito. Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación." Por lo que, se obtiene que el Ministerio Público se encuentra facultado para decretar el aseguramiento de bienes durante la etapa de investigación como una medida cautelar, cuya finalidad es reunir los elementos suficientes para la adecuada integración de su investigación y poder determinar si se acreditan los elementos del cuerpo del delito, así como quién es o son los probables responsables en su comisión, por tal motivo le está autorizada la retención de los instrumentos del delito, los objetos que sean producto de él, aquellos en que existan huellas del mismo o pudieran tener relación con éste sin importar que no se tenga consentimiento de sus legítimos poseedores o propietarios, debiendo cumplir con lo estipulado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en esa medida, resulta claro que el aseguramiento decretado en una averiguación previa constituye un acto de molestia, en tanto que restringe de manera provisional un derecho de propiedad y de posesión, ya que tal afectación no perdura en el tiempo, sino únicamente durante el trámite del procedimiento respectivo. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. De ahí que a juicio de quien aquí resuelve, no se estima incorrecto el proceder del fiscal investigador de negar la devolución del vehículo que reclama el quejoso, pues la autoridad ministerial consideró al mismo instrumento del delito; y que guardaba relación directa con los hechos al ser un indicio de la carpeta de investigación en términos de lo dispuesto por los artículos 229, 230, 231 y 240 de Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, en lo conducente, resulta aplicable, la tesis aislada P.X/93 de Octava Época, sustentada por el Pleno de la entonces Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 61, enero de 1993, página 61, la cual dice: "ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES PRODUCTO DEL DELITO POR EL MINISTERIO PUBLICO. EL ARTICULO 40 DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL, Y LOS ARTICULOS 123 Y 181 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE LO ESTABLECEN, NO VIOLAN EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL.- Los artículos mencionados que facultan al Ministerio Público a dictar medidas para asegurar bienes del indiciado, no infringen la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional. Aunque estas medidas se dictan sin audiencia previa de la parte a la que pudieran perjudicar, no implican privación definitiva de derechos, puesto que son medidas provisionales que constituyen únicamente actos de simple molestia y para decretarse, no requieren cumplir los requisitos que para los actos de privación de derechos establece el artículo 14 constitucional". Bajo ese contexto, el quejoso sostiene que la negativa de la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía Regional Oriente conculca las garantías consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues refiere que la autoridad al negarle la devolución del vehículo marca Nissan, tipo NP300, modelo 2020, color blanco, con placas de circulación NV3287B particulares del estado de Morelos, motor QR2533291H, número de serie 3N6AD35A9LKB11768, viola las garantías de seguridad jurídica y el debido proceso, ya que señala que se deben realizar más estudios para lograr la identificación del número de serie y de motor, esto es, enviarlo a la planta armadora de origen para obtener mayores elementos de convicción; también argumenta que la citada diligencia se encuentra pendiente por practicar y que resulta incierta, toda vez que la autoridad no señala la fecha en que se llevará a cabo, tampoco precisa el lugar, ni otorga una orden para realizarla, sólo se limita a decir que debe pagar los trámites para el traslado del vehículo; lo que se traduce en una violación a su derecho de justicia pronta y expedita, en razón que lo priva del uso del medio de transporte asegurado. Además, sostiene que a la fecha no se ha encontrado dato alguno que establezca la procedencia ilícita. Ahora bien, no le asiste la razón al quejoso, toda vez que como se advierte del informe justificado rendido por la autoridad responsable y de las constancias anexas, el bien mueble cuya devolución se reclama fue asegurado al encontrarse relacionado con la probable comisión del delito de posesión de vehículo de procedencia ilícita, en virtud que la serie y calcomanías colocados por el fabricante se encuentran alteradas y carecen de los candados de seguridad correspondientes; por lo que ordenó diversas diligencias para lograr la identificación del vehículo asegurado, entre ellas, una prueba pericial en mecánica, en la que determinó lo siguiente: ".El área destinada por la planta armadora para el marcaje del número de serie localizada en la cara lateral izquierda, parte trasera del chasis de este vehículo se encuentra manipulada por material de desbaste y el número de serie no cuenta con las características del marcaje de la planta armadora y al realizar las pruebas químicas como lo indica la técnica aplicada, el número de motor SE ENCUENTRA REMARCADO, ya que no cuenta con las características de marcaje de la planta armadora y al realizar pruebas químicas no se logra recuperar indicios de marcaje original, por el exceso de desbaste." Por lo anterior, se hace necesario trasladar el vehículo a la planta armadora a fin de identificar el número de serie y motor del medio de transporte con el propósito de lograr su plena identificación, es decir, si coincide con los datos de la factura exhibida por el quejoso, o bien, si corresponde a diverso relacionado con un hecho señalado como delito. Sin que a la fecha el promovente de amparo -interesado en acreditar la propiedad del vehículo- hubiera comparecido ante la responsable a solicitar el traslado del vehículo a la planta armadora y a realizar los trámites correspondientes. En suma, la responsable al rendir su informe justificado precisó que no se ha trasladado el referido vehículo a la planta armadora porque el quejoso no lo ha solicitado, ni ha realizado los trámites correspondientes, aun y cuando ya fue ordenado en autos de la carpeta de investigación y se le hizo del conocimiento; máxime que el promovente es el interesado en acreditar ser el propietario del vehículo y entonces proceder a su devolución. De lo anterior, se evidencia que el actuar de la autoridad responsable resulta correcto, dado que el vehículo cuya devolución se reclama, se encuentra sujeto a investigación; siendo facultad constitucional del Ministerio Público (autoridad señalada como responsable) la indagación y acreditación de los hechos que la ley señala como delitos. En consecuencia, se estiman infundados los conceptos estudiados. Por otra parte, resultan inoperantes los conceptos formulados dado que no combaten, ni mucho menos destruyen los fundamentos y consideraciones con los que la autoridad responsable sustentó la resolución reclamada; en razón que estableció lo siguiente: ".esta representación social se encuentra imposibilitada para realizar la devolución de dicho vehículo automotor en virtud que carece de las formalidades que debe de reunir para estar en condiciones de realizar una devolución definitiva o bien provisional, si dicho vehículo automotor no cumple con las formalidades específicas, atendiendo a ello a los números identificativos con los cuales el propietario acreditar la propiedad de dicho vehículo automotor, si bien es cierto, dicho vehículo se estará en condiciones de mandar a la planta armadora para tener establecido los nuevos identificativos tanto del número de motor como el número de serie, motivo por el cual esta representación social se encuentra imposibilitada en acordar favorable la petición de la devolución del vehículo automotor." De lo anteriormente transcrito, se observa que la responsable negó la devolución del vehículo dado que el aquí quejoso no acreditó ser propietario del mismo, pues si bien exhibió la factura expedida por Autotal Sociedad Anónima de Capital Variable, el número de folio y serie AJF 2860 referencia 60049082 de dicho documento no coinciden al número de serie y motor del auto marca Nissan, tipo NP300, modelo 2020, color blanco, con placas de circulación NV3287B particulares del estado de Morelos, motor QR2533291H, número de serie 3N6AD35A9LKB11768. Consideraciones que el promovente de amparo no desvirtuó ni combatió con argumento alguno. De suerte que si tales fundamentos y consideraciones no aparecen impugnados en los conceptos de violación de la demanda de amparo, deben subsistir para continuar rigiendo la determinación del acuerdo combatido. Por tanto, al resultar infundados en una parte e inoperantes en la restante los conceptos de violación analizados, se niega el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Jorge Romero Pérez, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por las razones expuestas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Jaime César Pereyra Román, veintinueve de julio de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo número 838/2019 del índice de este Juzgado de Distrito, así como testimonio de la ejecutoria dictada por ese cuerpo Colegiado el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dentro del amparo en revisión 205/2021 en la cual en sus puntos resolutivos determinó: ".PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jorge Arturo Olivarez Brito, por propio derecho, contra los actos y la autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." Lo anterior, comuníquese a las partes, glósese el cuaderno de antecedentes y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo Octavo, artículo 20, fracción II inciso a), del Acuerdo General antes mencionado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el Capítulo Séptimo, fracción I, Inciso a) del citado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es destruible, toda vez que, tanto la suspensión provisional y definitiva se negaron. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que la audiencia constitucional fue señalada para las diez horas del quince de abril del año en curso, lo que en años pasados el Consejo de la Judicatura Federal, ha declarado como día no laborable; en tal virtud, la audiencia constitucional señalada en este expediente, se difiere de manera anticipada y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano