Jorge Romeo Sánchez Exelente
Expediente 892/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 892/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/09/2022
Partes del expediente
- Jorge Romeo Sánchez Exelente
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ....
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, a diecisiete de junio de dos mil veintidós. Del estado procesal que guarda el presente asunto y la certificación secretarial de cuenta se advierte que de una revisión de este expediente, se omitió notificar de manera personal el auto de treinta y uno de mayo de este año, a la Fiscal Ejecutivo Asistente adscrita a este juzgado y a la parte quejosa Jorge Romeo Sánchez Exelente. En mérito de lo anterior, túrnense los autos a la actuaria de este juzgado para que de forma inmediata realicen las notificaciones ordenadas en dicho proveído, en el que se sobreseyó fuera de audiencia este asunto. . SE NOTIFICA AUTO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS IL VEINTIDÓS. San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de los Magistrados Presidente y Representante del Estado, a través del cual rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado correspondiente de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 9º de la citada ley, se le tiene designando como delegados a las personas que cita en el oficio que se acuerda. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo las constancias que acompaña a su informe justificado. Ahora bien, de las copias certificadas que remitió la autoridad oficiante en cita -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que por acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla proveyó lo conducente al escrito presentado por la parte actora Jorge Romeo Sánchez Exelente -aquí quejoso- el veinticinco de marzo de dos mil veintidós dentro del juicio laboral D-02/2009, de su índice, por el que solicitó se fijen fechas y horas para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación y la audiencia de liquidación de laudo. Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, de dar contestación al escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós dentro del juicio laboral D-02/2009, de su índice, por el que solicitó se fijen fechas y horas para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación y la audiencia de liquidación de laudo. Consecuentemente, el Tribunal responsable por acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, proveyó lo conducente al escrito presentado por la parte actora Jorge Romeo Sánchez Exelente -aquí quejoso- el veinticinco de marzo de dos mil veintidós dentro del juicio laboral D-02/2009, de su índice, por el que solicitó se fijen fechas y horas para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación y la audiencia de liquidación de laudo; lo que se acredita con las constancias remitidas por las autoridades responsables. Como puede verse, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado. Esto es así, porque el nueve de mayo de dos mil veintidós el quejoso promovió el presente juicio de amparo para reclamar la omisión de dar contestación a su escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós dentro del juicio laboral D-02/2009, de su índice, por el que solicitó se fijen fechas y horas para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación y la audiencia de liquidación de laudo. Sin embargo, como se precisó en párrafos precedentes la autoridad responsable acreditó que por acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, proveyó lo conducente al escrito antes mencionado. Sobre esa base, aun cuando al promoverse la demanda de amparo -nueve de mayo de dos mil veintidós- existía la omisión reclamada, lo cierto es que, con posterioridad - treinta de mayo de dos mil veintidós - la autoridad responsable dio contestación al escrito presentado por la parte actora Jorge Romeo Sánchez Exelente -aquí quejoso- el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral D-02/2009, de su índice, por el que solicitó se fijen fechas y horas para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación y la audiencia de liquidación de laudo; es claro que la presente acción constitucional se torna improcedente, ya que con la actuación destacada se produjo una situación idéntica a la que obtendría el quejoso con una eventual sentencia concesoria de amparo. Por tanto, si la circunstancia aquí apuntada sobrevino después de la presentación de la demanda de amparo (nueve de mayo de dos mil veintidós), es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del diez de junio de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Pantoja Salazar, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargado del Despacho de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la licencia otorgada a la titular de este Juzgado en el punto cuarto del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo del año en curso, ante Greta Santos Hernández, Secretaria que autoriza. Doy fe..
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, a diecisiete de junio de dos mil veintidós. Del estado procesal que guarda el presente asunto y la certificación secretarial de cuenta se advierte que de una revisión de este expediente, se omitió notificar de manera personal el auto de treinta y uno de mayo de este año, a la Fiscal Ejecutivo Asistente adscrita a este juzgado y a la parte quejosa Jorge Romeo Sánchez Exelente. En mérito de lo anterior, túrnense los autos a la actuaria de este juzgado para que de forma inmediata realicen las notificaciones ordenadas en dicho proveído, en el que se sobreseyó fuera de audiencia este asunto. . SE NOTIFICA AUTO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS IL VEINTIDÓS. San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de los Magistrados Presidente y Representante del Estado, a través del cual rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado correspondiente de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 9º de la citada ley, se le tiene designando como delegados a las personas que cita en el oficio que se acuerda. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo las constancias que acompaña a su informe justificado. Ahora bien, de las copias certificadas que remitió la autoridad oficiante en cita -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que por acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla proveyó lo conducente al escrito presentado por la parte actora Jorge Romeo Sánchez Exelente -aquí quejoso- el veinticinco de marzo de dos mil veintidós dentro del juicio laboral D-02/2009, de su índice, por el que solicitó se fijen fechas y horas para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación y la audiencia de liquidación de laudo. Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, de dar contestación al escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós dentro del juicio laboral D-02/2009, de su índice, por el que solicitó se fijen fechas y horas para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación y la audiencia de liquidación de laudo. Consecuentemente, el Tribunal responsable por acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, proveyó lo conducente al escrito presentado por la parte actora Jorge Romeo Sánchez Exelente -aquí quejoso- el veinticinco de marzo de dos mil veintidós dentro del juicio laboral D-02/2009, de su índice, por el que solicitó se fijen fechas y horas para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación y la audiencia de liquidación de laudo; lo que se acredita con las constancias remitidas por las autoridades responsables. Como puede verse, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado. Esto es así, porque el nueve de mayo de dos mil veintidós el quejoso promovió el presente juicio de amparo para reclamar la omisión de dar contestación a su escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós dentro del juicio laboral D-02/2009, de su índice, por el que solicitó se fijen fechas y horas para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación y la audiencia de liquidación de laudo. Sin embargo, como se precisó en párrafos precedentes la autoridad responsable acreditó que por acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, proveyó lo conducente al escrito antes mencionado. Sobre esa base, aun cuando al promoverse la demanda de amparo -nueve de mayo de dos mil veintidós- existía la omisión reclamada, lo cierto es que, con posterioridad - treinta de mayo de dos mil veintidós - la autoridad responsable dio contestación al escrito presentado por la parte actora Jorge Romeo Sánchez Exelente -aquí quejoso- el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral D-02/2009, de su índice, por el que solicitó se fijen fechas y horas para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación y la audiencia de liquidación de laudo; es claro que la presente acción constitucional se torna improcedente, ya que con la actuación destacada se produjo una situación idéntica a la que obtendría el quejoso con una eventual sentencia concesoria de amparo. Por tanto, si la circunstancia aquí apuntada sobrevino después de la presentación de la demanda de amparo (nueve de mayo de dos mil veintidós), es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del diez de junio de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Pantoja Salazar, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargado del Despacho de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la licencia otorgada a la titular de este Juzgado en el punto cuarto del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo del año en curso, ante Greta Santos Hernández, Secretaria que autoriza. Doy fe..
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, a quince de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta de Anett Cruz Solís en su doble carácter de encargada del despacho de la Dirección General Jurídica y de Transparencia y de Representante Legal de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, por medio del cual se apersona al presente juicio de amparo con el carácter de tercera interesada, señala domicilio, correo electrónico y designa delegados. Atento a lo anterior, se tiene a la Secretaría oficiante apersonándose al presente juicio de amparo en su carácter de tercero interesada y, por tanto, con fundamento en el artículo 9º de la ley de Amparo, se tiene a la autoridad de mérito designando como delegados a las personas que menciona en su oficio de cuenta; asimismo se tiene como domicilio el que indica para recibir notificaciones. Por otra parte, con fundamento en el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se le tiene señalando correo electrónico los que indica en el oficio de cuenta para entablar comunicaciones no procesales. Asimismo como lo solicita se autoriza a los delegados para imponerse de los autos del presente juicio de amparo mediante uso de cámaras, grabadoras, escáneres, lectores ópticos o cualquier otro tipo de naturaleza análogos. Por tanto, el expediente queda a disposición en la secretaría de este juzgado federal para que -en su caso- obtenga una reproducción electrónica de los autos que integran este juicio de amparo, observando en todo momento los lineamientos y medidas señaladas en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, concretamente al proceso para la consulta de expedientes y comparecencias. Además de que se deberá asentar razón para que obre en autos. ...
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