Jorge Roman Silva

Expediente 719/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
719/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
20/08/2019

Partes del expediente

  • Vicefiscal En Jefe de la Costa, Puerto Escondido, Oaxaca
  • Jorge Roman Silva

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, por medio del cual acusa recibo del oficio 20560/2019, por el que se le remitió por incompetencia la demanda de amparo promovida por ... , e informa que aceptó la misma, avocándose al conocimiento del asunto, el cual quedó registrado con el número ... , de su índice. En consecuencia, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Así, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción I, del citado Acuerdo General y atendiendo a que en el asunto, este órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer del mismo, transcurridos más de seis meses contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este cuaderno de antecedentes. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE...V

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de agosto de dos mil diecinueve. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por *******, contra actos del Vicefiscal en Jefe de la Costa, con residencia en Puerto Escondido, y de otras autoridades; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 719/2019. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. De la demanda de amparo se deduce que la parte quejosa señala como autoridades responsables al Vicefisal en Jefe de la Costa, Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones Regional y Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones Local, todos con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, y como acto reclamado el siguiente: "ACTO RECLAMADO: Reclamo a la autoridad marcada como ordenadora que se me está iniciando e integrando un legajo de investigación a mis espaldas, sin que haya cometido delito alguno..." En esas circunstancias y toda vez que la competencia legal es de orden público y por tanto, no puede quedar sujeto a voluntad de las partes, se procede a analizar si en el caso se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo presentada por el promovente. Es aplicable al caso la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". Así, los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 48 párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente" El artículo Constitucional, transcrito inicialmente, se ha interpretado de la manera siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 97, Tomo Informe 1972, Parte II, Séptima Época). Por su parte, el normativo 36 de la Ley de Amparo derogada, cuyo texto es similar al del 37 de la ley en la materia vigente, se interpretó: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Sustentado por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, Tomo 217-228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). La intelección de los numerales, tesis y jurisprudencia apuntados, permiten desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla se encuentra contenida en el numeral 37 párrafo primero, de la Ley de Amparo, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda previsión normativa constituye un matiz de la primera, sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, que establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado en el juicio constitucional, no requiera de ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción, se haya presentado la demanda. Bajo ese tenor, toda vez que el acto reclamado se hace consistir en la iniciación e integración de un legajo de investigación, el cual se está ejecutando en la Fiscalía que se encuentra en Puerto Escondido, Oaxaca, Agencia Municipal de San Pedro Mixtepec, lugar en donde el promovente narra que sucedieron los hechos, en el caso se surte la hipótesis del inciso a), de donde se colige que la competencia para conocer del presente juicio, por razón de territorio, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto cuarto, fracción XX, relativo al Vigésimo Circuito, que en lo que interesa, establece: "XX. DÉCIMO TERCER CIRCUITO: ..Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo. En esa tesitura, es incuestionable que la competencia para conocer de la presente demanda, por razón de territorio, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz; por lo tanto, este Juzgado declara carecer de competencia legal para el conocimiento del presente asunto. Con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, se ordena remitir la demanda de amparo con la boleta de turno, con siete copias y tres anexos, al Juez de Distrito en turno, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, quien resulta competente, solicitándole el acuse de recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión al no actualizarse alguno de los supuestos descritos en el artículo 48 de la Ley de Amparo. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir acuerdos y notificaciones el que indica y por autorizados para tal efecto a las personas que indica. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente, para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..."

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de agosto de dos mil diecinueve. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por *******, contra actos del Vicefiscal en Jefe de la Costa, con residencia en Puerto Escondido, y de otras autoridades; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 719/2019. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. De la demanda de amparo se deduce que la parte quejosa señala como autoridades responsables al Vicefisal en Jefe de la Costa, Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones Regional y Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones Local, todos con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, y como acto reclamado el siguiente: "ACTO RECLAMADO: Reclamo a la autoridad marcada como ordenadora que se me está iniciando e integrando un legajo de investigación a mis espaldas, sin que haya cometido delito alguno..." En esas circunstancias y toda vez que la competencia legal es de orden público y por tanto, no puede quedar sujeto a voluntad de las partes, se procede a analizar si en el caso se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo presentada por el promovente. Es aplicable al caso la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". Así, los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 48 párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente" El artículo Constitucional, transcrito inicialmente, se ha interpretado de la manera siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 97, Tomo Informe 1972, Parte II, Séptima Época). Por su parte, el normativo 36 de la Ley de Amparo derogada, cuyo texto es similar al del 37 de la ley en la materia vigente, se interpretó: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Sustentado por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, Tomo 217-228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). La intelección de los numerales, tesis y jurisprudencia apuntados, permiten desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla se encuentra contenida en el numeral 37 párrafo primero, de la Ley de Amparo, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda previsión normativa constituye un matiz de la primera, sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, que establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado en el juicio constitucional, no requiera de ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción, se haya presentado la demanda. Bajo ese tenor, toda vez que el acto reclamado se hace consistir en la iniciación e integración de un legajo de investigación, el cual se está ejecutando en la Fiscalía que se encuentra en Puerto Escondido, Oaxaca, Agencia Municipal de San Pedro Mixtepec, lugar en donde el promovente narra que sucedieron los hechos, en el caso se surte la hipótesis del inciso a), de donde se colige que la competencia para conocer del presente juicio, por razón de territorio, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto cuarto, fracción XX, relativo al Vigésimo Circuito, que en lo que interesa, establece: "XX. DÉCIMO TERCER CIRCUITO: ..Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo. En esa tesitura, es incuestionable que la competencia para conocer de la presente demanda, por razón de territorio, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz; por lo tanto, este Juzgado declara carecer de competencia legal para el conocimiento del presente asunto. Con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, se ordena remitir la demanda de amparo con la boleta de turno, con siete copias y tres anexos, al Juez de Distrito en turno, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, quien resulta competente, solicitándole el acuse de recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión al no actualizarse alguno de los supuestos descritos en el artículo 48 de la Ley de Amparo. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir acuerdos y notificaciones el que indica y por autorizados para tal efecto a las personas que indica. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente, para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..." EL PRESENTE PROVEÍDO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA.

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