Jorge Rolando Perez May

Expediente 1159/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1159/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/08/2022

Partes del expediente

  • Jorge Rolando Perez May

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio 1159/2022 ocho de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de veintiséis de julio del presente año, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Jorge Rolando Pérez May, contra actos de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otra autoridad; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha la parte quejosa no ha aclarado su escrito inicial de demanda, en los términos y plazo concedidos en proveído de trece de julio del año en curso. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado proveído, y se tiene por no presentada la demanda de amparo, promovida por **********, contra actos del Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otras autoridades. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.

  3. Principal

    Prevención. Previo a acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, se realiza el siguiente análisis: El artículo 112 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". El normativo anterior impone a este Juzgado de Distrito la obligación, previo a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiarla para verificar que se colmaron los requisitos que marca la ley en cita, y que no existan irregularidades en la misma; así, entre los requisitos que marca la ley de la materia, se encuentran los previstos en su artículo 114, fracciones I y II que señalan lo siguiente: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Por su parte, la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)." En esas condiciones, de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, en el apartado de autoridades responsables señala a las siguientes: De lo anterior se desprende que una de las autoridades señaladas es la "H. Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco"; asimismo, en el proemio del ocurso de cuenta, en el numeral 2 de los antecedentes del acto reclamado, en su cuarto concepto de violación y en las pruebas número 1 y 4, indica que la autoridad responsable es la citada Junta. Sin embargo, en el capítulo de actos reclamados y en los antecedentes, específicamente en el marcado con el numeral 1 indica que la autoridad responsable es la "H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco". Por lo que existe incertidumbre respecto de la autoridad que tiene el carácter de responsable. En consecuencia, a fin de determinar lo conducente respecto de la procedencia de la demanda intentada, resulta necesario prevenir a la promovente, con fundamento en los artículos 108, fracción III y 114 fracciones I y II de la ley de la materia, a efecto de que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: Precise cuál es la autoridad responsable, con residencia en esta ciudad, esto es, la Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco o Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Requerimiento de que las manifestaciones se realicen bajo protesta de decir verdad. Asimismo, se le hace saber al promovente del amparo debido a que se requiere que realice manifestaciones bajo protesta de decir verdad, deberá desahogar de manera personalísima por quien promovió la demanda (Jorge Rolando Pérez May) y que la información que se desprenda de manifestaciones que vierta en su escrito aclaratorio será confrontada con la que se advierta de las constancias que en su momento obren en autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, este Juzgado de Distrito, procederá a dar vista al Fiscal del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo XXIV, Materia Común, de Julio de 2006, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Así como la tesis número II.2o.P.51 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a página 781, tomo VII, marzo de 1998, del Semanario Judicial de Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DELITO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 211, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. El delito que prevé el artículo 211, fracción I, de la Ley de Amparo es un delito que para se configure debe ser intencional, pues si bien es cierto que tal figura no exige un resultado, también lo es que la omisión o afirmación de un hecho falso es con la firme intención dolosa de obtener una sentencia favorable a sus intereses, es decir, dicho delito requiere que la omisión o alteración de los hechos sea con la finalidad y dañada intención de obtener la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado y, por ende, la protección constitucional, además de que la falta de su señalamiento o alteración sea indispensable para que trascienda al resultado del fallo, lo que constituye el elemento subjetivo del tipo penal; por lo que al no quedar acreditada la firme intención dolosa de obtener una sentencia favorable a sus intereses, y que dicha omisión no constituye antecedente del acto reclamado, sin el cual no se hubiera podido resolver el juicio constitucional, no se actualizan los elementos del tipo penal que para ello prevé precisamente el artículo 211, fracción I, de la Ley de Amparo." En el entendido que del escrito mediante el cual cumplan la prevención impuesta en este acuerdo, deberán exhibir copias para cada una de las partes que tienen injerencia en el presente sumario, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo; para estar en condiciones de correr el traslado de ley, habida cuenta que en el caso concreto, el escrito aclaratorio no puede quedar desvinculado al de demanda, ya que viene a formar parte de la misma. La anterior consideración se sustenta en la jurisprudencia P./J. 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Apercibimiento en caso de no cumplir con la prevención. Apercibido que de no hacerlo, de conformidad con el párrafo penúltimo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Asimismo, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Pascual Álvarez Díaz, Martha Elena Morales López, Luis Alfonso Correa Beaurregard, Jorge Flores Ovando, Brenda Ovando Cruz y Rigoberto Suárez Rivera, por ser la parte trabajadora en el juicio laboral de origen; y únicamente para recibir citas y notificaciones e imponerse de los autos a José del Carmen Morales Castillo, Pedro Jair Flores Ovando, y Deysi León Pérez, por así haberlo solicitado expresamente. Por otro lado, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase únicamente como medio de contacto el correo electrónico j_carmen98jos@hotmail.com. Habilitación de días inhábiles. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento. Notifíquese personalmente.

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