Jorge Rogelio Chávez Rodríguez

Expediente 170/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
170/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
21/02/2023

Partes del expediente

  • Jorge Rogelio Chávez Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta signados por el Presidente de la Junta Especial 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; en atención a su contenido, téngase por rendido su informe justificado. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora, vistas las constancias allegadas y el estado que guardan los autos, se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. Lo anterior, porque en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. . Dicho precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo cual acontece en alguno de los siguientes supuestos: a) por revocación, cuando la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados; o, b) por sustitución procesal, cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en su vigencia y ejecutividad, cuya firmeza se da posterior al mismo. Ateniente a la primera hipótesis, es preciso señalar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto. La razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por la causal que se examina, radica en que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, cuyo epígrafe y contenido es el siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se admitió el presente juicio teniendo como acto reclamado la omisión a emitir laudo en el juicio laboral ***. Luego, del oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se advierte que el catorce de febrero pasado se emitió el laudo correspondiente en el expediente laboral de referencia, mismo que fue notificado a ***, apoderada de la parte actora (aquí quejosa) el dieciséis de febrero siguiente; constancias que merecen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia. En ese sentido, es evidente que los efectos de la omisión reclamada en cuestión cesaron, en razón a que fue emitido el laudo correspondiente en el juicio laboral *** que es el resultado que buscaba la parte quejosa en el presente juicio, por lo que cesaron los efectos del acto reclamado tal cual como si se hubiera otorgado el amparo solicitado, ello es así, pues el acto reclamado ya no está surtiendo efectos jurídicos ni los surtirá. En ese orden de ideas, se pone de relieve lo indudable de la causal de improcedencia del juicio constitucional, ya que resulta manifiesta e indudable, en tanto que, no obstante que se continuara con el procedimiento y se celebrara la audiencia constitucional, no resultaría factible formarse una convicción diversa, ello con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis 26/2002- PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, promovido por ***. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA PROGRAMADA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se dejan sin efecto las nueve horas con cuarenta y siete minutos del trece de marzo próximo, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional....M-IV

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de febrero de dos mil veintitrés. EXHIBE ACREDITACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR LA QUEJOSA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. Agréguense a los autos los ocursos de cuenta; en atención a su contenido, se tiene a ***, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la moral quejosa ***, dando cumplimiento al requerimiento inserto en proveído de dieciocho de enero del año en curso, para lo cual, exhibe las documentales que se enuncian a continuación: 1. Impresión de la relación de pagos que realizó la moral quejosa ***, a favor de los municipios de Tepeji del Río de Ocampo y Tepeapulco, ambos en el Estado de Hidalgo, por concepto de Derecho de Alumbrado Público (DAP), por lo que hace al ejercicio fiscal de dos mil veintidós. 2. Veinticuatro avisos de pago emitidos por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de ***, por los periodos de consumo mensuales correspondientes al ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, a razón de los inmuebles ubicados en ***, y el diverso ubicado en ***. 3. Oficio relativo al aviso de cobro por ajuste a la Facturación *** de veintidós de abril de dos mil veintidós, suscrito por el ***, responsable de CFE Suministrador de Servicios Básicos, Zona Comercial Tula. 4. Cuarenta y ocho facturas (CFDI) emitidas por la Comisión Federal de Electricidad a favor de *** que comprenden los periodos de consumo mensuales correspondientes al ejercicio fiscal de dos mil veintidós. 5. Copia simple de la carátula relativa al estado de cuenta bancario de la quejosa, correspondiente al periodo del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, a razón de la cuenta de cheques *** CLABE Interbancaria *** radicada en el Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, integrante de Grupo Financiero Banamex. Documentales con las que el promovente acredita el historial de pagos realizados por la quejosa ****, por concepto de derecho de alumbrado público en los municipios de Tepeji del Río de Ocampo y Tepeapulco, ambos en el Estado de Hidalgo, relativos al ejercicio fiscal del año dos mil veintidós. SE REQUIERE INFORME. En ese sentido, a fin de verificar el importe a pagar por lo municipios responsables en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se requiere a Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, Zona Comercial Pachuca, para que, en el término de cinco días, remita copia certificada del historial de pagos por concepto de derecho de alumbrado público efectuado por ***, en los municipios de Tepeji del Río de Ocampo y Tepeapulco, Hidalgo, únicamente en el año dos mil veintidós. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa en términos de lo dispuesto por los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo. A fin de que pueda estar en posibilidad de cumplir el requerimiento efectuado, remítasele copia simple del número de servicio de energía eléctrica a nombre de la moral quejosa, respecto de los municipios de Tepeji del Río de Ocampo y Tepeapulco, Hidalgo. DATOS BANCARIOS DE LA QUEJOSA. Se tiene a la empresa quejosa proporcionar los siguientes datos bancarios de la cuenta en la que se podrán realizar los depósitos correspondientes a los pagos de mérito: número de cuenta: cuenta de cheques ***, CLABE Interbancaria ***, ***, a nombre de la quejosa * Una vez que se proporcionen los montos *** correspondientes a los pagos realizados por la quejosa por concepto de derecho de alumbrado público, proporciónense los anteriores datos a las autoridades responsables a fin de que estén en posibilidad de dar cumplimiento al fallo protector....M-I

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