Jorge Rodríguez Martínez

Expediente 663/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
663/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
25/07/2022

Partes del expediente

  • Jorge Rodríguez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo a la certificación de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja dentro del término legal, contra el auto de trece de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por tanto, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Finalmente, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de uno de julio del año en curso, se requirió a la parte quejosa, para que aclarara la demanda de amparo. Ahora bien, toda vez que los promoventes no cumplieron con dicho requerimiento, dentro del término que se les concedió para tal efecto, qse le hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto y por ende se tiene por no presentada su demanda de amparo.

  3. Principal

    Recepción de la demanda Visto la demanda de amparo promovida por ... y otros, por su propio derecho; contra actos del Fiscal General del Estado de Colima y otras. Fórmese expediente; asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 663/2022-VI. No se pronuncia respecto a la suspensión de plano por el momento. Como ya se indicó, los actos reclamados consisten en determinación de aseguramiento de fecha 27 de junio de 2022 y el desalojo de los quejosos con el uso de la fuerza pública del polígono 1 al 5, ubicado en la delegación de Campos, Municipio de Manzanillo, Colima. En ese sentido, este juzgador estima que, de momento, no existen elementos suficientes para emitir el pronunciamiento respecto de la suspensión de plano del citado acto reclamado. No se soslaya la premura de la situación atento a lo narrado en la demanda, sin embargo, se insiste los hechos mencionados no se refieren a actos que este juzgado considere como dentro de los mencionados en el numeral 126 de la Ley de Amparo. Lo anterior, puesto que la determinación de la procedencia de una suspensión de plano es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien debe atender al origen del acto tildado de inconstitucional, dado que constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. Aunado a que dentro de la relación de actos que prevé el artículo 22 Constitucional, no se encuentran los actos reclamados por la parte quejosa en su demanda de amparo. Análisis de la demanda y prevención. Ahora bien, analizado el escrito de demanda se advierte que la parte quejosa no precisa los actos que de cada autoridad reclama, puesto que de manera genérica señala como acto reclamado de todas las autoridades la determinación de aseguramiento de fecha 27 de junio de 2022 y el desalojo de los quejosos con el uso de la fuerza pública del polígono 1 al 5, ubicado en la delegación de Campos, Municipio de Manzanillo, Colima. En ese sentido, se evidencia una irregularidad que merece ser aclarada para efectos de fijar la litis constitucional del presente juicio. Lo anterior, pues no se advierten los actos que de cada autoridad reclama, específicamente en lo que respecta al Juez Sexto de Control y Juicio Oral del Primer Partido Judicial en Tonalá, Jalisco. Por tanto, previamente a acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión o rechazo, con fundamento en el artículo 114, fracciones II y IV, en relación con el 108, fracción V, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, cumpla con lo siguiente: 1. Precise los actos que de cada autoridad reclama, específicamente, los actos que reclama al Juez Sexto de Control y Juicio Oral del Primer Partido Judicial en Tonalá, Jalisco. La anterior prevención resulta necesaria a fin de fijar la litis constitucional, para el supuesto hipotético de que se admita a trámite la demanda, y concluya con el dictado de la sentencia. Lo anterior a efecto de que, en caso de admitirse a trámite la demanda de amparo solicitada, evitar con ello que llegue a incurrir en la falta prevista por el numeral 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261.- Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Se impondrá sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario: I.- Al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo, siempre que no se reclamen algunos de los actos a que se refiere el artículo 17; II.- Al quejoso o tercero perjudicado en un juicio de amparo, que presente testigos o documentos falsos, y III.- Al quejoso en un juicio de amparo que para darle competencia a un juez de Distrito, designe como autoridad ejectuora (sic) a una que no lo sea, siempre que no se reclamen algunos de los actos a que se refiere el artículo 17." 1 Página: 32, Tomo X, Noviembre de 1999, relativa a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Apercibimiento a la parte quejosa. Apercíbase a los promoventes del amparo que de incumplir con lo requerido, transcurrido el término señalado, con apoyo en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo.

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