Jorge Rodríguez Leija

Expediente 1092/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1092/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
27/09/2019

Partes del expediente

  • Jorge Rodríguez Leija

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    De análisis de autos se advierte que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, remitió diversas constancias solicitadas, sin embargo, toda vez que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, ordenó reponer el procedimiento para los efectos siguientes: "(.)a efecto de que la juez federal requiera a las autoridades correspondientes para que le remitan copias certificadas del nombramiento del quejoso signado en febrero de dos mil dieciocho, con vigencia de tres meses, así como de los diversos que se le hubieran otorgado con posterioridad, de ser el caso". En esas condiciones, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, cumpla con lo que se indica, bajo apercibimiento de ley. En consecuencia, a fin de que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las doce horas con treinta minutos del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, para su celebración.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que las autoridades responsables Subdirector Comercial de Pemex Refinación, Agencia de Seguridad Energía y Ambiente y Comisión Reguladora de Energía, no han sido notificadas del auto de veintiséis de abril, ocho de febrero y diecisiete de junio del año en curso; no obra en autos las constancias de notificación por lo tanto, no se está en condiciones de celebrar la audiencia señalada para hoy, por lo que se difiere y en su lugar, se fijan las diez horas con cinco minutos del treinta y uno de julio del dos mil diecinueve..

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio que suscribe el Presidente Especial de la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, y al efecto, téngasele acusando recibo de los oficios 30444/2019, 30445/2019, 30446/2019 y 30447/2019 del índice de este órgano jurisdiccional; lo anterior para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión dentro del término legal en contra de la sentencia dictada el treinta de enero de dos mil diecinueve, en la que por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º; se decreta que ha causado ejecutoria, para todos los efectos de ley. Ahora bien, el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para los efectos siguientes a) Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación del artículo 16, fracción I, incisos a) y h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, siendo lo correcto que se le aplique la cuota mínima que establece el dispositivo legal referido en su inciso j), por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos, moneda nacional), ya que esa suma es igual para todos los contribuyentes, sin considerar la procedencia del documento a registrar; lo anterior, toda vez que el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar a la quejosa del pago de los derechos correspondientes a tales servicios en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada contraria a la Constitución General; estimar lo contrario, implicaría poner a la parte promovente en un estado privilegiado y, además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. b) En la inteligencia que la concesión otorgada implica que se deje insubsistente el pago realizado bajo el recibo oficial A40486021, emitido a su nombre por la Oficina Recaudadora número 125 de Guadalajara, Jalisco, Jalisco, de la Secretaría de la Hacienda Pública antes Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, debiendo únicamente cobrarle la cuota mínima que establece el precepto impugnado, por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: a saber: la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos, moneda nacional); reintegrando a ésta el numerario que exceda de las tarifas que se indica por concepto de la contribución analizada en este asunto, y en su lugar se emita otro recibo por el pago de derechos por los mismos conceptos, pero absteniéndose de aplicar las tarifas que establece el artículo declarado inconstitucional (16, fracción I, incisos a y h), de la ley reclamada)". En esas condiciones, no es dable requerir a las responsables Congreso, Gobernador y Secretario, todos del Estado de Jalisco, por el cumplimiento del fallo protector, habida cuenta que su intervención en los actos reclamados únicamente versó sobre su participación en el proceso de creación de la norma declarada inconstitucional, por lo que tales autoridades no pueden dar cumplimiento a dicha ejecutoria, conforme lo establece la siguiente tesis número 2a. CXV/97 que dice: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor refrendo y publicación, porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Ahora bien, toda vez que este órgano de control constitucional tiene la facultad y la obligación de precisar y determinar qué autoridades se encuentran vinculadas y en qué medida, para lograr el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, y una vez analizados los efectos para los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se concluye que las siguientes autoridades, en el ámbito de su respectiva competencia, deben realizar lo siguiente: Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco: Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación del artículo 16, fracción I, incisos a) y h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, siendo lo correcto que se le aplique la cuota mínima que establece el dispositivo legal referido en su inciso j), por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos, moneda nacional), ya que esa suma es igual para todos los contribuyentes, sin considerar la procedencia del documento a registrar; lo anterior, toda vez que el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar a la quejosa del pago de los derechos correspondientes a tales servicios en su totalidad, sino solo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada contraria a la Constitución General; estimar lo contrario, implicaría poner a la parte promovente en un estado privilegiado y, además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. En la inteligencia que la concesión otorgada implica que se deje insubsistente el pago realizado bajo el recibo oficial A40486021, emitido a su nombre por la Oficina Recaudadora número 125 de Guadalajara, Jalisco, Jalisco, de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiendo únicamente cobrarle la cuota mínima que establece el precepto impugnado, por concepto de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, a saber: a saber: la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos, moneda nacional); reintegrando a esta el numerario que exceda de las tarifas que se indica por concepto de la contribución analizada en este asunto, y en su lugar se emita otro recibo por el pago de derechos por los mismos conceptos, pero absteniéndose de aplicar las tarifas que establece el artículo declarado inconstitucional (16, fracción I, incisos a y h), de la ley reclamada). En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acrediten a este órgano jurisdiccional, haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos señalados en los incisos precedentes. En el entendido de que el plazo concedido, se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad, a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Se le apercibe que de no cumplir en el lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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