Jorge Rodrigo García Guzmán

Expediente 1078/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1078/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
09/01/2019

Partes del expediente

  • Jorge Rodrigo García Guzmán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de enero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho por el que se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto causa estado. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se desechó la demanda que dio origen al mismo. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años, de conformidad con el punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Adela Rodríguez González, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito signado por el quejoso Jorge Rodrigo García Guzmán, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído trece de diciembre del año en curso, bajo protesta de decir verdad, informa el estado procesal que guarda el toca civil formado con motivo del recurso de apelación promovido por él mismo el tres de diciembre del año en curso. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desechar de plano. En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: El emplazamiento realizado en el juicio sumario civil hipotecario 860/2018, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, así como las demás actuaciones posteriores, entre ellas, la sentencia definitiva de veinte de noviembre de dos mil dieciocho. Por otra parte, en el apartado de antecedentes en la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa manifiesta que el tres de diciembre del año en curso, interpuso recurso de apelación contra la sentencia referida en el párrafo anterior. Asimismo, en el escrito de cuenta, el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el recurso de apelación promovido por él mismo el tres de diciembre del año en curso, se admitió en efecto devolutivo el doce del mes y año que transcurre. En ese sentido, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. El artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al respecto, se advierte de oficio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." Lo anteriormente expuesto permite advertir se encuentra en trámite un recurso ordinario (apelación), el cual puede modificar la sentencia dictada por la autoridad responsable, la cual guarda relación con el acto reclamado, y con el cual puede tener como resultado que se revoque, modifique o anule la sentencia de primer grado, así como sus consecuencias jurídicas. Luego, si con motivo de la interposición de dicho recurso puede quedar insubsistente el acto reclamado, este Juzgado de Distrito debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos dentro del medio de impugnación que hicieron valer, lo que se encuentra acreditado con la manifestación hecha por la autoridad responsable, con motivo del cual, puede quedar insubsistente el acto reclamado, así como sus consecuencias jurídicas; de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 144/2010, consultable en la página 15, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Diciembre de dos mil, materia común, novena época, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo". Sustenta lo considerado, en lo conducente, la jurisprudencia número 196463, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 632 del Tomo VII, de Abril de 1998, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federaicón y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO ORDINARIO ESTÁ PENDIENTE. Si el juicio de amparo se promueve antes de que sea resuelto un recurso ordinario intentado en contra del mismo acto reclamado, éste no tiene el carácter de definitivo y, por ello, es claro que la acción constitucional es improcedente." Por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda que dio origen al expediente en que se actúa por su notoria e indudable improcedencia. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de seis de noviembre de dos mil dieciocho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/5669/2018 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; ante la licenciada Adela Rodríguez González, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte QUEJOSA JORGE RODRIGO GARCIA GUZMAN por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la ley de amparo.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Jorge Rodrigo García Guzmán, por propio derecho, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1078/2018. Ahora bien, el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, que reclama el emplazamiento realizado en el juicio sumario civil hipotecario 860/2018, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, así como las demás actuaciones posteriores, entre ellas, la sentencia definitiva de veinte de noviembre de dos mil dieciocho. Asimismo, manifiesta que el tres de diciembre del año en curso interpuso recurso de apelación contra la sentencia referida en el párrafo aterior. Por tanto, de conformidad con los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta sus efectos la notificación que se le practique del presente auto, bajo protesta de decir verdad y apercibido de las sanciones en que incurre quien afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados, previstas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, informe el estado procesal que guarda el toca civil formado con motivo del recurso de apelación promovido por él mismo el tres de diciembre del año en curso. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido se tendrá por no presentada la demanda, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que la prevención formulada únicamente podrá cumplirla el quejoso directo y no por conducto de sus autorizados. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. Asimismo, se precisa que el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las determinaciones dictadas en el juicio, que en su caso requieran notificación personal, en términos de los incisos b) y c) de la fracción I, del artículo 27, de la Ley de Amparo; queda constreñido al lapso que comprende de las nueve a las quince horas de los días hábiles, por ser el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 49/2011. En ese contexto, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o bien, el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 del ordenamiento legal invocado, con excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de seis de noviembre de dos mil dieciocho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/5669/2018 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; ante la licenciada Adela Rodríguez González, secretaria que autoriza y da fe.

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