Jorge Rodolfo Romero Romero

Expediente 1132/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1132/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
23/01/2017

Partes del expediente

  • Jorge Rodolfo Romero Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de enero de dos mil diecisiete. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 1132/2016-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el cinco de diciembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el segundo punto resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración, asimismo, se declara que los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que el Juez Tercero de Distrito del Décimo Octavo Circuito, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, remítase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 1132/2016-I, promovido por JORGE RODOLFO ROMERO ROMERO, por propio derecho; respecto de los actos que reclamó de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y otras autoridades; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el cinco de julio de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Jorge Rodolfo Romero Romero, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, Director del Diario Oficial de la Federación y Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Mediante auto de seis de julio del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados. Finalmente, habiéndose continuado con el trámite correspondiente, se dio inicio a la celebración la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, que tiene ejecución material, se atribuye a autoridades residentes en el lugar del juicio, donde, además, es el señalado como el de ejecución. SEGUNDO. Como está señalado en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la Página: 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, registro número 181810, que precisa lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda y su aclaración, y, atendiendo además a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos reclamados se hacen consistir en: De la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, Director del Diario Oficial de la Federación: Su respectiva participación en el proceso legislativo del artículo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el cinco de marzo de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación. Del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos: El auto de quince de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual se acordó desfavorable su petición de aplicar las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales de manera retroactiva en su beneficio en los autos de la causa penal 44/2013. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del Director de Amparo Autoridad Responsable, en suplencia por ausencia del Director General de Control de Juicios de Amparo, por suplencia de la Procuradora General de la República; Secretario de Gobernación, por conducto del Director General de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Gobernación; Director General adjunto de Diario Oficial de la Federación; Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de la Supervisor "A" homologada a jefe de departamento de la subdirección de amparo y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por conducto del Director General de Asuntos Jurídicos consistentes en su respectiva participación en el proceso legislativo del artículo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el cinco de marzo de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; en virtud de que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados (fojas 91 a 98 y 116 del expediente principal) Lo anterior, porque se advierte que dichos actos atañen, en el ámbito de sus respectivas competencias, a dichas autoridades. Además, se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las normas recamadas, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, que precisa lo siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.". De igual forma, es cierto el acto reclamado al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, consistente en el auto de quince de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual se acordó desfavorable su petición de aplicar las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales de manera retroactiva en su beneficio en los autos de la causa penal 44/2013; pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 103 y 104 del expediente principal). Lo anterior se corrobora con las constancias que acompañó dicha autoridad a su informe justificado, consistente en copias certificadas de la causa penal 44/2013-I, documental a la que se le concede eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los numerales 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2°, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Por ser las causales de improcedencia de estudio oficioso, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar si advierte la actualización de alguna. Respecto, al Secretario de Gobernación y Director del Periódico Oficial de la Federación, se actualiza la casual de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo vigente, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" Tal dispositivo está correlacionado con el artículo 107, fracción I, de la propia ley de amparo, que dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; ." Los numerales transcritos establecen que el juicio de amparo será improcedente cuando se señalen autoridades responsable a aquellas que intervinieron en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o de su publicación y no se impugne por vicios propios. En el caso, el quejoso señaló como autoridades responsables al Secretario de Gobernación y Director del Periódico Oficial de la Federación, empero, no reclamó por vicios propios el acto en que tomó participación en el proceso legislativo del que emana la norma general reclamada, ya que se limita exclusivamente a reprocharle su publicación si esgrimir argumento alguno con el que pretenda evidenciar la inconstitucionalidad de su actuar, de ahí que es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia en estudio. En razón a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables Secretario de Gobernación y Director del Periódico Oficial de la Federación. QUINTO. Por otra parte, se pasa al estudio de la causa de improcedencia que hace valer la autoridad responsable, misma que se estima inatendible por las siguientes consideraciones. Ahora bien, el Director de Amparo autoridad responsable, en suplencia por ausencia del Director General de Control de Juicios de Amparo, por suplencia del Procurador General de la República, al rendir el informe justificado en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, hace valer que el juicio de amparo es improcedente, porque, se trata de actos consumados, por lo que debe sobreseer el juicio conforme al artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Tales manifestaciones implican la invocación de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; ." Es inatendible la causa de improcedencia invocada por la citada autoridad responsable, toda vez que no expone las razones o motivos por los que considera que se actualiza la misma; además de acreditarla con los medios de prueba correspondientes, a fin de que este tribunal se encontrara en posibilidad de proceder a su estudio; ello atendiendo a la amplia gama de supuestos que pueden contenerse en cada una de las fracciones del aludido precepto 61; máxime que dicha causal no es de obvia y objetiva constatación. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, número de tesis 2a./J.137/2006, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Novena Época, página 365, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio. SEXTO. Al no actualizarse casual de improcedencia alguna, ni advertirse, de oficio, que se actualice alguna otra, de conformidad por los dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede analizar el fondo del asunto SEPTIMO. No pasa inadvertido para este juzgador que el artículo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el cinco de marzo de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, y que guarda relación con los actos reclamados en el juicio que nos ocupa, fue reformado por decreto publicado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que la materia de la reforma aludida, no interfiere con la fuente de agravio de la parte quejosa, misma que como se verá en líneas subsecuentes, consiste sustancialmente en la prohibición de aplicar las disposiciones contendidas en el referido Código Nacional de Procedimientos Penales, a juicios -como el seguido en contra del peticionario del amparo que nos ocupa- iniciados con anterioridad a su vigencia y/o entrada en vigor. Sirve de apoyo a la anterior afirmación, por identidad de razón en la Jurisprudencia número 2a./J. 6/2013 (10a.), aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de enero de dos mil trece, consultable bajo el registro 2003285, en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2, Materia Común, Página: 1107; aplicada en sentido contrario, y cuyo rubro, texto y precedentes, son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA.- Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos." OCTAVO. Por cuestión de técnica jurídica se analizarán en primer término los conceptos de violación expuestos por el quejoso en torno a la inconstitucionalidad del artículo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el cinco de marzo de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la inconstitucionalidad del citado precepto con motivo del acto de aplicación consistente en el auto de quince de junio de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 44/2013, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, en el que estableció que no era procedente la traslación de un sistema de justicia a otro. En primer término, es importante mencionar que tratándose del juicio de amparo contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta, debe analizarse, en primer término, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición impugnada, y únicamente en el caso de que se determine negar el amparo, será factible abordar el estudio del acto de aplicación, por vicios propios; según lo establece la jurisprudencia 348 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4034, Tomo II, Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte -SCJN Sexta Sección- Sentencias en amparo contra leyes y sus efectos, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Novena Época, de rubro y texto: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Para claridad en la resolución que se pronuncia conviene precisar como antecedentes de los actos reclamados, los siguientes: Por auto de treinta de julio de dos mil trece, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, radicó la averiguación previa AP/PGR/MOR/CV/700/III/2011, mediante la cual el Agente del Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal contra Jorge Rodolfo Romero Romero, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de uso de documento falso, previsto y sancionado en los artículos 246, fracción IV y sancionado en el numeral 243 del Código Penal, así como por el delito de usurpación de funciones, tipificado y punido en el numeral 250, fracción II del Código en cita y solicitó orden de aprehensión en su contra (fojas 157 y 158 anexo I). Por resolución de dos de agosto de dos mil trece, el Juez responsable, negó la orden de aprehensión solicitada (fojas 156 a 166 anexo I). Mediante resolución de veintiocho de marzo de dos mil catorce, el Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito, decretó la orden de aprehensión (foja 171 a 194 del anexo I). Por resolución de quince de mayo de dos mil quince el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, dictó auto de formal prisión en contra de Jorge Rodolfo Romero Romero, como probable responsable en la comisión del delito de uso de documento falso, previsto en el artículo 246, fracción VII y sancionado en el diverso 243 del Código Penal Federal; así como por el diverso delito de usurpación de profesiones, previsto en el artículos 250, fracción II inciso b, del Código Penal Federal, en concordancia con los diversos numerales 7 fracción I, 8, 9 párrafo primero y 13 fracción II, Código Penal Federal (fojas 213 a 229 del anexo I). Mediante escrito recibido el catorce de junio de dos mil dieciséis, Jorge Rodolfo Romero Romero, solicitó que su proceso fuera traslado al nuevo sistema de justicia penal; dado que no estaba sentenciado y algunas hipótesis del Código Nacional de Procedimientos Penales, le beneficiarían (foja 232 del anexo I). Por auto de quince de junio de dos mil dieciséis, el Secretario encargado del despacho Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, acordó no proveer de conformidad la petición por cuanto a la traslación de un sistema de justicia a otro; toda vez que el procedimiento por el cual se le seguía el proceso se inició con antelación a la entrada en funciones en esta entidad federativa de la justicia penal oral. Agregó que en términos del transitorio Cuarto de la reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, el cual fue reproducido en el artículo Tercero Transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce, por el que se pone en vigor el Código Nacional de Procedimientos penal, se advertía que los procedimientos iniciados con antelación a la entrada en vigor del Código Nacional antes referido serían concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la dicho acto. Finalmente, adujo que el inicio de la averiguación se radicó el treinta de septiembre de dos mil once y que de acuerdo a lo previsto en el artículo Primero transitorio del Acuerdo General por el cual se creaba el Centro de Justicia Penal Federal en Morelos, el cual aconteció el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, el procedimiento iniciado al aquí quejoso había acontecido con antelación a la entra en vigor en funciones en el Estado de Morelos del Centro de Justicia Penal Federal. Al respecto el quejoso Jorge Rodolfo Romero Romero, aduce en esencia que el acto reclamado viola los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que se le impide la aplicación de criterios de oportunidad, del procedimiento abreviado, de cualquier forma anticipada de concluir el juicio y con ello se vulneran sus derechos humanos al negarse el alcance a través de cualquiera de esas instituciones jurídicas; y al no aplicarle el principio de retroactividad de la ley en su beneficio; además de que no existe argumento alguno en la exposición de motivos que el legislador hubiere dado para justificar la ultractividad del Código Federal de Procedimientos Penales. De igual forma, alega en síntesis que el artículo tercero transitorio del decreto por el que se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales, violan los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8° y 9° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; toda vez que ante la igualdad de hechos, en cuanto a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, permite que dos personas acusadas del mismo delito, pudieran tener dos tratos distintos, uno con mayores beneficios procesales de sentencia e incluso de respeto a los derechos humanos, por tal resulta violatorio; ya que si a una situaciones son aplicables dos normas distintas, debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana. Los reseñados conceptos de violación son infundados. En efecto, para resolver el problema de retroactividad de la ley tanto desde el punto de vista de su expedición como de su aplicación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha acudido a la teoría de los derechos adquiridos y a la de los componentes de la norma. En la primera de esas teorías, se distingue entre dos conceptos, a saber: el de derecho adquirido que lo define como aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, a su dominio o a su haber jurídico, y el de expectativa de derecho, que ha sido definido como la pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho, es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde a algo que en el mundo fáctico no se ha materializado. Por consiguiente, conforme a esa teoría de los derechos adquiridos, si una ley o acto concreto de aplicación no afecta derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho, no se viola el principio de irretroactividad de la ley previsto en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución General. Conforme a esta teoría, no se pueden afectar o modificar derechos adquiridos durante la vigencia de una ley anterior, ya que aquéllos se regirán siempre por la ley a cuyo amparo nacieron y entraron a formar parte del patrimonio de las personas, aun cuando esa ley hubiese dejado de tener vigencia al haber sido sustituida por otra diferente; en cambio, una nueva ley podrá afectar simples expectativas o esperanzas de gozar de un derecho que aún no ha nacido en el momento en que entró en vigor, sin que se considere retroactiva en perjuicio del gobernado. Corrobora lo anterior la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS.-Conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la irretroactividad desfavorable que se prohíbe, se desprende que ésta se entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro. En estas condiciones, se concluye que si una ley o un acto concreto de aplicación no afectan derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no violan la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el precepto constitucional citado." (Novena Época. registro digital: 189448. Segunda Sala. Aislada. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, junio de 2001, materia constitucional, tesis 2a., LXXXVIII/2001, página 306) De los razonamientos anteriores, se debe concluir que una ley es retroactiva cuando trata de modificar, destruir o alterar en perjuicio de una persona los derechos que adquirió bajo la vigencia de la ley anterior, toda vez que éstos ya entraron en el patrimonio o en la esfera jurídica del gobernado, y no cuando se aplica a meras expectativas de derecho. Ahora bien, el artículo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se tilda de inconstitucional prevé: "ARTÍCULO TERCERO. Abrogación. El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán abrogados para efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente Código, sin embargo respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos. En consecuencia el presente Código será aplicable para los procedimientos penales que se inicien a partir de su entrada en vigor, con independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. Como se ve, el Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán abrogados para efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que es válido sostener que se está ante un fenómeno jurídico de sucesión de normas, que implican la abrogación de ordenamientos legales o derogación de disposiciones jurídicas concretas. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha resuelto que una norma de tránsito tiene como función la de regular el paso ordenado de la ley anterior a la ley nueva, precisando cuál es el tratamiento que se debe dar a las situaciones o hechos jurídicos que habiendo surgido durante la vigencia de aquella, puedan tener alguno o algunos de sus efectos durante la vigencia de éstas, con la finalidad de dar cumplimiento a un principio de seguridad jurídica y así el gobernado tenga certeza respecto a la vigencia de normas equivalentes, cuando se presenta una sucesión de éstas en el tiempo. Precisado lo anterior, es importante ahora destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido criterio sobre dos elementos que deben tenerse en cuenta para dar respuesta al planteamiento de constitucionalidad planteado por el quejoso. Por una parte, se han definido los parámetros y alcances del principio de retroactividad de la ley en beneficio del gobernado. En tanto que por otra, ya se ha establecido cuál es la finalidad de las normas transitorias que regulan la sucesión normativa en los diversos ordenamientos jurídicos y su no oposición, en estricto sentido, del referido principio. Los últimos pronunciamientos sobre estas temáticas tienen fuente directa en las sentencias dictadas al resolver los diversos amparos en revisión 761/2011, 51/2012, 56/2012, 67/2012, 180/2012 y 194/2012. En lo relativo al principio de aplicación retroactiva de la ley en beneficio del gobernado, la Primera Sala ha partido de la interpretación del artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece lo siguiente: Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. A partir del análisis de la norma constitucional transcrita, la Primera Sala ha precisado si bien prohíbe expresamente la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de cualquier persona; de este enunciado interpretado a contrario sensu otorga se desprende el derecho de todo individuo a que se le aplique retroactivamente una ley, siempre que ello sea en su beneficio. Principio que también está contemplado en la parte final del artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto dispone lo siguiente: Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Derivado del marco jurídico expuesto, queda claro que el derecho constitucionalmente protegido que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley penal, tiene como condicionante que con ello se afecte al gobernado. De ahí que el enunciado constitucional queda definido con la inadmisibilidad de la irretroactividad de la ley en perjuicio. La cual deriva del principio de legalidad tutelado por el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Alcance de interpretación que implica la censura legal de aplicación de toda norma jurídica con efectos retroactivos, que genere como resultado la agravación de la situación jurídica del individuo receptor de la aplicación normativa. Por ejemplo, en el ámbito normativo penal queda evidente con la pretensión de normas de emisión posterior al hecho que se juzga que tenga como efecto agravar las sanciones que son consecuencia jurídica del delito por el que se declara penalmente responsable a una persona. Así el postulado de prohibición de la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio se configura como un límite constitucional para el Estado y, al mismo tiempo, una garantía a favor del gobernado, que deriva del principio de legalidad. Frente a esta prohibición, se admite como excepción la retroactividad de una ley siempre que sea en beneficio del quejoso. Directriz que a pesar de no estar expresada en la norma constitucional su existencia deriva de la interpretación inversa de la misma. Y la sucesión de leyes penales es un claro ejemplo en el que la mencionada excepción cobra aplicación a fin de permitir que el individuo le sean aplicables condiciones que benefician su situación jurídica o disminuyen la agravación de las consecuencias jurídica del delito. Como podría ser la posibilidad de acceder a beneficios, la disminución de la pena o la extinción de las sanciones, entre otras circunstancias favorables. Consecuencias que de acuerdo al marco normativo previamente definido es aplicable para los gobernados que se encuentran sujetos al trámite de un proceso penal o en el procedimiento de ejecución de penas. Ahora bien, el planteamiento de inconstitucionalidad que hizo valer el quejoso debe analizarse a partir del reconocimiento del supuesto de sucesión normativa. En virtud de que sostiene la incontitucionalidad de la norma en análisis sobre la base de que la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales resulta de mayor beneficio que el procedimiento previsto en el Código Federal de Procedimientos Penales. En esta sucesión de normas jurídico penales se introduce la problemática de constitucionalidad materia de la presente ejecutoria, en la parte en la que se establece que: "ARTÍCULO TERCERO. Abrogación. - - - (.) quedarán abrogados para efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente Código, sin embargo respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos." La actualización del supuesto de sucesión normativa, contrario a lo afirmado por el inconforme, tiene sustento en la condición fáctica de abrogación del Código Federal de Procedimientos Penales, para los efectos señalados en el párrafo tercero del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, es decir, para dar paso al sistema procesal penal acusatorio. Sobre este fenómeno jurídico de sucesión de normas, que implican la abrogación de ordenamientos legales, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha resuelto que una norma de tránsito tiene como función la de regular el paso ordenado de la ley anterior a la ley nueva, precisando cuál es el tratamiento que se debe dar a las situaciones o hechos jurídicos que habiendo surgido durante la vigencia de aquella, puedan tener alguno o algunos de sus efectos durante la vigencia de éstas, con la finalidad de dar cumplimiento a un principio de seguridad jurídica y así el gobernado tenga certeza respecto a la vigencia de normas equivalentes, cuando se presenta una sucesión de éstas en el tiempo. De manera que tratándose de la derogación o abrogación de leyes penales ello no siempre se traduce indefectiblemente en la supresión de los supuestos hipotéticos que se describen en una determinada legislación, pues esta situación puede dar lugar a dos supuestos: (1) En efecto, que la abrogación de la codificación anterior deje de tener vigencia por así indicarse en la nueva disposición, en cuyo caso no existe sucesión normativa; y, (2) Por el contrario, que sus disposiciones continúen teniendo cierta aplicación de conformidad con lo dispuesto en la nueva disposición legal. Así, los efectos de que se actualice cualquiera de los dos supuestos mencionados son distintos, pues en el primer caso (si no se presenta una sucesión de normas penales en el tiempo), las nuevas disposiciones cobran aplicación de manera inmediata sin que la legislación anterior pueda ser aplicada, con motivo de la abrogación de la ley que así lo previó. Pero una situación distinta acontece si la norma de tránsito que tiene como finalidad la de regular el paso ordenado de la ley abrogada a la nueva ley, prevé una sucesión ordenada de éstas. En este supuesto, será competencia exclusiva de los órganos de control constitucional la decisión en cuanto a si la disposición transitoria contraviene o no la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso que se analiza, la sucesión normativa en que tiene aplicación los efectos del Código Federal de Procedimientos Penales para todos aquéllos procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, pues su sustanciación se hará de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos; derivan precisamente del artículo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisamente para regular el paso ordenado del ordenamiento jurídico anterior al que queda vigente, con base (como se verá) a la observancia de los derecho humano de exacta aplicación de la ley penal, que se respalda con los principios de seguridad jurídica y legalidad, que se determinó en la Constitución Federal; de ahí que esta sea la razón jurídica que sustenta la validez constitucional de la inserción del referido artículo Tercero Transitorio, pues su existencia tiene justificación constitucional al determinar que a las personas que estén siendo procesadas bajo las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, les serán aplicables dichas disposiciones, lo que se traduce directamente en la observancia de la aplicación de la ley penal vigente al momento en que inició su procedimiento lo que dota de plena seguridad jurídica. En tal sentido el artículo Tercero Transitorio en cita, no viola el principio de retroactividad de la ley en beneficio del gobernado que se desprende del artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Federa, interpretado a contrario sensu. Lo anterior, porque es evidente que de la norma transitoria no se desprende directamente una prohibición para que, a partir del reconocimiento de sucesión de normas penales, la autoridad judicial deje de observar el principio de aplicación retroactiva de la ley en beneficio del gobernado. En efecto, la Primera Sala ha sostenido en supuestos similares de sucesión normativa de leyes penales que en que en caso de que se actualizara una condición de favorecimiento para el gobernado en la nueva norma penal, que podrían reflejarse en la previsión de la conducta considerada como delictiva y las sanciones que son aplicables como consecuencia jurídica; la violación derivada de la inaplicación de la norma de mayor beneficio de ninguna manera constituye un aspecto por el que deba declararse la inconstitucionalidad de la norma transitoria que regula la transición normativa, sino que se está en presencia de un problema de aplicación de las normas que incursiona en el campo de la legalidad. Sostuvo lo anterior, al considerar que la posibilidad de que dicha situación de beneficio no sea advertida o respetada por la autoridad jurisdiccional, no genera por sí o de facto en inconstitucional la norma de tránsito que regula la sucesión jurídica de las normas penales, sino que evidencia un diverso problema de indebida aplicación de la ley. Lo que no es una problemática jurídica que deba definirse en la impugnación de inconstitucionalidad de la norma general, sino que entraña una solución de estricta legalidad, por aplicación de la ley penal. Bajo ese contexto, como ya se precisó resulta infundado lo que alega el quejoso en el que señala en síntesis que el artículo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales resulta inconstitucional al prohibir la aplicación retroactiva de la Ley Penal en su beneficio; máxime que como se verá, tal disposición tiene su fundamento en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en principio, cabe señalar que en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero, 17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, en donde el legislador estableció un régimen de implementación del nuevo sistema a través de varios artículos transitorios, entre los que se encuentran los siguientes: "...Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en los artículos transitorios siguientes. Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto. En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito. En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales. Tercero. No obstante lo previsto en el artículo transitorio segundo, el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, en las entidades federativas que ya lo hubieren incorporado en sus ordenamientos legales vigentes, siendo plenamente válidas las actuaciones procesales que se hubieren practicado con fundamento en tales ordenamientos, independientemente de la fecha en que éstos entraron en vigor. Para tal efecto, deberán hacer la declaratoria prevista en el artículo transitorio Segundo. Cuarto. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto." De acuerdo con lo antes transcrito, se destaca lo previsto en el artículo cuarto transitorio, en donde se estipuló que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio, serían concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto, como en la especie acontece. Así las cosas, es de estimarse que no asiste razón al quejoso cuando sostiene que el Artículo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales es contrario a lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de la interpretación literal y teleológica de numeral trascrito en último término, se desprende que el propio texto constitucional prevé que las modificaciones contenidas en el decreto reformatorio no se aplicarán en manera alguna a los procedimientos penales del sistema inquisitivo o tradicional. Asimismo, del contenido del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, del Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de once de diciembre de dos mil siete, se aprecia que tal disposición tuvo su origen en lo siguiente: ".Régimen de transitoriedad. La reforma en materia de justicia es sin duda una tarea de enorme envergadura y que, por tanto, demanda un enorme esfuerzo, pero también un cuidado extremo. Las fallas en su instrumentación pueden ocasionar problemas graves que incluso han llevado al fracaso a reformas similares en otras latitudes. (.) Así, se establece en primer término la regla general que dispone que el Decreto de reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. No obstante, se aclara enseguida que habrá una serie de excepciones que se explican de la manera siguiente: (.) d) No escapa a esta Soberanía el hecho de que algunas entidades federativas del país han puesto en marcha reformas tendientes a establecer un sistema acusatorio en el ámbito territorial correspondiente. Para estos casos, se considera necesario que la Constitución prevea, en un artículo tercero transitorio, una fórmula que les permita mantener sus propias reformas y que, adicionalmente, tengan la garantía de que las actuaciones procesales y juicios que han llevado a cabo son plenamente válidos y no se afectan por la entrada en vigor de la reforma a la Constitución Federal. Con ello, se elimina cualquier riesgo de combatir tales procesos y juicios bajo el argumento de que no había sustento constitucional para celebrarlos. Por otra parte, algunas de estas entidades están a la espera de la reforma que ahora se aprueba, con el objeto de hacer ajustes a sus ordenamientos y completar o impulsar sus propias reformas. Esto lo podrán hacer dentro del plazo de ocho años ya descrito. e) El punto de partida para la aplicación del nuevo sistema acusatorio es un aspecto crucial en la reforma que ahora nos ocupa, ya que consiste en definir a partir de qué momento se aplicará el nuevo régimen. Al respecto, las experiencias internacionales en esta misma materia dan cuenta de que no es aconsejable aplicar el nuevo sistema a procedimientos penales en curso. En efecto, lo óptimo en este tipo de medidas es empezar con un factor cero, es decir, que la reforma sólo sea aplicable a los procedimientos iniciados una vez que entró en vigor el mencionado sistema. Esta aclaración, prevista en el transitorio cuarto, es además sin duda necesaria, para evitar a toda costa que los inculpados sujetos a proceso obtengan la aplicación en su favor de reglas posteriores que consideren más benéficas, previstas en el nuevo sistema. Dicho de otra manera, el éxito de la reforma implica hacer una excepción al principio de retroactividad, en beneficio, en materia penal.". De lo anterior, se observar que la Cámara de origen en el proceso legislativo de la reforma constitucional en comento estableció una excepción al principio de retroactividad en beneficio en materia penal, ya que en cuanto al régimen transitorio, entre otras cosas, dispuso que las modificaciones a la Constitución sólo se apliquen a los procedimientos iniciados una vez que entró en vigor el mencionado sistema de justicia, para evitar que los inculpados ya sujetos a proceso obtengan la aplicación a su favor de reglas posteriores que consideren más benéficas, previstas en el nuevo sistema. Es decir, el legislador previó la hipótesis de que los inculpados sujetos a un procedimiento anterior intentaran obtener la aplicación en su favor de las reglas posteriores, por lo que reguló ese supuesto y lo dejó plasmado en el proceso legislativo, dejando claramente estipulada la prohibición de mezclar disposiciones de cuño inquisitorio con aquellas de carácter acusatorio. Lo anterior, se justifica si se toma en consideración que las reformas constitucionales deben aplicarse sujetándose al ámbito de validez que el legislador les fijó. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis aislada 2a. CVI/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, Julio de 2001, materia constitucional, página 512, cuyo rubro y texto son los siguientes: "REFORMAS CONSTITUCIONALES. CUANDO RESTRINGEN ALGÚN DERECHO DE LOS GOBERNADOS, LAS AUTORIDADES CONSTITUIDAS DEBEN APLICARLAS SUJETÁNDOSE AL ÁMBITO TEMPORAL DE VALIDEZ QUE EL PODER REVISOR LES FIJÓ. Como se reconoció por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial visible con el número 302 en la página 282 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY, PRECEPTOS CONSTITUCIONALES NO SON IMPUGNABLES POR.", el Poder Revisor de la Constitución puede imprimir a una reforma constitucional el ámbito temporal de validez que estime conveniente e, incluso, puede darle efectos retroactivos. En tal virtud, si de la interpretación de la reforma a un precepto constitucional, mediante la cual se restringe algún derecho de los gobernados, se advierte que fue voluntad de la expresión soberana fijarle un específico ámbito temporal de validez, las autoridades constituidas deben someterse a esa voluntad, con independencia de que ello implique afectar derechos adquiridos o, en el extremo contrario, respetar meras expectativas de derecho, que a juicio del referido poder, deben preservarse; todo ello, en aras de respetar el principio de supremacía constitucional. En esas condiciones, es claro que la excepción que se encuentra inmersa en el artículo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, (conforme al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros cuerpos normativos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio último), resulta plenamente ajustada al texto constitucional, en cuanto a que establece lo siguiente: "ARTÍCULO TERCERO. Abrogación. El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán abrogados para efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente Código, sin embargo respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos. En consecuencia el presente Código será aplicable para los procedimientos penales que se inicien a partir de su entrada en vigor, con independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. En tal sentido, es indudable que la autoridad legisladora no pretende juntar o fusionar las reglas procesales que rigen a los dos sistemas en mención, pues a través de los artículos transitorios en mención, se evidencia que estableció de forma expresa que cada uno de los sistemas penales se regirán bajo su propia normatividad que para tal efecto se expidió, ya que es irrefutable que su naturaleza y finalidad es totalmente distinta, dotando así de seguridad jurídica a los gobernados; de ahí que contrario a lo que sostiene el inconforme, el legislador no estaba obligado a fundar y motivar la ultractividad del Código Federal de Procedimientos Penales, pues tal disposición tiene su origen en la propia Constitución que sí motiva tal cuestión. Ahora bien, no debe perderse de vista que el sistema acusatorio prevé otro tipo de instituciones como el juicio abreviado, medios alternos para la solución de conflictos, entre otros, lo que equivale un cambio de reglas en el procedimiento, para respetar los principios que rigen ese sistema como son la publicidad, la contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Esto es, el sistema penal acusatorio conlleva una serie de lineamientos diversos a los establecidos para el sistema procesal mixto, desde la manera de integrarse, la investigación de los hechos hasta la intervención de los jueces en el proceso. Ello implica que el juzgador del proceso mixto o tradicional no pueda resolver conforme a los lineamientos del proceso penal acusatorio, pues el sistema tradicional carece de facultades para resolver conforme a las reglas del nuevo sistema; de ahí que se encuentre plenamente justificada la norma de transición que se tilda de inconstitucional. Sirve de manera ilustrativa, en cuanto a que los datos de prueba que integran la carpeta respectiva en la fase de investigación desformalizada del sistema penal acusatorio y oral, no pueden ser trasladados a la averiguación previa en un sistema procesal penal mixto, pues cada sistema cumple con determinados requisitos formales propios, y las actuaciones que sustentan un auto de vinculación a proceso no se pueden homologar o convalidar para el sistema mixto, y por ende, todo lo actuado en una averiguación previa, no podría ser analizado bajo los parámetros establecidos en el sistema penal acusatorio, los siguientes criterios jurisprudenciales. Tesis 1a. CLXVIII/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, página 709, Décima Época, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LAS ACTUACIONES QUE SUSTENTARON EL DICTADO DE UN AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO NO PUEDEN SER CONVALIDADAS U HOMOLOGADAS COMO ELEMENTOS PROBATORIOS SUFICIENTES PARA ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INDICIADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO. Así como los datos de prueba que integran la carpeta de investigación en la fase de investigación desformalizada del sistema procesal penal acusatorio y oral, no pueden ser trasladados a la averiguación previa en un sistema procesal penal mixto y estimar que constituyen diligencias desahogadas en este último, aun cuando se encuentran en la misma fase indagatoria, debido a que cada proceso penal cumple con determinados requisitos formales propios del sistema al que pertenece y que las leyes les imponen, por identidad de razón, las actuaciones que sustentan el dictado del auto de vinculación a proceso no pueden ser convalidadas u homologadas para estimar que constituyen elementos probatorios suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, que permitan al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal y su consignación ante la autoridad jurisdiccional, para dar inicio al trámite de un proceso penal conforme al modelo tradicional (mixto/escrito) y, en todo caso, al dictado del auto de plazo constitucional; máxime que los datos de prueba que constan en la carpeta de investigación son insuficientes para sostener una sentencia condenatoria, a menos de que se hubieran desahogado durante el juicio oral como indicios.". Así como la tesis 1a. CLXIX/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, página 708, que establece lo siguiente: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO EN ESTE SISTEMA ES INSUFICIENTE PARA ABRIR LA ETAPA DE PREINSTRUCCIÓN EN UN PROCESO PENAL EN EL SISTEMA MIXTO, TODA VEZ QUE CONSTITUYE UNA DETERMINACIÓN EN FASE INVESTIGADORA INCONCLUSA. Para estimar viable la apertura de la instrucción en el modelo tradicional (mixto/escrito), es necesario e indispensable que la investigación se encuentre concluida. Esto no acontece en el caso del proceso penal acusatorio, del que deriva la investigación relativa a la carpeta administrativa que se encuentra en la etapa de investigación complementaria, pues la vinculación a proceso sólo constituye la formalización de la investigación que se lleva bajo el control de la autoridad judicial; es decir, la vinculación a proceso no es precedida por la acusación ni el ejercicio de la acción penal, pues ello acontecerá cuando se cierre la investigación judicializada y se formule la imputación. De ahí que el auto de vinculación dictado en un proceso acusatorio resulta insuficiente para abrir la etapa de preinstrucción en un proceso penal de carácter mixto/escrito, pues constituye una determinación en fase investigadora inconclusa, que aún no está precedida del correspondiente ejercicio de la acción penal y previa consignación ante una autoridad jurisdiccional. De ahí que, un juez en el sistema tradicional (mixto/escrito), únicamente estará en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre el proceso penal una vez que cuente con la consignación de la averiguación previa, cuyo ejercicio corresponde al órgano técnico de acusación, y que se encuentra sustentada en elementos probatorios desahogados legalmente en la indagatoria, de los cuales se permita acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado al respecto." También la tesis CLXVII/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, página 686, cuyo rubro y texto son: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. LOS DATOS DE PRUEBA QUE LA INTEGRAN EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN DESFORMALIZADA DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL, NO PUEDEN TRASLADARSE A LA AVERIGUACIÓN PREVIA DE UN PROCESO PENAL MIXTO. El sistema procesal penal mixto opera bajo el principio de permanencia de la prueba introducida al expediente judicial en cualquier etapa procedimental, hasta en tanto no sea declarada su ilegalidad y exclusión del material probatorio. Por su parte, en el sistema procesal penal acusatorio y oral -para efecto del juzgamiento y la afirmación de la culpabilidad del imputado- únicamente podrán considerarse las pruebas introducidas en la etapa de juicio oral, salvo aquellas cuyo desahogo anticipado esté autorizado por la ley. Así, a cualquier elemento que pudiera constituir prueba plena, introducido, obtenido o desahogado al margen de las precisiones señaladas, no puede adjudicársele ese carácter. Ahora bien, en el sistema procesal penal mixto se requiere un mayor reforzamiento en la acreditación del hecho delictuoso, a través de pruebas desahogadas con las formalidades establecidas en la legislación procesal aplicable, por lo que la tarea investigadora debe ser más estricta. En cambio, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, la imputación no requiere de la plena certeza del Ministerio Público de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometiera o participara en su comisión, pues la convicción final de la existencia del delito y la responsabilidad penal será del juez, lo que implica que en este sistema la configuración de la carpeta de investigación no requiere de una tarea investigadora reforzada; de ahí que ésta no se integre con pruebas, sino con datos de prueba. Consecuentemente, los datos de prueba que integran la carpeta de investigación en la fase de investigación desformalizada del sistema procesal penal acusatorio y oral no pueden trasladarse a la averiguación previa dentro un sistema penal mixto, y estimar que constituyan diligencias desahogadas en ésta, aun cuando se encuentran en la misma fase indagatoria, ya que cada proceso penal cumple con determinados requisitos formales que las leyes imponen. Así, de la lectura de los criterios jurídicos que se han apuntado, se advierte con claridad, como ya se dijo con antelación, la intención del Constituyente y del legislador, corroborada con los criterios del Máximo Tribunal, en el sentido de que no es permisible la fusión o mezcla de la normatividad que rige a ambos sistemas, por ser incompatibles entre sí, lo que dota de seguridad jurídica al sistema, contrario a lo pretendido por el aquí quejoso. En otro orden de ideas, procede ahora estudiar los conceptos de violación que hace valer el inconforme en relación a que el artículo 3° transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, viola el derecho de igualdad. Así, se estima que el artículo transitorio reclamado en el juicio que nos ocupa, tampoco transgrede en perjuicio del quejoso el principio y/o el derecho fundamental de igualdad instituido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los artículos 8° y 9° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; pues el mismo debe ser entendido como una igualdad de trato ante la ley; sin que en la especie, aún ante la improcedencia de lo pretendido por el quejoso, en el sentido de que se aplique en el proceso penal que se le instruye el ordenamiento legal que el mismo estima más favorable; pues ello atiende a razones objetivas, que ya fueron analizadas en líneas precedentes, tales como la fecha de inicio del procedimiento penal relativo y el impedimento expreso que dimana de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes secundarias emitidas con motivo de aquélla, que excluyen la posibilidad de que se aplique, como lo pretendía el quejoso el Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, el artículo 1° constitucional prevé: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. "Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. ..." Dicho derecho también se encuentra protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos, en los numerales 1.1. y 24 (no así en los que cita el quejoso) disponen que los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social; y que todas las personas son iguales ante la ley por lo que tienen derecho, sin discriminación, a su igual protección. El derecho de referencia, se erige como uno de los valores superiores del orden jurídico mexicano y se cimenta en la idea de colocar a los particulares en condiciones tales que puedan acceder a otros bienes y derechos superiores protegidos constitucionalmente, eliminando cualquier situación de desigualdad manifiesta. En relación a dicho numeral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido de manera reiterada que el derecho fundamental de igualdad no implica que todos los gobernados deban encontrarse siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que se traduce en el derecho de unos a recibir el mismo trato que aquellos que se encuentran en similar situación de hecho, de tal modo que no tengan que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio. En esos términos, no toda desigualdad de trato es violatoria del derecho fundamental de igualdad, sino sólo cuando produce distinción entre situaciones objetivas y de hecho comparables, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable. Ahora, el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias del derecho de igualdad, no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso concreto. Por ello, es que la Segunda Sala definió los criterios que deben seguirse para determinar si una disposición es violatoria del derecho fundamental de igualdad, en la jurisprudencia 2a./J. 42/2010, que señala: "IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA.- La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. Por ello, el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso concreto. Por tanto, el primer criterio para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado, que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente. En caso de que los sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados de manera desigual, no habrá violación a la garantía individual. Así, una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida. Al respecto, debe considerarse que la posición constitucional del legislador no exige que toda diferenciación normativa esté amparada en permisos de diferenciación derivados del propio texto constitucional, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1o., primer y tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues respecto de éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable, sino que es imperativo. La siguiente exigencia de la garantía de igualdad es que la diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo buscado; es decir, que la medida sea capaz de causar su objetivo, bastando para ello una aptitud o posibilidad de cumplimiento, sin que sea exigible que los medios se adecuen estrechamente o estén diseñados exactamente para lograr el fin en comento. En este sentido, no se cumplirá el requisito de adecuación cuando la medida legislativa no contribuya a la obtención de su fin inmediato. Tratándose de las prohibiciones concretas de discriminación, en cambio, será necesario analizar con mayor intensidad la adecuación, siendo obligado que la medida esté directamente conectada con el fin perseguido. Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos. De ahí que el juicio de proporcionalidad exija comprobar si el trato desigual resulta tolerable, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido, en el entendido de que mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la diferencia." (Novena Época. Registro digital: 164779, Segunda Sala. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, abril de 2010, materia constitucional, tesis 2a./J. 42/2010, página 427) Así, al examinar si una norma respeta el derecho de igualdad, se debe verificar lo siguiente: 1) Que exista un término de comparación apropiado, el cual permita ponderar a los sujetos o grupos de individuos desde un punto de vista determinado. A partir de ello, determinar si se presenta una diferencia de trato entre quienes se ubiquen en una situación comparable; en caso de que los sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados de manera desigual, no existirá violación al derecho de igualdad; 2) De existir esa situación análoga y la diferencia de trato, que esta última obedezca a una finalidad legítima, objetiva y constitucionalmente válida; 3) Que la distinción sea un instrumento adecuado para alcanzar la finalidad u objetivo; y, 4) Por último, que la medida sea proporcional, es decir, que guarde una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, de manera que el trato desigual resulte tolerable, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido. En esa tesitura, a efecto de determinar si el numeral cuestionado permite un trato discriminatorio en detrimento del principio de igualdad, se debe proceder a su literalidad, que es la siguiente: "ARTÍCULO TERCERO. Abrogación El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, para efectos de su aplicación en los procedimientos penales iniciados por hechos que ocurran a partir de la entrada en vigor del presente Código, quedarán abrogados, sin embargo respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos. Toda mención en otras leyes u ordenamientos al Código Federal de Procedimientos Penales o a los códigos de procedimientos penales de las entidades federativas que por virtud del presente Decreto se abrogan, se entenderá referida al presente Código." Del precepto antes citado, que es el controvertido por el quejoso, se obtiene que las personas que están siendo procesadas por el Código Federal de Procedimientos Penales a la fecha de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, seguirán sustanciándose con la legislación aplicable en el momento de inicio del procedimiento; de lo contrario, deberá regirse por las normas del Código Nacional. Como se ve, la distinción hecha en el artículo transitorio no controvierte el derecho de igualdad, pues ello atiende a razones objetivas, que ya fueron analizadas en líneas precedentes, tales como la fecha de inicio del procedimiento penal relativo y el impedimento expreso que dimana de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes secundarias emitidas con motivo de aquélla, que excluyen la posibilidad de que se aplique, como lo pretende el quejoso el Código Nacional de Procedimientos Penales. Siendo el caso, que dicha limitación y/o prohibición legal, es aplicable para todos los procesos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del ordenamiento legal referido, y por ende todos los sujetos a quienes se siguen los mismos, recibirán el mismo trato que el aquí quejoso; de modo que no puede estimarse, como lo éste lo aduce que dicho determinación sea violatoria del principio y/o el derecho fundamental de igualdad. Orienta la anterior determinación, la jurisprudencia número 1a./J. 46/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable bajo el registro: 2012602, en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia Constitucional, Página: 357, de rubro, texto y precedentes, siguientes: "IGUALDAD. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE ESTE PRINCIPIO.- El derecho fundamental a la igualdad instituido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no pretende generar una igualdad matemática y ciega ante las diferentes situaciones que surgen en la realidad, sino que se refiere a una igualdad de trato ante la ley. Si bien el emisor de la norma puede prever situaciones fácticas que requieren un trato diferente, éste debe sustentarse en criterios razonables y objetivos que lo justifiquen, sin dejarlo al capricho o voluntad del legislador. Además, la igualdad designa un concepto relacional y no una cualidad intrínseca, ya que es una relación que se da al menos entre dos personas, objetos o situaciones, y siempre es resultado de un juicio que recae sobre una pluralidad de "términos de comparación", los cuales, así como las características que los distinguen, dependen de la determinación por el sujeto que efectúa dicha comparación, según el punto de vista del escrutinio de igualdad. Así, la determinación del punto desde el cual se establece cuándo una diferencia es relevante será libre mas no arbitraria, y sólo a partir de ella tendrá sentido cualquier juicio de igualdad." Así como la tesis 2a./J. 64/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, Décima Época; cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD. SU CONTENIDO Y ALCANCE. El principio de igualdad tiene un carácter complejo al subyacer a toda la estructura constitucional y se encuentra positivizado en múltiples preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que constituyen sus aplicaciones concretas, tales como los artículos 1o., primer y último párrafos, 2o., apartado B, 4o., 13, 14, 17, 31, fracción IV, y 123, apartado A, fracción VII. Esto es, los artículos referidos son normas particulares de igualdad que imponen obligaciones o deberes específicos a los poderes públicos en relación con el principio indicado; sin embargo, estos poderes, en particular el legislativo, están vinculados al principio general de igualdad establecido, entre otros, en el artículo 16 constitucional, en tanto que éste prohíbe actuar con exceso de poder o arbitrariamente. Ahora bien, este principio, como límite a la actividad del legislador, no postula la paridad entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato, como criterio básico para la producción normativa. Así, del referido principio derivan dos normas que vinculan específicamente al legislador ordinario: por un lado, un mandamiento de trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual y, por otro, un mandato de tratamiento desigual, que obliga al legislador a prever diferencias entre supuestos de hecho distintos cuando la propia Constitución las imponga. De esta forma, para que las diferencias normativas puedan considerarse apegadas al principio de igualdad es indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con estándares y juicios de valor generalmente aceptados, cuya pertinencia debe apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo concurrir una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida.". Y la diversa tesis 1a./J. 81/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, que establece lo siguiente: "IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Así, el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación, y si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya que si la propia Constitución protege la propiedad privada, la libertad económica y otros derechos patrimoniales, está aceptando implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas; es decir, el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado. En estas condiciones, el valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.". Hechas las anteriores precisiones, en la especie, si el presente asunto se inició antes de la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, a nivel federal en esta Entidad es claro entonces que el proceso penal instaurado contra el ahora quejoso, se rige por el Código Federal de Procedimientos Penales, en términos de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, y en consecuencia, continuará ventilándose en todas sus fases conforme a las disposiciones legales imperantes en su inicio y no con las del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que ello contravenga el derecho de igualdad, pues como ya se precisó, todos los procesados cuyo procedimiento inició bajo el sistema mixto serán juzgados bajo dicho ordenamiento legal, en tanto que todas las personas a quién se les inicie un procedimiento penal con posterioridad a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales les serán aplicables dichas disposiciones y no otras. En las relatadas condiciones, si el artículo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales resulta plenamente ajustada al texto constitucional, es indudable que la autoridad legisladora no pretende juntar o fusionar las reglas procesales que rigen a los dos sistemas en mención, pues a través de los artículos transitorios en mención, se evidencia que estableció de forma expresa que cada uno de los sistemas penales se regirán bajo su propia normatividad que para tal efecto se expidió, ya que es irrefutable que su naturaleza y finalidad es totalmente distinta, es que no existe un término de comparación apropiado, el cual permita ponderar a los sujetos o grupos de individuos desde un punto de vista determinado, puesto que no se presenta una diferencia de trato entre quienes se ubiquen en una situación comparable, al no ser los sujetos comparados iguales y por tanto, no existe violación al derecho de igualdad; de ahí que resulte innecesario analizar los demás supuestos previstos en la jurisprudencia 2a./J. 42/2010, antes transcrita. Ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación analizados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, contra los actos reclamados al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos; Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la creación, aprobación, promulgación y aplicación del artículo del Artículo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no transgrede los derechos fundamentales consagrados en el artículo 1° y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOVENO. En este apartado se analiza la inconvencionalidad del artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aduce en esencia el inconforme en el tercer concepto de violación, que el artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales resulta inconvencional al resultar violatorio de los artículos 8 y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al considerar que no se respeta los principios de irretroactividad de la norma desfavorable y retroactividad de la norma penal más favorable; aunado a que no debe permitirse que dos personas acusadas por el mismo delito pudieran tener dos tratos distintos. Lo anterior es inoperante, pues como ya se estableció el artículo 3° transitorio que se tilda de inconstitucional tiene su razón de ser en el diverso artículo 4° transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, por el que se estableció el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero, 17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, en donde el legislador estableció un régimen de implementación del nuevo sistema a través de varios artículos transitorios, en donde se estipuló entre otras cuestiones, que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio, serían concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto, como en la especie acontece. Así las cosas, si el Artículo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales es contrario a lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo que dispone el propio texto constitucional en cuanto a que las modificaciones contenidas en el decreto reformatorio no se aplicarán en manera alguna a los procedimientos penales del sistema inquisitivo o tradicional, justificando el porqué de la norma sucesiva, pues como ya se precisó, del contenido del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, del Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de once de diciembre de dos mil siete, se aprecia como una excepción al principio de retroactividad en beneficio en materia penal, ya que en cuanto al régimen transitorio, entre otras cosas, dispuso que las modificaciones a la Constitución sólo se apliquen a los procedimientos iniciados una vez que entró en vigor el mencionado sistema de justicia, para evitar que los inculpados ya sujetos a proceso obtengan la aplicación a su favor de reglas posteriores que consideren más benéficas, previstas en el nuevo sistema, es que dicha disposición legal no puede someterse a un control convencional. Lo anterior, en razón de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los derechos humanos previstos en los tratados internacionales se encuentran al mismo nivel que los reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conformando un mismo catálogo sin hacer referencia a una cuestión jerárquica; pero que cuando se esté en presencia de una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional, prevalece o tiene aplicación directa el texto de la Ley Fundamental frente a cualquier norma de carácter internacional. En ese tenor, los agravios en los que se pretenda la desaplicación de una restricción, prohibición, limitación o excepción que tenga apoyo constitucional con base en una disposición de carácter convencional resultan inoperantes, al tratarse aquéllas de una expresión del Constituyente que prevalece, en todo caso y condición, frente a cualquier otra norma derivada, con independencia de que ésta tenga el mismo nivel que la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 119/2014 (10a.), del tenor siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE PRETENDEN LA DESAPLICACIÓN DE UNA RESTRICCIÓN, PROHIBICIÓN, LIMITACIÓN O EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL, CON APOYO EN UNA DISPOSICIÓN DE CARÁCTER CONVENCIONAL. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los derechos humanos previstos en los tratados internacionales se encuentran al mismo nivel que los reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conformando un mismo catálogo sin hacer referencia a una cuestión jerárquica; pero que cuando se esté en presencia de una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional, prevalece o tiene aplicación directa el texto de la Ley Fundamental frente a cualquier norma de carácter internacional. En ese tenor, los agravios en los que se pretenda la desaplicación de una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional con apoyo en una disposición de carácter convencional resultan inoperantes, al tratarse aquéllas de una expresión del Constituyente que prevalece, en todo caso y condición, frente a cualquier otra norma derivada, con independencia de que ésta tenga el mismo nivel que la Constitución Federal." (Décima Época, registro 2007932, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, página: 768). DÉCIMO. Son infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso en contra del auto dictado el quince de junio de dos mil dieciséis en la causa penal 44/2013, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. El quejoso arguye que el artículo Tercero Transitorio, que fundamento el Juez responsable para denegarle su solicitud resulta ser inconstitucional y que por tanto al advertir las deficiencias, debió realizar un control difuso de convencionalidad y/o constitucionalidad para dejar de aplicarlo y con ello determinar la inaplicabilidad del artículo Tercero Transitorio y ordenar el cambio del sistema; apoyando sus argumentos en las siguientes tesis cuyo rubro son: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX O OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO.". "PARÁMETROS DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA O INTERNACIONAL". "CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO NO LIMITA NI CONDICIONA EL DEL CONTROL CONCENTRADO." "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. NO ES UNA CUESTIÓN DE SUBSIDIARIEDAD, POR LO QUE DEBE LLEVARSE A CABO AUN CUANDO EL DERECHO HUMANO DE QUE SE TRATE ESTÉ CONTENIDO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.". "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. CONDICIONES PARA SU EJERCICIO OFICIOSO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES FEDERALES." y, "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. SU SIGNIFICADO Y ALCANCE. Carece de razón el quejoso, cuando aduce que el Juez responsable, debió realizar un control difuso de convencionalidad y/o constitucionalidad para dejar de aplicar el artículo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, determinar su inaplicación, y ordenar el cambio del sistema al proceso que se instruye en su contra. Lo anterior es así, en virtud de que para que el Juez Federal señalado como autoridad responsable, actuara de esa forma, era menester que el precepto legal que se pretende inaplicar, se estime inconvencional, es decir, cuando el órgano jurisdiccional advierta que una norma contraviene derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Luego, el Juzgador Federal al negar la solicitud del quejoso lo hizo en esencial al considerar: "Por otra parte en relación a la promoción con folio 16567, mediante la cual el procesado de mérito solicita que atendiendo a los principios de presunción de inocencia, in dubio pro reo y la aplicación retroactiva de lo que beneficia al reo solicita se traslade su proceso del sistema mixto que aplica este Juzgado al nuevo Sistema de Justicia Penal que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre el particular dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición toda vez que en términos del transitorio Cuarto de la reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho se dijo lo siguiente: ARTICULO CUARTO. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafo Segundo y Decimotercero; 17, párrafos Tercero, Cuarto y Sexto; 19; 20 y 21, párrafo Séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto. Esa norma de transito fue reproducida en el artículo Tercero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce, por el que se pone en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales. En tales condiciones en la disposición constitucional como legal en cita se advierte que los procedimientos iniciados con antelación a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto. Luego, como en el caso en concreto de acuerdo con el artículo 1 del Código Federal de Procedimientos Penales, el Procedimiento Penal Federal inicia con la averiguación previa, la que en el caso en concreto (AP/PGR/MOR/CV/700/III/2011) se radicó a las diecinueve horas con ocho minutos del treinta de septiembre de dos mil once, y de acuerdo con el artículo Primero transitorio del Acuerdo General 5/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, aconteció el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, entonces el procedimiento Penal Federal iniciado al hoy procesado aconteció con antelación a la entrada en vigor en funciones en el estado de Morelos del Centro de Justicia Penal Federal. Lo anterior, debe ser así a pesar de que el artículo primero transitorio de la reforma que nos hemos referido haya señalado que el referido decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (18 de junio de 2008), pues en el mismo se contienen una excepción como la prevista en el artículo Segundo transitorio la cual a la letra dice:." Lo cual resulta correcto, ya que la autoridad judicial, para ejercer el control ex officio en los términos establecidos en el expediente Varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe asegurarse que se ha actualizado la necesidad de hacer ese tipo de control, es decir, en cada caso debe determinar si resulta indispensable hacer una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto o una inaplicación, lo cual ocurre cuando se está en presencia de una norma que resulta sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control de los derechos humanos. De este modo, cuando una norma no genera sospechas de invalidez para el juzgador, por no parecer potencialmente violatoria de derechos humanos, entonces no se hace necesario un análisis de constitucionalidad y convencionalidad exhaustivo, porque la presunción de constitucionalidad de que gozan todas las normas jurídicas no se ha puesto siquiera en entredicho. En efecto, en atención a los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso que realizan los Jueces ordinarios, en el ámbito de sus competencias, constituye una herramienta en su labor de decir el derecho conforme a la Ley Suprema. Esta facultad se ha entendido en el sentido de que el órgano judicial puede ejercerla ex officio, esto es, en razón de su función jurisdiccional y sin que medie petición alguna de las partes; sin embargo, en el caso de que la norma no le genere convicción que pusiera en entredicho la presunción de constitucionalidad de la que gozan las disposiciones jurídicas de nuestro sistema, el juzgador natural no tiene la obligación de realizar ejercicio alguno al respecto. Por tanto, es inexacto considerar que el Juez fue omiso en realizar un control de convencionalidad del artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, como de aplicar las jurisprudencias que cita el inconforme; máxime que al negar su solicitud de que se le aplicara el citado ordenamiento también lo justificó en términos de lo dispuesto por el artículo 4° transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que como ya se precisó, contempla la prohibición expresa en tal sentido, por lo que se encontraba impedido para abordar su estudio. Esto, pues como ya se precisó, está impedido que se pretenda la desaplicación de una restricción, prohibición, limitación o excepción que tenga apoyo constitucional con base en una disposición de carácter convencional, al tratarse aquéllas de una expresión del Constituyente que prevalece, en todo caso y condición, frente a cualquier otra norma derivada, con independencia de que ésta tenga el mismo nivel que la Constitución Federal, en apoyo a la jurisprudencia 2a./J. 119/2014 (10a.), antes transcrita. Es decir, se reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, sin embargo, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, por lo que como se ha visto, no resulta procedente aplicar el principio de reotractividad que menciona el impetrante, bajo el amparo del principio de mayor beneficio, pues se insiste, el mismo artículo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, estipula la restricción de aplicar las normatividad derivada del nuevo sistema acusatorio, a los procesos iniciados bajo el sistema tradicional. Máxime, que el principio pro homine, en modo alguno implica que las cuestiones planteadas por los justiciables deban ser resueltas de manera favorable a sus intereses ni aún alegando la interpretación más amplia o extensiva de una disposición legal, cuando las aducidas interpretaciones más favorables no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, dado que conforme a éstas, es que deben resolverse los procedimientos respectivos; aunado a que el mencionado principio y derecho a una tutela judicial efectiva no conlleva a que las autoridades judiciales dejen de observar principios constitucionales y legales como son la legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, entre otros, pues ello provocaría un estado de incertidumbre para los gobernados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por reiteración 1a./J. 104/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO POR PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Asimismo, la jurisprudencia por reiteración 2a./J. 56/2014 (10a.) de la Segunda Sala del Tribunal Máximo del País, consultable en la página 772 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, Décima Época, cuyo rubro y texto son del contenido: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.". Además, es dable afirmar que los postulados de justicia pronta y expedita frente al ejercicio a la adecuada defensa, constituyen aspectos que no deben contraponerse, sino armonizarse en torno a lo que más beneficie a los inconformes, pero también atendiendo a las causas que pueden restringir uno u otro derecho. Resulta ilustrativa la diversa tesis 2a. CXXVIII/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES AL GOCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. ADICIONALMENTE A QUE SE TRATEN DE UNA MANIFESTACIÓN EXPRESA DEL CONSTITUYENTE MEXICANO QUE IMPIDE SU ULTERIOR PONDERACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, TAMBIÉN SE ENCUENTRAN JUSTIFICADAS EN EL TEXTO DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Conforme a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 293/2011 (*), las restricciones constitucionales al goce y ejercicio de los derechos y libertades prevalecen sobre la norma convencional, sin dar lugar a emprender algún juicio de ponderación posterior; razonamiento que generó, a su vez, que esta Segunda Sala emitiera el criterio jurisprudencial número 2a./J. 119/2014 (10a.) (**), relativo a que son inoperantes aquellos agravios en los cuales se pretenda desconocer el texto de la Ley Fundamental cuando se esté en presencia de una disposición que contenga una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional. Ahora bien, adicional a ello, de lo previsto en los numerales 30 y 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende que los Estados Parte han dispuesto que las restricciones convencionalmente permitidas, son aquellas que por razones de interés general se dictaren en las leyes domésticas, con el propósito para el cual han sido establecidas, además de resultar ineludibles por razones de seguridad y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática. En este sentido, las restricciones constitucionales encuentran sustento también en el propio texto del instrumento internacional en cita, pues se tratan de una manifestación soberana del Constituyente Originario o del Poder Revisor de la Norma Fundamental, en el que se incorporan expresamente este tipo de finalidades en la Constitución General. Pues si bien, el principio pro libertate, pro homine o por personae, establece que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a la interpretación extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, lo que desde una perspectiva convencional, se obtiene del contenido de los artículos 29, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, resolviendo de la manera en que más favorezca a las personas, atendiendo al sistema garantista que pretendió establecer el Poder reformador de la Constitución en el artículo 1, en relación con el 133. Sin embargo, se reitera, que no se advierte que las normas invocadas por el quejoso, puedan ser interpretadas conforme a dicho principio, debido a que, como se expuso a lo largo de esta resolución, el derecho humano hecho valer -al igual que todos las prerrogativas de esta naturaleza-, cuenta con restricciones que en el caso, son válidas para estimar que no se puede acordar de manera favorable su solicitud de que su proceso se pase del sistema Penal tradicional o Mixto al nuevo sistema penal acusatorio, acorde al mencionada parámetro de control de regularidad constitucional. Sin que alguna de las tesis de jurisprudencia que citó el quejoso obliguen a este tribunal a pronunciarse en sentido diferente, dado que ninguna de ellas se refiere a la aplicación del artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, ante lo infundado de los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, y al no advertirse queja deficiente que suplir a favor de éste en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, por las razones que se exponen en esta sentencia, sin que resulten aplicables a su favor las tesis que se invocan en la demanda de amparo, con base en el estudio hecho en esta resolución, lo procedente es negar la protección constitucional. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por JORGE RODOLFO ROMERO ROMERO, contra actos del Secretario de Gobernación y Director del Periódico Oficial de la Federación, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a JORGE RODOLFO ROMERO ROMERO, respecto de los actos reclamados al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos; a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados el Congreso de la Unión y al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por la consideraciones expuestas en los considerandos octavo, noveno y décimo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de los sentenciados; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos. Así lo resolvió y firma CARLOS ANUAR JAIME TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy cinco de diciembre de dos mil dieciséis, en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado que rinde: CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas propuestos para tal efecto y como domicilio el que indica por tratarse de su residencia oficial. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada en sesión celebrada el veintiuno de junio del dos mil dieciséis, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2741/2016, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez que autoriza da fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, diez de agosto de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el sobre devuelto por la Oficina Postal de Cuernavaca, por medio del cual devuelve el oficio 40639/2016 girado a efecto de notificar a la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el auto de seis de julio del año en curso, con la leyenda "Rehusado x Of. de Partes", asimismo, se tiene por recibido el telegrama que remite la Cámara de Senadores, mediante el cual rinde el informe previo solicitado; atento a lo anterior, únicamente agréguense a los autos para que obren como corresponda, toda vez que el dos de agosto de dos mil dieciséis, se resolvió la suspensión definitiva en el presente cuaderno incidental. Finalmente, se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda, el acuse de recibo relativo a la notificación del oficio y autoridad responsable que en él se citan, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE...

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