Jorge Roberto Andrade Rivez Gutiérrez

Expediente 513/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 24 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
513/2015
Año
2015
Actuaciones
24
Última actuación
06/01/2017

Partes del expediente

  • Jorge Roberto Andrade Rivez Gutiérrez
  • Director General del Centro Federal de Readaptación Psicosocial Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de enero de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio signado por el JEFE DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO DEL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual remite el escrito signado por el quejoso Jorge Roberto Andrade Rivez Gutiérrez; agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes. Atento a lo manifestado por el promovente, dígasele que no ha lugar su petición de notificarle todos los acuerdos emitidos en el presente juicio de amparo a partir del once de mayo de dos mil dieciséis; en virtud de que se encuentra notificado de todos los acuerdos dictados en el presente; como se advierte de los despachos debidamente diligenciados obrantes en los presentes autos. Finalmente, indíquese al quejoso que el presente juicio de amparo se encuentra como asunto totalmente concluido en virtud del firme de once de julio de dos mil dieciséis; mismo que fue notificado el veintiocho de junio de dos mil dieciséis (fojas 868 y 869). Finalmente, toda vez que el quejoso se encuentra en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, Morelos, con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia en Turno del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, para que, tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado, notifique en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en el Circuito de todos los Santos número 1, Barrio San Luis, unidad habitacional Mariano Matamoros, ciudad Ayala, Morelos, código postal 62970 al JORGE ROBERTO ANDRADE RIVEZ GUTIÉRREZ el presente auto, corriéndole traslado con la copia simple del presente acuerdo, en el entendido de que el Actuario que lleve a cabo dicha diligencia deberá precisar las constancias con las cuales le corre traslado al quejoso, hecho lo anterior, envíe las constancias correspondientes. De igual forma hágase del conocimiento del Juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el Actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante exclusivamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del titular, concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/8737/2016, remitido por el Secretario Técnico, en sesión celebrada el trece de diciembre de dos mil dieciséis, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de siete de junio de dos mil dieciséis, que declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el incidente de incumplimiento a la suspensión de plano, y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Por otra parte, toda vez que el Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en el incidente de incumplimiento a la suspensión de plano, por oficio recibido el cuatro de agosto del dos mil quince, remitió copia certificada del expediente clínico y administrativo del quejoso Jorge Roberto Andrade Rivez Gutiérrez (dos anexos); en consecuencia, por así permitirlo el estado procesal que guardan los autos remítase la citada copia certificada a la autoridad responsable de referencia. Finalmente, toda vez que el quejoso se encuentra en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, Morelos, con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia en Turno del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, para que, tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado, notifique en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en el Circuito de todos los Santos número 1, Barrio San Luis, unidad habitacional Mariano Matamoros, ciudad Ayala, Morelos, código postal 62970 al JORGE ROBERTO ANDRADE RIVEZ GUTIÉRREZ el presente auto, corriéndole traslado con la copia simple del presente acuerdo, en el entendido de que el Actuario que lleve a cabo dicha diligencia deberá precisar las constancias con las cuales le corre traslado al quejoso, hecho lo anterior, envíe las constancias correspondientes. De igual forma hágase del conocimiento del Juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el Actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante exclusivamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 513/2015-II, de los que se advierte que por auto de once de mayo de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa, con el oficio signado por el Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector y, debidamente notificado por despacho el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, no desahogó la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia terminada de engrosar el treinta de junio del dos mil quince, dictada por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Jorge Roberto Andrade Rivez Gutiérrez, para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente (fojas 201 a 231): ".Por otro lado, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Director General y la Jefa del Departamento de Consultoría y Supervisión, ambos del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos, de ser competentes, den contestación, respectivamente, al escrito del trece de octubre de dos mil catorce, mediante el cual el quejoso denunció ser víctima de malos tratos y solicitó el auxilio de las autoridades de dicho centro, así como del diverso escrito del veintiocho de enero de dos mil quince, por el cual solicitó copia certificada del formato de petición del veintidós de enero de dos mil quince. De igual forma, ante lo expresado a lo largo de esta sentencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, se pronuncie sobre la denuncia-queja planteada por el quejoso mediante los escritos del veintidós y veintisiete de enero de dos mil quince, decidiendo en principio, si es competente o no para conocer de ella, y de ser afirmativo, señale si existen motivos razonables de posibles tratos crueles inhumanos o degradantes en contra del quejoso, pero partiendo de la base de que no siempre se requiere de elementos directos aportados por el denunciante, pues con indicios eficientes es posible motivar la apertura de una investigación, pero se insiste, aun el desechamiento de la denuncia se tiene que realizar por autoridad competente y, una vez hecho lo anterior, se le notifique al quejoso dentro del plazo legal." Inconforme con la determinación de la sentencia, el quejoso promovió recurso de revisión (foja 277 a 279) el cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, el cual por sesión de once de marzo de dos mil dieciséis (fojas 341 a 391) determinó lo siguiente: ".En las relatas consideraciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión solicitada por el impetrante del amparo, para el efecto de que el Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos, de contestación congruente a los Formatos de Petición Diversas Áreas de fechas dieciséis y veintitrés de febrero de dos mil quince, así como a los escritos de doce de ese mismo mes y año, anexos a uno de esos formatos de dieciséis de febrero de dos mil quince..." De igual forma a foja 32 del testimonio que remitió el Tribunal de alzada, precisó lo siguiente: "Por otra parte, debe decirse que tampoco serán materia de la presente ejecutoria el resolutivo segundo de la sentencia que se revisa, relacionado con el considerando séptimo (VII) y parte conducente del octavo (VIII), en que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión solicitada por el quejoso, contra los actos reclamados a las mismas autoridades, consistentes en la omisión de dar respuesta a los escritos de trece de octubre de dos mil catorce y veintiocho de enero de dos mil quince, por los que denunció ser víctima de malos tratos y solicitó el auxilio de las autoridades del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos, y en este último además, requirió copia certificada del formato de petición de veintidós de enero de dos mil quince; toda vez que no fueron impugnados por la autoridad responsable que se viera afectada directamente por el acto a ella reclamado, a quien en todo caso pudiera perjudicar tal determinación, a través del recurso de revisión que interpusiera en su contra." Por acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. El Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, mediante oficios con número SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CEFEREPSI/DG/2558/2016 y SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CEFEREPSI/DG/2558/2016, recibidos el trece de abril y diez de mayo del año en curso, informó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las contestaciones realizadas por el quejoso en los términos siguientes: En relación a la petición de trece de octubre del dos mil catorce, en el que el quejoso, denunció ser víctima de malos tratos y solicitó el auxilio de las autoridades de dicho centro, el Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial dio contestación en los términos siguientes: ". Hago de su conocimiento que el personal que labora en este Centro Federal tiene visión clara y una adecuada determinación en su conducta, por tal motivo, su actuar, trato y tratamiento, siempre está apegado a derecho observando el respeto irrestricto de los derechos humanaos de las personas que aquí se encuentran recluidas, haciendo de su conocimiento que respecto al corte de cabello de los internos pacientes debe ser corto, razonable y adecuado a los fines de higiene y aliño, a tal grado de que quede peinable, pues el caso del rapado sería una medida excesiva, en tal sentido le informó que ya se tomaron las acciones correspondientes. En cuanto a lo que señala que se le deje en paz, porque le subieron sus niveles de estrés, hago de su conocimiento , que la finalidad para lo cual fue enviado a este Centro, es precisamente para atenderle el padecimiento que presenta, siempre en beneficio de su salud." Contestación que le fue notificada el cuatro de mayo del dos mil dieciséis, como se advierte de autos (foja 459). En relación a la petición de veintiocho de enero de dos mil quince, en el que el quejoso solicitó copia certificada del formato de petición de veintidós de enero del dos mil quince, el Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, dio contestación en los términos siguientes: "Sobre el particular informó a usted, que no es procedente su petición, esto por no ser la autoridad competente para proporcionarle copia certificada del formato de petición de diversas áreas de fecha veintidós de enero de dos mil quince, por lo cual hago de su conocimiento que dicha solicitud la tiene que dirigir a la Unidad de enlace de la Secretaría de Gobernación, ubicada en Avenida Bahía de Santa Bárbara 193, colonia Verónica Anzures, Miguel Hidalgo Distrito Federal Código Postal 11300. Contestación que le fue notificada el cuatro de mayo del dos mil dieciséis, como se advierte de autos (foja 460). En relación a la petición contenida en el formato de peticiones Diversas Áreas, de fecha veintiocho de enero de dos mil quince, a través del cual anexa escrito de queja, denuncia de veintisiete de enero de dos mil quince; la autoridad responsable Encargado de la Dirección de Seguridad del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial dio contestación en los términos siguientes: ".Al respecto, informó que esta autoridad actúa de conformidad con la serie de instrumentos legales nacionales e internacionales para proteger y garantizar los derechos humanos y libertades básicas, en este contexto, se vigila en todo momento la integridad de las personas aquí internas. Por otra parte, usted menciona el "principio XX Personal de los Lugares de Privación de Libertad: .Se garantizara que el personal esté integrado por empleados y funcionarios idóneos, de uno y otro sexo preferente con condición de servidores públicos y de carácter civil. Como regla general se prohibirá que miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas ejerzan funciones de custodia directa en los establecimientos de las personas privadas de libertad, con excepción de las instalaciones policiales o del anterior marco legal se precisa discernir si usted como Teniente Coronel del Ejército Mexicano, tiene prohibición para ejercer funciones de custodia en el CEFEREPSI y le hago de su conocimiento que el Código Penal Federal en el artículo 219, dispone. Le comunicó que este Centro Federal, laboran tantoas hombres y mujeres que tiene una visión clara y una adecuada determinación en su conducta, por tal motivo, el que suscribe también tiene presente los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez que rigen la función de seguridad pública, asimismo, evaluado por personal de control de confianza para acreditar los principios antes referidos y requeridos por la Secretaria de Gobernación, para efecto de que el trabajo del personal de institución sea valorado por la sociedad, en ese sentidos, tampoco existe intimidación para que usted o cualquier otro interno-paciente formule quejas, denuncias o escritos cualquier otro tópico a las diversas autoridades que usted considere competentes, como actualmente lo realiza. Finalmente, comunicó que esta autoridad no tiene custodia directa sobre la población de interno-pacientes de esta Unidad Administrativa, no es miembro activo del Ejercito Mexicano, ni este Centro Federal esta Administrado por el Ejército. Contestación que le fue notificada, sin que se advierta la fecha en que recibió, pero si aparece la firma de recibido por parte del quejoso (foja 461 a 463). En relación a las peticiones contenidas en los Formatos de Peticiones Diversas Áreas, de fechas veintidós y veintisiete de enero del dos mil quince, a través del cual informa que el personal de seguridad ha creado diversas incidencias que han llegado al uso de violencia, que el personal de seguridad se dirige a su persona con prepotencia, de forma déspota, no piden las cosas de favor, no respetan el tiempo de actividad, van a provocarlo, hostigarlo y a buscarle problemas, el Director de Seguridad del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial dio tres contestaciones en los términos siguientes: ".Con fundamento en el artículo 8º constitucional comunicó a usted lo siguiente: el personal del área de seguridad son servidores, capacitados, los cuales han sido evaluados por personal de control de confianza, han aprobado los exámenes y se apegan a los principios que rige en la Secretaria de Gobernación, personal que se apega a los lineamientos y a la normatividad como trabajadores de este Centro Federal. Por tal circunstancia, le solicitó que al dirigirse a las autoridades lo realice de forma individual y de manera respetuosa omitiendo palabras altisonantes, aportando elementos suficientes que acrediten su dicho, para así estar en posibilidades de realizar la investigación correspondiente, No obstante se hará la supervisión del módulo con los mandos correspondientes. 2.- ".Con fundamento en el artículo 8º Constitucional comunicó a usted lo siguiente: el personal del área de seguridad, adscrito a esta institución son servidores públicos capacitados, los cuales han sido evaluados por personal de control de confianza, han aprobado los exámenes y se rigen por los principios que establece la Secretaria de Gobernación, es personal que se apega a los lineamientos y a la normatividad en su calidad de trabajadores de este Centro Federal. Por tal circunstancia, le solicitó que al dirigirse a las autoridades lo realice de forma individual y aporte elementos suficientes que acrediten su dicho, para así estar en posibilidades de realizar la investigación correspondiente, No obstante se hará la supervisión del módulo con los mandos correspondientes. 3.- ".Con fundamento en el artículo 8º Constitucional comunicó a usted lo siguiente: el personal del área de seguridad, adscrito a esta institución son servidores públicos capacitados, los cuales han sido evaluados por personal de control de confianza, han aprobado los exámenes y se rigen por los principios que establece la Secretaria de Gobernación, es personal que se apega a los lineamientos y a la normatividad en su calidad de trabajadores de este Centro Federal. Por tal circunstancia, le solicitó que al dirigirse a las autoridades lo realice de forma individual y aporte elementos suficientes que acrediten su dicho, para así estar en posibilidades de realizar la investigación correspondiente, No obstante se hará la supervisión del módulo con los mandos correspondientes." Contestación que no fue notificada por la razón que expusieron los abogados del penintenciario A y B de ese Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (foja 468). En relación a las peticiones contenidas en los Formatos de Peticiones Diversas Áreas, de fechas dieciséis y veintitrés de febrero del dos mil quince, a través del cual presenta formal queja-denuncia, contra la licenciada Maribel Jiménez Ávila denuncia, remite tres escritos en los que denuncia conductas indebidas desplegadas por personal bajo el mando del Director del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial por trasgredir su esfera de derechos y el corte de pelo que se le hizo por un largo de aproximadamente un centímetro, haciendo extensiva su queja, el Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial dio contestación en los términos siguientes: "Sobre el particular informó a usted, que el actuar, trato y tratamiento, del personal que labora en esta institución, con relación a los internos pacientes que se encuentran albergados en este centro, siempre es con base en el respeto irrestricto de los Derechos Humanos, por la cual le hago de su conocimiento que el corte de cabello de los interno-pacientes debe ser corto, razonable y adecuado a los fines de higiene y aliño, a tal grado de que quede penable, pues el caso del rapado sería una medida excesiva, en tal sentido le informó que ya se tomaron las acciones correspondiente. Lo anterior lo hago de su conocimiento en atención a las peticiones. Contestación que le fue notificada el cuatro de mayo del dos mil dieciséis, como se advierte de autos (foja 457). Finalmente, en relación a las tres peticiones contenidas en los Formatos de Peticiones Diversas Áreas, de fecha doce de febrero del dos mil quince, mismas que anexó el dieciséis de febrero del dos mil quince, a través del cual hace varias manifestaciones respecto a las violaciones de sus derechos y señala le causa afectaciones, el Director del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial dio contestación en los términos siguientes ".En el primer escrito señala que el responsable de seguridad en el módulo 1, Cerro con candado la reja inferior instalada en su estancia como medida de vigilancia especial, al respecto le informó que las autoridades de este Centro Federal y en general todo el personal que aquí labora actúa de conformidad con la serie de instrumentos legales nacionales e internacionales para proteger y garantizar los derechos humanos y libertades básicas, en ese contexto, se vigila en todo momento la integridad y seguridad de las personas aquí internas. Respecto al segundo escrito donde aduce que supuestamente se cometieron varias conductas por personal de este centro que vulneran los derechos fundamentales de los internos pacientes sobre el particular le comunicó que en este Centro Federal, laboran tanto hombres y mujeres que tiene una visión clara y una adecuada determinación en su conducta, por tal motivo, el que suscribe también tiene presente los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez que rigen la función de seguridad pública, asimismo avaluado por personal de control de confianza para acreditar los principios antes referidos y requeridos por la Secretaría de Gobernación, para efecto de que el trabajo del personal de esta institución sea valorado por la sociedad, en ese sentido tampoco existe intimidación para que usted o cualquier otro interno-paciente formule quejas, denuncias o escritos cualquier otro tópico a las diversas autoridades que usted considere competentes, como actualmente lo realiza. En relación con el tercer escrito, relacionado con el corte de cabello, sobre el particular informó a usted que el actuar, trato y tratamiento, del personal que labora en esta institución, con relación a los interno-pacientes que se encuentran albergados en este centro, siempre es con base en el respeto irrestricto de los Derechos Humanos, por lo cual le hago de su conocimiento que el corte de cabello de los internos pacientes debe ser corto, razonable y adecuado a los fines de higiene y aliño, a tal grado de que quede peinable, sin que esto derive en tratos crueles, inhumanos o degradantes. Lo anterior lo hago de su conocimiento en atención a sus peticiones." Contestaciones que le fueron notificadas el cuatro de mayo del dos mil dieciséis, como se advierte de autos (foja 458). Sin embargo, no obstante las notificaciones de esas respuestas, por auto de once de mayo de dos mil dieciséis, se ordenó dar vista al quejoso en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, girando despacho al Juez Penal de Primera instancia en Turno del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, para que notificara al quejoso los mencionados acuerdos. El veintisiete de mayo del presente año, se recibió el oficio número 2070, signado por el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos signado, por el cual remitió debidamente diligenciado el despacho, tal y como se advierte de la notificación personal de veintiséis de mayo del dos mil dieciséis, en el cual el Actuario adscrito a dicho juzgado penal notificó al quejoso el acuerdo de once de mayo del año en curso, entregándole copia autorizada del cumplimiento que remitió el Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (fojas 477 a 483). Documentales que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Ahora bien, del análisis de las documentales redactadas con anterioridad, se advierte que el fallo protector se encuentra cumplido por que las autoridades responsables, dieron contestación a las peticiones formuladas por el quejoso de trece de octubre de dos mil catorce, veintidós, veintisiete, veintiocho de enero, dieciséis, doce y veintitrés de febrero, todas del dos mil quince. Consecuentemente, resulta valido afirmar que la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. Finalmente, toda vez que el quejoso se encuentra en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, Morelos, con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia en Turno del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, para que, tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado, notifique en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en el Circuito de todos los Santos número 1, Barrio San Luis, unidad habitacional Mariano Matamoros, ciudad Ayala, Morelos, código postal 62970 al JORGE ROBERTO ANDRADE RIVEZ GUTIÉRREZ el presente auto, corriéndole traslado con la copia simple que de éste se acompaña, en el entendido de que el Actuario que lleve a cabo dicha diligencia deberá precisar las constancias con las cuales le corre traslado al quejoso, hecho lo anterior, envíe las constancias correspondientes. De igual forma hágase del conocimiento del Juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el Actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante exclusivamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Se tiene a la vista para dictar sentencia interlocutoria en el incidente por incumplimiento a la suspensión de plano, derivado del juicio de amparo indirecto 513/2015-II; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos del incidente por incumplimiento de la suspensión. Mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil quince ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (fojas 2 a 13 de autos), Jorge Roberto Andrade Rivez Gutiérrez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se trascriben a continuación: "I. AUTORIDADES.- Señalo como responsables a 1. Director General; 2. Encargado de la Dirección de Seguridad; y 3. Jefa del Departamento de Consultoría y Supervisión, todos del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial con sede en Ayala, Morelos. II. ACTOS. Reclamo de las responsables: 1. La OMISIÓN de emitir un acuerdo escrito, que sea congruente con lo solicitado y hacerlo del conocimiento del suscrito. 2. La OMISIÓN de proceder inmediatamente a una investigación preliminar, pronta e imparcial de los hechos que he denunciado como actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y vejatorios. 3. La OMISIÓN de velar por el suscrito que alegó haber sido sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y vejatorios, sea pronta e imparcialmente examinado por autoridades competentes." Mediante proveído de nueve de marzo de dos mil quince se admitió la demanda (fojas 14 a 18), se registró bajo el expediente 513/2015-II, se solicitó a las responsables los informes justificados, se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, se decretó de plano la suspensión para los siguientes efectos: ".Tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial y que está siendo objeto de tortura y malos tratos, SE DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN para que cese de inmediato la incomunicación y actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". En cumplimiento a dicha medida cautelar, mediante telegrama recibido el once de marzo de dos mil quince (fojas 19 y 20), el Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial por sí y como superior jerárquico de las diversas autoridades responsables informó lo siguiente: ".No es cierto el acto reclamado por el quejoso, toda vez que esta autoridad vigila en todo momento el respeto irrestricto de los derechos fundamentales del ser humano, consagrados en la Constitución Federal, así como en los Tratados Internacionales que México ha suscrito; en ese sentido en ningún momento ha ejecutado, ni ha hecho ejecutar algún acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra del impetrante de garantías. Por otra parte, tampoco es cierto que esté incomunicado; toda vez que el citado amparista ha promovido diversos juicios de amparo, como lo es el presente caso que nos ocupa. [.]" Por auto de doce de marzo del año que trascurre se tuvo por recibido el informe relativo a la suspensión de plano y se ordenó dar vista al quejoso mediante despacho que al efecto se libró (foja 22 de autos). Mediante escrito recibido el treinta de junio del año en curso Jorge Roberto Andrade Rivez Gutiérrez, promovió incidente por incumplimiento de la suspensión de plano (fojas 25 a 27). SEGUNDO. Admisión y trámite del incidente por incumplimiento de la suspensión. En acuerdo de treinta de junio de dos mil quince se dio inicio al incidente por incumplimiento de la suspensión decretada el nueve de marzo de dos mil quince, por lo que se requirió a las autoridades responsables los informes, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia de ley (fojas 30 a 32) que se celebró al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente por incumplimiento a la suspensión, en términos de los artículos 94, párrafo primero y 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo; 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; primero, fracción XVIII, segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; porque deriva del incumplimiento a la suspensión decretada en un juicio de amparo del índice de este juzgado federal. TERCERO. Oportunidad y procedencia del incidente por incumplimiento a la suspensión de plano. El incidente por violación a la suspensión es oportuno. El artículo 206, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que el incidente por incumplimiento de la suspensión podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. La promoción por la que el quejoso planteó el incidente por incumplimiento de la suspensión está fechada el diez de mayo de dos mil quince, fue recibida en este tribunal el treinta de junio de dos mil quince, esto es, se presentó anteriormente a que causara ejecutoria la sentencia en el juicio de amparo, puesto que a la fecha de su presentación, si bien es cierto que ya se había celebrado la audiencia constitucional, también cierto es que no se había dictado la sentencia correspondiente, por tanto se estima que es oportuno. No es óbice lo anterior el hecho de que el tres de julio del presente año se hayan recibido los autos originales así como la sentencia dictada en apoyo de este juzgado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en la que se determinó sobreseer y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, habida cuenta que el cinco de agosto de dos mil quince se tuvo por presentado al quejoso interponiendo recurso de revisión contra la sentencia referida y que por auto de dieciocho de septiembre del año actual, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito admitió el recurso de revisión sin que a la fecha obre constancia con la que se ponga de manifiesto que la sentencia dictada en autos haya causado ejecutoria. CUARTO. Marco jurídico aplicable. Ley de Amparo. "CAPÍTULO V Incidente por Exceso o Defecto en el Cumplimiento de la Suspensión Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. Artículo 207. El incidente se promoverá ante el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante el presidente del tribunal colegiado de circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo. Artículo 208. El incidente se tramitará de conformidad con las reglas siguientes: I. Se presentará por escrito, con copias para las partes, ante el órgano judicial correspondiente señalado en el artículo anterior; en el mismo escrito se ofrecerán las pruebas relativas; II. El órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de diez días y requerirá a la autoridad responsable para que rinda informe en el plazo de tres días. La falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la conducta que se reclama; y III. En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se dictará resolución. Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley." QUINTO. Procedencia, trámite, resolución y efectos del incidente por incumplimiento de la suspensión. Los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo regulan el incidente por incumplimiento de la suspensión en los siguientes términos: 5.1. Procedencia del incidente. El incidente por incumplimiento de la suspensión procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. 5.2. Trámite del incidente. El incidente se tramita de conformidad con las reglas siguientes: 1. Se presenta por escrito, con copias para las partes, ante el órgano judicial correspondiente; en el mismo escrito se ofrecerán las pruebas relativas, en el caso, dado que el quejoso se encuentra privado de la libertad en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, este tribunal de oficio expidió las copias de traslado. 2. El órgano judicial señalará fecha para la audiencia y requerirá a la autoridad responsable para que rinda informe en el plazo de tres días; y, 3. En la audiencia incidental se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se dictará resolución. 5.3. Resolución y efectos del incidente. Si se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la Ley de Amparo. SEXTO. El incidente por incumplimiento a la suspensión de plano es infundado. Resulta infundado el incidente por incumplimiento a la suspensión de plano promovido por el quejoso como se explicará a continuación. En el juicio de amparo, los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. En el caso, la materia de la suspensión de plano decretada en autos del juicio de amparo 513/2015-II es el que cesen de inmediato la tortura, malos tratos, incomunicación del quejoso y los prohibidos por el artículo 22 constitucional. El quejoso funda la procedencia del incidente al referir que el siete de mayo de dos mil quince, el Comandante de la Segunda Compañía de Seguridad del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial hizo uso de la fuerza física en su persona provocando lesiones en el brazo izquierdo y hombro con el propósito -según el dicho del quejoso- de inhibirlo o intimidarlo a denunciar a los autores de ese maltrato. En el escrito de promoción del incidente de incumplimiento a la suspensión de plano, Jorge Roberto Andrade Rivez Gutiérrez narró que entre las 06:30 y 07:00 horas del siete de mayo de dos mil quince, salió de su estancia al comedor lugar donde se entrevistó con la Coordinadora Comisionada al Módulo 1 para informar sobre ciertas conductas posiblemente constitutivas de delitos por parte del Comandante de la Segunda Compañía de Seguridad y del Subdirector de Seguridad, ambos del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, por lo que solicitó la asistencia de personal del área jurídica de dicho centro y manifestó que no se retiraría del lugar en que se encontraba (comedor) hasta que no fuera atendido por personal competente para recibir la denuncia de hechos. Refiere el quejoso que luego de unos minutos se presentó en el comedor una persona llamada "Estrella Valdivia" para exigirle que se retirara del comedor y que se dirigiera a su estancia a lo que Jorge Roberto Andrade Rivez Gutiérrez se negó, por lo que "Estrella Valdivia" refirió tener órdenes de llevarlo a su estancia inclusive en contra de su voluntad, lo que motivó que el quejoso fuera tomado por la espalda, tirado al piso y -sometido- fuera llevado a su estancia. Al rendir el informe requerido con motivo del incidente que nos ocupa, el Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial negó el acto reclamado y refirió que en ningún momento ha ejecutado ni ha hecho ejecutar algún acto prohibido por el artículo 22 constitucional, que la atención, el trato y tratamiento que se brinda a los internos de la institución se basa en principios humanistas de respeto y estricto apego a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales suscritos por México. Agrega en el informe que el siete de mayo del año en curso, Jorge Roberto Andrade Rivez Gutiérrez no quiso acatar indicaciones de ingresar a su estancia lo que motivó que fuera conducido a ella por personal del área de seguridad, sin el uso de violencia como lo manifiesta el quejoso (foja 43). Como complemento al informe, el Director del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial remitió copia certificada de la tarjeta informativa SEGOB/OADPRS/CGCF/CEFEREPSI/DS/313/2015 fechada el siete de mayo del año que trascurre de cuya lectura se desprende que el Encargado de la Dirección de Seguridad transcribió la nota informativa elaborada por "Delta 37" detallando lo siguiente: ".SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 08:05 HORAS DEL DÍA 07 DE MAYO DE 2015, ENCONTRÁNDOME DE SERVICIO EN EL MÓDULO I OBSERVÉ QUE EL IP JORGE ROBERTO ANDRADE RIVES GUTIÉRREZ QUIEN SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MÓDULO I, SECCIÓN "B" ESTANCIA 9 CAMA "", ME PERCATÉ DE QUE: 08:05 HORAS LOS INTERNOS JESÚS GIRÓN ARVAYO MENDOZA Y JORGE ROBERTO ANDRADE RIVES GUTIÉRREZ, AL TERMINAR SU HORA DE ALIMENTOS SE NIEGAN A SUBIR A SUS ESTANCIAS MANIFESTANDO EL IP. JORGE ROBERTO ANDRADE RIVES GUTIÉRREZ QUE ÉL TIENE UN AMPARO PARA PERMANECER TODO EL DÍA EN EL PATIO Y QUE NO ESTUVO DE ACUERDO EN QUE SE HAYAN LLEVADO AL IP JESÚS GIRÓN ARVAYO MENDOZA A CONSEJO DISCIPLINARIO, SE PRESENTAN BRAVO 6 Y BRAVO 16, PARA CONDUCIR A DICHOS IP A SU ESTANCIA, EN LA CUAL EL INTERNO JORGE ROBERTO ANDRADE RIVES GUTIÉRREZ FUE CONDUCIDO EN CAMILLA POR MOTIVO QUE SE NEGABA A CAMINAR, FUE INGRESADO A SU ESTANCIA SIN NOVEDAD, INFORMA BRAVO 02 QUE AMBOS INTERNOS QUEDAN BAJO OBSERVACIÓN Y PENDIENTE DE VALORACIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA. ASÍ MISMO ESTANDO LA SECCIÓN C, EN SU HORA DE PATIO MANIFESTANDO QUE AL TERMINAR NO SE VAN A SUBIR A SUS ESTANCIAS YA QUE ELLOS MENCIONAN QUE TIENEN UN AMPARO GANADO EN LA QUE ELLOS DEBEN MANTENERSE AFUERA, CABE MENCIONAR QUE TODO ESTO FUE MANIPULADO POR EL IP. JORGE ROBERTO ANDRADE RIVES GUTIÉRREZ DESDE SU ESTANCIA, SE INFORMA BRAVO 03." (SIC) (FOJA 45). Por otra parte, del legajo de copias certificadas remitidas por el Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial que conforman el ANEXO I, se advierte que a las trece horas del siete de mayo de dos mil quince, el Dr. Martínez elaboró una "Nota Médica" en el expediente CFRP/1809/2013 a nombre de Jorge Roberto Andrade Rivez Gutiérrez en la que refirió a un masculino de 47 años de edad reportado por coordinación de módulo por encontrarse en observación; que dicho paciente refirió inconformidad por estar mucho tiempo encerrado y solicita estar más tiempo en el patio. Presentó dolor en ambos brazos; estaba consciente; con buen estado de hidratación de mucosas y tegumentos; con lenguaje verborréico coherente e incongruente; bien orientado en las tres esferas; tórax con cardiopulmonar sin compromiso; abdomen plano, blando, depresible sin puntos dolorosos; extremidades superiores con zonas de equimosis en borde interno; con presencia de magulladura en ambos brazos (foja 4 de Anexo I). Ahora bien, existe coincidencia entre lo manifestado por el quejoso con lo informado por parte de las responsables en cuanto a que el día siete de mayo de dos mil quince, alrededor de las ocho de la mañana, dentro del Módulo I del CEFEREPSI personal de seguridad indicó al quejoso que se trasladara del área del comedor a su estancia. Las manifestaciones del quejoso son contradictorias en cuanto a que refirió por un lado que una vez que terminó de comer solicitó la presencia de personal del área jurídica y que permanecería en el comedor hasta que fueran atendidas sus peticiones por personal competente; esto es, no abandonó el lugar en el que se encontraba en ese momento a pesar de haber recibido instrucciones para ello; sin embargo, en oposición a lo anterior refirió que una vez que llegó a ese lugar una persona conocida como "Estrella Valdivia" y que le indicó que se retirara a su estancia, el quejoso respondió que no opondría resistencia, que se iría a su estancia porque no quería ser maltratado. Lo manifestado por el quejoso surte efectos de confesión expresa y hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por disposición del numeral 2° de su ley reglamentaria. Por su parte, las documentales remitidas por la responsable ameritan eficacia probatoria plena, en virtud de ser copias debidamente certificadas por autoridad en el ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en la especie. Lo anterior pone de manifiesto lo infundado del incidente por incumplimiento a la suspensión toda vez que la determinación de que cesen de plano los malos tratos, tortura, incomunicación y actos prohibidos por el artículo 22 constitucional decretada por este tribunal el nueve de marzo de dos mil quince obedeció a una paralización -si están siendo cometidos- o a una proscripción -en caso de que no se hayan ejecutado- de cualquier trato o penas crueles, inhumanos o degradantes como una práctica no aceptable de cualquier autoridad responsable, lo que no ocurrió en la especie, ya que el hecho de haber sido llevado el quejoso a su estancia dentro del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial -aún en contra de su voluntad- obedeció al cumplimento de una medida de seguridad, puesto que en el lugar en que se encuentra recluido el quejoso y en general, los establecimientos del sistema penitenciario cuentan con personal de seguridad al que se encomienda la tarea de vigilar, proteger y dar seguridad tanto a las personas ahí recluidas como a las instalaciones. De lo manifestado por el quejoso incidentista como por la autoridad responsable, es dable sostener que el siete de mayo de dos mil quince, elementos de seguridad del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en contra de su voluntad llevaron a Jorge Roberto Andrade Rivez Gutiérrez a su estancia. Con motivo de ese despliegue se produjeron lesiones en ambos brazos del quejoso. Respecto al uso de la fuerza legítima por parte de los agentes de seguridad en los centros de privación de libertad conviene citar que el Informe Sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el treinta y uno de diciembre de dos mil once, al analizar la posición de garante del estado frente a las personas privadas de libertad, el apartado F denominado "Uso de la fuerza por parte de los agentes de seguridad en los centros de privación de libertad" en los puntos 220 al 222 establece que: "220. En el Sistema Interamericano se ha establecido como principio rector de la actividad del Estado que, "por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral". Este criterio resulta plenamente aplicable a las acciones, políticas y medios que emplean los Estados para el mantenimiento del control y la seguridad interna de los centros de privación de libertad. 221. En este sentido, la Comisión Interamericana ha establecido que el uso de la fuerza "es un recurso último que, limitado cualitativa y cuantitativamente, pretende impedir un hecho de mayor gravedad que el que provoca la reacción estatal"; y que, El uso legítimo de la fuerza pública implica, entre otros factores, que ésta debe ser tanto necesaria como proporcionada con respecto a la situación, es decir, que debe ser ejercida con moderación y con proporción al objetivo legítimo que se persiga, así como tratando de reducir al mínimo las lesiones personales y las pérdidas de vidas humanas. El grado de fuerza ejercido por los funcionarios del Estado para que se considere adecuado con los parámetros internacionales, no debe ser más que el absolutamente necesario. El Estado no debe utilizar la fuerza en forma desproporcionada ni desmedida contra individuos que encontrándose bajo su control, no representan una amenaza, en tal caso, el uso de la fuerza resulta desproporcionado. 222. Así, con respecto al uso de la fuerza por parte de agentes Estatales en centros de privación de libertad, los Principios y Buenas Prácticas de la CIDH establecen, Principio XXIII El personal de los lugares de privación de libertad no empleará la fuerza y otros medios coercitivos, salvo excepcionalmente, de manera proporcionada, en casos de gravedad, urgencia y necesidad, como último recurso después de haber agotado previamente las demás vías disponibles, y por el tiempo y en la medida indispensables para garantizar la seguridad, el orden interno, la protección de los derechos fundamentales de la población privada de libertad, del personal o de las visitas. Se prohibirá al personal el uso de armas de fuego u otro tipo de armas letales al interior de los lugares de privación de libertad, salvo cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas. En toda circunstancia, el uso de la fuerza y de armas de fuego o de cualquier otro medio o método utilizado en casos de violencia o situaciones de emergencia, será objeto de supervisión de autoridad competente.". Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CCLXXXVII/2015 (10a.) publicada en la página 1653 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, correspondiente a la Décima Época, del rubro: "DETENCIONES MEDIANTE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA. PARÁMETROS ESENCIALES QUE LAS AUTORIDADES DEBEN OBSERVAR PARA ESTIMAR QUE AQUÉLLAS SON ACORDES AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL." ha establecido que el uso de la fuerza pública debe ser limitado y al ejercerse debe ajustarse a los siguientes parámetros esenciales: 1) Legitimidad, que se refiere tanto a la facultad de quien la realiza como a la finalidad de la medida, es decir, que la misma sea inherente a las actividades de ciertos funcionarios para preservar el orden y la seguridad, pero únicamente puede ser utilizada en casos muy específicos y cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen el logro del resultado. 2) Necesidad, que supone el que la fuerza pública debe ser utilizada solamente cuando sea absolutamente necesaria, pero deben agotarse previamente los medios no violentos que existan para lograr el objetivo que se busca, de manera que sólo opere cuando las alternativas menos restrictivas ya fueron agotadas y no dieron resultados, en función de las respuestas que el agente o corporación deba ir dando a los estímulos que reciba, por lo que es preciso verificar si la persona que se pretende someter representa una amenaza o un peligro real o inminente para los agentes o terceros. 3) Idoneidad, que implica su uso como el medio adecuado para lograr la detención. 4) Proporcionalidad, que exige la existencia de una correlación entre la usada y el motivo que la detona, pues el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido; así, los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y con ello emplear tácticas de negociación, control o uso de fuerza según corresponda. En ese sentido, a juicio de quien resuelve, el siete de mayo de dos mil quince se justificó el uso de la fuerza en la persona del quejoso como se expondrá a continuación: Fue legítimo, ya que quienes la realizaron -a saber- los elementos de seguridad del CEFEREPSI tienen la facultad para ello y la finalidad de la medida es inherente a las actividades que ellos realizan para preservar el orden y la seguridad tanto de las personas como de los inmuebles en que se encuentran adscritos. Adicionalmente, la fuerza pública se utilizó puesto que las órdenes verbales dadas al quejoso para trasladarse del comedor a los dormitorios resultaron ineficaces o, en su caso, no garantizaron el resultado que se buscaba. Se estima que fue necesario el empleo de la fuerza en el quejoso, habida cuenta que se utilizó una vez que se agotaron medios no violentos para lograr el objetivo buscado: compelerlo a trasladarse a su dormitorio lo cual se le indicó reiteradamente en forma verbal. Se considera que fue el medio Idóneo, esto es, que fue adecuado para lograr el objetivo, trasladar al quejoso a su estancia, puesto que las instrucciones verbales no fueron acatadas. A juicio de quien resuelve, fue proporcional, puesto que la fuerza empleada para conducir al quejoso a su estancia se estima correlativa con la oposición del quejoso a caminar por su propio pie desde el lugar en que se encontraba (comedor del CEFEREPSI) hasta su estancia; asimismo, se estima que el sujetar al quejoso por los brazos para ser trasladado al lugar que se le indicó es acorde con la negativa que el quejoso reiteró a hacerlo. Se afirma lo anterior ya que dentro del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, el siete de mayo de dos mil quince, una vez que los internos pacientes del Módulo Uno concluyeron la ingesta de los alimentos correspondientes al desayuno; recibieron la orden por parte del personal de seguridad de regresar a su estancia; sin embargo, el quejoso no acató la referida orden, aduciendo que no se movería de ese lugar sino hasta que fuera atendido por "personal competente" para que formulara una denuncia de hechos. De ahí que si el quejoso recibió la indicación de trasladarse del comedor a su estancia una vez que concluyó de ingerir los alimentos, por voluntad propia decide desatenderla, entonces el cuerpo de seguridad que ahí labora tiene que compeler de manera razonable y proporcional al interno paciente a que la acate. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. CCLXXXVI/2015 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1652 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y cuyo texto se trascribe a continuación: "DETENCIONES MEDIANTE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA. DEBERES DE LAS AUTORIDADES PARA QUE AQUÉLLAS NO SE CONSIDEREN VIOLATORIAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES. Tratándose de detenciones en que las autoridades emplean la fuerza pública, los funcionarios encargados de aplicarla deben respetar determinados derechos y garantías para considerar que actúan dentro de un marco de legalidad, de modo que aquélla no implique una violación del derecho a la integridad personal del detenido. Por lo tanto, las limitaciones a este derecho deben ser fundamentadas de manera adecuada y absolutamente excepcionales, en las que en todo momento deben respetarse los siguientes deberes: a) el empleo de la fuerza estrictamente necesaria para el fin buscado debe realizarse con pleno respeto a los derechos humanos del detenido; b) los funcionarios facultados para llevar a cabo la detención deben estar debidamente identificados; c) deben exponerse las razones de la detención, lo cual incluye no sólo el fundamento legal general del aseguramiento sino también la información de los suficientes elementos de hecho que sirvan de base a la denuncia, como el acto ilícito comentado y la identidad de la presunta víctima; en ese sentido, por razones se entiende la causa oficial de la detención y no las motivaciones subjetivas del agente que la realiza; d) debe establecerse claramente bajo la responsabilidad de cuáles agentes es privado de la libertad el detenido, lo cual impone una clara cadena de custodia; e) debe verificarse la integridad personal o las lesiones de la persona detenida; y f) debe constar en un documento la información completa e inmediata de la puesta a disposición del sujeto detenido ante la autoridad que debe calificar su detención." No pasa inadvertido que en el Estudio Psicofísico de siete de mayo de dos mil quince, el Médico Cirujano Cirilo Martínez Rodríguez haya señalado que al inspeccionar a Jorge Roberto Andrade Rivez Gutierrez a las doce horas de la fecha referida, el quejoso estaba consciente, coherente, congruente, orientado en tiempo, lugar y persona, con aliento sui generis, marcha normal, sin laceración ni abrasión, sin quemadura, ni esguince, no presentó fractura, amputación, avulsión, picadura, mordedura ni herida, únicamente una contusión o magulladura, la cual fue "enumerada" como equimosis entre el bíceps y el hombro de ambos brazos, lo cual fue descrito en el apartado de observaciones como "Equimosis. No acata indicaciones de personal de seguridad", cuenta habida que, como quedó precisado en párrafos que anteceden, el quejoso fue sometido de los brazos para ser llevado a su estancia por parte de los elementos de seguridad del centro de rehabilitación psicosocial en el que se encuentra privado de la libertad, lo cual explica, de manera proporcional la presión que se ejerce con la mano por otra persona para "levantar" del suelo a una persona y conducirla a su estancia en contra de su voluntad. Por ello, al no desprenderse datos necesarios para arribar a la conclusión de que haya sido empleada violencia desmedida, malos tratos o tortura, al momento de conducirlo del comedor del módulo uno a su estancia, dentro del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, es por lo que se declara infundado el incidente por incumplimiento a la suspensión de plano, promovido por Jorge Roberto Andrade Rivez Gutiérrez. No se soslaya el hecho de que dentro del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial el quejoso debe ser tratado con respeto a su integridad personal ya que así lo establece el Artículo 18 de la Constitución Política y los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos . Tampoco pasa inadvertidas las manifestaciones del quejoso en el sentido de que fue objeto de malos tratos para someterlo por parte de algunos custodios y que ha sido encerrado con la intención de que ser intimidado o cohibido para que no denuncie; ya que ello lo hizo del conocimiento de Director del Centro Federal donde se encuentra recluido, asimismo, obra en autos que la Agente del Ministerio Público Kandy Lorely Cisneros Gómez, visitó al quejoso el nueve de junio del año retro próximo, para recabar su declaración ministerial en la averiguación previa AP/PGR/MOR/CT-II/61-B/2015. SÉPTIMO. Notificación al quejoso privado de la libertad. Tomando en consideración que el quejoso se encuentra privado de la libertad en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial ubicado en Ayala, Morelos, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles gírese atento despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial que se encuentre en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva girar instrucciones para que se notifique la presente determinación a Jorge Roberto Andrade Rivez Gutiérrez y le corra traslado con la copia simple que de la misma se acompaña y una vez hecho lo anterior, lo devuelva con la mayor brevedad posible. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Es infundado el incidente por incumplimiento de la suspensión de plano, promovido por Jorge Roberto Andrade Rivez Gutiérrez, conforme a los motivos y los fundamentos expuestos en el considerando sexto de la presente interlocutoria. Notifíquese y por despacho al quejoso. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe, hoy treinta de mayo de dos mil dieciséis en que lo permitieron las labores del juzgado.

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