Jorge Roberto Andrade Rivez Gutiérrez
Expediente 846/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 26 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 846/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 02/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge Roberto Andrade Rivez Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Toda vez que en el presente asunto, se concedió a la parte quejosa la suspensión de plano de los actos reclamados; en cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; es susceptible de depuración, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda, el auto que concedió a la parte quejosa la suspensión de plano de los actos reclamados, y la determinación que puso fin al juicio, y proceder a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO POR CONDUCTO DE SU AUTORIZADA.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 846/2018; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. JORGE ROBERTO ANDRADE RIVEZ GUTIÉRREZ, por propio derecho, mediante escrito recibido el veinte de agosto de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer en su momento al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos atribuidos al titular de la Agencia del Ministerio Público de la Federación Orientadora IV de la Unidad de Atención Inmediata de la Delegación Oaxaca de la Procuraduría General de la República, consistente en las omisiones para informarle de los derechos que le reconoce la Constitución Federal; facilitarle el acceso a la justicia; informarle los requisitos, trámites y procedimientos a seguir para que lo atienda cuando lo requiera; para brindarle atención médica y psicológica; asistencia jurídica a través de un asesor; informarle el desarrollo del procedimiento penal que se encuentra en etapa de investigación; tratarlo con respecto; ejercer su derecho de aportar y ofrecer todos los datos y elementos de prueba que conoce y posee; proveerle protección, pues desde su ingreso al cefereso 13 CPS-Oaxaca, ha sido víctima de malos tratos mediante métodos de tortura; de proveer las providencias y medidas necesarias para que cesen los malos tratos; de permitirlo el acceso a los registro de investigación, y de obsequiarle copia certificada y legible de las constancias de la investigación; los cuales estima violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 4 párrafo cuarto, 14 segundo y tercer párrafos, 16 primer y décimo cuarto párrafos, 17 segundo párrafo, 19 párrafos segundo y séptimo, 20 apartado A fracción V, apartado C fracciones I, II, III, V segundo párrafo, VI y VII, 21 párrafos primero, segundo, séptimo y noveno, y 22 primer párrafo Constitucionales. SEGUNDO. En auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, la juez Octavo de Distrito en el Estado, previo requerimiento, admitió la demanda de amparo, la cual quedó radicada bajo el número 842/2018, y al advertir la existencia de actos desvinculados entre sí, decretó la separación de autos, siendo que tal juicio conocería de los actos reclamados al titular de la Agencia del Ministerio Público de la Federación Orientadora IV de la Unidad de Atención Inmediata de la Delegación Oaxaca de la Procuraduría General de la República, deduciendo las constancias pertinentes para formar un nuevo juicio por cuanto hace a los actos reclamados al Director General, Directora Técnica y Jefa del Departamento de Servicios Médicos, todos del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, consistentes en uso y abuso de fuerza, violencia física en su persona, golpes tortazos, patadas, estiramientos de sus extremidades, así como falta de atención médica. TERCERO. Mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, este juzgado de Distrito tuvo por recibo testimonio deducido del juicio de amparo 842/2018, del índice del juzgado Octavo de Distrito en el Estado, y atento a las consideraciones del oficiante, se admitió la demanda de amparo promovida por Jorge Roberto Andrade Rivez Gutiérrez, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; y citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Las autoridades responsables, por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en uso y abuso de fuerza, violencia física, golpes, tortazos, patadas y estiramientos de las extremidades del quejoso, negaron categóricamente su existencia, sin que la parte quejosa aportara prueba en contrario, no obstante habérsele notificado personalmente por conducto de su autorizada legal el auto mediante el cual se agregaron dichos informes, por ende, conlleva a sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable en la especie la jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". TERCERO. Del informe justificado rendido por las autoridades responsable se advierte la existencia del acto reclamado consistente en la falta de atención médica, pues conforme a las constancias anexas se tiene existen diversos estudios pendientes por practicarse al quejoso, sin que se remitiera documentación alguna que acredite ya se le hubieren efectuado, de ahí la existencia del acto reclamado. CUARTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este Juzgador advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público. Ahora bien, el suscrito estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior (.). En relación con el principio de definitividad, se invoca la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, mayo de 2002, página 902, registro 187016, del texto siguiente: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Del artículo y jurisprudencia transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando conforme a las mismas leyes, de oficio, o con la sola interposición del recurso se suspendan los efectos del acto. Ahora, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Por otra parte, los artículos 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen lo siguiente: "Artículo107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta ley podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de la condiciones de internamiento." "Artículo108. Legitimación. Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguineidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, Entidad, Órgano u Organismo de Protección de los Derechos Humanos en el orden Federal o de las Entidades Federativas, que tengan de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las Organizaciones de la Sociedad Civil que tengan dentro de su objeto la Protección de los Derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas." "Artículo109. Sustanciación de las peticiones. Las peticiones se sustanciaran conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los Derechos de terceras personas y, en su caso, las subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad." "Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas." "Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada." "Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición." "Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes. Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivo la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." Ahora bien, el acto reclamado en la presente instancia constitucional lo constituye la falta de atención médica, acto en contra del cual el quejoso está en aptitud de iniciar procedimiento administrativo ante la autoridad Penitenciaria, dado que está interno en un Centro Federal de Readaptación Social, quien presentará su petición, sin formalidad alguna, ante el director del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; el que, a su vez, dentro de las veinticuatro horas siguientes admitirá e iniciará el trámite del procedimiento o prevendrá según sea el caso, quien le notificará personalmente. Asimismo, el director de dicho Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor de veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Incluso, si el quejoso no obtiene una respuesta favorable a su petición, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé formular controversia ante el juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la resolución que recaiga a su petición, tal como lo dispone el artículo 114 de la citada ley. De igual forma, cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, entonces la persona legitimada podrá acudir directamente ante el juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el juez de Ejecución, de oficio suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad Penitenciaria. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo las personas privadas de su libertad, cuando reclaman omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, deben agotar el procedimiento establecido en la Ley de Ejecución Penal; esto es, el quejoso tiene la obligación procesal de iniciar el procedimiento administrativo ante la autoridad penitenciaria, contra la omisión o negativa reclamada, pues con ese medio ordinario de defensa podría obtener resolución favorable a sus intereses. En tales condiciones, al no haberse cumplido con el principio de definitividad, se actualiza la causa de improcedencia en análisis, y por ende, conduce a sobreseer en el juicio en términos del artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página: 230, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo 846/2018, promovido por JORGE ROBERTO ANDRADE RIVEZ GUTIÉRREZ. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO POR CONDUCTO DE SU AUTORIZADO.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio de cuenta, que suscribe el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta localidad; en consecuencia, acúsese recibo, háganse las anotaciones sobre el regreso de los autos en el libro de gobierno de este Juzgado; y desprendiéndose del testimonio remitido, que la superioridad declaró infundado el recurso de queja promovida por Jorge Roberto Andrade Rivez Gutiérrez, contra la parte conducente del acuerdo dictado el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes, acúsese recibo. Por tanto, al haberse resuelto el recurso de queja aludido, el presente expediente se encuentra debidamente integrado para dictar la resolución correspondiente NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO POR CONDUCTO DE SU AUTORIZADO.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, y toda vez que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta localidad, no ha comunicado a este Juzgado, la resolución dictada en el recurso de queja interpuesto por el quejoso JORGE ROBERTO ANDRADE RIVEZ GUTIÉRREZ, en contra del proveído de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho; en tal circunstancia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.
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