Jorge Roberto Andrade Rivez Gutierrez
Expediente 1328/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1328/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 06/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge Roberto Andrade Rivez Gutierrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Mesa de Amparo V-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de diciembre de dos mil dieciocho. En atención a la cuenta que antecede... I. Se declara consentido el acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciocho, donde se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto, al no haberse interpuesto el recurso de inconformidad... II. Archívese el expediente principal como asunto concluido. III. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, como en la sentencia dictada en este juicio sobreseyó; sin embargo, al ser recurrida el tribunal de alzada revocó la misma y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se estima que este expediente es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia. IV. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. V. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del mencionado acuerdo. VI. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración. VII. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Leonel Medina Rubio, ante el secretario de acuerdos, Rodrigo Rodríguez Ibarra, quien autoriza y da fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio y su anexo señalados en la cuenta al juicio de amparo en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, como de su contenido se advierte que el Agente del Ministerio Público de la Federación en apoyo de la Mesa IV de la Unidad de Atención Inmediata en Oaxaca adscrito a la Procuraduría General de la República (autoridad vinculada a cumplir la sentencia), pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento relativo. En el entendido que transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, con apoyo en el artículo 196 de la ley reglamentaria, este juzgador resolverá si la sentencia dictada en este juicio se encuentra o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto del defensor público federal que le fue designado.
- Principal
Mesa de Amparo V-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Se advierte que el quejoso revoca la autorización que otorgó a diversas personas para recibir notificaciones y señala como domicilio para recibir notificaciones el centro penitenciario donde se encuentra privado de su libertad... Dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que la designación de un defensor al quejoso privado de su libertad en un centro penitenciario federal, no es capricho del suscrito, ya que esa determinación se realizó atendiendo a la condición en que se encuentra y en aras de una defensa adecuada. Lo anterior es así, porque la exigencia de garantizar el real acceso a un estudio de fondo en el juicio de amparo, se acentúa en personas que se encuentran en una desventaja social, como las que están privadas de la libertad personal de manera provisional (porque están sujetas a un procedimiento de índole penal) y/o de forma definitiva (porque están compurgando pena privativa). En esa tesitura, la circunstancia de que la persona que promueve el juicio de amparo se encuentre privada de la libertad (de forma temporal o de manera definitiva), acentúa la "necesidad" de que la autoridad de amparo lleve a cabo las actuaciones necesarias para garantizar al quejoso el respeto al derecho fundamental de una adecuada defensa. Es por ello que cuando se advierta que el quejoso privado de la libertad, no hubiese designado abogado que lo represente y asesore, con fundamento en los artículos 1º y 14 constitucionales, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el juzgador de amparo debe designarle un defensor público para que, más allá de que lo pueda representar, emprenda lo conducente para evitar dejar a la persona en estado de indefensión frente a actos que, a decir del solicitante de amparo, infringen derechos humanos en su perjuicio. En este caso particular, la medida que se comenta, es decir, la designación de un defensor de oficio que represente y asesore al quejoso se torna necesaria, porque si bien el promovente al estar privado de su libertad puede presentar sus promociones relacionadas con el juicio de amparo, también lo es que no puede presentarlas a su voluntad, sino que depende de las autoridades carcelarias. De ahí que, se insiste, el quejoso debe contar con un defensor público, con el objeto de que lo represente y le brinde la asesoría jurídica que resulte pertinente y de esta manera, sea respetado su derecho humano de contar con un recurso judicial efectivo. Además, lo anterior acorde con la dualidad que tiene el juicio de amparo, en tanto que por un lado representa la vía procesal para acceder al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, y por otro, constituye, como garantía, también que el derecho o derechos humanos en juego sean reparados, en el supuesto de que se demuestre que han sido vulnerados. Situación que, en el caso, permite privilegiar la circunstancia procesal de que el quejoso cuente con un defensor público, en respeto al derecho humano ya señalado, puesto que ello permitirá que puedan llevar a cabo una defensa adecuada y, eventualmente, puedan acreditar, desde lo jurídico, la inconstitucionalidad del acto reclamado y lograr colocarlo en el estado donde se defina, de ser el caso, si ese acto infringe o no derechos humanos en su perjuicio. Más aun, como previamente se mencionó, no se observa que, desde la presentación de la demanda, el solicitante de amparo haya designado abogado que asumiera la carga de procurar una adecuada defensa en su beneficio, lo cual acentúa lo que se ha dicho en el sentido de que el quejoso tiene que ser asesorado por una persona con conocimientos jurídicos para que alegue en torno al acto reclamado. Por tales razones, y con el afán de potencializar la efectividad real del juicio de amparo, como recurso judicial, con fundamento en los artículos 1º y 14 constitucionales, y 25 de la Convención, y en términos de los artículos 1º, 2º, 4º, fracción I, y 6º, fracción I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, este juzgador reitera su determinación que el quejoso privado de su libertad ****************, se encuentre asesorado por un Defensor Público Federal. Sin que ello implique, que el quejoso no pueda participar en su defensa y promover las veces que lo estime necesario, como así lo ha venido haciendo, simplemente es de suma importancia para el suscrito, que siempre cuente con una persona con conocimientos jurídicos reconocidos en la materia, que esté al pendiente de cualquier necesidad jurídica que requiera. Respecto a que señala como domicilio para recibir notificaciones el centro de reclusión donde se encuentra privado de su libertad; dígasele que como se ordenó previamente, las notificaciones se realizarán a través del asesor jurídico que le fue nombrado. Para eso fue designado, además, que su fundamento se encuentra en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. Máxime, que los argumentos aquí expuestos, ya se habían reiterado en proveído de nueve de febrero de dos mil dieciocho, en contra del cual el quejoso interpuso recurso de queja, el que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, radicado bajo el número 111/2018, mismo que se resolvió el seis de septiembre del año en curso, declarando improcedente el aludido medio de impugnación. Por otra parte, visto el oficio de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, por el que manifiesta que se encuentra impedida para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta localidad, en virtud que quien conoce todos y cada uno de los trámites realizados dentro de la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/0002017/2017 lo es la Agente del Ministerio Público Integradora titular de la Mesa Orientadora IV de la Unidad de Atención Inmediata, con sede en la Delegación Oaxaca de la Procuraduría General de la República. Requiérase a la Agente del Ministerio Público Integradora titular de la Mesa Orientadora IV de la Unidad de Atención Inmediata, con sede en la Delegación Oaxaca de la Procuraduría General de la República, en su carácter de autoridad vinculada a cumplir con la sentencia de mérito, a fin que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, cumpla con la ejecutoria dictada en este juicio, para lo cual deberá notificar al quejoso de forma personal en el Centro Penitenciario donde actualmente se encuentra recluido, de todos los trámites realizados hasta ahora con respecto al inicio de la carpeta de investigación, con motivo de los hechos denunciados por Jorge **************** constitutivos de posibles actos de tortura cometidos en su perjuicio; así como, de cada uno de los actos o trámites en la prosecución de la investigación hasta su conclusión, debiendo levantar el acta respectivo de cada una de las notificaciones como constancia, para que obren como corresponda. Autoridad a la que se vincula al cumplimiento del fallo protector por lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala expresamente que ningún juicio de amparo puede archivarse hasta en tanto quede cabalmente cumplida la ejecutoria de amparo; razón por la cual la referida autoridad vinculada tiene que realizar las actuaciones antes señaladas. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior o no informar el impedimento legal que tenga para ello, se impondrá una multa por cantidad equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, al momento en que incurrió en la conducta sancionada. Hágase saber a la referida autoridad vinculada que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo vigente, si la ejecutoria no queda cumplida en el plazo fijado, este juzgado hará el pronunciamiento respectivo, se impondrá la multa que proceda y remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito; asimismo, se considerará como incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales. Dígase a la citada autoridad, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo en vigor, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, es injustificado, no la exime de responsabilidad, pero, podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio y el anexo señalados en la cuenta al expediente en que se actúa, para que surta sus efectos legales correspondientes y téngase al secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, haciendo del conocimiento de este juzgado que la superioridad declaró improcedente el recurso de queja hecho valer por Jorge Roberto Andrade Rivez Gutiérrez, contra el auto de nueve de febrero de dos mil dieciocho. En consecuencia, para los efectos legales a que haya lugar hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto del defensor público que le fue nombrado.
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