Jorge Rivera Sanchez

Expediente 670/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
670/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
24/06/2021

Partes del expediente

  • Jorge Rivera Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señalan los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de ocho de junio del año en curso, sin que a la fecha lo hubiese hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales procedentes se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Jorge Rivera Sánchez, por propio derecho, contra actos del Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Tamaulipas 3 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe. El Juez

  2. Principal

    Ciudad de México, a ocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Rivera Sánchez, por propio derecho, contra actos del Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Tamaulipas 3 de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 670/2021-VI. Ahora, acorde con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de garantías en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, a la letra dispone: "ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto legal transcrito señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable en la parte conducente, por analogía la jurisprudencia I.13o.A. J/6, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." (Registro: 180,663, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Septiembre de 2004, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631). En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Registro: 192,097, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000, Tesis: P./J. 40/2000, Página: 32). La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad y si la parte quejosa designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Ahora bien, del análisis al escrito inicial de demanda, se advierte que el promovente señala como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: III. i Autoridades Ordenadoras a) El C. TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN DESCONCNETRADA DE RECAUDACIÓN DE TAMAULIPAS 3, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público , con domicilio en Avenida Ocampo número 101, Piso 2, Colonia Sector Centro, Esquina Quince de Junio, Código Postal 88000, Nuevo Laredo, Tamaulipas. III. ii Autoridades Ejecutoras b) El C. Presidente de la comisión nacional bancaria y de Valores con domicilio oficial en la Avenida Insurgentes Sur número 1971, Conjunto Plaza Inn, en la Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01020, en la Ciudad de México. c) Al C. Representante Legal de la HSBC MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, con domicilio en Av. Paseo de la Reforma número 347, colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06500, Ciudad de México. d) Al C. REPRESENTANTE LEGAL DE BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México. IV. ACTOS RECLAMADOS De las autoridad ordenadora se reclama la emisión del Oficio número 400-61-00-02-01-2021-0836, expediente número 800-52-00-03-00-2016-PP-08468 de fecha 28 de abril de 2021, emitido por el C. Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Tamaulipas 3, dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público mediante el cual se informa la determinación de un crédito fiscal firme a mi cargo, por la cantidad total de $245,283 (Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Tres Pesos 00/100 M.N.), no obstante que dicho crédito es inexistente al haberse decretado la NULIDAD LISA Y LLANA, mediante sentencia de fecha 28 de febrero de 2017, emitida por la H. Primera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa bajo el número de expediente 3039/16-EC1- 01-5. De las autoridades ejecutoras se reclaman los actos de ejecución para inmovilizar la totalidad de las siguientes Cuentas Bancarias: - Cuenta Bancaria con número de Contrato 830582 y número de Cuenta Bancaria 4013289715 de la Institución Bancaria HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. - Cuenta Bancaria con número de 2854472039 de la Institución Bancaria BBVA BANCOMER, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER. Así, como el impedimento de disponer de los recursos que existen en dichas Cuentas Bancarias." En el presente caso este Juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa está obligada agotar el principio de definitividad en relación con el acto reclamado, pues en el presente asunto no se actualiza ninguna excepción a éste, como se demostrará a continuación. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. (.)" De la interpretación sistemática de las normas transcritas se evidencia que tratándose de las controversias a que se refiere el artículo 103 de la Constitución Federal, solamente procederá el amparo una vez que hayan sido agotados los recursos que procedan en el entendido de que, como éste es un medio de impugnación extraordinario, sólo procede contra actos definitivos, en relación con los cuales no exista recurso alguno cuya interposición pueda dar lugar a modificación, revocación o anulación del acto reclamado; por lo que debe acudirse a él sólo cuando se agotó previamente el recurso previsto por la ley ordinaria. Luego, en el caso que nos ocupa se advierte que el solicitante del amparo no agotó el principio de definitividad previsto en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo. En esta tesitura, en contra del oficio 400-61-00-02-01- 2021-0836 de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 800-52-00-03-00-2016-PP-08468, por el Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Tamaulipas 3 del Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se informa la determinación de un crédito fiscal firme por la cantidad total de $245,283.00 (doscientos cuarenta y cinco mil doscientos ochenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), procede el juicio contencioso administrativo que establece el artículo 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 3.- El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (...) V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; (...)" Del precepto transcrito, se desprende la procedencia del juicio de nulidad contra el oficio reclamado y su ejecución, lo que implica conforme a la anterior explicación, que la legislación ordinaria prevé en favor del particular el juicio de nulidad, el cual debe agotarse previamente a la solicitud de amparo a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. En este orden de ideas, el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente respecto del acto reclamado precisado porque, como ya se indicó, la promovente del amparo previo a instar el juicio de amparo, debió indefectiblemente interponer el juicio de nulidad de conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación, de no ser utilizado, el amparo es improcedente. En este orden de ideas, el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente porque como ya se precisó, previo a instar el juicio de amparo, el promovente debió combatir el oficio 400-61-00-02-01-2021-0836, de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 800-52- 00-03-00-2016-PP-08468, del índice de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Tamaulipas 3 del Servicio de Administración Tributaria, a través del juicio contencioso administrativo y, así cumplir con el principio de definitividad, en virtud de que éste no contiene mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado. Lo anterior, en razón de que el artículo 28, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión que la que dispone el artículo 128 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE GARANTÍAS DEBE AGOTARSE EL DE NULIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL ONCE)." (Registro: 2001434, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Decima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, agosto de 2012, Tomo 2, Página: 1933). Corrobora la jurisprudencia citada que los requisitos previstos en el juicio de nulidad no son mayores a los señalados en la Ley de Amparo. No es óbice para arribar a la anterior conclusión que la jurisprudencia con número de registro 2001434 se refería a la Ley de Amparo abrogada, en virtud de que subsisten las mismas hipótesis de la Ley actual. Por tanto, se concluye que la suspensión en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no exige mayores requisitos de los que prevé la suspensión en el juicio de amparo indirecto. Sin que en el caso se esté en el supuesto de excepción al principio de definitividad y, por tales razones, debió agotarse el juicio ante el mencionado órgano antes de promoverse el juicio de amparo. A continuación se verificará si en el caso se actualiza alguna excepción al principio de definitividad distinta a las que anteriormente fueron objeto de estudio. 1. Cuando se impugnan leyes con motivo del primer acto de aplicación. Dicha excepción al principio de definitividad obedece a que el agraviado solamente podrá atacar la inconstitucionalidad de la norma ante el Juez de Distrito, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolver los juicios o recursos ordinarios no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma privativa al Poder Judicial de la Federación. En el caso, el quejoso no reclamó ley alguna. 2. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. Al respecto debe precisarse que el quejoso, en los conceptos de violación se de la violación a lo dispuesto por los artículos 354, 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, con el objetivo de que este Juzgador se pronuncie al respecto y resuelva conforme a esa legislación secundaria. En este tenor, las cuestiones planteadas son argumentos de legalidad, tendentes a controvertir en ese sentido el oficio 400-61-00-02-01-2021-0836, de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 800-52-00-03-00-2016- PP-08468, del índice de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Tamaulipas 3 del Servicio de Administración Tributaria; por tanto, el análisis de tales argumentos no se circunscriben a un tema exclusivo de violación directa a la Constitución Federal. 3. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan. Al respecto, debe destacarse que a la quejosa no le asiste el carácter de tercero extraña, toda vez que le fue notificado el oficio que reclama y tiene conocimiento del crédito fiscal que se le fincó, tan es así, que del contenido del escrito de demanda se advierte que anteriormente promovió el juicio de nulidad 3039/16-EC1-01- 5, ante la Primera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por tanto, se pone de relieve que a la quejosa no le reviste el carácter de tercero extraño, toda vez que conoce del origen del oficio 400-61-00-02-01-2021-0836, de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 800-52-00-03-00-2016-PP-08468, del índice de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Tamaulipas 3 del Servicio de Administración Tributaria. 4. Los que carecen de fundamentación. En este aspecto, no se advierte que el oficio reclamado carezca de fundamentación y motivación. 5. En aquellos que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Tampoco se actualiza dicha excepción al principio de definitividad, en razón que el artículo 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, prevé el juicio contencioso administrativo, el cual tiene por objeto que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, confirme, revoque o modifique el oficio reclamado; tan es así que en dicho oficio se precisó la procedencia de dicho juicio ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 6. De igual forma, los actos reclamados no importan el peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los prohibidos por el diverso 22 Constitucional, ni que conlleve violación a los derechos previstos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. En virtud de que no se actualizó alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que debió promoverse el juicio contencioso administrativo antes de acudir a la instancia constitucional. En las condiciones apuntadas, en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, se estima colmada la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la demanda de cuenta promovida por Jorge Rivera Sánchez, por propio derecho. Lo anterior con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento citado, por disposición expresa de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Balfre Marcelo Morales Martínez, Julio Cesar Velázquez Hernández, Minerva Cortés Lara, quien tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente y con apoyo en la última parte del segundo párrafo del numeral en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala y a y Irving Omar Ceballos López. y no se encontró registro de José de Jesús Morales Martínez, Roberto Villamonte Navarro, Yuvery Marisol Palacios Díaz, Elen Ibeth González Martínez y Marisol Corangues Telles, es decir únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos, limitación que se establece hasta en tanto los profesionistas registren su cédula profesional que lo acredite como licenciado en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y hecho lo anterior lo hagan del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. Se hace del conocimiento de la totalidad de las partes, que toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a ellas o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza su uso en el presente sumario. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3º.C.725 C de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." (Registro: 167640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847). Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. En atención a lo dispuesto por el artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta a la parte quejosa para que: 1) De estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberá proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autoriza para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indique; o bien, deberá especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Por último, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo 21/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio ubicado en Shakespeare, número ciento veinticuatro, colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.

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