Jorge Rivera Sanchez
Expediente 289/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 289/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 24/04/2017
Partes del expediente
- Jorge Rivera Sanchez
Actuaciones
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- Principal
II. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el treinta de marzo de dos mil diecisiete, por la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, pues encuadran en las hipótesis previstas en el punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, del Acuerdo General Conjunto de referencia. 4. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
II. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio remitido vía fax a través del cual el Director General del Instituto Federal de la Defensoría Pública, comunica la imposibilidad de dar cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, por las razones expuestas en el oficio que se atiende. Ahora al oficio remitidos vía fax, de conformidad con lo previsto en el numeral 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de amparo, se le otorga valor probatorio, pues se reconoce como medio de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, entre los cuales se encuentra el fax, como un medio de transmisión de datos empleados en la red telefónica, por el cual se envía un documento que se recibe por el destinatario en copia fotostática y por ser confiable el medio en que fue comunicada dicha constancia, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel. Además, en el caso, se identificó a la persona que lo remitió y puede verificarse tanto el origen de la documentación como la hora y fecha de recepción, lo cual se desprende de las certificaciones secretariales que obran al reverso de los oficios en comento. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 27/2007, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2007, Tomo XXV, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de esta Ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica se encuentra el denominado fax, que es un medio de transmisión de datos que emplea la red telefónica, por el cual se envía un documento que se recibe por el destinatario en copia fotostática; de ahí que las constancias transmitidas por este medio, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si están certificadas por el secretario de Acuerdos del tribunal judicial al que se transmite el mensaje, sobre la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional federal que lo remitió, tienen pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fueron comunicadas dichas constancias, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del fax recibido." Por otra parte, toda vez que el artículo 2 fracciones VII y X de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, establece: "Artículo 2. La Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo que tendrá las siguientes funciones: (.) VIII. Coadyuvar y, en su caso, asistir a los indígenas que se lo soliciten en asuntos y ante autoridades federales, estatales y municipales; (.) X. Asesorar y apoyar en la materia indígena a las instituciones federales, así como a los estados, municipios y a las organizaciones de los sectores social y privado que lo soliciten; Por tanto, requiérase la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a efecto que dentro del término de tres días computados legalmente proporcione el nombre de una persona que tenga certificación para poder fungir como intérprete de la lengua mazahua y asistir a las quejosas durante el trámite del presente sumario constitucional. Apercibido que de no hacerlo así se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a treinta veces la Unidad de Medida de Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, establece que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas coadyuvará y, en su caso, asistirá a los indígenas que se lo soliciten en asuntos y ante autoridades federales, estatales y municipales; así como también asesorará y apoyará en la materia indígena a las instituciones federales, que lo soliciten. De ahí, que existe una obligación legal por parte de dicha comisión de proporcionar una defensa integral a los gobernados, lo que implica que deberán tomar en consideración el entorno social bajo el cual se desarrolla cada uno de sus patrocinados para cumplir con sus fines.
- Incidental
III. Toluca, Estado de México; nueve de marzo de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual hace del conocimiento el auto de siete de marzo de este año, en el que acusa recibo del oficio por el cual se le remitió el recurso de queja interpuesto por la Subdirectora de Área de la Dirección de Amparo y Derechos Humanos, de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisiona Nacional de la Secretaria de Gobernación. De igual forma, comunica que lo admitió quedando registrado con el número de recurso de queja 39/2017 y Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes y estese en espera de la determinación que al respecto emita el Tribunal Constitucional oficiante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.
- Incidental
II. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del ordinal 2°, agréguese a los autos los oficios signados por las autoridades responsables siguientes: Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma. Jueza del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Dos de la Fiscalía de Homicidios del Valle de Toluca. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Cinco de la Fiscalía Especializada de Homicidios del Valle de Toluca. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Cuatro de la Fiscalía Especializada de Homicidios del Valle de Toluca. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Tres de la Fiscalía Especializada de Homicidios del Valle de Toluca. A través de los cuales rinden informe previo. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dese vista con los oficios para conocimiento de las partes sin perjuicio de hacer nueva relación en la audiencia incidental.
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