Jorge Rivera Marinez, propietario de "Frutas y Legumbres"

Expediente 955/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
955/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2018

Partes del expediente

  • Jorge Rivera Marinez, propietario de "Frutas y Legumbres"

Actuaciones

  1. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JORGE RIVERA MARINEZ, POR SÍ Y EN CUANTO PROPIETARIO DE LA FUENTE DE EMPLEO FAMILIAR Y REPRESENTANTE DEL GIRO COMERCIAL DENOMINADO "FRUTAS Y LEGUMBRES", UBICADO EN LA CALLE CHILE BLOCK 5, NÚMERO 27, EN LA CENTRAL DE ABASTOS DE ESTA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN. Demanda y radicación Vista la demanda de amparo presentada por el quejoso Jorge Rivera Marinez, por sí y en cuanto propietario de la fuente de empleo familiar y representante del giro comercial denominado "Frutas y Legumbres", ubicado en la calle Chile Block 5, número 27, en la Central de Abastos de esta ciudad de Morelia, Michoacán; mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a la Auxiliar de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Morelia y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese con el número VI-955/2018, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ? Consideraciones previas El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone al juzgador la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil , ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." ? Análisis integral de la demanda Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, reveló que el acto reclamado por el quejoso Jorge Rivera Marínez, por sí y en cuanto propietario de la fuente de empleo familiar y representante del giro comercial denominado "Frutas y Legumbres", ubicado en la calle Chile Block 5, número 27, en la Central de Abastos de esta ciudad, es el siguiente: ? El acuerdo del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente laboral 4A-815/2018 , en el que se certificó la incomparecencia de los demandados: ? Nicolás Rivera Marines por sí y en cuanto persona física; ? La persona moral denominada Frutería Rivera; y, ? Quien o quienes resulten ser los propietarios y/o responsables y/o beneficiarios y/o usufructuarios de la fuente de trabajo ubicada en la calle chile bodega número 27 veintisiete en esquina con avenida piña en la colonia Elías Pérez Avalos dentro del mercado y/o central de abastos de esta ciudad de Morelia, Michoacán. Actos que reclamó a las autoridades responsables siguientes:  Auxiliar de la Junta Especial número Cuatro, correspondiente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, y secretaria de acuerdos de su adscripción; además del representante obrero y del representante patronal correspondientes a dicha Junta Local. ? Improcedencia de la demanda de amparo. Una vez precisado el acto reclamado, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo, por lo cual, se realizará el estudio respectivo. En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.).". De la lectura del artículo anterior, se desprende que el juicio de garantías resulta improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; asimismo, remite a la diversa fracción X del mismo precepto legal, que establece: "Artículo 61. (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.).". Por tanto, el juicio previo que haya versado por el mismo acto recamado, ha de ser promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, analizadas las fracciones X y XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que, para que opere la causa de improcedencia aludida son necesarios los requisitos siguientes: a) Que la ley o acto que se reclamen hayan sido materia de otro juicio de amparo. b) Que ese juicio haya sido resuelto y causado ejecutoria la sentencia en él dictado. c) Que ambos juicios de garantías hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XX.95 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 420, del Tomo IV, Noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. REQUISITOS QUE SE NECESITAN PARA QUE OPERE LA. Para la existencia de cosa juzgada en el juicio de amparo, es necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa o causa de pedir; debiendo existir por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." Ahora, como se adelantó, se actualiza el supuesto de cosa juzgada respecto del acto aquí reclamado por el quejoso, consistente en lo siguiente: ? El acuerdo del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente laboral 4A-815/2018 , en el que se certificó la incomparecencia de los demandados: ? Nicolás Rivera Marines por sí y en cuanto persona física; ? La persona moral denominada Frutería Rivera; y, ? Quien o quienes resulten ser los propietarios y/o responsables y/o beneficiarios y/o usufructuarios de la fuente de trabajo ubicada en la calle chile bodega número 27 veintisiete en esquina con avenida piña en la colonia Elías Pérez Avalos dentro del mercado y/o central de abastos de esta ciudad de Morelia, Michoacán. En efecto, resulta un hecho notorio para este juzgado, la existencia del juicio de amparo 952/2018-V, del índice de este órgano jurisdiccional, del que se desprende que el aquí quejoso Jorge Rivera Marinez, por sí y en cuanto propietario de la fuente de empleo familiar y representante del giro comercial denominado "Frutas y Legumbres", ubicado en la calle Chile Block 5, número 27, en la Central de Abastos de esta ciudad, por conducto de sus apoderados jurídicos Efraín Orozco Nieves y Manuel Alcaráz Ávila, señaló como autoridades y acto reclamado los siguientes:  Auxiliar de la Junta Especial número Cuatro, correspondiente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, y secretaria de acuerdos de su adscripción; además del representante obrero y del representante patronal correspondientes a dicha Junta Local.  El acuerdo del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente laboral 4A-815/2018 , en el que se certificó la incomparecencia de los demandados: ? Nicolás Rivera Marines por sí y en cuanto persona física; ? La persona moral denominada Frutería Rivera; y, ? Quien o quienes resulten ser los propietarios y/o responsables y/o beneficiarios y/o usufructuarios de la fuente de trabajo ubicada en la calle chile bodega número 27 veintisiete en esquina con avenida piña en la colonia Elías Pérez Avalos dentro del mercado y/o central de abastos de esta ciudad de Morelia, Michoacán. En el citado juicio de amparo, mediante resolución de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, se desechó de plano por notoria e indudable improcedencia la demanda de amparo respectiva, respecto de los actos y autoridades responsables. Tal juicio de amparo se conoce ampliamente por razón de la actividad jurisdiccional que es propia de este Tribunal, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles , aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto segundo. Sustentan lo expuesto, los criterios siguientes: Jurisprudencia VI.1º.P. J/25, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1199, tomo XV, Marzo de 2002, que dispone: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 103/2007, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En efecto, el mencionado juicio 952/2018-V, fue promovido ante este juzgado por el ahora quejoso Jorge Rivera Marinez, por conducto de sus apoderados jurídicos Efraín Orozco Nieves y Manuel Alcaráz Ávila, donde señaló como autoridades responsables a las siguientes: ? Auxiliar de la Junta Especial número Cuatro, correspondiente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, y secretaria de acuerdos de su adscripción; además del representante obrero y del representante patronal correspondientes a dicha Junta Local. Y como actos reclamados los siguientes:  El acuerdo del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente laboral 4A-815/2018 , en el que se certificó la incomparecencia de los demandados: ? Nicolás Rivera Marines por sí y en cuanto persona física; ? La persona moral denominada Frutería Rivera; y, ? Quien o quienes resulten ser los propietarios y/o responsables y/o beneficiarios y/o usufructuarios de la fuente de trabajo ubicada en la calle chile bodega número 27 veintisiete en esquina con avenida piña en la colonia Elías Pérez Avalos dentro del mercado y/o central de abastos de esta ciudad de Morelia, Michoacán. En el citado juicio de amparo, mediante resolución de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, se desechó de plano por notoria e indudable improcedencia la demanda de amparo respectiva al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, interpretados éstos dos últimos en sentido contrario, en concordancia con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por los razonamientos siguientes: ? "De lo anterior, se colige que el acuerdo que constituye el acto reclamado, no es de aquellos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que la afectación de derechos adjetivos que alega la parte quejosa únicamente trae como consecuencia que se siga el procedimiento a efecto de que la celebración de la audiencia establecida en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, lo que produce solamente consecuencias intraprocesales que pueden ser reparadas al momento del desahogo de dicha audiencia. No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que, como se advierte de la narrativa realizada anteriormente, al quejoso directo Jorge Rivera Marinez, se le reconoció el carácter de codemandado y, a Efraín Orozco Nieves y Manuel Alcaraz Ávila, en cuanto apoderados jurídicos del codemandado físico, no así en su carácter de propietario de la fuente de empleo familiar y representante del giro comercial denominado "Frutas y Legumbres", ubicado en la calle Chile Block 5, número 27, en la Central de Abastos de esta ciudad de Morelia, Michoacán, lo anterior, tal como se desprende del Poder notarial que anexan a su escrito de cuenta (foja 16 vuelta). Sin embargo, ello se puede subsanar al momento del desahogo de la audiencia de mérito en la fecha señalada por la autoridad responsable, toda vez que en el procedimiento laboral que subyace se tiene que la juta responsable, está en aptitud de determinar a quién reviste el carácter de demandada en la etapa de demanda y contestación, virtud al desarrollo de esa etapa al tenor de las reglas procesales establecidas en los diversos 878 y 879 de la Ley Federal del Trabajo . Lo que también, dado el caso, podría subsanarse si obtiene sentencia favorable dentro del juicio de origen, en razón de que no originan, desde luego, un ataque a los derechos humanos del promovente; pero de no ser así, estará en condiciones de recurrir las violaciones cometidas al promover el juicio de amparo directo contra la resolución que en su momento se dicte, en donde las podrá hacer valer como violaciones a las leyes del procedimiento que afectan sus defensas, en términos de lo dispuesto por el artículo 172, fracción XII de la Ley de Amparo, y obtener por ese medio que se subsane la infracción procesal que se hubiere cometido. Por tanto, el acto que reclama en esta vía constitucional, no puede ser considerado un acto de imposible reparación toda vez que éste tiene como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, ello es así, pues se debe considerar que el acto recurrido, tiene por efecto que se siga, como ya se indicó, el juicio por sus cauces legales, lo que no genera una violación directa y actual a un derecho sustantivo. En ese orden de ideas, al acto reclamado por la parte quejosa no reviste la característica de ser un acto de imposible reparación, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado por el acto de autoridad, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales, como pueden ser los autos o resoluciones que diriman cuestiones de personalidad, admisión o desechamiento de pruebas o debido proceso, etcétera". Por tanto, el acuerdo del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente laboral 4A-815/2018, reclamado por el quejoso en esta demanda de amparo, guarda estrecha vinculación con lo analizado en el juicio de amparo 952/2018-V. De lo anterior se advierte que tanto el presente juicio como en el diverso 952/2018-V, del índice de este órgano jurisdiccional, fueron promovidos por el mismo quejoso, en contra del mismo acto reclamado, autoridades responsables y juicio de origen; consecuentemente, se surten los requisitos de la figura jurídica de cosa juzgada. Esto es así, pues la finalidad que se busca en las fracciones X y XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es evitar la emisión de sentencias contradictorias y, especialmente, obtener el respeto de la cosa juzgada, que podría vulnerarse si se promovieran tantos juicios de amparo al libre arbitrio de la parte quejosa, en contra de un mismo acto, contrario a lo consagrado en la garantía constitucional de seguridad jurídica. Robustecen lo anterior los criterios siguientes: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." "COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS. Supuestas las identidades clásicas de partes, de cosa u objeto y de causa de pedir o hecho generador del derecho ejercitado, del pronunciamiento de derecho emana la autoridad de cosa juzgada formal, que hace irrecurrible el acto, y de cosa juzgada material, que hace indiscutible el hecho sentenciado, esto es, las partes no pueden reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutora, o alguna otra, pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva e irrecurriblemente juzgado." Asimismo, si bien en el juicio de amparo 952/2018-V, del índice de este órgano jurisdiccional, no se hizo pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado, lo cierto es que la determinación de desechar de plano la demanda de amparo, se debió a la actualización de la causa de improcedencia prevista en en la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, interpretados éstos dos últimos en sentido contrario, en concordancia con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, ante la firmeza adquirida no puede ser soslayada en una posterior contienda constitucional al existir identidad entre el quejoso, acto reclamado y autoridad responsable, dado que en modo alguno puede trastocarse una resolución en la que se determinó que el acto reclamado no reviste la característica de ser un acto de imposible reparación de la parte quejosa. Sirve de apoyo, la tesis 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 524, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías. También se cita la tesis aislada 1a. XCV/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1107, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia." ? Desechamiento Consecuentemente, lo procedente es desechar de plano, por notoria e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por Jorge Rivera Marínez, por sí y en cuanto propietario de la fuente de empleo familiar y representante del giro comercial denominado "Frutas y Legumbres", ubicado en la calle Chile Block 5, número 27, en la Central de Abastos de esta ciudad, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61 fracciones X y XI, de la Ley de Amparo. No escapa a la consideración de este juzgador que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por esta juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". ? Domicilio procesal y autorizados Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a Efraín Orozco Nieves, pues no obstante que no tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se adjuntó al escrito de demanda copia cotejada de su cedula profesional y únicamente para consultar e imponerse de los autos al resto de las personas señaladas. ? Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. ? Digitalización Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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