Jorge Rivera Machique

Expediente 1164/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 30 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1164/2018
Año
2018
Actuaciones
30
Última actuación
27/01/2021

Partes del expediente

  • Jorge Rivera Machique

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    MESA 6-B.- Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que debido a los contagios generados por el virus denominado COVID19, mediante Circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal informó que en sesión de la misma fecha acordó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno, periodo durante el cual, con las salvedades previstas en el citado esquema, se suspendieron los plazos y términos procesales. Asimismo, que de conformidad con la Circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó que a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, el ordenamiento aplicable para la operación de este órgano jurisdiccional y demás que integran el Vigésimo Circuito es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, que regía hasta antes de la suspensión. En tales condiciones, con fundamento en la fracción I del artículo 2 del Acuerdo General citado en el párrafo que antecede, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales decretada en el presente asunto y se reanuda el procedimiento en el presente asunto, con la precisión de que dicha determinación implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por otra parte, visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días, que el artículo 202 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de inconformidad, contra el auto de cuatro de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual, se declaró sin materia el cumplimiento de la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, sin que las partes interesadas lo hicieran valer; en consecuencia, se tiene por consentida dicha determinación. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 18 del acuerdo normativo. 2. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, que en su momento sólo quedará para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral. Devuélvase al Fiscal del Ministerio Público Investigador Número 15 adscrito a la Unidad De Investigación y Judicialización, en esta ciudad, un tomo de prueba, que remitió en apoyo a su informe justificado.

  2. Principal

    MESA 6-B.- Vista la diligencia de ratificación que antecede, por medio de la cual el quejoso Jorge Rivera Machique, ratificó el contenido y firma de su escrito presentado ante este juzgado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, al respecto se provee lo siguiente: En atención al escrito presentado por el quejoso Jorge Rivera Machique, en que por una parte revoca a los autorizados José Luis Pastor Hernández y Olga Lidia Reyes Hernández, por así convenir a sus intereses, ante su solicitud, se deja de tener como sus autorizados de la parte quejosa a las personas antes citadas. Así también, el promovente manifiesta, que no es su deseo continuar con el cumplimiento de la ejecutoria del amparo y solicita se ordene el archivo del presente expediente, ello en virtud de haber llegado a un arreglo con la victima Concepción Patricia López Cabrera, a fin de realizar el pago de la reparación del daño. En atención a lo anterior, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de tres de diciembre actual, se reservó proveer en relación al oficio presentado por el Juez de Control Región Cero Dos, de esta ciudad, hasta en tanto el quejoso ratificara o no el escrito presentado el veintiséis de noviembre pasado; hecho que ya aconteció con la diligencia de ratificación en comento. En ese contexto, se tiene al Juez responsable informando mediante oficio 2492-JCSC/2020 que comparecieron Jorge Rivera Machique en su calidad de imputado (aquí quejoso), así también, la defensora pública Patricia Analy Rosaldo Canel y Annaury Núñez Borges, Fiscal del Ministerio Publico Investigadora, adscrita a la unidad de Investigación y Justicia Restaurativa de esta ciudad; en dicha comparecencia manifestaron que no es su deseo continuar con el trámite de control judicial; toda vez que el citado quejoso y la víctima Concepción Patricia López Cabrera, en ocho de febrero del año en curso celebraron convenio por el pago por concepto de la reparación del daño, por tanto no tiene interés de continuar con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y al efecto el juez responsable remite las constancias relativas a dicha comparecencia. En intención a lo anterior, este juzgado procede a pronunciarse sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables vinculadas para ello, con base en las constancias que obran en el sumario y de conformidad con lo establecido por el artículo 77 de la Ley de Amparo...De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Para ello, primeramente, es menester dejar sentado que en sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo a la parte quejosa para los siguientes efectos:..Bajo ese parámetro, a fin de determinar si en el caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Como se precisó, el efecto sustancial de la ejecutoria de amparo fue para que el Juez de Control Región Cero Dos, con sede en esta ciudad, dejara insubsistente el acuerdo dictado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en el acta de control judicial 63/2018, así también convocar a las partes involucradas al desahogo de la audiencia solicitada por el quejoso Jorge Rivera Machique, en la que, deberá resolver lo que en derecho corresponda, con apego al contenido de los artículos 16, 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con plenitud de jurisdicción. Ahora bien, del contenido de las constancias que remite el juez responsable, se obtiene que mediante auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, ordenó dejar insubsistente el diverso auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en el acta de control judicial 63/2018, en el que declaró la imposibilidad que tenía para llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos solicitada por el quejoso Jorge Rivera Machique, fijando las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veinte para la celebración de la referida audiencia. Asimismo, remitió el auto de veintisiete de noviembre de su índice, por el que dejó insubsistente la audiencia antes citada, toda vez que mandó a ratificar el escrito presentado por el quejoso ante el juez oficiante en el que manifestó no tener el deseo de llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos. En esa misma fecha, se tuvo por recibido el oficio de la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Investigador Número 15, de la Unidad Integral de Investigación y Judicialización de Tapachula, Chiapas, por el que informa que en veintiséis de noviembre pasado, el promovente del presente juicio de amparo, compareció ante dicha representante social a fin de hacer de su conocimiento que no tiene interés en seguir con el cumplimiento de la ejecutoria del presente juicio y al efecto remite dicha diligencia. Ahora bien, de las constancias que acompañan el oficio 2492/JCSC/2020 enviado por el Juez de Control Región Cero Dos, con sede en esta ciudad, se obtiene que en diligencia de uno de diciembre actual, comparecieron Jorge Rivera Machique en su calidad de imputado (aquí quejoso), así también, la defensora publica Patricia Analy Rosaldo Canel, por medio de la cual manifestaron que no es su deseo continuar con el trámite de control judicial derivado del cumplimiento de la ejecutoria del presente juicio de amparo, toda vez que el quejoso celebró un acuerdo a fin de realizar el pago de daños y perjuicios; en la referida diligencia también compareció Annaury Núñez Borges, Fiscal del Ministerio Publico Investigadora, adscrita unidad de Investigación y Justicia Restaurativa de esta ciudad, en la que manifestó que en la carpeta de investigación 4065-089-0501-2018 el imputado celebró convenio para el pago por concepto de la reparación del daño el ocho de febrero del año en curso, con la víctima Concepción Patricia López Cabrera. Cabe destacar que el quejoso Jorge Rivera Machique, ratificó en tres de diciembre del actual, el escrito presentado el veintiséis de noviembre pasado por el que manifiesta que no es su deseo seguir con el cumplimiento de la ejecutoria del amparo. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo 2142 de la Ley de Amparo, se declara sin materia el cumplimiento al fallo protector. Lo anterior es así, toda vez que el Juez responsable, mediante auto de uno de diciembre actual, llevó a cabo, diligencia por la que el quejoso ratificó que no es su deseo seguir el trámite de control judicial derivado del cumplimiento de la ejecutoria del presente juicio de amparo. Aunado que, mediante diligencia de ratificación de tres de diciembre actual, ratificó su escrito presentado ante este juzgado, a fin manifestar que no tiene interés en el cumplimiento de la ejecutoria del presente juicio, por lo que solicita que se ordene el archivo del presente expediente. Bajo ese contexto, es válido apuntar que, técnica y jurídicamente ya no existe materia para exigir el cumplimiento del fallo protector, dado que la parte quejosa no desea llevar a cabo la audiencia de control judicial materia del acto reclamado, propiciando a que ya no se pueda exigir a las responsables el cumplimiento de la ejecutoria en sus términos, por haber quedado satisfecho el objeto materia de la sentencia protectora. Orienta lo anterior, la tesis 3a. CXLVII/91, sustentada por la tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Noviembre de 1991, Octava Época, Página 58, registro electrónico 206895, que dice lo siguiente:...Por lo tanto, se reitera, es inconcuso que la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, ha quedado sin materia conforme a los artículos 77 y 214 de la Ley de Amparo...Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    MESA 6-B.- Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la comunicación de la autoridad responsable Juez de Control Región Cero Dos, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa que comparecieron Jorge Rivera Machique en su calidad de imputado (aquí quejoso), así también, la defensora pública Patricia Analy Rosaldo Canel y Annaury Núñez Borges, Fiscal del Ministerio Publico Investigadora, adscrita unidad de Investigación y Justicia Restaurativa de esta ciudad, en dicha comparecencia manifestaron que no es su deseo continuar con el trámite de control judicial; toda vez que el citado quejoso y la víctima Concepción Patricia López Cabrera, en ocho de febrero del año en curso celebraron convenio para el pago por concepto de la reparación del daño, por tanto no tienen interés de continuar con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En ese contexto, ténganse a la autoridad responsable informando de lo anterior; lo cual se reserva proveer hasta en tanto el quejoso Jorge Rivera Machique, ratifique o no su escrito presentado ante este juzgado en veintiséis de noviembre de dos mil veinte.

  4. Principal

    MESA 6-B.- Vista la cuenta, con fundamento en el artículo 3 de la ley de amparo, se tienen por recibidos los oficios enviados por las autoridades responsables Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación y Justicia Restaurativa y por el Juez de Control Región Cero Dos, ambos con sede en esta ciudad; mediante los cuales informan que se encuentra realizando las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Asimismo, la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación, informa que el veintiséis de noviembre pasado, el promovente del presente juicio de amparo compareció ante dicha representante social a fin de hacer de su conocimiento que no tiene interés en seguir con el cumplimiento de la ejecutoria del presente juicio y al efecto remite las constancias relativas a dicha comparecencia. Por otra parte, de las constancias que remite el juez responsable, se obtiene que el quejoso Jorge Rivera Machique, presentó el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, un escrito por medio del cual manifestó no querer llevar a cabo la audiencia de control judicial señalada para el día veintiocho de noviembre de dos mil veinte, lo anterior en virtud de haber llevado a cabo un acuerdo con la victima a fin de realizar la reparación del daño; por lo que el juez de control acordó dejar sin efectos la referida audiencia y mandó a ratificar el escrito presentado por el aquí quejoso. Aunado a lo anterior, en esa misma fecha la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación, presentó ante el citado juez las constancias relativas al acuerdo realizado el ocho de febrero de la presente anualidad por Jorge Rivera Machique y Concepción Patricia López Cabrera (victima) en el cual acordaron el pago por reparación del daño; así también exhibió la comparecencia de la víctima anteriormente citada en donde manifestó que no es su deseo llevar a cabo ningún tipo de audiencia. En ese contexto, ténganse a la autoridades responsables informando las gestiones que se encuentran realizando a fin de poder dar cumplimiento al fallo protector; información que se tomará en cuenta al momento de analizar el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

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