Jorge Rios Peraza
Expediente 985/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora. 17 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 985/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 18/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jorge Rios Peraza
- JORGE RIOS PERAZA y Otros.
- Secretario de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, Con Sede En la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Visto oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, remite copias certificadas relativas al juicio de amparo 985/2021 y copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja administrativo 454/2022, ... acúsese recibo de estilo que corresponda,... se ordena el archivo definitivo del presente juicio, ... agréguese sin mayor determinación oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, toda vez que en esta misma fecha se agregó el testimonio correspondiente.
- Principal
se declara que el auto de iecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, ha causado estado.... se advierte que se encuentra pendiente la remisión del recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable en contra del auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno; ríndase informe al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito en Turno, con residencia en ésta ciudad, manifestando que es cierto el acto reclamado, anéxese al informe el original y copia del escrito de agravios, así como copia certificada de las constancias relativas.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la Jueza Lorena Cañez Holguín, se encuentra adscrita como Titular de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora. Por otra parte, agréguese a los el escrito y anexo de cuenta signado por el representante de la parte quejosa, mediante el cual manifiesta que el once de noviembre del año en curso, la menor quejosa recibió la vacuna Pfizer, remitiendo copia simple por el cual acredita la aplicación de la misma; en consecuencia, es evidente que sobrevino una causal de improcedencia, por lo que ésta juzgadora procede a su estudio de oficio y de manera preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 63 fracción IV del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" En efecto, en el presente caso Jorge Ríos Peraza, en representación de la menor I.M.R.O., promovió demanda de amparo contra actos del Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, consistente esencialmente en la omisión de aplicar a la menor I.M.R.O., la vacuna "Pfizer-BionTech" contra el virus "COVID-19", así como de modificar la Política Nacional de Vacunación, con la finalidad antes indicada, esto es, de modo tal que pueda ser suministrada la vacuna relativa a la citada infante. Sin embargo, de las documentales antes precisadas se advierte que el once de noviembre de dos mil veintiuno, la menor recibió la primera dosis de la vacuna en mención; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo. En relación con lo anterior, es importante precisar que según la Política Nacional de Vacunación, "versión 7.0", publicada el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, a la población que se administre como primera dosis la vacuna PfizerBioNTech, cuenta con garantía de la segunda dosis. Por tal motivo, ha quedado demostrado que la omisión reclamada ya no se materializa en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues el once de noviembre de dos mil veintiuno se aplicó a la infante quejosa la vacuna de mérito, lo que aconteció con posterioridad al treinta de agosto de dos mil veintiuno, en que se presentó la demanda de derechos. Con lo anterior queda establecido que los efectos del acto reclamado en el presente juicio de control constitucional, han cesado; razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y como consecuencia procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio, de acuerdo a lo establecido por la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal antes citado. Al efecto tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, del tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J. N, del instrumento de culta que reza: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que esnecesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Asimismo, se invoca por aplicable, la tesis número 415, sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., que al efecto dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que establezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Sin que sea necesario para ello la celebración de la audiencia constitucional respectiva, pues el motivo de improcedencia en estudio, se encuentra demostrado de tal manera, que no podría ser desvirtuado por medio de convicción alguno que aportara alguna de las partes, resultando innecesario que se lleve a cabo. Por tanto, quedan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que en su contenido reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia Tesis: II.2o.P. J/23 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultaba en la página 991 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, que establece: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto."
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA JORGE RIOS PERAZA EN REPRESENTACION DE SU MENOR HIJO ILEANA MARIA RIOS OJEDA EL AUTO DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: SE FIJA FECHA PARA QUE ACUDA EL MENOR A SER VACUNADO
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