JORGE RÍOS MARTÍNEZ y Otros.
Expediente 575/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 575/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jorge Ríos Martínez
- JORGE RÍOS MARTÍNEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el trece de octubre de dos mil dieciséis, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico por ende destruible.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos el escrito presentado por los quejosos Jorge, Leticia, Rosa María y María del Carmen, todos de apellidos Ríos Martínez, por el que dan cumplimiento al requerimiento efectuado por este juzgado en auto de cuatro de octubre actual; en consecuencia: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten de materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano se parte;" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios, o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: "(.)III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;" La parte quejosa reclama en este juicio de amparo: "(.) la resolución interlocutoria de fecha dos de septiembre del año dos mil dieciséis, dictada dentro del recurso de revocación interpuesto por el Apoderado Jurídico de JOSE PATROCINIO RIOS RUIZ, que se tramitó dentro del Cuadernillo de Pruebas de la parte actora, dentro del Juicio Ordinario Mercantil marcado con el número 1311/2010 que promovemos los suscritos en contra de JOSE PATROCINIO RIOS RUIZ Y OTROS." De lo antes transcrito, puede concluirse que el acto que reclama la parte quejosa, no tiene una ejecución de imposible reparación, porque los efectos del mismo no son susceptibles de producir afectación de manera directa e inmediata a alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución General de la República. Se afirma lo anterior, toda vez que de los antecedentes y anexos de la demanda de garantías, se advierte que: 1. Jorge, Leticia, Rosa María y María del Carmen, todos de apellidos Ríos Martínez, demandaron en la vía ordinaria mercantil a José Patrocinio Ríos Ruiz, en su calidad de administrador único de "Tintorería La Moderna de Zacatecas", Sociedad Anónima de Capital Variable, y "Tintorería y Lavandería La Moderna de Zacatecas", Sociedad Anónima de Capital Variable, así como del menor José Andrés Ríos Gutiérrez, y a María Guadalupe Gutiérrez Ortiz, en su calidad de representante legítima del menor José Andrés Ríos Gutiérrez, por la entrega de los certificados provisionales y títulos representativos de las acciones que tienen en la empresa entre otras prestaciones, juicio del que correspondió conocer al Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, registrándolo bajo el número 1311/2010. 2. Admitida que fue la demanda, se ordenó emplazar a los demandados, para que dieran contestación a la demanda y opusieran las excepciones y defensas que creyeran convenientes de su parte. 3. Emplazada que fue la parte demandada, dieron contestación a la demanda interpuesta en su contra, interponiendo reconvención; a la que los actores en principio y demandados en la reconvención dieron contestación en tiempo. 4. Seguidos los trámites correspondientes, se abrió el periodo probatorio; en el cual ambas partes ofrecieron las pruebas que estimaron pertinentes de su parte; desahogándose las mismas en su oportunidad. 5. A la fecha de la presentación de la demanda que ahora se estudia quedaba pendiente por desahogar la prueba ofertada por la actora, aquí quejosa, consistente en el informe de autoridad a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 6. Por auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, el Juez Tercero del Ramo Penal del distrito judicial de la Capital, dictó auto a petición de la parte actora, en el cual ordenó girar nuevo exhorto al Juzgado treinta y nueve de la Ciudad de México, para que éste girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que informará lo peticionado en acuerdo de veintitrés de enero de dos mil once, haciendo hincapié en dicho exhorto al Registro Federal de Contribuyentes proporcionado por el oferente de la prueba, así como para que girara diverso oficio a la institución de crédito BBVA Bancomer, para que informará todos y cada uno de los movimientos realizados en las cuentas referidas por la actora, desde mil novecientos ochenta y siete al veintiuno de abril de dos mil catorce. 7. Inconforme con el contenido del referido auto, el abogado de la parte demandada, el dos de junio de dos mil dieciséis, promovió recurso de revocación, el cual fue admitido y con el que se dio vista a la contraria, desahogando la misma en tiempo y forma, por lo que el primero de agosto del actual, se ordenó turnar para dictar la resolución correspondiente. 8. El dos de septiembre de dos mil dieciséis, el Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, dictó resolución en la cual determinó que era parciamente procedente el recurso de revocación y, ordenó girar nuevo exhorto al Juez del Ramo Civil en turno en la Ciudad de México, con los insertos necesarios, para que en su auxilio libre oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que proporcione la información solicitada en el escrito de ofrecimiento de pruebas, tomando en consideración para ello los registros federales de contribuyente que se le proporcionan; y, negó ordenar se girara oficio a la institución de crédito BBVA Bancomer, en los términos solicitados, en atención a que ésta no forma parte de los puntos de ofrecimiento y admisión de pruebas de la parte actora, ni es ofrecida como prueba superveniente; lo que constituye del acto reclamado. De lo anterior se corrobora que, como se asentó con anterioridad, el acto reclamado solo produce efectos intraprocesales, que pueden ser reclamados una vez que se dicte el fallo definitivo en caso que éste sea desfavorable a los inconformes, mediante el juicio de amparo directo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, pues no tiene una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, a través de las garantías individuales. En efecto, la afectación que dice sufrir la parte quejosa, con motivo de la no admisión de la prueba documental ofertada, podría quedar sin efectos, si obtiene una resolución favorable a sus intereses en los autos del juicio ordinario mercantil 1311/2010 promovido por Jorge, Leticia, Rosa María y María del Carmen, todos de apellidos Ríos Martínez, contra José Patrocinio Ríos Ruiz, en su calidad de administrador único de "Tintorería La Moderna de Zacatecas", Sociedad Anónima de Capital Variable, y "Tintorería y Lavandería La Moderna de Zacatecas", Sociedad Anónima de Capital Variable, así como del menor José Andrés Ríos Gutiérrez y de María Guadalupe Gutiérrez Ortiz, en su calidad de representante legítima del citado menor, ya que el acto reclamado constituye una violación al procedimiento, que no causa un gravamen irreparable, en los términos de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que ello sucede sólo cuando se afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa violación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el procedimiento del que emana, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues por su naturaleza jurídica sólo producen efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable y, en el supuesto de que no lo fuera, estaría la parte aquí quejosa en aptitud de interponer el recurso ordinario si en su caso fuera procedente, o incluso acudir al juicio de amparo directo, donde podría delatar las violaciones procesales, por lo que con el acto reclamado, no hay duda de que no se está en presencia de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Es aplicable al respecto, por analogía el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la tesis VI.2o.C.167 K, que aparece publicada en la página mil ciento setenta y uno, tomo XVII, correspondiente al mes de Febrero de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos.". Así como la tesis de jurisprudencia publicada en la página once de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación número cincuenta y seis, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE SE PRESENTA, PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que solo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". De igual forma, es aplicable al caso en lo conducente, el contenido de las tesis de jurisprudencia números 407 y 927, visibles en las páginas 273 y 637, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que en el orden citado dicen: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El amparo indirecto es improcedente contra el auto que desecha una prueba, dado que se trata de una violación al procedimiento, comprendida en la fracción III del artículo 159 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, que debe reclamarse al interponerse el amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio, previa la preparación legal necesaria, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 161 de la misma ley". y; "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma Ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que transcendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo". Asimismo, es aplicable al caso en lo conducente la tesis por contradicción 39/90, resultado de las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, legible en la página 280, tesis 420, tomo VI, Parte SCJN, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época del Apéndice de 1995, que dice: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." En estas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis, ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida Jorge, Leticia, Rosa María y María del Carmen, todos de apellidos Ríos Martínez, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, con fundamento en el artículo 113 de la Ley reglamentaria en consulta.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueven Jorge, María del Carmen, José Raúl, Leticia y Rosa María, todos de apellidos Ríos Martínez, contra actos del Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, el Juez acuerda. Anótese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda y fórmese expediente. De la lectura íntegra de la demanda de cuenta, se advierte que la misma presenta irregularidades, en atención a que no se precisa a quien le asiste el carácter de quejoso, pues en el primer párrafo señala Jorge, María del Carmen, José Raúl, Leticia y Rosa María, todos de apellidos Ríos Martínez; y en el segundo párrafo dice: "Por medio del presente escrito y en mi carácter de Albacea de la Sucesión Intestamentaria a bienes de GUSTAVO OLVERA FRAGA, vengo a solicitar EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL en contra de los actos y autoridades que en seguida mencionaré.". Por lo que, con fundamento en el artículo 114, fracción III, en relación con el artículo 108 ambos de la Ley de Amparo, requiérase a los quejosos para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia, cumpla con la obligación que le impone la fracción I, del artículo 108 en relación con el 11 ambos del citado ordenamiento legal; y precise si los quejosos son Jorge, María del Carmen, José Raúl, Leticia y Rosa María, todos de apellidos Ríos Martínez, así como también la Sucesión Intestamentaria a bienes de Gustavo Olvera Fraga. Y en caso de ser quejosa también la Sucesión Intestamentaria a bienes de Gustavo Olvera Fraga, precise a quien le asiste el carácter de albacea de la misma y, acredite con las constancias idóneas, la personalidad que le asiste, ya sea en original o copia fotostática certificada y legible, a fin que este Juzgado esté en aptitud de acordar lo conducente respecto de la demanda interpuesta. Tiene aplicación al respecto, Jurisprudencia 1/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las fojas cuarenta y siete y cuarenta y ocho del tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.". Se apercibe a los promoventes del amparo, que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido en el plazo indicado, se tendrá por no presentada su demanda, conforme lo dispone el numeral 114 de la Ley de Amparo. Ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Soraya Ishel López Badillo, Martha Elva Fraire Velázquez, Juan Ignacio Ruiz Ramos, Santiago Ismael Villamil Gamboa, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, más no así para promover a Mayra Alejandra Olvera Fraire, Omar Gustavo Olvera Fraire y Carlos David Olvera Fraire; y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Santa Ana número 12, colonia Lomas del Convento Zona Conurbada en la ciudad de Zacatecas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, por cualquier medio, de que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos para tal efecto y el buscado, o la persona con quien se entiende la notificación se negare a recibirla, o no ocurrieren a su llamado, el diligenciario la hará por medio de lista.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · 7,805 expedientes
- Jorge Patricio Villalobos González508/2020
- Jorge Patricio Villalobos González1936/2018
- Jorge Quiroz González414/2018
- Jorge Ramírez Oliva166/2022
- Jorge Reyes Preciado458/2016
- Jorge Ríos Ibarra913/2019
- Jorge Ríos Martínez842/2017
- Jorge Roberto Ávila Rivera958/2021
- Jorge Rodolfo Ortiz Malenciano1526/2018
- Jorge Rodríguez Márquez254/2022
- Jorge Sacamo Márquez430/2016
- Jorge Sánchez Nieto58/2019