Jorge Rios Martinez
Expediente 749/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 749/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jorge Rios Martinez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que envía el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, mediante el cual remite copia autorizada de la sentencia pronunciada por ese órgano colegiado, en el conflicto competencial 34/2023, derivado del presente sumario; la cual, en lo que interesa dice: «PRIMERO. Sí existe conflicto de competencia. SEGUNDO. Se declara competente al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, para conocer del juicio de amparo promovido por Jorge Ríos Martínez». De lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes, acúsese recibo. Archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido de conformidad con lo que dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo. Valoración de expediente.*** Hágase constar esta valoración en la carátula, en términos del ordinal 34 de dicho acuerdo general. Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese en autos el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual informa que el órgano jurisdiccional de su adscripción admitió el conflicto competencial planteado por este órgano jurisdiccional, mismo que fue radicado con el número 34/2023. De lo que se toma nota para los fines legales conducentes.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, residente en Irapuato, mediante el cual informa que determinó no aceptar la competencia declinada por este órgano jurisdiccional por los motivos que refiere; además, acompaña los autos originales del juicio de amparo 749/2023 de este índice. Se insiste en declinar competencia. Ahora, vistas las consideraciones expuestas en el comunicado de cuenta, este juzgado respetuosamente disiente de lo expresado por el homólogo foráneo e insiste en declinar la competencia por las razones expresadas en proveído de doce de septiembre del presente año, por lo que se emite el siguiente acuerdo: Carecimiento de competencia. En el mencionado acuerdo este órgano judicial determinó carecer de competencia, por las siguientes consideraciones: En relación con ese elemento, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país en la contradicción de criterios 7/2015 determinó que la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Precisado lo anterior, la misma Sala en la contradicción de criterios 72/2020 indicó que los actos reclamados de acuerdo con su naturaleza pueden ser positivos, negativos o declarativos. Caso concreto. Primeramente, es necesario precisar que la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, al resolver la contradicción de criterios 148/2003-PS dispuso que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente la persona juzgadora en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, la persona juzgadora competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. Siguió que, si el acto reclamado es una orden de aprehensión, la cual por su naturaleza requiere de ejecución material, y el quejoso se encuentra recluido, es indudable que la persona juzgadora competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida. En estos términos, si la parte promovente reclama la orden de aprehensión, presentación y comparecencia; y se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social en Salamanca, Guanajuato, resulta evidente que en ese lugar se ejecutarán los actos reclamados. Por tanto, el acto reclamado tendrá un efecto o ejecución material en la esfera jurídica del quejoso en la ciudad de Salamanca, Guanajuato; por tal motivo, este juzgado estima carecer de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda que se estudia. Además, esta conclusión es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atiende a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales. Entonces, si el acto reclamado tendrá ejecución material en Salamanca -jurisdicción de los Juzgados de Distrito residentes en Irapuato- es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues dicho lugar se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal. Por su parte, la autoridad oficiante manifestó que no aceptaba la competencia declinada, pues consideró que la parte quejosa expresamente señaló: « [..]la posible orden de aprehensión; de presentación o comparecencia que dicten, hayan dictado o que estén por dictarse en mi contra. LA POSIBLE EJECUCIÓN DE. DICHAS ORDENES DE APREHENSIÓN Y/O DE PRESENTACIÓN Y/O COMPARECENCIA" Que de igual manera reclamo de estas autoridades la posible captura en mi perjuicio, sin que obrase orden judicial de aprehensión y/o de presentación y/o de comparecencia, así como los actos tendientes a forzarme a declarar en mi contra, reclusión con aislamiento e incomunicación y los señalados por los artículos 20, 21 y 22 de la Constitución General de la República y 17 fracción IV de la ley de amparo, ya que tengo el temor fundado de una desaparición forzada y de esa desaparición se me apliquen golpes, tormentos y hasta privarme de la vida con tal de hacerme confesar delitos que no he cometido, así como cualquier acto prohibido por el artículo 22 constitucional Por lo que, la jueza Décima de Distrito en el Estado, residente en Irapuato, estimó que esta juzgadora fue omisa en requerir al promovente para que señale autoridades ejecutoras en esa ciudad, a fin de fincar la competencia por territorio, ya que argumenta que el lugar de reclusión no determina la competencia del juez de distrito. No obstante la postura del juzgado oficiante, este órgano jurisdiccional respetuosamente disiente de lo expuesto en el oficio que se recepciona, pues al margen de que el quejoso se encuentra recluido en Salamanca, Guanajuato, contrario a lo sostenido, en la demanda se señaló como autoridad responsable -entre otras- al fiscal General del Estado residente en la ciudad de Guanajuato. Autoridad que, dada sus funciones tiene competencia para ejercerlas dentro de la circunscripción territorial en todo el Estado; por ello, ya que al menos una autoridad señalada como responsable tiene jurisdicción en la ciudad de Salamanca, Guanajuato; localidad en la cual, el quejoso se encuentra recluido. Además, si bien en la contradicción de tesis 571/2012, la Primera Sala del Máximo Tribunal refirió que para estimar competente a una persona juzgadora de Distrito ante quien se promueve juicio de amparo en contra de una orden de detención o de aprehensión ¿Era forzoso que en la demanda se deba señalar autoridades responsables que residan en el lugar donde ejerce jurisdicción la referida persona juzgadora de Distrito? o ¿Deviene suficiente con mencionar -en los antecedentes- que en el domicilio del quejoso localizable dentro de la circunscripción territorial del citado juez de amparo, se trata de ejecutar el acto reclamado? La Sala puntualizó que el aspecto de la controversia deriva de la etapa inicial del juicio de amparo, y destacó que el artículo 107, fracción VII, Constitucional, establece que la demanda de amparo debe promoverse ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, esto con la finalidad de facilitar a las personas el acceso a la justicia -supuesto que se regula en los mismos términos en el artículo 36, primer párrafo, de la anterior ley. Asimismo, determinó que para estimar competente al juez de Distrito del lugar en el que se presenta la demanda la amparo, no es forzoso que se señalen autoridades responsables dentro de su jurisdicción, pues basta que de los precedentes expresados bajo protesta de decir verdad, se advierta que en el domicilio del quejoso ubicado dentro de la circunscripción territorial del citado juez se trata de ejecutar la orden de aprehensión o de detención, ya que lógicamente, la naturaleza de dicho acto permite concluir que puede ejecutarse en cualquier lugar donde la persona sea localizada, por ejemplo, su propio domicilio. O en el caso en concreto, el lugar donde se encuentra recluido. Destacó la relevancia de la protesta de decir verdad, y que por ello, el juzgador no debe desconocer lo manifestado por el peticionario de amparo, ya que en la fase inicial no se pondera la certeza de los actos reclamados o su vinculación con las autoridades responsables; además, aludió a la obligación de interpretar la demanda de amparo de manera integral. Así, estimó que la omisión de la formalidad de referencia, puede enmendarse por el juzgador, a fin de no tomar nugatorio el derecho del impetrante de acceder al juicio constitucional a través del órgano bajo cuya jurisdicción se trata de ejecutar el acto reclamado; por ello, consideró que en estos casos era necesario prevenirlo para que aclarara si era su deseo señalar a alguna autoridad ejecutora con residencia en el lugar donde ejerce jurisdicción, de las que de manera vedada menciona en su demanda, al referir que ciertas autoridades han acudido a su domicilio para detenerlo. Precisó que, la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador, si el impetrante al desahogar la prevención, no hace señalamiento de autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del citado órgano de amparo. Enseguida, aclaró que las jurisprudencias del Pleno del Alto Tribunal de Rubros: «competencia del juez de distrito. si no la declina pese a que la autoridad responsable ejecutora de su residencia negó el acto reclamado y dicha negativa no fue desvirtuada, el tribunal colegiado de circuito, al advertir esa incompetencia, en la revisión, ya por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, debe revocar la sentencia y remitir los autos al juez que considere competente» y «competente del juez de distrito. si la autoridad responsable cuya residencia la originó niega el acto reclamado y esta negativa no se desvirtúa, dicho juez debe declararse incompetente y remitir lo actuado al juez competente» no resolvían la materia de la contradicción, porque correspondían a diversa etapa y supuestos, dado que versan sobre asuntos en los que sí se señalaron autoridades responsables ejecutoras en el lugar del juez ante el que se presentó la demanda de amparo, pero negaron el acto, sin que el quejoso lograra desvirtuar dicha postura. La Primera Sala precisó que, con la solución propuesta, no se modifica el criterio relativo a que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de Distrito, pues implicaría dejar a su arbitrio la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; y aclaró que tampoco se prejuzga sobre la competencia del juez en los casos en que al cumplir la prevención se señalaran autoridades ejecutoras en su jurisdicción, al celebrarse la audiencia éstas nieguen el acto reclamado y no se desvirtúe su dicho, porque entonces, se actualizan las referidas jurisprudencias del Máximo Tribunal del País. En ese sentido, cuando se reclame una orden privativa de libertad el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden. Que en el caso, dado que el quejoso manifestó se encuentra recluido en Salamanca, Guanajuato, incuestionablemente se ejecutará en aquélla demarcación territorial. Por tanto, primero, si el quejoso está -al menos como lo refirió en la presentación de la demanda- privado de la libertad en Salamanca Guanajuato, y segundo, una autoridad -fiscal General del Estado, que dada sus funciones tiene jurisdicción tanto ella como sus subalternos en esa localidad- señalada como responsable ejerce jurisdicción en Salamanca, Guanajuato, es inconcuso que la persona juzgadora de Distrito en el Estado residente en la ciudad de Irapuato, es competente para conocer de la presente acción de amparo. Similar criterio -respecto a la autoridad que ejerce jurisdicción en el estado de Guanajuato- sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, al resolver el conflicto competencial 24/2019. Por ello, a consideración de la suscrita, se actualiza la primer regla del numeral 37 de la Ley de Amparo, lo cual, al caso en concreto, tiene aplicación la contradicción de criterios 327/2021; ya que no existe incertidumbre de en donde se ejecutarán las ordenes reclamadas, pues el quejoso no se encuentra en libertad, se encuentra privado de misma en el Centro de Readaptación Social en Salamanca, Guanajuato; situación que genera certeza que del momento en que se presentó la demanda a la presente fecha, de ejecutarse la orden será en el lugar en que se encuentra recluido - Centro de Readaptación Social en Salamanca, Guanajuato-. Se plantea conflicto competencial En tales condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir los autos originales del presente juicio de amparo indirecto al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en turno, con sede en la ciudad de Guanajuato, a efecto de que se sirva resolver el conflicto competencial. Dese aviso al juzgado requerido para que exponga lo que estime pertinente ante el Tribunal Colegiado que corresponda.
- Principal
Con la demanda de amparo de cuenta ********************, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al juez de Control de Oralidad Penal residente en Celaya, Guanajuato y otras autoridades. En ese contexto, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de control bajo número 749/2023-II, en la inteligencia de que, los actos reclamados se hacen consistir en: La orden de aprehensión, presentación y comparecencia. Se carece de competencia legal para conocer de la demanda constitucional. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este juzgado Quinto de Distrito en Guanajuato, con residencia en Celaya, carece de competencia legal por razón de territorio para resolver respecto al acto reclamado antes señalado, atento a las consideraciones siguientes: Consideraciones previas. Debe señalarse que la competencia de los jueces de distrito se encuentra establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, norma que dispone, en orden de importancia, las reglas competenciales a seguir para distinguir qué juez de Distrito debe conocer un juicio de amparo, las cuales toman en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado, esto es: Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.****** Así, la locución «ejecución material» es el común denominador de las tres hipótesis, como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito que conozcan de juicios de amparo, por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. ******************Caso concreto. Primeramente, es necesario precisar que la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, al resolver la contradicción de criterios 148/2003-PS dispuso que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente la persona juzgadora en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, la persona juzgadora competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. Siguió que, si el acto reclamado es una orden de aprehensión, la cual por su naturaleza requiere de ejecución material, y el quejoso se encuentra recluido, es indudable que la persona juzgadora competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida. En estos términos, si la parte promovente reclama la orden de aprehensión, presentación y comparecencia; y se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social en Salamanca, Guanajuato, resulta evidente que en ese lugar se ejecutarán los actos reclamados. Por tanto, el acto reclamado tendrá un efecto o ejecución material en la esfera jurídica del quejoso en la ciudad de Salamanca, Guanajuato; por tal motivo, este juzgado estima carecer de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda que se estudia. Además, esta conclusión es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atiende a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales. Entonces, si el acto reclamado tendrá ejecución material en Salamanca -jurisdicción de los Juzgados de Distrito residentes en Irapuato- es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues dicho lugar se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal. ********* Remisión de los autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 3/2013 citado, procede declinar la competencia para conocer de la presente demanda de amparo, en favor del juez de Distrito en el Estado, residente en Irapuato, en turno; por tanto, remítase el juicio de amparo 749/2023-II de este índice y para los efectos legales correspondientes.***********Háganse las anotaciones en el libro de control, y solicítese el acuse de recibo correspondiente.*******Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de que el órgano jurisdiccional actuante carece de competencia legal para conocer de este asunto. Ello, puesto que el promovente narró bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. *****Autorización de reproducción de actuaciones judiciales. *********Autorizados. Como lo solicita el quejoso, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, dado que cuentan con cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas.************* Se autoriza acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Ahora, conforme a lo previsto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza para acceder vía Internet al expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa y con fundamento en el diverso 26, fracción IV, para recibir notificaciones, quien tiene como nombre de usuario ********************.
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