Jorge Ricardo Tabe Ramírez
Expediente 611/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 611/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/01/2018
Partes del expediente
- Jorge Ricardo Tabe Ramírez y Otros.
- Jorge Ricardo Tabe Ramírez
- Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla
- María jose Alejandra Tabe Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por Ricardo Cuéllar Ramos, en su carácter de endosatario en procuración de María Elena Machorro Velázquez, mediante el cual solicita se turnen los autos al actuario correspondiente a fin de requerir el pago a la parte condenada, tanto de la suerte principal como de la liquidación correspondiente; y en cuanto al mismo, se acuerda lo siguiente. Al efecto, de los artículos 1346, 1347 y 1348 del capítulo XXVII, del Código de Comercio, relativos a la ejecución de las sentencias, se advierte que debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó en primera instancia; que cuando se pida la ejecución de sentencia, si no hay bienes embargados, se procederá al embargo, observándose lo dispuesto en los artículos 1397, 1400 y 1410 a 1413 de dicho libro, así como que si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, fallando el juez lo que en derecho corresponda. Asimismo, de los numerales citados en último término, se desprende que los mismos disponen las excepciones admisibles en tratándose de sentencia y la sanción para el caso de que el demandado omita cumplir con la exhibición de las documentales en que funde tales excepciones; así como el procedimiento de remate de los bienes embargados. Como se puede advertir de lo anterior, en dichos preceptos legales se omite reglamentar lo relativo al procedimiento del embargo de bienes, pues como se acaba de evidenciar, únicamente, disponen que si no existen bienes embargados, se procederá al embargo respectivo, así como las excepciones oponibles en ejecución de sentencia y el procedimiento de remate de los bienes que en su caso se encuentren embargados en autos; así las cosas, ante tal omisión, se estima que lo conducente en el caso es aplicar conforme a lo dispuesto por los artículos 1054 y 1063 del Código de Comercio, la legislación procesal civil federal, en cuanto a las reglamentaciones que sobre el embargo contempla. Lo anterior, pues acorde a lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 34/2013 (10ª.) de rubro: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.", dichas disposiciones son supletorias del Código de Comercio, en principio, por existir disposición expresa en sus artículos 1054 y 1063; luego, porque aun cuando la citada legislación mercantil contempla el embargo de bienes en ejecución de sentencia, la misma no regula lo relativo al procedimiento que debe llevarse a cabo precisamente para su materialización; en la especie, dada la solicitud de la parte actora, es necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar el problema jurídico planteado; y por último, las citadas normas aplicables supletoriamente no contrarían el ordenamiento legal a suplir, pues las mismas son congruentes con los principios y con las bases que rigen la institución de que se trata, a saber, el embargo de bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas. Además, es oportuno señalar que la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la tesis aislada de rubro: "NOTIFICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO MERCANTIL.", adujo que como el código mercantil no contenía disposición expresa respecto a la ejecución en vía de apremio, debía recurrirse supletoriamente a la ley procesal correspondiente, aunado a que no podía estimarse errónea la interpretación en el sentido de que no era necesaria la notificación personal al deudor, con tanta mayor razón que no podían aplicarse extensivamente, por analogía, todas las disposiciones relativas al embargo de bienes en juicio ejecutivo, porque los procedimientos de ejecución de sentencia en la vía de apremio y en la vía ejecutiva, eran distintos, ya que en los primeros se encontraban perfectamente definidos los derechos de los contendientes, mientras que en los segundos, estaban sujetos a los resultados del juicio; y además, que en el procedimiento de apremio necesariamente debía existir el requerimiento de pago, mandado hacer en la sentencia por cumplir. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 1347 del Código de Comercio, en relación con los numerales 433, 437 y 440, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, y tomando en consideración que a la fecha el demandado José Antonio Madrid Díaz, no ha dado cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el presente juicio el siete de septiembre de dos mil dieciséis (foja de la 30 a la 41) no obstante que el ocho del citado mes y año, se le notificó dicha resolución (foja 43), misma que fue actualizada mediante interlocutoria de liquidación de sentencia dictada el veinte de abril de dos mil diecisiete (fojas de la 58 a la 61). En atención a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 1079, fracción VI, del Código de Comercio, aplicable al presente juicio ejecutivo mercantil, requiérase al demandado de mérito, en el domicilio en que se llevó a cabo la diligencia de emplazamiento, por conducto del actuario de la adscripción, para que en el acto de la diligencia haga pago de lo condenado en sentencia definitiva de siete de septiembre de dos mil dieciséis, actualizada mediante interlocutoria de liquidación de sentencia dictada el veinte de abril de dos mil diecisiete, esto es, el pago de la cantidad de $1,908,060.00 (un millón novecientos ocho mil sesenta pesos), por concepto de suerte principal e intereses moratorios calculados hasta el treinta de noviembre de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que al tratarse de ejecución de sentencia, las excepciones oponibles se rigen por lo dispuesto en el artículo 1397 del Código de Comercio; y en caso de no hacerlo, en el mismo acto se procederá a embargarle bienes suficientes para garantizar el mismo, con las formalidades que para ese acto establece el Código Federal de Procedimientos Civiles. En ese sentido, hágase del conocimiento del ocursante, que tiene expedito su derecho para comparecer ante este órgano jurisdiccional a coordinar la diligencia respectiva con el actuario de la adscripción a fin de llevar a cabo el requerimiento del cumplimiento de la sentencia a la parte demandada.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de María Azucena Solano Cuautle, visto su contenido, no ha lugar a acordar favorable su petición toda vez que no es parte dentro del presente juicio de garantías, ni tampoco obran en autos los documentos que solicita sean devueltos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de octubre de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio AMPF/1416-II/2015, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Agencia Segunda Investigadora del Sistema Tradicional, adscrita a la Procuraduría General de la República, con sede en la ciudad de Puebla, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su artículo 2°, como lo solicita remítase copia certificada de todo lo actuado dentro del presente juicio de garantías. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de agosto de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio A.-3422/15, signado por la Encargada de la Presidencia de la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual dá cumplimiento a lo ordenado mediante oficio 644-AR-2, de diez del mes y año en curso, y para tal efecto acusa de recibo el expediente laboral D-6/591/2010 y remite copias certificadas del expediente 395/2012 del Juzgado Tercer Mercantil del Estado de Aguascalientes, con sede en la ciudad del mismo nombre. En consecuencia, tómese en cuenta lo anterior para que surta los efectos legales dentro el juicio de amparo 987/2015-III que es el expediente correcto al que corresponden. C Ú M P L A S E .
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