Jorge Ricardo Rodriguez Alvizo

Expediente 520/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
520/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
29/01/2021

Partes del expediente

  • Jorge Ricardo Rodriguez Alvizo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y A LA AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION ADSCRITA.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ***** LA SENTENCIA DICTADA EL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, LA CUAL EN SÍNTESIS RESOLVIÓ: TERCERO. Certeza del acto reclamado. Una vez que se llevó a cabo la fijación clara y precisa del acto reclamado, se procede al análisis de la certeza o inexistencia de éste, en observancia a la jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La autoridad responsable Secretario de Salud en el Estado de Guanajuato y Presidente del Comité Estatal para la Seguridad en Salud del Estado de Guanajuato, al rendir informe justificado, por conducto de su apoderado legal si bien, niega la existencia del acto reclamado tal negativa queda desvirtuada, con las propias consideraciones expuestas en el informe justificado y por ello, se le tiene por cierto, para efectos del presente juicio de amparo. Aunado a lo anterior, se tiene que la emisión del acuerdo que se impugna, se acredita plenamente sin necesidad de prueba alguna, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2º; conforme a los cuales las normas generales no son objeto de prueba, pues basta que estén publicadas en el órgano de difusión oficial respectivo. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número sesenta y cinco, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación de rubro "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA." , también se considera que sustenta a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos sesenta, del Tomo XII, agosto del año dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, como lo hizo valer la autoridad responsable Secretario de Salud en el Estado de Guanajuato y Presidente del Comité Estatal para la Seguridad en Salud del Estado de Guanajuato, al rendir su informe de ley, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el solicitante del amparo no aportó medio de prueba para acreditar ubicarse en el supuesto de la norma reclamada, y por ende, no existe afectación a su interés jurídico. En primer lugar, debe precisarse que el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Del contenido del referido numeral se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. Se advierte que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo; una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo) . Ahora, cuando se impugnan normas de carácter general, por estimar el particular que su sola entrada en vigor le causa perjuicio, es suficiente con que la parte quejosa se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que, por su sola expedición, le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, se estima que una ley es autoaplicativa cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente observables; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley, sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta. Por otra parte, tratándose del amparo promovido en contra de disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo al plazo genérico dispuesto en el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo. De esta manera, una norma es heteroaplicativa cuando no es de acción automática, esto es, cuando no causa perjuicio al particular desde el momento de su entrada en vigor, porque dicha vigencia no crea, transforma o extingue situaciones concretas de derecho, sino que para que se configure en el mundo fáctico en perjuicio de algún gobernado, requiere de la actualización de un acto que condicione de alguna forma su aplicación. En ese orden de ideas, es factible deducir que, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, pero también puede surgir de los actos de los propios particulares, ya sea que por la exigencia de la ley se coloquen por sí mismos en los supuestos previstos por la norma o, bien, que en su carácter de terceros actúen por mandato de la ley . En el presente asunto, la parte quejosa impugna de la autoridad responsable, la constitucionalidad del Acuerdo publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, con fecha diez de julio de dos mil veinte, particularmente el punto "ÚNICO" y "PRIMERA" relativo a que "Es obligatorio el uso de cubre bocas o mascarillas para todas las personas que habiten o transiten en el Estado de Guanajuato y que se encuentre en espacios públicos abiertos o cerrados", lo tilda de ilegal, pues aduce que la Ley General de Salud Federal no le da atribuciones o facultades para ello, además de que ningún Artículo de la Ley que menciona, lo autoriza a la emisión del "Uso obligatorio de cubre bocas" como medida de salud pública, refiriendo que, LA COMPETENCIA con sus atribuciones y facultades, recae en la Secretaría de Salud Federal cuando se trata como en el caso de una emergencia sanitaria (Artículo 181 y 182); pandemia covid-19", como autoaplicativas, por tanto, la demostración del perjuicio que la parte quejosa dice le causa la norma reclamada constituye un requisito de procedibilidad para el estudio de su constitucionalidad, pues para la procedencia de la acción constitucional, se requiere que el acto combatido incida en la esfera jurídica del solicitante del amparo. Ahora bien, el nombrado Acuerdo del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, por el cual, se dictan diversas medidas de salud de observancia obligatoria en el Territorio del Estado de Guanajuato, publicado el diez de julio de dos mil veinte, en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, dispone en el ACUERDO: "ÚNICO. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud (CESSA), acuerda, como una estrategia integral para contribuir a la interrupción de la transmisión comunitaria del SARS- CoV2 (COVID-19), entre la población guanajuatense, así como en las personas que transiten por el territorio del Estado de Guanajuato, las siguientes medidas de salud pública de observancia obligatoria en el territorio del Estado de Guanajuato: Primera. Es obligatorio el uso de cubre bocas o mascarillas para todas las personas que habiten o transiten en el Estado de Guanajuato y se encuentren en espacios públicos abiertos y cerrados. Tratándose del uso de mascarillas, preferentemente que sean lavables". Cabe señalar que tal acuerdo constituye un hecho notorio en cuanto a su publicación, atento al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haberse dado a conocer a través de un medio de comunicación oficial. De la nombrada determinación, se colige que el Comité Estatal para la Seguridad en Salud (CESSA), dispuso de una estrategia integral para contribuir a la interrupción de la transmisión comunitaria del SARS- CoV2 (COVID-19), entre la población guanajuatense, así como en las personas que transiten por el territorio del Estado de Guanajuato, entre las cuales, la medida de salud pública de observancia obligatoria, consistente en el uso obligatorio de cubre bocas o mascarillas para todas las personas que habiten o transiten en el Estado de Guanajuato y se encuentren en espacios públicos abiertos y cerrados, y tratándose del uso de mascarillas, preferentemente que sean lavables. Así, los supuestos de la norma estatal que nos ocupa, son: a) Uso obligatorio de cubre bocas o mascarillas para todas las personas que habiten en el Estado de Guanajuato, y se encuentren en espacios públicos abiertos y cerrados. b) Uso obligatorio de cubre bocas o mascarillas para todas las personas que transiten en el Estado de Guanajuato, y se encuentren en espacios públicos abiertos y cerrados; y, c) Tratándose de mascarillas, que sean lavables preferentemente. Conforme con lo anterior, para que la afectación invocada sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesario que el quejoso acredite encontrarse en los supuestos del acuerdo combatido, por lo que debe exhibir pruebas que justifiquen que habita o transita en el Estado de Guanajuato. Empero, del análisis de los autos, aparece que el solicitante del amparo, fue omiso en aportar prueba idónea para acreditar que se ubica en los supuestos de la normatividad reprochada. De manera que, para estar en condiciones de atender sus conceptos de violación, el quejoso tuvo que demostrar interés jurídico frente a la norma combatida; en virtud de que el reproche de las disposiciones generales, a través del juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato individualización incondicionada, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación individualización condicionada, el cual, por lo general, emerge de la actuación de una autoridad, pero también puede provenir de los actos propios de los particulares, bien sea, porque la exigencia de la ley se coloquen por sí mismos en los supuestos previstos por la norma o, bien, que en su carácter de terceros actúen por mandato de la ley. Cabe precisar, que de conformidad con el numeral 107, fracción I, se deduce que el juicio de amparo, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, tal como se aprecia de su contenido: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;". Además, sobre el tema del interés jurídico o interés legítimo, de acuerdo con el relatado numeral constitucional, el titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, puede acudir al juicio de amparo indirecto, quien, frente a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad que lo emite, debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste, empero, no inferirse con base en presunciones. Los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en justificar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Ahora bien, para demostrar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Ello es así, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular, cabe precisarse que tales los elementos constitutivos destacados son concurrentes, de modo que, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Apoya el anterior criterio, la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), Décima Época, Materia Común, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2019456, Materia Común, consultable en la página 1598, Tomo II, Libro 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 2019, del rubro y contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Por todo lo anterior, debe decirse que no basta que el solicitante de amparo manifieste encontrarse en la hipótesis de la norma reclamada, sino se requiere la demostración fehaciente de la existencia de derecho preexistente que pueda defender en la presente vía, es decir, demostrar tener un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante para impugnar el Acuerdo del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, por el cual, se dictan diversas medidas de salud de observancia obligatoria en el Territorio del Estado de Guanajuato, publicado el diez de julio de dos mil veinte, en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, como acto reclamado. Así para considerar que el precepto impugnado impacta en la esfera de derechos de la parte quejosa, ésta debió probar, como mínimo, que habita o transita en el Estado de Guanajuato, lo cual, no ocurrió, toda vez que el quejoso, no ofreció prueba idónea que lo ubique en los supuestos de la normatividad reprochada. Bajo esa tesitura, es claro que el solicitante del amparo, no tiene interés jurídico, para reclamar el acuerdo combatido y, por ende, el presente juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; consecuentemente, procede sobreseer en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. En la inteligencia que el sobreseimiento decretado releva a este órgano jurisdiccional del estudio de los conceptos de violación. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Finalmente por lo que se refiere a los alegatos expresados por el quejoso *****, mediante escrito recibido el treinta de noviembre de dos mil veinte, por no formar parte de la litis en el juicio de amparo, no existe el deber de analizarlos por parte del suscrito juzgador. Es aplicable, la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis número P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 205449, publicada en la página 14, del Tomo 80, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1994, Materia Común, Octava Época, cuyo contenido es: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos". QUINTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. SEXTO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo

  3. Principal

    ...AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...

  4. Principal

    ...Téngase por recibido el escrito que suscribe la parte quejosa; en atención a su contenido, se le tiene formulando diversas manifestaciones a título de alegatos, los que, de ser necesarios, serán tomados en cuenta al emitir la sentencia que en derecho corresponda, lo anterior, con fundamento en el precepto 124 de la Ley de Amparo.

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