Jorge Ricardo Duarte Camarena
Expediente 366/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/04/2023
Partes del expediente
- Jorge Ricardo Duarte Camarena
- Juez de Control del Estado de Baja California del Partido Judicial de Mexicali
Actuaciones
- Principal
Juicio de Amparo 366/2023 En esta fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste.Mexicali, Baja California, a diez de abril de dos mil veintitrés. Firme desechamiento. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado firme para todos los efectos legales. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por (I) Jorge Ricardo Duarte Camarena, contra actos del Juez de Control del Estado de Baja California del Partido Judicial de Mexicali, con sede en esta ciudad y otra autoridad, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el número 366/2023. Desechamiento de plano. Analizado el escrito de demanda de amparo promovida y las constancias que acompaña al mismo; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda respecto al acto reclamado consistente en la audiencia inicial de formulación de imputación, programada el veintitrés de marzo de este año, por el Juzgado de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, con sede en esta ciudad; lo anterior, según se explica a continuación. Para sustentar tal aserto, conviene citar primeramente el numeral invocado en líneas superiores, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de advertir motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Atento a lo anterior, que en el caso se actualiza de manera indudable y notoria la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que se trascriben a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.]" Para corroborar lo anterior, es importante asentar que la etapa con la que inicia el nuevo sistema de justicia penal es la denominada de investigación, la cual tiene como finalidad que la trilogía investigadora -fiscal, policía y peritos- recolecten datos de prueba para establecer el hecho delictivo, así como la probable participación de un sujeto en su comisión, iniciando la integración de la carpeta de investigación y la construcción de la teoría del caso. Ello, como dispone el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se trascribe a continuación: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme.". De la anterior trascripción se tiene que la etapa investigativa posee dos fases, a saber: Investigación inicial. En esta fase los investigadores recaban los datos de prueba necesarios para la formulación de la imputación, o si existe una persona detenida, los elementos necesarios para sustentar la legalidad de la detención, en esta etapa aún no se hace del conocimiento del juez la investigación, por eso se le conoce como investigación no judicializada que se sigue por la comisión de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que un sujeto haya participado en su comisión. Investigación Complementaria. Esta fase también es conocida como investigación judicializada, pues a partir de este momento el juez y el imputado conocen de la investigación, con ello, se inician las demás actuaciones procesales tales como la solicitud de la vinculación a proceso, la aplicación de medidas cautelares y el establecimiento de un plazo para culminar o cerrar la investigación. Ahora, el numeral 141 del citado ordenamiento legal establece lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." En ese sentido, de un estudio sistemático de las fracciones I y II del numeral del artículo previamente citado, se advierte que la citación de una persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal del quejoso, al tratarse de una simple comunicación del juez, derivada de petición del Ministerio Público, esto es así, toda vez que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Establecido lo anterior, en el caso en concreto, como ya se dijo la parte quejosa reclama la audiencia inicial de formulación de imputación, programada en autos de la causa penal 2133/2019, del índice del Juzgado de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, a la cual dijo el quejoso fue citado. De lo anterior, se advierte que respecto de dicho acto reclamado, en razón de la etapa procesal en la que se encuentra el procedimiento natural, es decir, la de investigación, dicho citatorio no incide en la libertad personal del quejoso, pues en la audiencia inicial únicamente se formalizará la investigación que se sigue en su contra, y puede o no que se vincule a proceso. Sin que obste a lo anterior el hecho de que como lo señaló el quejoso en los antecedentes de la demanda, fue apercibido que de no comparecer a la audiencia, pudiera ordenarse su aprehensión; empero, en todo caso ello se trata un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el fiscal solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Lo anterior, evidencia una "suposición subjetiva y apreciación personal", respecto el apercibimiento de aprehensión en el que el solicitante del amparo sustenta la procedencia de su reclamo, en tanto la afectación de sus intereses es posible, pero por futuros actos de autoridad, derivados de que una eventual incomparecencia del quejoso. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, siete de diciembre de 2018, con número de registro 2018828, con rubro y texto siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia 19 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, parte SCJN, página 13, así como la tesis XX.308 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, febrero de 1995, página 138, que establecen lo siguiente: "ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones." "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." Aunado a lo anterior, cabe destacar que es improcedente el juicio de amparo indirecto, en contra de los actos del ministerio público tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de la etapa de investigación, ya sea informal o judicializada, al ser de orden público y de interés social, pues no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso. Apoya lo expuesto, la tesis aislada II.2o.P.51 P (10a), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, octubre de 2017, Tomo IV, pagina 2601, registro digital 2015368, que reza: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente." Por consiguiente, en el caso se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues siguiendo la línea establecida en el presente fallo, es el caso que en virtud de la etapa procesal en la que se encuentra el procedimiento de donde emana el acto reclamado -investigación inicial-. Resta precisar que en el caso resulta innecesario esperar a admitir, tramitar y tener a la vista las constancias del informe justificado que en su caso emita el Juez responsable, para constatar todo lo antes expuesto, ya que el acto reclamado fue establecido con base en las manifestaciones externadas en la demanda de amparo por la parte quejosa, en forma expresa y bajo protesta de decir verdad, de las que se desprende que se trata de un acto fuera de juicio promovido por el ahora quejoso, que persé no afecta la libertad personal del quejoso. Afirmaciones de la parte gestora del amparo contenidas en la demanda de amparo que constituyen una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Materia, a las cuales es dable otorgar valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del mismo código. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 27/96, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 200094 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 27/96 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Junio de 1996, página 57 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Asimismo, es dable afirmar que puede desecharse de plano la demanda, al ser incuestionable y de obvia constatación la existencia del criterio jurisprudencial del Máximo Tribunal del país que ya definió el tema que nos ocupa y, que fue citado en párrafos superiores; aplicación por subsunción al caso que es suficiente para lograr certidumbre de la causa de improcedencia, que resulta ser notoria, en la medida que no podría llegar a modificarse con elemento de convicción alguno que aportaran las partes al procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. "Registro digital: 2007580 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: PC.III.L. J/5 L (10a). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, página 1224 Tipo: Jurisprudencia AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Ante tales circunstancias, al surtirse la causa de improcedencia invocada, lo procede desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, en relación al citado acto reclamado. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Autorizados. De igual forma, téngase como autorizado en términos restringidos a (a) Javier Godínez, por así haberlo solicitado la parte promovente. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Consulta al expediente. En estricto acatamiento y con sustento en el artículo 261 y Considerando Décimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, quienes acudan presencialmente al recinto oficial de este órgano jurisdiccional, podrán consultar el presente juicio únicamente desde el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, sin necesidad de contar con un expediente físico en sus manos. Juicio en línea. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en el presente asunto, constituye el eje rector de la actividad del presente juicio el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con sustento en las bases establecidas en el invocado dispositivo; por lo que, en caso de que el asunto se promueva como "juicio en línea", las partes deberán continuar la tramitación mediante el referido esquema. Libros de control electrónicos. Con sustento en lo previsto en el Título Tercero, Capítulo Primero, inherente a las disposiciones generales de "Libros de Control Electrónico" del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se ordena a la Oficial encargada el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, mantenga totalmente actualizados los rubros requeridos en los libros electrónicos de registro, especificados en el módulo "Libros de Control", del invocado Acuerdo General. Se instruye a los actuarios judiciales adscritos. Por otro lado, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, a efecto de que una vez que lleven a cabo las notificaciones respectivas integren de inmediato y debidamente el expediente electrónico del presente juicio de amparo. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Christian Eduardo Parra Carrillo, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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