Jorge Reyes Genaro
Expediente 1527/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 43 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1527/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 43
- Última actuación
- 05/10/2023
Partes del expediente
- Jorge Reyes Genaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 43.
- Principal
Toluca, Estado de México, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de conservación, ya que se sobreseyó y negó el amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del referido Acuerdo, el original del incidente de suspensión es susceptible de conservación, toda vez que se negó y concedió la suspensión definitiva, sin que se ordene glosar al presente expediente dicho cuaderno y una vez que se remita al archivo adjúntese el mismo. Por otra parte, artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo, una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Devolución de anexos Finalmente, devuélvanse al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, los discos en formato DVD que remitió al presente juicio, sin que haya necesidad de acusar recibo, dado que se trata de copias certificadas.
- Principal
Toluca, Estado de México a siete septiembre de dos mil veintitrés. SENTENCIA Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto ++++++++++, promovido por ++++++++++y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de junio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ++++++++++, solicito el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridades siguientes: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: TIENEN EL CARÁCTER COMO ORDENADORAS: A) Juzgado de Control del distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México B) Juzgado Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Poder Judicial del Estado de México. C) Juzgado de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo. LA UNIDAD DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO." IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS. A) La ilegal orden detención y/o aprehensión dictada en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas Por considerar que el acto reclamado vulnera sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión e incompetencia por conocimiento previo. Por cuestión de turno correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, que lo radicó bajo el número ++++++++++y++++++++++por auto de quince de junio de dos mil veintidós, lo admitió a trámite y requirió los informes de ley. En determinación de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se declaró legalmente incompetente por conocimiento previo, dado que los actos reclamados estaban vinculados con el juicio de amparo ++++++++++, del índice de éste órgano jurisdiccional. TERCERO. Se avoca al conocimiento del asunto. Por cuestión de relación, tocó conocer del juicio a este Jugado de Distrito, que lo registró como ++++++++++, y mediante auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se avocó al conocimiento del asunto, se dio intervención el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada de iniciales ++++++++++.++++++++++.++++++++++., lo que se realizó a través de edictos publicados en el Diario Oficial de la Federación los días cinco, trece y veintiuno de junio de dos mil veintitrés; asimismo, el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento del agente del Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal del cual deriva el acto reclamado, que acaeció el diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Seguidas las formalidades de ley, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama una determinación emitida por una autoridad del orden penal que puede tener ejecución en el ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo inicial y de las constancias de autos, se concluye que el quejoso ++++++++++, reclama del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, del Juez Especializado en Cateos, Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Poder Judicial y del Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, todos del Estado de México, la orden de aprehensión emitida en su contra el veintidós de mayo de dos mil veintidós, en la carpeta administrativa ++++++++++, por su probable participación en los hechos con apariencia de los delitos de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia hecho y abuso sexual, en agravio de ++++++++++.++++++++++.++++++++++., así como su ejecución atribuida al Titular de la Unidad de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, negó la existencia del acto reclamado. Por tanto, dado que la parte quejosa no aportó durante la tramitación del presente juicio de amparo ni en la audiencia constitucional, alguna prueba jurídicamente eficaz para desvirtuar dicha negativa, y al tomar en consideración que el juicio de amparo procede únicamente contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, cobra firmeza el contenido de los citados informes justificados; con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo vigente, se impone sobreseer en el presente juicio, respecto del acto de la autoridad analizado en este apartado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia de los actos reclamados Es cierto el acto reclamado de las autoridades responsables Juez del Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y de Medidas de Protección en Línea del Estado de México, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. En ese sentido, también es aplicable la tesis de jurisprudencia que a la letra se integra de la siguiente forma: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo cual se corrobora con las constancias que adjuntó el Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea en el Estado de México adjuntó a dicho informe, consistentes en copias autentificadas de la carpeta administrativa ++++++++++, así como el disco digital en formato DVD que contiene la versión electrónica de la carpeta administrativa aludida, remitido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, de cuyo contenido se advierte la existencia de la orden de aprehensión de doce de mayo de dos mil veintidós; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues se trata de los registros escritos, de audio y video de cuya reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su consulta posterior y porque se presume que la información en ellos contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y, dada la tecnología empleada para su conformación, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa. Cobra aplicación, la tesis de jurisprudencia 226, publicada en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, se cita la jurisprudencia 43/2013 (10a.), publicada con registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por su parte, la Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México negó el acto reclamado; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las manifestaciones efectuadas en el sentido de que actualmente conoce de la carpeta administrativa ++++++++++, en donde se obsequió la orden de aprehensión por parte del Juez del Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y de Medidas de Protección en Línea del Estado de México. Al respecto resulta aplicable la tesis publicada en la página 391 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Julio de 1994, de la Octava Época, con registro 211004, que establece: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Asimismo, el Titular de la Unidad de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México negó la existencia de la ejecución de la orden de aprehensión, sin embargo, dado que la ordenadora aceptó su emisión, se desvirtúa esa negativa y se tiene por cierta la ejecución atribuida a tal autoridad. Es ilustrativa la tesis aislada sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, página 56, que establece: ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 272, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso particular, las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia, y de igual manera, este Juzgador no advierte el análisis oficioso de alguna de ellas. QUINTO. Antecedentes. Para tener mayor comprensión del asunto y estudiar la constitucionalidad del acto materia de reclamo, conviene destacar los antecedentes más relevantes del mismo, los cuales son: HECHO FÁCTICO Aproximadamente a las siete horas del veintitrés de febrero de dos mil veintidós, ++++++++++.++++++++++.++++++++++., transitaba a bordo del vehículo de la Marca ++++++++++, tipo ++++++++++, sobre la carretera Federal Monumento - Valle de Bravo, a la altura de la Ranchería San Antonio Hidalgo, en el Municipio de Donato Guerra, México; y al circular aproximadamente por el kilómetro quince a dieciséis, se percató que su vehículo estaba fallando, por lo que se orilló a su derecha, bajó del vehículo y abrió el cofre observando que salía humo, por lo que trató de hablar por teléfono pero no había señal; enseguida se estacionó delante de su vehículo, una camioneta ++++++++++, color ++++++++++, modelo aproximado ++++++++++, de la cual descendieron ++++++++++ y ++++++++++, quienes se acercaron y le ofrecieron ayuda, comenzando a revisar el vehículo y rodeándolo, cuando ++++++++++.++++++++++.++++++++++. se percató que el sujeto que desciende del lado del copiloto y que sabe responde al nombre de ++++++++++ tenía en la parte trasera de la cintura una arma de fuego tipo pistola, y la otra persona de nombre ++++++++++ abrió la cajuela de su vehículo, diciéndole la que dejara sus cosas y en ese momento sacó un arma grande tipo pistola escuadra y le apuntó directamente, diciéndole "ahora si hija de tu puta madre ya valió madres nos vamos a llevar tus chingaderas y no la hagas de pinche pedo o vayas a hacer señas a quien llegue a pasar, porque aquí te damos piso", apuntándole también el otro sujeto quien empezó a sacar las cosas que traía en el asiento trasero, subiéndolas a su camioneta; enseguida se acercó ++++++++++ y le apuntó con el arma en el abdomen y le dijo "tranquilita tranquilita", quitándole su teléfono celular marca Iphone, así como una pulsera de oro de 18 kilates, un reloj marca Casio, unos aretes, un anillo de oro, por lo que la víctima le rogaba se llevaran todo, pero que a ella la dejaran, a lo que ++++++++++ le contestó "tranquilita ya se verá porque la verdad estas bien rica mamacita", al mismo tiempo que le agarró las nalgas con un apretón, a lo que la víctima le indicaba que no la tocara, mientras ++++++++++ se reía y le decía "si estás bien sabrosa"; asimismo, pasaron todas sus pertenecías su vehículo siendo estas una Computadora portátil marca Apple, una computadora marca HP, una cámara fotográfica marca Cannon, un lente de zoom marca Cannon, un Tripié o base de cámara fotográfica marca Universal, unos lentes de aumento marca Devlyn, unos lentes de sol marca Ray Ban, una bolsa de mano marca Mochino, en la que llevaba pinturas y maquillajes de diversas marcas y una cartera con $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N), así como diversos cargadores; posteriormente, volvieron a apuntarle pidiéndole que les diera todo el dinero, contestándoles que no tenía, por lo que ++++++++++ la golpea en la cara, dándole una cachetada, mientras que ++++++++++ le dio una patada en el trasero, diciéndole "no te pases de pinche lista a ver que traes ahí" y le empezó a tocar el busto intentando meter sus manos entre su ropa interior, mientras que ++++++++++ comenzó a tocarla en todo su cuerpo y en sus partes íntimas, por lo que la víctima comenzó a gritar, instante en que se escuchó un claxon, lo que ocasionó que los investigados corrieran hacia su camioneta y se fueran en sentido contrario a Valle de Bravo. HECHOS JURÍDICAMENTE RELAVANTES 1. Con motivo de los anteriores hechos, se inició la carpeta de investigación ++++++++++. 2. Una vez realizadas las diligencias pertinentes, el once de mayo de dos mil veintidós, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Toluca, Estado de México, solicitó orden de aprehensión a través de la Plataforma Informática del Sistema de Gestión Judicial Penal, en contra de ++++++++++ y otro, como probables autores en la comisión de los hechos delictuosos con apariencia de los delitos de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia hecho y abuso sexual, en agravio de ++++++++++.++++++++++.++++++++++.. 3. El once de mayo de dos mil veintidós, el Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea en el Estado de México, libró la orden de aprehensión solicitada en la carpeta administrativa ++++++++++. La anterior determinación constituye el acto reclamado en la presente sede constitucional. Asimismo, dado que la citada autoridad judicial únicamente atiende peticiones en línea y no forma expediente escrito de las solicitudes que recibe, la citada carpeta judicial se radicó ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, quien actualmente conoce de la misma. Hasta aquí los antecedentes. SEXTO. Conceptos de violación. No es necesaria la transcripción de los conceptos de violación expresados por el accionante del juicio constitucional, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia número 58/2010 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Precisado lo anterior, se procede al análisis de los argumentos propuestos por el quejoso, los que incluso se analizaran de forma conjunta, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo. En ese sentido se tiene que la parte quejosa señala en síntesis lo siguiente: a) Se viola el numeral 14 constitucional, dado que no se siguieron las formalidades del procedimiento, además de que nunca se le respetó el derecho de audiencia para atender la denuncia formulada en su contra. b) El acto reclamado es violatorio del artículo 16 constitucional, en virtud de que no está debidamente fundado y motivado, además de que, no se colmaron los requisitos establecidos en el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, máxime que no se encuentra acreditado el cuerpo del delito y su probable responsabilidad. En su conjunto dichos motivos de reclamo resultan infundados. Contrario a lo que se aduce, la orden de captura reclamada, no vulnera el derecho fundamental consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece a la letra lo que sigue: Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." El referido numeral, en su parte conducente, establece que nadie puede ser privado de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En ese tenor, una vez analizada la orden de aprehensión materia de esta contienda, se advierte que: (1) fue dictada por una autoridad judicial previamente establecida -juez responsable-, y (2) conforme a las leyes procesales expedidas con anterioridad al hecho atribuido, a saber, el Código Nacional de Procedimientos Penales. En este contexto, es imperante señalar que el precepto constitucional invocado prevé la garantía de audiencia a que todo gobernado tiene derecho frente a un acto de autoridad; sin embargo, en el caso que nos ocupa, contrario a lo expuesto por el quejoso en sus motivos de disenso, previo a la emisión de la orden de captura reclamada, no era necesario cumplir con dicha prerrogativa. Para sustentar dicha postura, es preciso entender que por acto de privación debe entenderse aquel que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado; empero, no todo acto de autoridad provoca dichas consecuencias, máxime, que exista una afectación a la esfera jurídica del gobernado. Es decir, existen actos de autoridad que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva; sin embargo, no tienen la finalidad de privar en forma definitiva de dicho derecho a su titular, sino que se trata de medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva. Por ende, no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico para que se repute como "acto privativo" en los términos del segundo párrafo del artículo 14 Constitucional, puesto que para ello, es menester que la afectación tenga el carácter de definitivo. En efecto, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad perseguida por un acto de autoridad, éste asumirá el carácter de privativo; empero, si el acto autoritario se encuentra encaminado a la restricción provisional de un derecho, nos encontramos ante un medio para lograr un propósito en particular, por lo que no debe ser considerado como acto privativo sino de molestia. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo IV, Julio de 1996, página 5, de contenido siguiente: ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." En esa tesitura, no se comulga con la postura del justiciable en el sentido que previo a la emisión del mandato de captura, se debía otorgar la garantía de audiencia contemplada en el artículo 14 Constitucional, pues si bien este precepto ordena el respeto de dicha garantía antes de que se emitan actos que priven en definitiva a alguien de sus bienes o derechos, lo cierto es que los actos que no produzcan dichos efectos estarán regulados por el artículo 16 de la propia Constitución (motivación y fundamentación) De ahí que, al constituir la orden de aprehensión reclamada una medida provisional cuya finalidad es la conducción de investigado al proceso penal de origen, no puede considerarse como un acto formalmente privativo. Bajo dichas consideraciones, adverso a lo alegado por el quejoso en sus motivos de disenso, se estima que la responsable no tenía la obligación de conceder garantía de audiencia previo a la emisión de la orden de aprensión analizada, pues ésta, por su naturaleza y finalidad, de conformidad con el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un acto de molestia y preventivo, el cual debe ser analizado a la luz del numeral 16 de nuestra Carta Magna. Sustenta lo anterior, la tesis IX.1o.33 P del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Penal, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1824, de contenido siguiente: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." Asimismo se estima aplicable la tesis VI.2o.105 P del Segundo Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Penal, Tomo IV, Agosto de 1996, página 702, de rubro y texto siguientes: ORDEN DE APREHENSION. NO ES REQUISITO PARA DICTARLA, OBSERVAR LA GARANTIA DE AUDIENCIA. De la interpretación sistemática del artículo 16 constitucional, se deduce que para dictar una orden de aprehensión es suficiente que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado; por tanto, la emisión de este acto de autoridad no exige como requisito observar la garantía de audiencia de la persona en contra de quien se dicta." Al respecto cabe señalar que la medida restrictiva de libertad que nos ocupa, derivó de la petición formulada por parte del Agente del Ministerio Público, a través de la Plataforma Informática del Sistema de Gestión Judicial Penal, al considerar la actualización de la hipótesis contenida en la fracción III, del artículo 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber, necesidad de cautela. Así, la orden de aprehensión como la que ahora se analiza, es considerada dentro del sistema de justicia penal acusatorio como uno de los medios previstos para hacer comparecer a los imputados ante la presencia del juez, siendo su única finalidad la de conducir al imputado a la audiencia inicial para realizar la formulación de la imputación, pues la situación en la que habrá de permanecer durante la tramitación del proceso seguido en su contra, será definida, en su caso, al momento de discutir en audiencia sobre la medida cautelar a imponer, de las contenidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Resulta dable citar al caso, la tesis XV.3o.2 P (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, página 2319, Décima Época, registro digital 2013618 de rubro y texto: ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. POR SÍ MISMA, CONSTITUYE UN ACTO MEDIANTE EL CUAL SÓLO SE RESTRINGE PROVISIONALMENTE LA LIBERTAD AMBULATORIA DEL IMPUTADO Y SU FINALIDAD ES PASAR A UNA SEGUNDA ETAPA DE INVESTIGACIÓN SUPERVISADA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, UNA VEZ REALIZADA LA IMPUTACIÓN Y DICTADO EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. La orden de aprehensión es una medida efímera, al cobrar vigencia únicamente desde el momento en el que se expide, se localiza a la persona contra la que se emitió y se pone a ésta a disposición del Juez que la dictó, para dar paso a la audiencia de formulación de la imputación, lo que debe realizarse inmediatamente, ya que una vez que aquélla es localizada, la autoridad encargada de su cumplimentación debe dejarla a disposición del órgano jurisdiccional en la sala de audiencias correspondiente, para continuar con el procedimiento relativo a la imputación, con el fin de que se dicte, en su caso, un auto de vinculación a proceso, el que constituirá una autorización posterior para continuar con la investigación de los hechos, de manera formalizada y judicializada, en la medida en que la privación de la libertad ambulatoria sólo ocurre en el tiempo en el que el indiciado es presentado a una audiencia, donde conforme al principio de presunción de inocencia, deberá comparecer libre en su persona; de ahí que la orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, por sí misma, constituye un acto mediante el cual sólo se restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del imputado y su finalidad es la de pasar a una segunda etapa de investigación supervisada por la autoridad judicial, una vez realizada la imputación y dictado el auto de vinculación a proceso.". Es oportuno establecer, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que la orden de aprehensión no es la única forma de conducir al imputado a proceso. El legislador estableció dos hipótesis más que resultan menos lesivas al derecho de libertad consagrado a favor de las personas, como son: la citación y la orden de comparecencia. Luego, si el nuevo paradigma de justicia penal de corte acusatorio implica un sistema garantista de mínima intervención, en el cual la afectación a la libertad personal invariablemente constituye la última razón de aplicación para determinar la incoación del procedimiento penal, para el caso que el Ministerio Público solicite y el juez decida librar una orden de aprehensión como la reclamada, a través de la presente vía constitucional, indefectiblemente deben quedar colmados a cabalidad todos y cada uno de los requisitos legales exigibles para su emisión, pues de lo contrario, se vulneraría el derecho a la libertad en perjuicio del gobernado. Resulta aplicable la tesis 1a. CXCIX/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 547, Décima Época, registro digital: 2006478, de rubro y texto siguiente: LIBERTAD PERSONAL. LA AFECTACIÓN A ESE DERECHO HUMANO ÚNICAMENTE PUEDE EFECTUARSE BAJO LAS DELIMITACIONES EXCEPCIONALES DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. La libertad personal se reconoce y protege como derecho humano de primer rango tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1o., 14 y 16), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7); de ahí que su tutela debe ser la más amplia posible, conforme a la fuente jurídica que mejor la garantice y sólo puede limitarse bajo determinados supuestos de excepcionalidad, en concordancia con los sistemas constitucional y convencional, es decir, a partir del estricto cumplimiento de requisitos y garantías de forma mínima a favor de la persona; de lo contrario, se estará ante una detención o privación de la libertad personal prohibida tanto a nivel nacional como internacional.". Precisado lo anterior, este juzgador verificará si la orden reclamada satisface las exigencias a que alude el dispositivo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que, en lo conducente, respectivamente, señalan: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes a que se haya recibido la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia, resolverá en audiencia exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, o a través del sistema informático con la debida secrecía y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." De acuerdo con los artículos transcritos, para el libramiento de una orden de aprehensión deben satisfacerse ciertos requisitos procesales, formales y materiales, que se enlistan a continuación: I. Requisitos procedimentales El once de mayo de dos mil veintidós, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Toluca, Estado de México, solicitó orden de aprehensión a través de la Plataforma Informática del Sistema de Gestión Judicial Penal, entre otros, en contra del ahora quejoso ++++++++++ y otro, además de que el agente del Ministerio Público expuso los registros en que sustentó su petición y las razones por las que estimó que se cumplían los requisitos para librar la orden de captura, por lo que dicha exigencia se considera cumplida. Asimismo, el juez responsable resolvió acerca de la solicitud en a través del propio sistema de gestión judicial con lo que se cumplieron los artículos 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este aspecto, no es un requisito para el dictado de una orden de aprehensión conceder audiencia previa a la persona contra la que se dirige ni darle intervención en la actuación en la que se solicita el mandato de captura. II. Requisitos formales a) Que sea dictada por una autoridad judicial. Se encuentra satisfecha la primera de las exigencias formales señaladas, consistente en que la orden de aprehensión sea dictada por autoridad judicial, toda vez que en el caso la libró el Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea en el Estado de México, como consta en la copia auténtica que remitió tal potestad. Además -como lo precisó el juez-, era competente para librar la orden de captura, ya que los hechos por los que se dictó se realizaron en el Municipio de Donato Guerra, Estado de México; ámbito territorial de competencia establecida para los jueces de control del Poder Judicial del Estado de México. b) La existencia de una denuncia o querella. El segundo de los requisitos formales también se encuentra satisfecho, pues en la solicitud de orden de aprehensión, el fiscal -y así lo avaló el juez de control- hizo relación de la denuncia de hechos presentada por la víctima de identidad reservada e iniciales ++++++++++.++++++++++.++++++++++.. c) Que el hecho denunciado esté considerado por la ley como delito y sancionado cuando menos con pena privativa de la libertad. El hecho que la ley señala como delitos por los cuales se dictó la orden de captura son los de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia y el de abuso sexual, ilícitos que se encuentran sancionados por el artículo 290, fracción I, y 270, fracción I, ambos del Código Penal del Estado de México, respectivamente; por tanto, se cumple este requisito para emitir la orden de aprehensión. d) Que el acto esté fundado y motivado. También se considera satisfecho el último requisito formal para el dictado de una orden de aprehensión, consistente en que se encuentre fundada y motivada. En efecto, para el dictado de la orden de aprehensión, es un requisito que de la carpeta de investigación y sus antecedentes expuestos por la autoridad ministerial se desprendan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que el imputado haya participado en el mismo. Así, es necesario que al momento en que emita una orden de aprehensión, la autoridad judicial exponga las razones por las que estima que sí se colmaron los requisitos mencionados y los datos de prueba relatados por la representación social que tomó en consideración para arribar a dicha determinación. Se dice lo anterior, pues el artículo 16 constitucional establece que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto. En este caso, tales requisitos están cumplidos porque el juez responsable explicó las razones por las que estimó que sí estaban cumplidas las exigencias para librar una orden de captura, ya que: La autoridad precisó primordialmente su competencia, la que fundó en los artículos 14, 16, 88 inciso b) y 104 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 20 fracción I, 133 fracción I, 141 fracción III, 142, 143, 145 y tercero transitorio, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales; 1, 28, 37, 71, 72 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México; y la circular 33/2016 de quince de junio de dos mil dieciséis. Luego precisó por qué estaba acreditada la existencia de una denuncia por parte de la víctima de identidad reservada e iniciales ++++++++++.++++++++++.++++++++++.. Posteriormente explicó que, a su juicio, los datos de prueba que la fiscalía sometió a su consideración son idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de los hechos delictuosos de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia y abuso sexual. Enlistó y consideró los datos de prueba que se sometieron a su consideración. El juez estimó que estos datos permitían justificar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución en que se desarrolló el evento que la ley contempla como los delitos de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia y abuso sexual; así como los indicios que generan la probable convicción de que el imputado intervino en tales actos ilícitos. De acuerdo con lo que se resume, esta potestad federal considera que se cumplió el requisito de fundamentación y motivación de la orden de aprehensión reclamada, ya que el juez responsable no sólo relató los datos de prueba, sino que explicó el alcance valorativo del "dato" de prueba referenciado para el dictado de la orden de aprehensión, las inferencias que podía realizar con éstos y las razones por las que, a su consideración, se establecía la probable existencia de los hechos ilícitos y la posibilidad de que el quejoso hubiera participado en ellos. Además, los razonamientos del juez son suficientes para posibilitar la defensa del quejoso, esto es, para que éste conozca los motivos por los que se ordenó su aprehensión y, por ende, pueda controvertirlos. III. Requisitos materiales e) Necesidad de cautela El artículo 16 constitucional establece los requisitos para librar una orden de aprehensión. En este precepto no se hace referencia a la necesidad de cautela como un requisito para su emisión. No obstante, si se interpretan de manera armónica todos los preceptos constitucionales que rigen al sistema acusatorio oral, sí es posible considerar que existe una lógica en el sistema que se inspira en la proporcionalidad de las medidas que pueden lesionar los derechos de las personas, como la presunción de inocencia y debido proceso, y los fines que se pretenden alcanzar con el juzgamiento de los delitos: principalmente la verdad, justicia y reparación para todas las personas afectadas directa o indirectamente. De esta manera, es cierto que la autoridad judicial debe ponderar hasta qué punto puede limitar los derechos de las personas de acuerdo con las distintas etapas del proceso penal y los alcances de las medidas judiciales que emite, para no lesionar de manera desmedida derechos sin justificación. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece en qué casos no basta la emisión de citatorios u órdenes de comparecencia, y es necesaria la emisión de una orden de aprehensión: Cuando el Ministerio Público considere que existe necesidad de cautela (artículo 141, párrafo primero, fracción III); Cuando una persona resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad (artículo 141, párrafo tercero). Cuando se declare sustraído de la acción de la justicia al imputado, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, tendiendo la obligación de darlo (artículo 141, párrafo cuarto). En este caso, el juez responsable señaló que resultaban procedentes los argumentos del Ministerio Público, ya que era necesaria una orden de captura, primordialmente porque respecto del delito de robo con violencia, se establece la procedencia de la prisión preventiva oficiosa, en caso de dictarse vinculación, estarían sujetos a la misma durante todo el procedimiento, además de que, de acuerdo a los antecedentes de la investigación conocen a la víctima, además dentro de los bienes materia del robo se encuentra un teléfono celular y a través del mismo pueden acceder a datos personales de la víctima, entre ellos su domicilio, por tanto, existiría riesgo para la víctima de ser amenazada o intimidada para evitar el señalamiento en su contra; criterio con el que se coincide. Por otro lado, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial; por ende, conforme al nuevo sistema de justicia penal, existe la posibilidad legal de que se emita una orden de aprehensión, sin que medie citatorio, siempre y cuando se advierta que exista necesidad de cautela, que se traducen una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En el particular, la necesidad de cautela se satisfizo pues, en esencia, existen circunstancias que evidencian la posibilidad se atente contra la integridad víctima, al saber su ubicación, por ende, resultó legal que el Juez responsable ordenara la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública. Resulta ilustrativo el criterio judicial sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, página 1943, Décima Época, de literalidad siguiente: ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia. f) Que se desprendan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Para estudiar este requisito debe tenerse presente que la orden de aprehensión no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues el artículo 16 constitucional indica que para tal efecto debe justificarse únicamente la probable existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo". Al respecto, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que lo anterior marcó la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito"; las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. En ese tenor, el estándar probatorio exigido para la emisión de un acto de autoridad como el que ahora se reclama, es mínimo, puesto que no se necesita comprobar plenamente el hecho delictivo, con cada uno de sus elementos típicos. Con anterioridad precisamos que para librar una orden de aprehensión no es un requisito otorgar derecho de audiencia al inculpado, debido a que lo que se pretende es que se emita un mandamiento con secrecía suficiente, que impida que una persona evada la acción de la justicia y se logre la comparecencia a la audiencia inicial de una persona, a efecto de que se le formule imputación. Por esta razón, a diferencia de la mayoría de actos procesales, para emitir una orden de captura, el juez no tiene el deber de ponderar dos hipótesis distintas alegadas por las partes, es decir, una versión de la fiscalía y otra de la defensa, y verificar si están soportadas en datos de prueba suficientes. Esto porque en este acto procesal no existen dos versiones, sino una sola: la que hace valer el agente ministerial. Por eso, para el efecto de la emisión de una orden de aprehensión basta con que se compruebe como "factible" "razonable" o "probable" la hipótesis de la fiscalía respecto a la existencia del hecho ilícito y la probable intervención del imputado, sin que pueda exigirse la comprobación total de ambos extremos. En este caso, el agente ministerial que solicitó la captura del quejoso consideró que era probable la existencia de hechos que la ley contempla como los delitos de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia y abuso sexual, asimismo, enunció los datos de prueba con los que se contaba en la carpeta de investigación. Por su parte, el juez de control responsable mencionó a detalle sólo los datos de prueba que estimó idóneos y pertinentes para justificar la existencia de los hechos de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia y abuso sexual. Dichos datos de prueba, esencialmente, son los siguientes: 1. Entrevista de la víctima de identidad reservada e iniciales ++++++++++.++++++++++.++++++++++., en la que manifestó: en fecha veintitrés de febrero del año dos mil veintidós, siendo las siete horas aproximadamente, me trasladaba de Toluca a Valle de Bravo, transitando por la Carretera Federal Monumento-Valle de Bravo y al pasar precisamente en el kilómetro 15 a 16 aproximadamente 300 a un costado de Ranchería San Antonio Hidalgo, Municipio de Donato Guerra, México, me percato que del cofre de mi vehículo en el que me trasladaba de la Marca ++++++++++, color ++++++++++, modelo ++++++++++, del cual en este momento no recuerdo las placas de circulación, me marcaba calentamiento y comenzó a salir una especie de humo o vapor, motivo por el cual me detuve para verificar que estaba sucediendo, me orille a la derecha del sentido en el que circulaba con dirección a Valle de Bravo tratando de evitar obstruir la carpeta asfáltica de la carretera para no provocar un accidente, entonces descendí de mi vehículo y abrí el cofre observando que el humo o vapor salía de una especie de abrazadera de una manguera sin saber exactamente qué falla era esa, dejando el cofre del automóvil abierto, dándome a la labor inmediatamente de hacer una llamada telefónica vía celular para pedir ayuda algún conocido o familiar que me pudiera asistir pues tenía mucho temor de quedarme ahí con el auto descompuesto o algo peor me pudiera suceder, sin embargo no había señal para el funcionamiento del celular, fue entonces que un vehículo tipo camioneta ++++++++++0, que venía en el mismo sentido que yo circulaba, se detuvo en la parte delantera del mi vehículo y descendieron de el dos sujetos masculinos acercándose al lugar donde yo me encontraba parada observando el motor de mi automóvil con el cofre abierto, de momento no los identifique y supuse que me querían ayudar, preguntándome el sujeto que conducía ¿Que sucedía? ¿Sabe usted que tiene su carro? a lo que conteste que no sabía y que solo me paré porque estaba arrojando mucho humo o vapor y temía se fuera a prender en llamas, casi al mismo tiempo el otro sujeto me pregunto si se me ofrecía algo, y si me podían ayudar, pidiéndoles le avisaran a algún mecánico o grúa pues no contaba con señal en mi teléfono celular, y ambos comenzaron a revisar el automóvil, pero no solo en la parte frontal donde se ubica el motor, sino también rodeándolo todo, al darme cuenta de lo que hacían los observe detenidamente y se me hicieron conocidos, trate de recordar donde los había visto antes, y fue que recordé que me habían comentado que en esa zona asaltaban mucho y que eran unas personas al parecer de la comunidad de San Simón de la Laguna, Donato Guerra, México, e incluso como yo era comerciante me habían dicho que tuviera cuidado y en una ocasión yo ya los había visto, me dio mucho miedo, y más porque entre ellos cuchichiaban, y al momento que rodeaban mi vehículo me percato que el sujeto que iba en el lado del copiloto y del cual se responde al nombre ++++++++++, portaba en la parte trasera de su cintura una arma de fuego tipo pistola de tamaño grande que se dejó ver al momento que involuntariamente se le levantó su chamarra, motivo por el cual me alarme un poco pero trate de no demostrarlo porque no sabía que podría pasar, esperando que algún otro automóvil o transporte público pasara por ahí y quisiera detenerse para asistirme o llevarme a Valle de Bravo donde tendría mi cita, fue entonces que la otra persona de quien se responde al nombre de ++++++++++, levanto la cajuela trasera de mi automóvil y pudo observar el contenido de cosas personales que yo ahí guardaba, por lo que le dije que por favor dejara ahí, el otro sujeto también observaba la parte del asiento trasero donde yo tenía más pertenecías, entonces en ese momento el ++++++++++ sacó de entre sus ropas una arma grande tipo pistola escuadra y apunto directamente a mi persona mientras decía fuertemente; "Ahora si hija de tu puta madre ya valió madres nos vamos a llevar tus chingaderas y no la hagas de pinche pedo o vayas a ser señas a quien llegue a pasar porque aquí te damos piso" , y al voltear a ver a Saúl, ya había sacado también su arma de entre sus ropas y me dijo con voz fuerte "Ya lo oíste pendeja", yo me encontraba en ese momento al lado izquierdo delantero del automóvil, y quien se responde al nombre de Jorge del lado izquierdo trasero del automóvil y el otro sujeto del lado derecho a un costado de la puerta del automóvil, sacando las cosas que yo traía de mi vehículo al suyo, mientras las subían yo me pase del lado de la carretera tratando de que me vieran los conductores que transitaban y así poder hacer señas, pero en ese momento Saúl me apunta en el abdomen y me dice "tranquilita tranquilita", quitándome mi teléfono celular marca IPHONE y procedió a apagarlo, así como una Pulsera de oro de 18K de aproximadamente $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), un reloj marca CASSIO, unos aretes, un anillo de oro, de los cuales con posterioridad proporcionare más datos, y facturas y notas con las que cuento, yo les rogaba que se llevaran todo, incluso mi carro, pero que por favor a mí no me hicieran nada, diciéndome "Tranquilita ya se verá porque la verdad estas bien rica mamacita" y en eso el sujeto de nombre ++++++++++ me agarró las nalgas con un apretón y le grite que no me tocara por favor y el otro sujeto se reía y decía "si estás bien sabrosa", pasaron todas las cosas que traía a su vehículo siendo Una Computadora portátil marca APPLE, Una computadora que llevaba a restaurar marca HP, Equipo fotográfico consistente en una cámara fotográfica marca CANNON, Un lente de zoom marca CANNON, Un tripié o base de cámara fotográfica marca UNIVERSAL, Unos lentes de aumento marca DEVLYN, Unos lentes de sol marca RAY BAN, Una bolsa de mano marca MOCHINO, en la que traía pinturas y maquillajes de diversas marcas y una cartera con dinero en efectivo por la cantidad de $8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N), cargadores diversos de los equipos que me robaron, nuevamente apuntándome los dos sujetos me pidieron que les diera el dinero que traía, y les conteste que no tenía, que estaba en mi bolsa, en eso el sujeto que identifico como ++++++++++ me dio una cachetada en la cara y Jorge me dio una patada en el trasero, diciéndome "No te pases de pinche lista a ¿ver que traes ahí?" y me empezó a tocar el busto intentando meter sus manos entre mi ropa interior como buscando si yo traía dinero en efectivo ahí dentro, y el otro sujeto me toqueteó todo el cuerpo y mis partes íntimas y fue cuando empecé a gritar y me volvieron amagar los dos diciéndome que me callara, en ese momento se escuchó un claxon y que se detenía un vehículo por lo que corrieron hacia su camioneta y se arrancaron en sentido contrario al de Valle de Bravo, yo me subí al vehículo y en eso se acercó una amiga de nombre ++++++++++, y yo comencé a llorar y le conté lo que me había pasado, y fue que ella me dijo que se había dado cuenta de lo que estaba pasando y que eran ++++++++++ y ++++++++++, que dichos sujetos se dedican a robar y que ella los ubica perfectamente ya que vive en la comunidad de San Simón de la Laguna, Donato Guerra, México, aclarando que mientras me encontraba con los sujetos pude percatarme de las placas de su vehículo ++++++++++, del Estado de México, estaba muy espantada, mi amiga me dijo que tratara de prender el carro para seguir avanzando y así lo hice, afortunadamente prendió y avance hacia Valle de Bravo, siguiéndome ++++++++++ y fue que ya estando en Valle de Bravo, le hable a mis familiares y les platique lo que me había pasado, de momento no sabía qué hacer y fue que consulte con un abogado y me dijo que tenía que denunciar, al principio no estaba segura, pero mi familia me convenció que debo hacerlo ya que son personas que son identificadas en la comunidad pero nadie hace nada por miedo, ya que después estuve preguntando y efectivamente se trata de esas personas, a quien yo ya me los había topado y los conocía de vista, porque es era mi zona de trabajo ya que era comerciante, en cuanto a la media filiación de ++++++++++, de aproximadamente 39 años de edad, tez morena, estatura 1.70, complexión robusta y el día de los hechos vestía un pantalón de mezclilla azul oscuro, playera negra de algodón, zapatos negros y una sudadera abierta color vino, ++++++++++, de aproximadamente 30 años, tez morena, 1.60 de estatura aproximadamente, gordo, sin bigote y al momento de los hechos vestía un pantalón color negro de mezclilla, camisa azul claro, zapatos tipo tenis y chamarra café oscura como tipo piel, quien por dicho de vecinos del lugar pueden ser localizados en DOMICILIO CONOCIDO SAN SIMON DE LA LAGUNA, DONATO GUERRA, MEXICO, motivo por el cual comparezco y presento formal denuncia por los delitos de robo con violencia y abuso sexual, cometido en mi agravio, y en contra de quien se sin temor a equivocarme responden a los nombres de ++++++++++ Y ++++++++++, comprometiéndome a la brevedad a acreditar la propiedad de los objetos que me fueron robados.". 2. Entrevista de la testigo ++++++++++, de quince de marzo de dos mil veintidós, en la que expuso: comparezco a petición de la víctima de identidad resguardada de quien solo me referiré sus iniciales ++++++++++ a quien conozco desde hace cuatro años por amistad y porque es comerciante y vende en la comunidad en donde yo vivo en Conocido San Simón de la Laguna, Donato Guerra, México, y resulta que el día veintitrés de febrero de 2022, aproximadamente a las siete horas con diez minutos, venia hacia Valle de Bravo, México, por la carretera federal monumento-Valle de Bravo, y al pasar aproximadamente a 300 metros dela ranchería de San Antonio Hidalgo, municipio de Donato Guerra, México, en el kilómetro 15 a 16, me percato que estaba estacionado a un costado de la carretera el vehículo de mi amiga de iniciales++++++++++ y que también estaba estacionado una camioneta de la marca Frontier, color gris, la que ubique porque es de un vecino de la comunidad de nombre ++++++++++, percatándome que estaban amenazando a mi amiga y que estaba con otro vecino de nombre ++++++++++, por instinto empecé a tocar muchas veces el claxon de mi vehículo, y ++++++++++ y ++++++++++ se suben a la camioneta y se arrancan dando vuelta en "U" incorporándose a la carretera, ya que es una recta, y es que me estaciono atrás del carro rojo de mi amiga y me acerco al conductor, percatándome que estaba muy espantada y llorando, y me dice que le habían robado todas sus cosas que traía, dinero, computadora, lentes, cámaras, todas sus cosas personales y yo le dije que había sido ++++++++++ y ++++++++++, ella estaba muy alterada, pero me contestó que si los había identificado, pero me lo decía llorando, por lo que le dije que tratara de prender su carro, para poder irnos, porque corríamos peligro en la carretera, que podían regresar al darse cuenta que era yo, arranco varias veces el vehículo y por fin prendió y decidí acompañarla hasta Valle de Bravo, en donde le aviso a sus familiares, y fue hasta hoy que me busco para pedirme que viniera a decir lo que había visto." 3. Inspección realizada en el lugar de los hechos por el elemento de la policía de investigación de nombre Noé Jair Reyes Estrada, el quince de marzo de dos mil veintidós, específicamente en la Carretera Federal Monumento-Valle de Bravo, San Antonio de Hidalgo, Donato Guerra México. 4. Inspección realizada por elemento de la policía de investigación Noé Jair Reyes, el quince de marzo de dos mil veintidós, en donde tuvo a la vista un vehículo de la marca ++++++++++, tipo ++++++++++, tipo ++++++++++, color ++++++++++ con placas de circulación ++++++++++, del cual los investigados sustrajeron las pertenencias de la víctima. 5. Impresión diagnostica, elaborada por el Licenciada en psicología Michey González López, psicóloga adscrito a la Unidad de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa, de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, realizada a la víctima de identidad resguardada de iniciales ++++++++++, a quien le fueron realizadas pruebas psicológicas concluyendo lo siguiente: La victima de iniciales ++++++++++ se presenta en condiciones buenas de aliño e higiene personal, ubicada en sus esferas cognitivas de tiempo, espacio y persona, sin deficiencias detectadas a mediano y largo plazo, sin dificultades en los procesos de atención y concentración. Presenta un discurso organizado y coherente carente en detalles contextuales, interacciónales y subjetivos, con manejo de voz moderado, las expresiones de las emociones corresponden al contenido del discurso, con dificultad para expresar la narración de los hechos. Postura corporal recta, y poca movilidad con poco contacto visual. Se identifican emociones como tristeza, frustración y enojo. Presenta un lenguaje y pensamiento propios de la edad cronológica. Derivado del análisis de resultados obtenidos en la aplicación de pruebas psicométricas, así como dela información obtenida en la entrevista, se establece que al momento de la valoración psicológica la victima de iniciales ++++++++++ PRESENTA SIGOS Y SINTOMAS DE ANSIEDAD SIGNIFICATIVA Y UNA LEVE PERTURBACION DEL ESTADO DE ANIMO. Derivado del análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de las pruebas psicométricas, así como en la información obtenida en la entrevista, se establece que, al momento de la valoración psicológica, la victima de iniciales ++++++++++. presenta LEVE PERTURBACION DEL ESTADO DE ANIMO. Derivado del análisis de información obtenida en la entrevista, en relación con los resultados obtenidos en la evolución psicológica, se establece que la victima de iniciales ++++++++++ sufre un afectación que consiste en: sentimientos negativos, humillación, vergüenza, culpa o ira, ansiedad, pérdida progresiva de confianza personal como consecuencia de los sentimientos de indefensión y desesperanza, cambios en la confianza en los demás y la creencia en un mundo justo."6. Documentales consistentes en facturas que acreditan la propiedad a favor de la víctima de identidad reservada e iniciales ++++++++++.++++++++++.++++++++++., relativas al teléfono celular de la marca Apple, tipo Iphone, una computadora Apple Macbook Pro, una cámara marca Canon, un anillo de oro de 18 kilates y un lente de cámara marca Canon. Con estos datos, de una apreciación individual y en conjunto estimados al tenor del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juzgador concluyó que son aptos y bastantes para colegir que, a su juicio, era posible establecer los hechos ilícitos, en específico, los de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia y abuso sexual. Ello, porque, respecto a la existencia de una conducta humana en la que el imputado ++++++++++y otro sujeto, desplegaron una conducta dolosa cuya finalidad era apoderarse de diversos bienes sin el consentimiento de la víctima de identidad reservada e iniciales ++++++++++.++++++++++.++++++++++., a través de la violencia, así como ejecutar en la persona de la víctima un acto erótico o sexual sin su consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula, con lo que se lesionaron los bienes jurídicos tutelados que es patrimonio de las personas y la libertad sexual. Además, en torno al objeto material, de manera correcta, el Juez estimó que estaba constituido por una computadora marca Apple Macbook Pro, una computadora marca HP, una cámara fotográfica marca Canon, lente de cámara, un Tripe, unos lentes de aumento marca Devlyn así como unos lentes marca Ray Ban, una bolsa de mano dentro de la cual se encontraban de ocho mil pesos, un teléfono celular marca Apple, tipo Iphone, una pulsera, un reloj marca Casio, unos aretes y anillo de oro de 18 kilates, cuya existencia se consideró acreditada con lo manifestado con la víctima y las documentales que exhibió; empero, en torno al valor intrínseco de los mismos, no era procedente considerar el dictamen en materia de valuación recabado en la investigación inicial, dado que el perito no tuvo a la vista los bienes para poder determinar de forma objetiva el valor de los mismos, por lo que sólo consideró la cantidad de ocho mil pesos en efectivo, de ahí que en torno al monto de lo robado resultaba aplicable lo dispuesto en la fracción III del artículo 289 del Código Penal del Estado de México, no así la fracción IV de tal numeral, citada por la Fiscalía, como parte de la clasificación legal. Por otro lado, respecto del delito de robo, de manera acertada, se colmó la calificativa de violencia que prevé el artículo 290, fracción I, dado que al momento de los hechos, los sujetos activos portaban armas de fuego con la cual amagaron y amenazaron a la víctima del sexo femenino en diversas ocasiones, causando el efecto deseado de infundir miedo, lo que culminó en aniquilar cualquier acto voluntario que contradijera las intenciones de los imputados, además de decirle expresiones de violencia como: "ahora si hija de tu puta madre ya valió madres nos vamos a llevar tus chingaderas y no la hagas de pinche pedo o vayas a hacer señas a quien llegue a pasar porque aquí te damos piso", con lo cual intimidaron a la víctima con causarle daño físico real, además le dieron una cachetada y una patada, lo que incluso se vio reflejado en la opinión del experto en psicología quien en lo conducente determinó que la víctima presentaba signos y síntomas de ansiedad significativa y una leve perturbación del estado de ánimo. Así, en el acto reclamado (emisión de la orden de captura) se actuó privilegiando el contenido de los datos de prueba enunciados, mediante los cuales se estableció el ilícito en comento. Por ende, este órgano de control constitucional estima correcto que el juez de control hubiera estimado demostrada esta hipótesis de la fiscalía de manera suficiente para librar una orden de captura, pues, considerando la naturaleza restrictiva de libertad que implica la orden de aprehensión, concedió un nivel aceptable de certeza jurídica para la emisión de la misma, sin llegar al punto de realizar un análisis exhaustivo de los datos de prueba incorporados a la carpeta. e) Exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Como se precisó en el apartado anterior de esta sentencia, en este momento procesal no es necesario que se acredite fehacientemente que una persona cometió el delito, basta con que esta realización sea probable. En este caso, los datos de prueba que consideró el juez responsable también indican probablemente que el quejoso intervino en los hechos delictuosos. Esta conclusión también se obtiene -como lo apuntó el juez- de los datos de prueba que sirvieron para establecer los posibles hechos delictuoso; de los que se explicó cómo se obtuvo que, por lo que hace al delito de robo agravado, el quejoso intervino en su carácter de coautor material, de conformidad con el artículo 11, fracción I, inciso d), del Código Penal del Estado de México, ante la intervención de dos personas en el momento de ejecutar y consumar el ilícito, ya que ambos realizaron actos tendentes al apoderamiento de los bienes de la víctima, además de amagarla a través del empleo de armas de fuego, lo que evidenció la distribución del quehacer delictivo, en tanto que ambos tenían el codominio funcional del hecho, puesto que ambos tenían la decisión de impulsar el hecho delictuoso o hacerlo cesar. Y en torno al ilícito de abuso sexual, el quejoso intervino en su carácter de autor material, de conformidad con el artículo 11, fracción I, inciso c), del Código Penal del Estado de México, ya que realizó de manera directa e independiente de su coimputado, el acto lascivo en el cuerpo de la víctima, en específico los tocamiento en el pecho de la víctima, intentando meter sus manos entre su ropa interior, tal y como lo narró en su entrevista, pues describió la conducta que fue perpetrada en su persona y la cual es de naturaleza oculta y de realiza ante la ausencia de testigos, lo que impide que se puedan congregar diversos datos de prueba que acrediten de manera directa la conducta delictiva, precisamente porque no estuvo presente al momento de los hechos persona diversa que corroborara el dicho de la menor. Por lo que la declaración de la víctima del delito de violación debe considerarse una prueba esencial, siempre que sea verosímil, se corrobore con cualquier otro indicio y no existan otros que le resten credibilidad, atento a los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia, que sin constituir cada uno de ellos un requisito o exigencia necesario para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, objetiva y de la persistencia en la incriminación. Resulta aplicable la jurisprudencia 436 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época del Apéndice de 2011, Materia Penal, Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección - Adjetivo, página 400, de contenido siguiente: DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE. Tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la persona ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa." De igual forma, apoya lo anterior la tesis XXVII.3o.28 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Penal, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, página 1728, de literalidad siguiente: DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTAN OTROS QUE LE RESTEN CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE.", publicada con el número 436, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, Tomo III, Penal, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sección-Adjetivo, página 400, estableció que, tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa. Lo que es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia condenatoria de 30 de agosto de 2010 en el caso Fernández Ortega y otros vs. México, en el sentido de que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores y, por ende, la naturaleza de esta forma de violencia, no puede esperar a la existencia de pruebas testimoniales, gráficas o documentales, por ello la declaración de la víctima constituye una "prueba fundamental sobre el hecho". De lo anterior se concluye que como los delitos de índole sexual, por su naturaleza, se consuman generalmente en ausencia de testigos, la declaración de la víctima del delito de violación debe considerarse una prueba esencial, siempre que sea verosímil, se corrobore con cualquier otro indicio y no existan otros que le resten credibilidad, atento a los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia, que sin constituir cada uno de ellos un requisito o exigencia necesario para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, objetiva y de la persistencia en la incriminación." En efecto, es acertado que el juez responsable, hasta este momento, bajo la premisa que la relación de los datos de prueba sólo es informativa más no demostrativa, se advierten razones suficientes para considerar que ese hecho real de vida fue cometido y la posibilidad que el quejoso intervino junto con otro sujeto, pues la representación social narró, y así lo avaló la autoridad responsable, que el peticionario de amparo junto con otro sujeto, fue quien se apoderó de diversos bienes sin el consentimiento de la víctima de identidad reservada e iniciales ++++++++++.++++++++++.++++++++++., a través de la violencia; asimismo, ejecutó en la persona de la víctima un acto erótico o sexual sin su consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula. Así, el juez responsable correctamente pudo establecer esos aspectos (no probar ni acreditar, ya que estas figuras no son propias de esa etapa procesal), a partir de la entrevista de la víctima de identidad reservada e iniciales ++++++++++.++++++++++.++++++++++., quien narró los hechos de acuerdo al cuadro fáctico expuesto, aunado a que destacó la forma en que el investigado y otro sujeto, se apoderaron de sus pertenencias sin su consentimiento a través de la violencia, y además, realizaron actos eróticos en su cuerpo; lo cual fue corroborado por la testigo de los hechos ++++++++++, quien al ir circulando por el lugar de los hechos se percató de la presencia de la víctima, quien era amenazada por el ahora quejoso y otro sujeto, a quienes reconoció como vecinos de la comunidad, por lo que comenzó a tocar el claxon, lo que provocó que los agresores huyeran del sitió a bordo de una camioneta, posteriormente se estacionó y se acercó a la víctima quien le platicó lo sucedido, aunado a que percibió que estaba muy espantada y llorando, asimismo, la testigo le proporcionó los nombre de los sujetos involucrados. De ahí que, se pueda establecer la probable intervención del quejoso en los hechos con apariencia de los delitos de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia y abuso sexual. Esto es, la orden de aprehensión es una forma de conducción del imputado al proceso, que permite al Ministerio Público continuar la investigación formalizada del "hecho de vida" que permite individualizarse en ilícito, y así emprender la investigación con el fin de reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos que se hicieron de su conocimiento. Y si bien la solicitud de la orden de captura se dirime escuchando sólo a una de las partes, una vez formulada la imputación, la segunda decisión del órgano jurisdiccional -vinculación o no al proceso-es el resultado de escuchar una audiencia bilateral regida por el principio de contradicción. Sobre esa base, fue legal que la autoridad responsable estableciera que se cometieron los hechos que la ley señala como delitos de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia y abuso sexual y que posiblemente el peticionario de amparo lo cometió en su calidad de coautor y autor, respectivamente, sin llegar al punto de realizar análisis exhaustivo de los datos de prueba incorporados a la carpeta, pues esto corresponde a la etapa siguiente. Por tanto, no existe obligación del fiscal de haber citado al quejoso en la carpeta de investigación, pues justamente, la oportunidad para ser oído, es la audiencia inicial, sin que ello implique violación alguna a sus derechos fundamentales, como el de presunción de inocencia, como trato procesal, dado que como se dijo el mandamiento de captura se ha solicitado como una vía de conducción para que pueda estar presente en la audiencia inicial, por tanto la restricción de la que será objeto es temporal y no definitiva. Por las razones relatadas, se cumplen los requisitos para librar una orden de captura establecidos en el artículo 16 constitucional y, por ende, son infundados los conceptos de violación en los que el quejoso considera que se vulneró tal precepto. En efecto, no se transgredió el principio de legalidad, debido a que el hecho con apariencia de delito que se le atribuye al quejoso, está previsto en el Código Penal para el Estado de México, es decir, normativa formal donde se realizan las descripciones típicas reprochables, ni menos aún se vulneró el diverso de imparcialidad, en virtud a que la actuación del juez de control fue de manera pronta, completa e imparcial, pues se aprecia que se administró justicia de manera gratuita, dentro de los plazos y términos que establecen las leyes, se analizó en su totalidad los datos de prueba allegados a la solicitud de orden de aprehensión, y atendiendo a ello obsequió dicho mandato de captura. Tampoco se vulnera el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 20, Apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual el imputado es considerado inocente mientras no se haya establecido su responsabilidad penal mediante sentencia firme, pues la solicitud ministerial quedó sustentada con los datos de convicción que se allegaron a la causa penal. Es aplicable la tesis de jurisprudencia II.2o.P. J/20, del rubro siguiente: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. En esa virtud, al actualizarse el presupuesto normativo que contiene el artículo 141, fracción III, el mandato de captura fue apegado al orden constitucional, por lo que se estimó procedente la petición del fiscal y se emitió la correspondiente orden de aprehensión contra ++++++++++. Determinación que se reitera, se estima debidamente fundada y motivada, en virtud de que en la misma, se señalaron los preceptos constitucionales y legales aplicables al caso, se citaron con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para la emisión de la orden de aprehensión; además, de que se advierte adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas. Además de que, no se transgredieron los principios de oralidad e inmediación que rigen el sistema procesal penal acusatorio y oral, contenidos en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por haberse emitido la orden de aprehensión por parte del Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea en el Estado de México, a través del uso de sistemas informáticos, porque resultó un medio adecuado para garantizar su autenticidad, pues además existió necesidad justificada de cautela por haber evidencia de la posibilidad de que el inculpado se evada a la acción de la justicia y acorde con el marco legal citado en líneas precedentes, es innecesario, que en esos casos, exista cita previa u orden de comparecencia. Es aplicable la tesis aislada sostenida por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página 2409, Décima Época, que establece ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA DECRETADA POR EL JUEZ DE CONTROL POR EL SISTEMA INFORMÁTICO, NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE ORALIDAD E INMEDIACIÓN QUE LO RIGEN, SI EXISTE NECESIDAD JUSTIFICADA DE CAUTELA. Los principios de oralidad e inmediación que rigen el sistema procesal penal acusatorio y oral, contenidos en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan que todas las audiencias serán orales y deberán desarrollarse en presencia del órgano jurisdiccional y de las partes que deban intervenir en ellas, sin posibilidad de delegar a diversa persona la admisión, desahogo o valoración de pruebas, y la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Por su parte, los artículos 141, fracción III, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén que las solicitudes, entre otras, de órdenes de aprehensión deben resolverse por el Juez de Control con la debida secrecía, inclusive, con el uso de sistemas informáticos, sin que para su dictado deba mediar la participación del interesado (audiencia oral), según puede inferirse de dichos preceptos. Por tanto, si el Juez de Control ordena la aprehensión del imputado por cualquier medio que garantice su autenticidad, como puede ser el sistema informático, cuando existe necesidad justificada de cautela por haber evidencia de la posibilidad de que se evada a la acción de la justicia, no transgrede los principios citados, pues acorde con el marco legal aludido, es innecesario, que en esos casos, exista cita previa u orden de comparecencia." En ese contexto, el acto reclamado no irroga violación a los derechos fundamentales del impetrante, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, al resultar infundados los conceptos de violación y, al no haber motivo para suplir su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se niega la protección constitucional a ++++++++++. Negativa que atendiendo a la técnica que rige el juicio de amparo indirecto, se hace extensiva al acto de ejecución reprochado al Titular de la Unidad de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por no combatirse por vicios propios, sino como consecuencia de la determinación mencionada en el párrafo anterior. Tiene aplicación (en sentido contrario) la jurisprudencia mil trecientos veintiocho de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil cuatrocientos noventa y dos, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN, Décimo Primera Sección Sentencias de amparo y sus efectos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 al mes de septiembre de 2011, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." Por lo expuesto, fundado y, además, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ++++++++++, respecto del acto reclamado del Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea en el Estado de México, sustituida por el Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, consistente en la orden de aprehensión emitida el doce de mayo de dos mil veintidós, en la carpeta administrativa ++++++++++, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO RESPECTIVO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS: Toluca, Estado de México a siete septiembre de dos mil veintitrés. SENTENCIA Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto ++++++++++, promovido por ++++++++++y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de junio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ++++++++++, solicito el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridades siguientes: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: TIENEN EL CARÁCTER COMO ORDENADORAS: A) Juzgado de Control del distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México B) Juzgado Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Poder Judicial del Estado de México. C) Juzgado de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo. LA UNIDAD DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO." IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS. A) La ilegal orden detención y/o aprehensión dictada en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas Por considerar que el acto reclamado vulnera sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión e incompetencia por conocimiento previo. Por cuestión de turno correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, que lo radicó bajo el número ++++++++++y++++++++++por auto de quince de junio de dos mil veintidós, lo admitió a trámite y requirió los informes de ley. En determinación de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se declaró legalmente incompetente por conocimiento previo, dado que los actos reclamados estaban vinculados con el juicio de amparo ++++++++++, del índice de éste órgano jurisdiccional. TERCERO. Se avoca al conocimiento del asunto. Por cuestión de relación, tocó conocer del juicio a este Jugado de Distrito, que lo registró como ++++++++++, y mediante auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se avocó al conocimiento del asunto, se dio intervención el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada de iniciales ++++++++++.++++++++++.++++++++++., lo que se realizó a través de edictos publicados en el Diario Oficial de la Federación los días cinco, trece y veintiuno de junio de dos mil veintitrés; asimismo, el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento del agente del Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal del cual deriva el acto reclamado, que acaeció el diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Seguidas las formalidades de ley, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama una determinación emitida por una autoridad del orden penal que puede tener ejecución en el ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo inicial y de las constancias de autos, se concluye que el quejoso ++++++++++, reclama del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, del Juez Especializado en Cateos, Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Poder Judicial y del Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, todos del Estado de México, la orden de aprehensión emitida en su contra el veintidós de mayo de dos mil veintidós, en la carpeta administrativa ++++++++++, por su probable participación en los hechos con apariencia de los delitos de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia hecho y abuso sexual, en agravio de ++++++++++.++++++++++.++++++++++., así como su ejecución atribuida al Titular de la Unidad de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, negó la existencia del acto reclamado. Por tanto, dado que la parte quejosa no aportó durante la tramitación del presente juicio de amparo ni en la audiencia constitucional, alguna prueba jurídicamente eficaz para desvirtuar dicha negativa, y al tomar en consideración que el juicio de amparo procede únicamente contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, cobra firmeza el contenido de los citados informes justificados; con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo vigente, se impone sobreseer en el presente juicio, respecto del acto de la autoridad analizado en este apartado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia de los actos reclamados Es cierto el acto reclamado de las autoridades responsables Juez del Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y de Medidas de Protección en Línea del Estado de México, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. En ese sentido, también es aplicable la tesis de jurisprudencia que a la letra se integra de la siguiente forma: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo cual se corrobora con las constancias que adjuntó el Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea en el Estado de México adjuntó a dicho informe, consistentes en copias autentificadas de la carpeta administrativa ++++++++++, así como el disco digital en formato DVD que contiene la versión electrónica de la carpeta administrativa aludida, remitido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, de cuyo contenido se advierte la existencia de la orden de aprehensión de doce de mayo de dos mil veintidós; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues se trata de los registros escritos, de audio y video de cuya reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su consulta posterior y porque se presume que la información en ellos contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y, dada la tecnología empleada para su conformación, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa. Cobra aplicación, la tesis de jurisprudencia 226, publicada en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, se cita la jurisprudencia 43/2013 (10a.), publicada con registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por su parte, la Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México negó el acto reclamado; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las manifestaciones efectuadas en el sentido de que actualmente conoce de la carpeta administrativa ++++++++++, en donde se obsequió la orden de aprehensión por parte del Juez del Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y de Medidas de Protección en Línea del Estado de México. Al respecto resulta aplicable la tesis publicada en la página 391 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Julio de 1994, de la Octava Época, con registro 211004, que establece: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Asimismo, el Titular de la Unidad de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México negó la existencia de la ejecución de la orden de aprehensión, sin embargo, dado que la ordenadora aceptó su emisión, se desvirtúa esa negativa y se tiene por cierta la ejecución atribuida a tal autoridad. Es ilustrativa la tesis aislada sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, página 56, que establece: ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 272, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso particular, las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia, y de igual manera, este Juzgador no advierte el análisis oficioso de alguna de ellas. QUINTO. Antecedentes. Para tener mayor comprensión del asunto y estudiar la constitucionalidad del acto materia de reclamo, conviene destacar los antecedentes más relevantes del mismo, los cuales son: HECHO FÁCTICO Aproximadamente a las siete horas del veintitrés de febrero de dos mil veintidós, ++++++++++.++++++++++.++++++++++., transitaba a bordo del vehículo de la Marca ++++++++++, tipo ++++++++++, sobre la carretera Federal Monumento - Valle de Bravo, a la altura de la Ranchería San Antonio Hidalgo, en el Municipio de Donato Guerra, México; y al circular aproximadamente por el kilómetro quince a dieciséis, se percató que su vehículo estaba fallando, por lo que se orilló a su derecha, bajó del vehículo y abrió el cofre observando que salía humo, por lo que trató de hablar por teléfono pero no había señal; enseguida se estacionó delante de su vehículo, una camioneta ++++++++++, color ++++++++++, modelo aproximado ++++++++++, de la cual descendieron ++++++++++ y ++++++++++, quienes se acercaron y le ofrecieron ayuda, comenzando a revisar el vehículo y rodeándolo, cuando ++++++++++.++++++++++.++++++++++. se percató que el sujeto que desciende del lado del copiloto y que sabe responde al nombre de ++++++++++ tenía en la parte trasera de la cintura una arma de fuego tipo pistola, y la otra persona de nombre ++++++++++ abrió la cajuela de su vehículo, diciéndole la que dejara sus cosas y en ese momento sacó un arma grande tipo pistola escuadra y le apuntó directamente, diciéndole "ahora si hija de tu puta madre ya valió madres nos vamos a llevar tus chingaderas y no la hagas de pinche pedo o vayas a hacer señas a quien llegue a pasar, porque aquí te damos piso", apuntándole también el otro sujeto quien empezó a sacar las cosas que traía en el asiento trasero, subiéndolas a su camioneta; enseguida se acercó ++++++++++ y le apuntó con el arma en el abdomen y le dijo "tranquilita tranquilita", quitándole su teléfono celular marca Iphone, así como una pulsera de oro de 18 kilates, un reloj marca Casio, unos aretes, un anillo de oro, por lo que la víctima le rogaba se llevaran todo, pero que a ella la dejaran, a lo que ++++++++++ le contestó "tranquilita ya se verá porque la verdad estas bien rica mamacita", al mismo tiempo que le agarró las nalgas con un apretón, a lo que la víctima le indicaba que no la tocara, mientras ++++++++++ se reía y le decía "si estás bien sabrosa"; asimismo, pasaron todas sus pertenecías su vehículo siendo estas una Computadora portátil marca Apple, una computadora marca HP, una cámara fotográfica marca Cannon, un lente de zoom marca Cannon, un Tripié o base de cámara fotográfica marca Universal, unos lentes de aumento marca Devlyn, unos lentes de sol marca Ray Ban, una bolsa de mano marca Mochino, en la que llevaba pinturas y maquillajes de diversas marcas y una cartera con $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N), así como diversos cargadores; posteriormente, volvieron a apuntarle pidiéndole que les diera todo el dinero, contestándoles que no tenía, por lo que ++++++++++ la golpea en la cara, dándole una cachetada, mientras que ++++++++++ le dio una patada en el trasero, diciéndole "no te pases de pinche lista a ver que traes ahí" y le empezó a tocar el busto intentando meter sus manos entre su ropa interior, mientras que ++++++++++ comenzó a tocarla en todo su cuerpo y en sus partes íntimas, por lo que la víctima comenzó a gritar, instante en que se escuchó un claxon, lo que ocasionó que los investigados corrieran hacia su camioneta y se fueran en sentido contrario a Valle de Bravo. HECHOS JURÍDICAMENTE RELAVANTES 1. Con motivo de los anteriores hechos, se inició la carpeta de investigación ++++++++++. 2. Una vez realizadas las diligencias pertinentes, el once de mayo de dos mil veintidós, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Toluca, Estado de México, solicitó orden de aprehensión a través de la Plataforma Informática del Sistema de Gestión Judicial Penal, en contra de ++++++++++ y otro, como probables autores en la comisión de los hechos delictuosos con apariencia de los delitos de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia hecho y abuso sexual, en agravio de ++++++++++.++++++++++.++++++++++.. 3. El once de mayo de dos mil veintidós, el Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea en el Estado de México, libró la orden de aprehensión solicitada en la carpeta administrativa ++++++++++. La anterior determinación constituye el acto reclamado en la presente sede constitucional. Asimismo, dado que la citada autoridad judicial únicamente atiende peticiones en línea y no forma expediente escrito de las solicitudes que recibe, la citada carpeta judicial se radicó ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, quien actualmente conoce de la misma. Hasta aquí los antecedentes. SEXTO. Conceptos de violación. No es necesaria la transcripción de los conceptos de violación expresados por el accionante del juicio constitucional, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia número 58/2010 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Precisado lo anterior, se procede al análisis de los argumentos propuestos por el quejoso, los que incluso se analizaran de forma conjunta, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo. En ese sentido se tiene que la parte quejosa señala en síntesis lo siguiente: a) Se viola el numeral 14 constitucional, dado que no se siguieron las formalidades del procedimiento, además de que nunca se le respetó el derecho de audiencia para atender la denuncia formulada en su contra. b) El acto reclamado es violatorio del artículo 16 constitucional, en virtud de que no está debidamente fundado y motivado, además de que, no se colmaron los requisitos establecidos en el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, máxime que no se encuentra acreditado el cuerpo del delito y su probable responsabilidad. En su conjunto dichos motivos de reclamo resultan infundados. Contrario a lo que se aduce, la orden de captura reclamada, no vulnera el derecho fundamental consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece a la letra lo que sigue: Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." El referido numeral, en su parte conducente, establece que nadie puede ser privado de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En ese tenor, una vez analizada la orden de aprehensión materia de esta contienda, se advierte que: (1) fue dictada por una autoridad judicial previamente establecida -juez responsable-, y (2) conforme a las leyes procesales expedidas con anterioridad al hecho atribuido, a saber, el Código Nacional de Procedimientos Penales. En este contexto, es imperante señalar que el precepto constitucional invocado prevé la garantía de audiencia a que todo gobernado tiene derecho frente a un acto de autoridad; sin embargo, en el caso que nos ocupa, contrario a lo expuesto por el quejoso en sus motivos de disenso, previo a la emisión de la orden de captura reclamada, no era necesario cumplir con dicha prerrogativa. Para sustentar dicha postura, es preciso entender que por acto de privación debe entenderse aquel que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado; empero, no todo acto de autoridad provoca dichas consecuencias, máxime, que exista una afectación a la esfera jurídica del gobernado. Es decir, existen actos de autoridad que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva; sin embargo, no tienen la finalidad de privar en forma definitiva de dicho derecho a su titular, sino que se trata de medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva. Por ende, no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico para que se repute como "acto privativo" en los términos del segundo párrafo del artículo 14 Constitucional, puesto que para ello, es menester que la afectación tenga el carácter de definitivo. En efecto, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad perseguida por un acto de autoridad, éste asumirá el carácter de privativo; empero, si el acto autoritario se encuentra encaminado a la restricción provisional de un derecho, nos encontramos ante un medio para lograr un propósito en particular, por lo que no debe ser considerado como acto privativo sino de molestia. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo IV, Julio de 1996, página 5, de contenido siguiente: ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." En esa tesitura, no se comulga con la postura del justiciable en el sentido que previo a la emisión del mandato de captura, se debía otorgar la garantía de audiencia contemplada en el artículo 14 Constitucional, pues si bien este precepto ordena el respeto de dicha garantía antes de que se emitan actos que priven en definitiva a alguien de sus bienes o derechos, lo cierto es que los actos que no produzcan dichos efectos estarán regulados por el artículo 16 de la propia Constitución (motivación y fundamentación) De ahí que, al constituir la orden de aprehensión reclamada una medida provisional cuya finalidad es la conducción de investigado al proceso penal de origen, no puede considerarse como un acto formalmente privativo. Bajo dichas consideraciones, adverso a lo alegado por el quejoso en sus motivos de disenso, se estima que la responsable no tenía la obligación de conceder garantía de audiencia previo a la emisión de la orden de aprensión analizada, pues ésta, por su naturaleza y finalidad, de conformidad con el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un acto de molestia y preventivo, el cual debe ser analizado a la luz del numeral 16 de nuestra Carta Magna. Sustenta lo anterior, la tesis IX.1o.33 P del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Penal, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1824, de contenido siguiente: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." Asimismo se estima aplicable la tesis VI.2o.105 P del Segundo Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Penal, Tomo IV, Agosto de 1996, página 702, de rubro y texto siguientes: ORDEN DE APREHENSION. NO ES REQUISITO PARA DICTARLA, OBSERVAR LA GARANTIA DE AUDIENCIA. De la interpretación sistemática del artículo 16 constitucional, se deduce que para dictar una orden de aprehensión es suficiente que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado; por tanto, la emisión de este acto de autoridad no exige como requisito observar la garantía de audiencia de la persona en contra de quien se dicta." Al respecto cabe señalar que la medida restrictiva de libertad que nos ocupa, derivó de la petición formulada por parte del Agente del Ministerio Público, a través de la Plataforma Informática del Sistema de Gestión Judicial Penal, al considerar la actualización de la hipótesis contenida en la fracción III, del artículo 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber, necesidad de cautela. Así, la orden de aprehensión como la que ahora se analiza, es considerada dentro del sistema de justicia penal acusatorio como uno de los medios previstos para hacer comparecer a los imputados ante la presencia del juez, siendo su única finalidad la de conducir al imputado a la audiencia inicial para realizar la formulación de la imputación, pues la situación en la que habrá de permanecer durante la tramitación del proceso seguido en su contra, será definida, en su caso, al momento de discutir en audiencia sobre la medida cautelar a imponer, de las contenidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Resulta dable citar al caso, la tesis XV.3o.2 P (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, página 2319, Décima Época, registro digital 2013618 de rubro y texto: ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. POR SÍ MISMA, CONSTITUYE UN ACTO MEDIANTE EL CUAL SÓLO SE RESTRINGE PROVISIONALMENTE LA LIBERTAD AMBULATORIA DEL IMPUTADO Y SU FINALIDAD ES PASAR A UNA SEGUNDA ETAPA DE INVESTIGACIÓN SUPERVISADA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, UNA VEZ REALIZADA LA IMPUTACIÓN Y DICTADO EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. La orden de aprehensión es una medida efímera, al cobrar vigencia únicamente desde el momento en el que se expide, se localiza a la persona contra la que se emitió y se pone a ésta a disposición del Juez que la dictó, para dar paso a la audiencia de formulación de la imputación, lo que debe realizarse inmediatamente, ya que una vez que aquélla es localizada, la autoridad encargada de su cumplimentación debe dejarla a disposición del órgano jurisdiccional en la sala de audiencias correspondiente, para continuar con el procedimiento relativo a la imputación, con el fin de que se dicte, en su caso, un auto de vinculación a proceso, el que constituirá una autorización posterior para continuar con la investigación de los hechos, de manera formalizada y judicializada, en la medida en que la privación de la libertad ambulatoria sólo ocurre en el tiempo en el que el indiciado es presentado a una audiencia, donde conforme al principio de presunción de inocencia, deberá comparecer libre en su persona; de ahí que la orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, por sí misma, constituye un acto mediante el cual sólo se restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del imputado y su finalidad es la de pasar a una segunda etapa de investigación supervisada por la autoridad judicial, una vez realizada la imputación y dictado el auto de vinculación a proceso.". Es oportuno establecer, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que la orden de aprehensión no es la única forma de conducir al imputado a proceso. El legislador estableció dos hipótesis más que resultan menos lesivas al derecho de libertad consagrado a favor de las personas, como son: la citación y la orden de comparecencia. Luego, si el nuevo paradigma de justicia penal de corte acusatorio implica un sistema garantista de mínima intervención, en el cual la afectación a la libertad personal invariablemente constituye la última razón de aplicación para determinar la incoación del procedimiento penal, para el caso que el Ministerio Público solicite y el juez decida librar una orden de aprehensión como la reclamada, a través de la presente vía constitucional, indefectiblemente deben quedar colmados a cabalidad todos y cada uno de los requisitos legales exigibles para su emisión, pues de lo contrario, se vulneraría el derecho a la libertad en perjuicio del gobernado. Resulta aplicable la tesis 1a. CXCIX/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 547, Décima Época, registro digital: 2006478, de rubro y texto siguiente: LIBERTAD PERSONAL. LA AFECTACIÓN A ESE DERECHO HUMANO ÚNICAMENTE PUEDE EFECTUARSE BAJO LAS DELIMITACIONES EXCEPCIONALES DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. La libertad personal se reconoce y protege como derecho humano de primer rango tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1o., 14 y 16), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7); de ahí que su tutela debe ser la más amplia posible, conforme a la fuente jurídica que mejor la garantice y sólo puede limitarse bajo determinados supuestos de excepcionalidad, en concordancia con los sistemas constitucional y convencional, es decir, a partir del estricto cumplimiento de requisitos y garantías de forma mínima a favor de la persona; de lo contrario, se estará ante una detención o privación de la libertad personal prohibida tanto a nivel nacional como internacional.". Precisado lo anterior, este juzgador verificará si la orden reclamada satisface las exigencias a que alude el dispositivo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que, en lo conducente, respectivamente, señalan: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes a que se haya recibido la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia, resolverá en audiencia exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, o a través del sistema informático con la debida secrecía y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." De acuerdo con los artículos transcritos, para el libramiento de una orden de aprehensión deben satisfacerse ciertos requisitos procesales, formales y materiales, que se enlistan a continuación: I. Requisitos procedimentales El once de mayo de dos mil veintidós, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Toluca, Estado de México, solicitó orden de aprehensión a través de la Plataforma Informática del Sistema de Gestión Judicial Penal, entre otros, en contra del ahora quejoso ++++++++++ y otro, además de que el agente del Ministerio Público expuso los registros en que sustentó su petición y las razones por las que estimó que se cumplían los requisitos para librar la orden de captura, por lo que dicha exigencia se considera cumplida. Asimismo, el juez responsable resolvió acerca de la solicitud en a través del propio sistema de gestión judicial con lo que se cumplieron los artículos 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este aspecto, no es un requisito para el dictado de una orden de aprehensión conceder audiencia previa a la persona contra la que se dirige ni darle intervención en la actuación en la que se solicita el mandato de captura. II. Requisitos formales a) Que sea dictada por una autoridad judicial. Se encuentra satisfecha la primera de las exigencias formales señaladas, consistente en que la orden de aprehensión sea dictada por autoridad judicial, toda vez que en el caso la libró el Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea en el Estado de México, como consta en la copia auténtica que remitió tal potestad. Además -como lo precisó el juez-, era competente para librar la orden de captura, ya que los hechos por los que se dictó se realizaron en el Municipio de Donato Guerra, Estado de México; ámbito territorial de competencia establecida para los jueces de control del Poder Judicial del Estado de México. b) La existencia de una denuncia o querella. El segundo de los requisitos formales también se encuentra satisfecho, pues en la solicitud de orden de aprehensión, el fiscal -y así lo avaló el juez de control- hizo relación de la denuncia de hechos presentada por la víctima de identidad reservada e iniciales ++++++++++.++++++++++.++++++++++.. c) Que el hecho denunciado esté considerado por la ley como delito y sancionado cuando menos con pena privativa de la libertad. El hecho que la ley señala como delitos por los cuales se dictó la orden de captura son los de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia y el de abuso sexual, ilícitos que se encuentran sancionados por el artículo 290, fracción I, y 270, fracción I, ambos del Código Penal del Estado de México, respectivamente; por tanto, se cumple este requisito para emitir la orden de aprehensión. d) Que el acto esté fundado y motivado. También se considera satisfecho el último requisito formal para el dictado de una orden de aprehensión, consistente en que se encuentre fundada y motivada. En efecto, para el dictado de la orden de aprehensión, es un requisito que de la carpeta de investigación y sus antecedentes expuestos por la autoridad ministerial se desprendan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que el imputado haya participado en el mismo. Así, es necesario que al momento en que emita una orden de aprehensión, la autoridad judicial exponga las razones por las que estima que sí se colmaron los requisitos mencionados y los datos de prueba relatados por la representación social que tomó en consideración para arribar a dicha determinación. Se dice lo anterior, pues el artículo 16 constitucional establece que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto. En este caso, tales requisitos están cumplidos porque el juez responsable explicó las razones por las que estimó que sí estaban cumplidas las exigencias para librar una orden de captura, ya que: La autoridad precisó primordialmente su competencia, la que fundó en los artículos 14, 16, 88 inciso b) y 104 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 20 fracción I, 133 fracción I, 141 fracción III, 142, 143, 145 y tercero transitorio, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales; 1, 28, 37, 71, 72 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México; y la circular 33/2016 de quince de junio de dos mil dieciséis. Luego precisó por qué estaba acreditada la existencia de una denuncia por parte de la víctima de identidad reservada e iniciales ++++++++++.++++++++++.++++++++++.. Posteriormente explicó que, a su juicio, los datos de prueba que la fiscalía sometió a su consideración son idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de los hechos delictuosos de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia y abuso sexual. Enlistó y consideró los datos de prueba que se sometieron a su consideración. El juez estimó que estos datos permitían justificar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución en que se desarrolló el evento que la ley contempla como los delitos de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia y abuso sexual; así como los indicios que generan la probable convicción de que el imputado intervino en tales actos ilícitos. De acuerdo con lo que se resume, esta potestad federal considera que se cumplió el requisito de fundamentación y motivación de la orden de aprehensión reclamada, ya que el juez responsable no sólo relató los datos de prueba, sino que explicó el alcance valorativo del "dato" de prueba referenciado para el dictado de la orden de aprehensión, las inferencias que podía realizar con éstos y las razones por las que, a su consideración, se establecía la probable existencia de los hechos ilícitos y la posibilidad de que el quejoso hubiera participado en ellos. Además, los razonamientos del juez son suficientes para posibilitar la defensa del quejoso, esto es, para que éste conozca los motivos por los que se ordenó su aprehensión y, por ende, pueda controvertirlos. III. Requisitos materiales e) Necesidad de cautela El artículo 16 constitucional establece los requisitos para librar una orden de aprehensión. En este precepto no se hace referencia a la necesidad de cautela como un requisito para su emisión. No obstante, si se interpretan de manera armónica todos los preceptos constitucionales que rigen al sistema acusatorio oral, sí es posible considerar que existe una lógica en el sistema que se inspira en la proporcionalidad de las medidas que pueden lesionar los derechos de las personas, como la presunción de inocencia y debido proceso, y los fines que se pretenden alcanzar con el juzgamiento de los delitos: principalmente la verdad, justicia y reparación para todas las personas afectadas directa o indirectamente. De esta manera, es cierto que la autoridad judicial debe ponderar hasta qué punto puede limitar los derechos de las personas de acuerdo con las distintas etapas del proceso penal y los alcances de las medidas judiciales que emite, para no lesionar de manera desmedida derechos sin justificación. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece en qué casos no basta la emisión de citatorios u órdenes de comparecencia, y es necesaria la emisión de una orden de aprehensión: Cuando el Ministerio Público considere que existe necesidad de cautela (artículo 141, párrafo primero, fracción III); Cuando una persona resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad (artículo 141, párrafo tercero). Cuando se declare sustraído de la acción de la justicia al imputado, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, tendiendo la obligación de darlo (artículo 141, párrafo cuarto). En este caso, el juez responsable señaló que resultaban procedentes los argumentos del Ministerio Público, ya que era necesaria una orden de captura, primordialmente porque respecto del delito de robo con violencia, se establece la procedencia de la prisión preventiva oficiosa, en caso de dictarse vinculación, estarían sujetos a la misma durante todo el procedimiento, además de que, de acuerdo a los antecedentes de la investigación conocen a la víctima, además dentro de los bienes materia del robo se encuentra un teléfono celular y a través del mismo pueden acceder a datos personales de la víctima, entre ellos su domicilio, por tanto, existiría riesgo para la víctima de ser amenazada o intimidada para evitar el señalamiento en su contra; criterio con el que se coincide. Por otro lado, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial; por ende, conforme al nuevo sistema de justicia penal, existe la posibilidad legal de que se emita una orden de aprehensión, sin que medie citatorio, siempre y cuando se advierta que exista necesidad de cautela, que se traducen una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En el particular, la necesidad de cautela se satisfizo pues, en esencia, existen circunstancias que evidencian la posibilidad se atente contra la integridad víctima, al saber su ubicación, por ende, resultó legal que el Juez responsable ordenara la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública. Resulta ilustrativo el criterio judicial sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, página 1943, Décima Época, de literalidad siguiente: ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia. f) Que se desprendan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Para estudiar este requisito debe tenerse presente que la orden de aprehensión no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues el artículo 16 constitucional indica que para tal efecto debe justificarse únicamente la probable existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo". Al respecto, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que lo anterior marcó la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito"; las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. En ese tenor, el estándar probatorio exigido para la emisión de un acto de autoridad como el que ahora se reclama, es mínimo, puesto que no se necesita comprobar plenamente el hecho delictivo, con cada uno de sus elementos típicos. Con anterioridad precisamos que para librar una orden de aprehensión no es un requisito otorgar derecho de audiencia al inculpado, debido a que lo que se pretende es que se emita un mandamiento con secrecía suficiente, que impida que una persona evada la acción de la justicia y se logre la comparecencia a la audiencia inicial de una persona, a efecto de que se le formule imputación. Por esta razón, a diferencia de la mayoría de actos procesales, para emitir una orden de captura, el juez no tiene el deber de ponderar dos hipótesis distintas alegadas por las partes, es decir, una versión de la fiscalía y otra de la defensa, y verificar si están soportadas en datos de prueba suficientes. Esto porque en este acto procesal no existen dos versiones, sino una sola: la que hace valer el agente ministerial. Por eso, para el efecto de la emisión de una orden de aprehensión basta con que se compruebe como "factible" "razonable" o "probable" la hipótesis de la fiscalía respecto a la existencia del hecho ilícito y la probable intervención del imputado, sin que pueda exigirse la comprobación total de ambos extremos. En este caso, el agente ministerial que solicitó la captura del quejoso consideró que era probable la existencia de hechos que la ley contempla como los delitos de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia y abuso sexual, asimismo, enunció los datos de prueba con los que se contaba en la carpeta de investigación. Por su parte, el juez de control responsable mencionó a detalle sólo los datos de prueba que estimó idóneos y pertinentes para justificar la existencia de los hechos de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia y abuso sexual. Dichos datos de prueba, esencialmente, son los siguientes: 1. Entrevista de la víctima de identidad reservada e iniciales ++++++++++.++++++++++.++++++++++., en la que manifestó: en fecha veintitrés de febrero del año dos mil veintidós, siendo las siete horas aproximadamente, me trasladaba de Toluca a Valle de Bravo, transitando por la Carretera Federal Monumento-Valle de Bravo y al pasar precisamente en el kilómetro 15 a 16 aproximadamente 300 a un costado de Ranchería San Antonio Hidalgo, Municipio de Donato Guerra, México, me percato que del cofre de mi vehículo en el que me trasladaba de la Marca ++++++++++, color ++++++++++, modelo ++++++++++, del cual en este momento no recuerdo las placas de circulación, me marcaba calentamiento y comenzó a salir una especie de humo o vapor, motivo por el cual me detuve para verificar que estaba sucediendo, me orille a la derecha del sentido en el que circulaba con dirección a Valle de Bravo tratando de evitar obstruir la carpeta asfáltica de la carretera para no provocar un accidente, entonces descendí de mi vehículo y abrí el cofre observando que el humo o vapor salía de una especie de abrazadera de una manguera sin saber exactamente qué falla era esa, dejando el cofre del automóvil abierto, dándome a la labor inmediatamente de hacer una llamada telefónica vía celular para pedir ayuda algún conocido o familiar que me pudiera asistir pues tenía mucho temor de quedarme ahí con el auto descompuesto o algo peor me pudiera suceder, sin embargo no había señal para el funcionamiento del celular, fue entonces que un vehículo tipo camioneta ++++++++++0, que venía en el mismo sentido que yo circulaba, se detuvo en la parte delantera del mi vehículo y descendieron de el dos sujetos masculinos acercándose al lugar donde yo me encontraba parada observando el motor de mi automóvil con el cofre abierto, de momento no los identifique y supuse que me querían ayudar, preguntándome el sujeto que conducía ¿Que sucedía? ¿Sabe usted que tiene su carro? a lo que conteste que no sabía y que solo me paré porque estaba arrojando mucho humo o vapor y temía se fuera a prender en llamas, casi al mismo tiempo el otro sujeto me pregunto si se me ofrecía algo, y si me podían ayudar, pidiéndoles le avisaran a algún mecánico o grúa pues no contaba con señal en mi teléfono celular, y ambos comenzaron a revisar el automóvil, pero no solo en la parte frontal donde se ubica el motor, sino también rodeándolo todo, al darme cuenta de lo que hacían los observe detenidamente y se me hicieron conocidos, trate de recordar donde los había visto antes, y fue que recordé que me habían comentado que en esa zona asaltaban mucho y que eran unas personas al parecer de la comunidad de San Simón de la Laguna, Donato Guerra, México, e incluso como yo era comerciante me habían dicho que tuviera cuidado y en una ocasión yo ya los había visto, me dio mucho miedo, y más porque entre ellos cuchichiaban, y al momento que rodeaban mi vehículo me percato que el sujeto que iba en el lado del copiloto y del cual se responde al nombre ++++++++++, portaba en la parte trasera de su cintura una arma de fuego tipo pistola de tamaño grande que se dejó ver al momento que involuntariamente se le levantó su chamarra, motivo por el cual me alarme un poco pero trate de no demostrarlo porque no sabía que podría pasar, esperando que algún otro automóvil o transporte público pasara por ahí y quisiera detenerse para asistirme o llevarme a Valle de Bravo donde tendría mi cita, fue entonces que la otra persona de quien se responde al nombre de ++++++++++, levanto la cajuela trasera de mi automóvil y pudo observar el contenido de cosas personales que yo ahí guardaba, por lo que le dije que por favor dejara ahí, el otro sujeto también observaba la parte del asiento trasero donde yo tenía más pertenecías, entonces en ese momento el ++++++++++ sacó de entre sus ropas una arma grande tipo pistola escuadra y apunto directamente a mi persona mientras decía fuertemente; "Ahora si hija de tu puta madre ya valió madres nos vamos a llevar tus chingaderas y no la hagas de pinche pedo o vayas a ser señas a quien llegue a pasar porque aquí te damos piso" , y al voltear a ver a Saúl, ya había sacado también su arma de entre sus ropas y me dijo con voz fuerte "Ya lo oíste pendeja", yo me encontraba en ese momento al lado izquierdo delantero del automóvil, y quien se responde al nombre de Jorge del lado izquierdo trasero del automóvil y el otro sujeto del lado derecho a un costado de la puerta del automóvil, sacando las cosas que yo traía de mi vehículo al suyo, mientras las subían yo me pase del lado de la carretera tratando de que me vieran los conductores que transitaban y así poder hacer señas, pero en ese momento Saúl me apunta en el abdomen y me dice "tranquilita tranquilita", quitándome mi teléfono celular marca IPHONE y procedió a apagarlo, así como una Pulsera de oro de 18K de aproximadamente $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), un reloj marca CASSIO, unos aretes, un anillo de oro, de los cuales con posterioridad proporcionare más datos, y facturas y notas con las que cuento, yo les rogaba que se llevaran todo, incluso mi carro, pero que por favor a mí no me hicieran nada, diciéndome "Tranquilita ya se verá porque la verdad estas bien rica mamacita" y en eso el sujeto de nombre ++++++++++ me agarró las nalgas con un apretón y le grite que no me tocara por favor y el otro sujeto se reía y decía "si estás bien sabrosa", pasaron todas las cosas que traía a su vehículo siendo Una Computadora portátil marca APPLE, Una computadora que llevaba a restaurar marca HP, Equipo fotográfico consistente en una cámara fotográfica marca CANNON, Un lente de zoom marca CANNON, Un tripié o base de cámara fotográfica marca UNIVERSAL, Unos lentes de aumento marca DEVLYN, Unos lentes de sol marca RAY BAN, Una bolsa de mano marca MOCHINO, en la que traía pinturas y maquillajes de diversas marcas y una cartera con dinero en efectivo por la cantidad de $8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N), cargadores diversos de los equipos que me robaron, nuevamente apuntándome los dos sujetos me pidieron que les diera el dinero que traía, y les conteste que no tenía, que estaba en mi bolsa, en eso el sujeto que identifico como ++++++++++ me dio una cachetada en la cara y Jorge me dio una patada en el trasero, diciéndome "No te pases de pinche lista a ¿ver que traes ahí?" y me empezó a tocar el busto intentando meter sus manos entre mi ropa interior como buscando si yo traía dinero en efectivo ahí dentro, y el otro sujeto me toqueteó todo el cuerpo y mis partes íntimas y fue cuando empecé a gritar y me volvieron amagar los dos diciéndome que me callara, en ese momento se escuchó un claxon y que se detenía un vehículo por lo que corrieron hacia su camioneta y se arrancaron en sentido contrario al de Valle de Bravo, yo me subí al vehículo y en eso se acercó una amiga de nombre ++++++++++, y yo comencé a llorar y le conté lo que me había pasado, y fue que ella me dijo que se había dado cuenta de lo que estaba pasando y que eran ++++++++++ y ++++++++++, que dichos sujetos se dedican a robar y que ella los ubica perfectamente ya que vive en la comunidad de San Simón de la Laguna, Donato Guerra, México, aclarando que mientras me encontraba con los sujetos pude percatarme de las placas de su vehículo ++++++++++, del Estado de México, estaba muy espantada, mi amiga me dijo que tratara de prender el carro para seguir avanzando y así lo hice, afortunadamente prendió y avance hacia Valle de Bravo, siguiéndome ++++++++++ y fue que ya estando en Valle de Bravo, le hable a mis familiares y les platique lo que me había pasado, de momento no sabía qué hacer y fue que consulte con un abogado y me dijo que tenía que denunciar, al principio no estaba segura, pero mi familia me convenció que debo hacerlo ya que son personas que son identificadas en la comunidad pero nadie hace nada por miedo, ya que después estuve preguntando y efectivamente se trata de esas personas, a quien yo ya me los había topado y los conocía de vista, porque es era mi zona de trabajo ya que era comerciante, en cuanto a la media filiación de ++++++++++, de aproximadamente 39 años de edad, tez morena, estatura 1.70, complexión robusta y el día de los hechos vestía un pantalón de mezclilla azul oscuro, playera negra de algodón, zapatos negros y una sudadera abierta color vino, ++++++++++, de aproximadamente 30 años, tez morena, 1.60 de estatura aproximadamente, gordo, sin bigote y al momento de los hechos vestía un pantalón color negro de mezclilla, camisa azul claro, zapatos tipo tenis y chamarra café oscura como tipo piel, quien por dicho de vecinos del lugar pueden ser localizados en DOMICILIO CONOCIDO SAN SIMON DE LA LAGUNA, DONATO GUERRA, MEXICO, motivo por el cual comparezco y presento formal denuncia por los delitos de robo con violencia y abuso sexual, cometido en mi agravio, y en contra de quien se sin temor a equivocarme responden a los nombres de ++++++++++ Y ++++++++++, comprometiéndome a la brevedad a acreditar la propiedad de los objetos que me fueron robados.". 2. Entrevista de la testigo ++++++++++, de quince de marzo de dos mil veintidós, en la que expuso: comparezco a petición de la víctima de identidad resguardada de quien solo me referiré sus iniciales ++++++++++ a quien conozco desde hace cuatro años por amistad y porque es comerciante y vende en la comunidad en donde yo vivo en Conocido San Simón de la Laguna, Donato Guerra, México, y resulta que el día veintitrés de febrero de 2022, aproximadamente a las siete horas con diez minutos, venia hacia Valle de Bravo, México, por la carretera federal monumento-Valle de Bravo, y al pasar aproximadamente a 300 metros dela ranchería de San Antonio Hidalgo, municipio de Donato Guerra, México, en el kilómetro 15 a 16, me percato que estaba estacionado a un costado de la carretera el vehículo de mi amiga de iniciales++++++++++ y que también estaba estacionado una camioneta de la marca Frontier, color gris, la que ubique porque es de un vecino de la comunidad de nombre ++++++++++, percatándome que estaban amenazando a mi amiga y que estaba con otro vecino de nombre ++++++++++, por instinto empecé a tocar muchas veces el claxon de mi vehículo, y ++++++++++ y ++++++++++ se suben a la camioneta y se arrancan dando vuelta en "U" incorporándose a la carretera, ya que es una recta, y es que me estaciono atrás del carro rojo de mi amiga y me acerco al conductor, percatándome que estaba muy espantada y llorando, y me dice que le habían robado todas sus cosas que traía, dinero, computadora, lentes, cámaras, todas sus cosas personales y yo le dije que había sido ++++++++++ y ++++++++++, ella estaba muy alterada, pero me contestó que si los había identificado, pero me lo decía llorando, por lo que le dije que tratara de prender su carro, para poder irnos, porque corríamos peligro en la carretera, que podían regresar al darse cuenta que era yo, arranco varias veces el vehículo y por fin prendió y decidí acompañarla hasta Valle de Bravo, en donde le aviso a sus familiares, y fue hasta hoy que me busco para pedirme que viniera a decir lo que había visto." 3. Inspección realizada en el lugar de los hechos por el elemento de la policía de investigación de nombre Noé Jair Reyes Estrada, el quince de marzo de dos mil veintidós, específicamente en la Carretera Federal Monumento-Valle de Bravo, San Antonio de Hidalgo, Donato Guerra México. 4. Inspección realizada por elemento de la policía de investigación Noé Jair Reyes, el quince de marzo de dos mil veintidós, en donde tuvo a la vista un vehículo de la marca ++++++++++, tipo ++++++++++, tipo ++++++++++, color ++++++++++ con placas de circulación ++++++++++, del cual los investigados sustrajeron las pertenencias de la víctima. 5. Impresión diagnostica, elaborada por el Licenciada en psicología Michey González López, psicóloga adscrito a la Unidad de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa, de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, realizada a la víctima de identidad resguardada de iniciales ++++++++++, a quien le fueron realizadas pruebas psicológicas concluyendo lo siguiente: La victima de iniciales ++++++++++ se presenta en condiciones buenas de aliño e higiene personal, ubicada en sus esferas cognitivas de tiempo, espacio y persona, sin deficiencias detectadas a mediano y largo plazo, sin dificultades en los procesos de atención y concentración. Presenta un discurso organizado y coherente carente en detalles contextuales, interacciónales y subjetivos, con manejo de voz moderado, las expresiones de las emociones corresponden al contenido del discurso, con dificultad para expresar la narración de los hechos. Postura corporal recta, y poca movilidad con poco contacto visual. Se identifican emociones como tristeza, frustración y enojo. Presenta un lenguaje y pensamiento propios de la edad cronológica. Derivado del análisis de resultados obtenidos en la aplicación de pruebas psicométricas, así como dela información obtenida en la entrevista, se establece que al momento de la valoración psicológica la victima de iniciales ++++++++++ PRESENTA SIGOS Y SINTOMAS DE ANSIEDAD SIGNIFICATIVA Y UNA LEVE PERTURBACION DEL ESTADO DE ANIMO. Derivado del análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de las pruebas psicométricas, así como en la información obtenida en la entrevista, se establece que, al momento de la valoración psicológica, la victima de iniciales ++++++++++. presenta LEVE PERTURBACION DEL ESTADO DE ANIMO. Derivado del análisis de información obtenida en la entrevista, en relación con los resultados obtenidos en la evolución psicológica, se establece que la victima de iniciales ++++++++++ sufre un afectación que consiste en: sentimientos negativos, humillación, vergüenza, culpa o ira, ansiedad, pérdida progresiva de confianza personal como consecuencia de los sentimientos de indefensión y desesperanza, cambios en la confianza en los demás y la creencia en un mundo justo."6. Documentales consistentes en facturas que acreditan la propiedad a favor de la víctima de identidad reservada e iniciales ++++++++++.++++++++++.++++++++++., relativas al teléfono celular de la marca Apple, tipo Iphone, una computadora Apple Macbook Pro, una cámara marca Canon, un anillo de oro de 18 kilates y un lente de cámara marca Canon. Con estos datos, de una apreciación individual y en conjunto estimados al tenor del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juzgador concluyó que son aptos y bastantes para colegir que, a su juicio, era posible establecer los hechos ilícitos, en específico, los de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia y abuso sexual. Ello, porque, respecto a la existencia de una conducta humana en la que el imputado ++++++++++y otro sujeto, desplegaron una conducta dolosa cuya finalidad era apoderarse de diversos bienes sin el consentimiento de la víctima de identidad reservada e iniciales ++++++++++.++++++++++.++++++++++., a través de la violencia, así como ejecutar en la persona de la víctima un acto erótico o sexual sin su consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula, con lo que se lesionaron los bienes jurídicos tutelados que es patrimonio de las personas y la libertad sexual. Además, en torno al objeto material, de manera correcta, el Juez estimó que estaba constituido por una computadora marca Apple Macbook Pro, una computadora marca HP, una cámara fotográfica marca Canon, lente de cámara, un Tripe, unos lentes de aumento marca Devlyn así como unos lentes marca Ray Ban, una bolsa de mano dentro de la cual se encontraban de ocho mil pesos, un teléfono celular marca Apple, tipo Iphone, una pulsera, un reloj marca Casio, unos aretes y anillo de oro de 18 kilates, cuya existencia se consideró acreditada con lo manifestado con la víctima y las documentales que exhibió; empero, en torno al valor intrínseco de los mismos, no era procedente considerar el dictamen en materia de valuación recabado en la investigación inicial, dado que el perito no tuvo a la vista los bienes para poder determinar de forma objetiva el valor de los mismos, por lo que sólo consideró la cantidad de ocho mil pesos en efectivo, de ahí que en torno al monto de lo robado resultaba aplicable lo dispuesto en la fracción III del artículo 289 del Código Penal del Estado de México, no así la fracción IV de tal numeral, citada por la Fiscalía, como parte de la clasificación legal. Por otro lado, respecto del delito de robo, de manera acertada, se colmó la calificativa de violencia que prevé el artículo 290, fracción I, dado que al momento de los hechos, los sujetos activos portaban armas de fuego con la cual amagaron y amenazaron a la víctima del sexo femenino en diversas ocasiones, causando el efecto deseado de infundir miedo, lo que culminó en aniquilar cualquier acto voluntario que contradijera las intenciones de los imputados, además de decirle expresiones de violencia como: "ahora si hija de tu puta madre ya valió madres nos vamos a llevar tus chingaderas y no la hagas de pinche pedo o vayas a hacer señas a quien llegue a pasar porque aquí te damos piso", con lo cual intimidaron a la víctima con causarle daño físico real, además le dieron una cachetada y una patada, lo que incluso se vio reflejado en la opinión del experto en psicología quien en lo conducente determinó que la víctima presentaba signos y síntomas de ansiedad significativa y una leve perturbación del estado de ánimo. Así, en el acto reclamado (emisión de la orden de captura) se actuó privilegiando el contenido de los datos de prueba enunciados, mediante los cuales se estableció el ilícito en comento. Por ende, este órgano de control constitucional estima correcto que el juez de control hubiera estimado demostrada esta hipótesis de la fiscalía de manera suficiente para librar una orden de captura, pues, considerando la naturaleza restrictiva de libertad que implica la orden de aprehensión, concedió un nivel aceptable de certeza jurídica para la emisión de la misma, sin llegar al punto de realizar un análisis exhaustivo de los datos de prueba incorporados a la carpeta. e) Exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Como se precisó en el apartado anterior de esta sentencia, en este momento procesal no es necesario que se acredite fehacientemente que una persona cometió el delito, basta con que esta realización sea probable. En este caso, los datos de prueba que consideró el juez responsable también indican probablemente que el quejoso intervino en los hechos delictuosos. Esta conclusión también se obtiene -como lo apuntó el juez- de los datos de prueba que sirvieron para establecer los posibles hechos delictuoso; de los que se explicó cómo se obtuvo que, por lo que hace al delito de robo agravado, el quejoso intervino en su carácter de coautor material, de conformidad con el artículo 11, fracción I, inciso d), del Código Penal del Estado de México, ante la intervención de dos personas en el momento de ejecutar y consumar el ilícito, ya que ambos realizaron actos tendentes al apoderamiento de los bienes de la víctima, además de amagarla a través del empleo de armas de fuego, lo que evidenció la distribución del quehacer delictivo, en tanto que ambos tenían el codominio funcional del hecho, puesto que ambos tenían la decisión de impulsar el hecho delictuoso o hacerlo cesar. Y en torno al ilícito de abuso sexual, el quejoso intervino en su carácter de autor material, de conformidad con el artículo 11, fracción I, inciso c), del Código Penal del Estado de México, ya que realizó de manera directa e independiente de su coimputado, el acto lascivo en el cuerpo de la víctima, en específico los tocamiento en el pecho de la víctima, intentando meter sus manos entre su ropa interior, tal y como lo narró en su entrevista, pues describió la conducta que fue perpetrada en su persona y la cual es de naturaleza oculta y de realiza ante la ausencia de testigos, lo que impide que se puedan congregar diversos datos de prueba que acrediten de manera directa la conducta delictiva, precisamente porque no estuvo presente al momento de los hechos persona diversa que corroborara el dicho de la menor. Por lo que la declaración de la víctima del delito de violación debe considerarse una prueba esencial, siempre que sea verosímil, se corrobore con cualquier otro indicio y no existan otros que le resten credibilidad, atento a los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia, que sin constituir cada uno de ellos un requisito o exigencia necesario para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, objetiva y de la persistencia en la incriminación. Resulta aplicable la jurisprudencia 436 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época del Apéndice de 2011, Materia Penal, Tomo III. Penal Primera Parte - SCJN Sección - Adjetivo, página 400, de contenido siguiente: DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE. Tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la persona ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa." De igual forma, apoya lo anterior la tesis XXVII.3o.28 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Penal, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, página 1728, de literalidad siguiente: DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTAN OTROS QUE LE RESTEN CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE.", publicada con el número 436, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, Tomo III, Penal, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sección-Adjetivo, página 400, estableció que, tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa. Lo que es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia condenatoria de 30 de agosto de 2010 en el caso Fernández Ortega y otros vs. México, en el sentido de que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores y, por ende, la naturaleza de esta forma de violencia, no puede esperar a la existencia de pruebas testimoniales, gráficas o documentales, por ello la declaración de la víctima constituye una "prueba fundamental sobre el hecho". De lo anterior se concluye que como los delitos de índole sexual, por su naturaleza, se consuman generalmente en ausencia de testigos, la declaración de la víctima del delito de violación debe considerarse una prueba esencial, siempre que sea verosímil, se corrobore con cualquier otro indicio y no existan otros que le resten credibilidad, atento a los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia, que sin constituir cada uno de ellos un requisito o exigencia necesario para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, objetiva y de la persistencia en la incriminación." En efecto, es acertado que el juez responsable, hasta este momento, bajo la premisa que la relación de los datos de prueba sólo es informativa más no demostrativa, se advierten razones suficientes para considerar que ese hecho real de vida fue cometido y la posibilidad que el quejoso intervino junto con otro sujeto, pues la representación social narró, y así lo avaló la autoridad responsable, que el peticionario de amparo junto con otro sujeto, fue quien se apoderó de diversos bienes sin el consentimiento de la víctima de identidad reservada e iniciales ++++++++++.++++++++++.++++++++++., a través de la violencia; asimismo, ejecutó en la persona de la víctima un acto erótico o sexual sin su consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula. Así, el juez responsable correctamente pudo establecer esos aspectos (no probar ni acreditar, ya que estas figuras no son propias de esa etapa procesal), a partir de la entrevista de la víctima de identidad reservada e iniciales ++++++++++.++++++++++.++++++++++., quien narró los hechos de acuerdo al cuadro fáctico expuesto, aunado a que destacó la forma en que el investigado y otro sujeto, se apoderaron de sus pertenencias sin su consentimiento a través de la violencia, y además, realizaron actos eróticos en su cuerpo; lo cual fue corroborado por la testigo de los hechos ++++++++++, quien al ir circulando por el lugar de los hechos se percató de la presencia de la víctima, quien era amenazada por el ahora quejoso y otro sujeto, a quienes reconoció como vecinos de la comunidad, por lo que comenzó a tocar el claxon, lo que provocó que los agresores huyeran del sitió a bordo de una camioneta, posteriormente se estacionó y se acercó a la víctima quien le platicó lo sucedido, aunado a que percibió que estaba muy espantada y llorando, asimismo, la testigo le proporcionó los nombre de los sujetos involucrados. De ahí que, se pueda establecer la probable intervención del quejoso en los hechos con apariencia de los delitos de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia y abuso sexual. Esto es, la orden de aprehensión es una forma de conducción del imputado al proceso, que permite al Ministerio Público continuar la investigación formalizada del "hecho de vida" que permite individualizarse en ilícito, y así emprender la investigación con el fin de reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos que se hicieron de su conocimiento. Y si bien la solicitud de la orden de captura se dirime escuchando sólo a una de las partes, una vez formulada la imputación, la segunda decisión del órgano jurisdiccional -vinculación o no al proceso-es el resultado de escuchar una audiencia bilateral regida por el principio de contradicción. Sobre esa base, fue legal que la autoridad responsable estableciera que se cometieron los hechos que la ley señala como delitos de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia y abuso sexual y que posiblemente el peticionario de amparo lo cometió en su calidad de coautor y autor, respectivamente, sin llegar al punto de realizar análisis exhaustivo de los datos de prueba incorporados a la carpeta, pues esto corresponde a la etapa siguiente. Por tanto, no existe obligación del fiscal de haber citado al quejoso en la carpeta de investigación, pues justamente, la oportunidad para ser oído, es la audiencia inicial, sin que ello implique violación alguna a sus derechos fundamentales, como el de presunción de inocencia, como trato procesal, dado que como se dijo el mandamiento de captura se ha solicitado como una vía de conducción para que pueda estar presente en la audiencia inicial, por tanto la restricción de la que será objeto es temporal y no definitiva. Por las razones relatadas, se cumplen los requisitos para librar una orden de captura establecidos en el artículo 16 constitucional y, por ende, son infundados los conceptos de violación en los que el quejoso considera que se vulneró tal precepto. En efecto, no se transgredió el principio de legalidad, debido a que el hecho con apariencia de delito que se le atribuye al quejoso, está previsto en el Código Penal para el Estado de México, es decir, normativa formal donde se realizan las descripciones típicas reprochables, ni menos aún se vulneró el diverso de imparcialidad, en virtud a que la actuación del juez de control fue de manera pronta, completa e imparcial, pues se aprecia que se administró justicia de manera gratuita, dentro de los plazos y términos que establecen las leyes, se analizó en su totalidad los datos de prueba allegados a la solicitud de orden de aprehensión, y atendiendo a ello obsequió dicho mandato de captura. Tampoco se vulnera el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 20, Apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual el imputado es considerado inocente mientras no se haya establecido su responsabilidad penal mediante sentencia firme, pues la solicitud ministerial quedó sustentada con los datos de convicción que se allegaron a la causa penal. Es aplicable la tesis de jurisprudencia II.2o.P. J/20, del rubro siguiente: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. En esa virtud, al actualizarse el presupuesto normativo que contiene el artículo 141, fracción III, el mandato de captura fue apegado al orden constitucional, por lo que se estimó procedente la petición del fiscal y se emitió la correspondiente orden de aprehensión contra ++++++++++. Determinación que se reitera, se estima debidamente fundada y motivada, en virtud de que en la misma, se señalaron los preceptos constitucionales y legales aplicables al caso, se citaron con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para la emisión de la orden de aprehensión; además, de que se advierte adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas. Además de que, no se transgredieron los principios de oralidad e inmediación que rigen el sistema procesal penal acusatorio y oral, contenidos en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por haberse emitido la orden de aprehensión por parte del Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea en el Estado de México, a través del uso de sistemas informáticos, porque resultó un medio adecuado para garantizar su autenticidad, pues además existió necesidad justificada de cautela por haber evidencia de la posibilidad de que el inculpado se evada a la acción de la justicia y acorde con el marco legal citado en líneas precedentes, es innecesario, que en esos casos, exista cita previa u orden de comparecencia. Es aplicable la tesis aislada sostenida por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página 2409, Décima Época, que establece ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA DECRETADA POR EL JUEZ DE CONTROL POR EL SISTEMA INFORMÁTICO, NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE ORALIDAD E INMEDIACIÓN QUE LO RIGEN, SI EXISTE NECESIDAD JUSTIFICADA DE CAUTELA. Los principios de oralidad e inmediación que rigen el sistema procesal penal acusatorio y oral, contenidos en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan que todas las audiencias serán orales y deberán desarrollarse en presencia del órgano jurisdiccional y de las partes que deban intervenir en ellas, sin posibilidad de delegar a diversa persona la admisión, desahogo o valoración de pruebas, y la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Por su parte, los artículos 141, fracción III, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén que las solicitudes, entre otras, de órdenes de aprehensión deben resolverse por el Juez de Control con la debida secrecía, inclusive, con el uso de sistemas informáticos, sin que para su dictado deba mediar la participación del interesado (audiencia oral), según puede inferirse de dichos preceptos. Por tanto, si el Juez de Control ordena la aprehensión del imputado por cualquier medio que garantice su autenticidad, como puede ser el sistema informático, cuando existe necesidad justificada de cautela por haber evidencia de la posibilidad de que se evada a la acción de la justicia, no transgrede los principios citados, pues acorde con el marco legal aludido, es innecesario, que en esos casos, exista cita previa u orden de comparecencia." En ese contexto, el acto reclamado no irroga violación a los derechos fundamentales del impetrante, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, al resultar infundados los conceptos de violación y, al no haber motivo para suplir su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se niega la protección constitucional a ++++++++++. Negativa que atendiendo a la técnica que rige el juicio de amparo indirecto, se hace extensiva al acto de ejecución reprochado al Titular de la Unidad de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por no combatirse por vicios propios, sino como consecuencia de la determinación mencionada en el párrafo anterior. Tiene aplicación (en sentido contrario) la jurisprudencia mil trecientos veintiocho de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil cuatrocientos noventa y dos, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN, Décimo Primera Sección Sentencias de amparo y sus efectos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 al mes de septiembre de 2011, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." Por lo expuesto, fundado y, además, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ++++++++++, respecto del acto reclamado del Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea en el Estado de México, sustituida por el Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, consistente en la orden de aprehensión emitida el doce de mayo de dos mil veintidós, en la carpeta administrativa ++++++++++, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.
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