Jorge Rey García Cisneros
Expediente 781/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 781/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge Rey García Cisneros
- Subdelegado de Prestaciones, de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, actualmente Subdelegado de Prestaciones de la Oficina de Representación en el Estado de Oaxaca del I.S.S.S.T.E.
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Ejecutoria Vistos los autos y la certificación de cuenta, se observa que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra del acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO; hágase ello del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar. Archivo, relevancia documental y destino del expediente Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo 20, fracción I, del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Anotaciones Háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Devolución anexos Por otra parte, del inciso II) de la certificación de cuenta, se advierte que en este expediente obra un escrito con sello original, mismo que se acompañó al escrito inicial de demanda. En consecuencia, requiérase al promovente para que en el plazo de tres días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger la citada documental, previa copia simple que se deje en autos, y en caso de no hacerlo, ésta queda a su disposición por el plazo de NOVENTA DÍAS; apercibido que de hacer caso omiso en el término concedido, en su oportunidad será destruida sin ulterior acuerdo. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades correspondientes.
- Principal
(notificación a la parte quejosa)San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado actual de los autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; " "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (...)" El artículo 1 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros casos, por actos de autoridad que violen los derechos fundamentales. En este sentido, la fracción I del artículo 103 de la Constitución Federal, también establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales o actos de autoridad que transgredan derechos humanos; sin embargo, ni de este precepto como tampoco del diverso 107, en el que se consagran los principios procesales del juicio de amparo, se define el término "autoridad", como se establece en la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. Por lo cual se precisa que "autoridad" para efectos del amparo es el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Así, la autoridad para los efectos del juicio de amparo, es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí que, no todos los hechos que el gobernado considere contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad, esto es, aquellos que afectan de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; además, si de acuerdo con su naturaleza, se debe considerar si puede exigirse su cumplimiento. De no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no son de autoridad. Además, en la jurisprudencia 164/2011 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) La relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Emita actos unilaterales, en razón de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, d) Para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, de la interpretación armónica del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo y lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. De donde se deduce que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados y, en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de 1) coordinación, 2) supra a subordinación y 3) supraordinación. De acuerdo con ello, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por otra parte, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Carta Magna. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. En el caso en concreto, se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: "A). La omisión o falta de respuesta íntegra y congruente a la petición materia de su competencia pensionaria, presentada por la hoy quejosa en la Oficialía de Partes de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca, con fecha * * * * * * * * B). La omisión o falta de respuesta completa y congruente a la petición dirigida al Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Trabajo del ISSSTE Oaxaca, formalmente recibida en la Oficialía de Partes de la Subdelegación de Prestaciones, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca, con fecha * * * * * * *" Asimismo, del capítulo denominado "ANTECEDENTES" de su escrito de demanda, mismos que narró bajo protesta de decir verdad, confesó en lo que interesa, lo siguiente: "1. Con fecha * * * * * * * * promoví Juicio Contencioso Administrativo en contra de la negativa ficta recaída a mi escrito de solicitud de 05 de julio de 2019, presentado ante la Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; mismo que se radicó bajo el número * * * * * * * * en la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y que fue resuelto mediante sentencia definitiva de * * * * * * * con los siguientes puntos resolutivos: Además, se ordenó al Titular de la Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, acatar lo resuelto en dicho fallo, en el plazo máximo de CUATRO MESES, contados a partir de que quedara firme, debiendo emitir las constancias que acrediten el debido cumplimiento, debiéndose de abstener de emitir acuerdos u oficios de trámite, sino la resolución administrativa que cumpla el fallo. 2. En contra de la anterior sentencia, la autoridad demandada promovió recurso de revisión fiscal, mismo que se turnó al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito con residencia en el Estado de Oaxaca y se registró con número de revisión * * * * * * * * * y con fecha * * * * * * * * desechó por improcedente el recurso de revisión fiscal interpuesto. 3. Mediante acuerdo de 03 de marzo de 2023, la Sala Regional del Sureste, del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, COMUNICÓ a las partes la existencia del desechamiento referido para los efectos legales a que haya lugar. 4. Derivado de lo anterior, mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de la Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con fecha * * * * * * * * * solicité: Se me dé a conocer y notifique la resolución administrativa definitiva, que dé cumplimiento cabal a la sentencia definitiva y firme dictada en el expediente * * * * * * * * Se me paguen todas las diferencias a mi favor, debidamente actualizadas. Sin embargo, hasta esta data no existe pronunciamiento a mi petición" De lo anteriormente transcrito, se colige que la petición formulada por la quejosa no se dirigió al Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Trabajo y al Subdelegado de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca, en su calidad de autoridad para los efectos del amparo, sino derivado de una relación procesal con ese organismo, como partes litigantes dentro del juicio contencioso administrativo instaurado por el disconforme. En efecto, se considera que al haberse señalado como autoridad responsable al Subdelegado de Prestaciones y Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, por un acto omisivo que está directamente vinculado al cumplimiento de una sentencia en un juicio primario, como lo es, el juicio contencioso administrativo federal, cuestión que incluso es materia de la fase en que se encuentra ese juicio (cumplimiento de ejecutoria), el acto atribuido a las responsables no debe ser calificado como "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo", debido que la relación advertida entre la quejosa y las responsables es de coordinación, y no de supra a subordinación. Ello es así, porque el escrito que el quejoso dirigió a la autoridad señalada como responsable fue para que éste le diera a conocer y le notificara la resolución administrativa con la cual dé cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad ******************** del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora, al margen de que la parte quejosa indica que su petición la formuló en términos del artículo 8° de la Carta Magna, como derecho de petición, resulta notorio que lo que pretende es generar en la parte demandada una actuación procesal que conlleve el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de nulidad a que se viene haciendo referencia, valiéndose de la acción del amparo para obtener finalmente lo que es materia de una fase del proceso de cumplimiento en un juicio contencioso administrativo federal. En ese estado de las cosas, lo cierto es que, la solicitud sobre el cumplimiento de la sentencia en el juicio de origen, aún ante la falta de respuesta a ese escrito aparentemente independiente del contexto ya evidenciado, no actualiza una violación directa al derecho de petición reconocido en el artículo 8º de la Constitución General de la República, pues si bien la promoción no se presentó dentro del juicio en el que la promovente es parte, no puede considerarse que sea un escrito libre e independiente del proceso contencioso administrativo, ya que está vinculado al cumplimiento de la resolución dictada por el órgano materialmente jurisdiccional. Se invoca como apoyo la tesis X . A . T . 13 A, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, que este Tribunal Colegiado comparte, con registro digital 162880, de contenido siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN O RETARDO EN LA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DICTADA POR UN TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PLANTEADA POR EL ACTOR A LA AUTORIDAD DEMANDADA, NO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN DIRECTA A DICHA GARANTÍA. Si con motivo del cumplimiento de una resolución dictada por un tribunal de lo contencioso administrativo, el actor solicita por escrito a su contraparte (autoridad demandada) el cumplimiento de dicha resolución y ésta es omisa o retarda la emisión del acuerdo o resolución respectiva, ello no actualiza una violación directa al derecho de petición contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que si bien es cierto que la promoción no se presentó dentro del procedimiento administrativo en el que el promovente es parte, también lo es que no puede considerarse que se trate de un escrito libre e independiente de aquél, ya que está vinculado al cumplimiento de la resolución dictada por el órgano jurisdiccional." Por los motivos expuestos, se evidencia que la obligación solicitada a las autoridades responsables, alegando violación al derecho de petición previsto en el numeral 8° constitucional, está vinculada al cumplimiento de la resolución dictada por el órgano jurisdiccional en el juicio de nulidad de referencia, por lo que, tal violación no puede analizarse en el juicio de amparo biinstancial, al no constituir un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. No pasa desapercibido que, además de todo lo dicho, la parte quejosa tiene expedita la posibilidad de inquirir sobre lo solicitado en el escrito cuya omisión de respuesta reclama, a través del juicio primario de donde deviene la motivación de su petición, e incluso hacer valer el sistema recursivo que en la legislación secundaria que regula el juicio de nulidad federal proceda. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedente analizada, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA este juicio. En el entendido que, el sobreseimiento decretado fuera de audiencia no causa ningún agravio a la parte quejosa, ni la priva de defensas, pues el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, esto es sobreseer este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002, visible en la página 386, tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, competa e imparcial" En consecuencia, resulta innecesario esperar a la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional; pues, en el caso, no se advierte que ello genere beneficio a la parte quejosa. Máxime que, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que si durante la tramitación del juicio el juzgador conoce de la existencia de una causa de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, dado que de no estimarlo así, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario a un acceso a la justicia pronta y expedita, como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, ante el sobreseimiento decretado, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con dos minutos del once de septiembre de dos mil veintitrés. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la Representante Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación del Subdelegado de Prestaciones y Jefe del Departamento de Pensiones, ambos del citado Instituto en Oaxaca; mediante el cual, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinde el informe justificado solicitado en autos; y con ello, dése vista a las partes para su conocimiento. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase como delegados de las autoridades responsables, a las personas que se refieren en el oficio de cuenta, y como domicilio el que se menciona. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo turnada de manera electrónica a este órgano jurisdiccional nueve de agosto de dos mil veintitrés, y recibida al siguiente día, que promovió * * * * * * * por propio derecho, contra actos del Subdelegado de Prestaciones de la Oficina de Representación en el Estado de Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número * * * * * * * y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Admisión de la demanda Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 112, 115, 116 y 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda que promovió * * * * * * *, por propio derecho, contra actos del Subdelegado de Prestaciones de la Oficina de Representación en el Estado de Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado , y otra autoridad. Incidente de suspensión Por no existir solicitud de la parte quejosa, no se tramita el incidente de suspensión. Audiencia Constitucional Con apoyo en el numeral 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la multicitada ley, se señalan las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÈS, para la audiencia constitucional, la cual será por videoconferencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; salvo que este órgano jurisdiccional estime necesaria la presencia física de las partes. Hágase del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 27, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, podrán asistir virtualmente a la citada audiencia, para lo cual, en preparación para ello, deberán: a) Manifestar su deseo de hacerlo a más tardar cinco días antes de dicha celebración; b) Contar con algún dispositivo (computadora, Tablet o teléfono inteligente), con acceso a internet (satelital, red 4G, inalámbrico o residencial) que pueda ser utilizado en el desahogo de la diligencia; y, c) Proporcionar un correo electrónico y número telefónico, a fin de agilizar el trámite para el desahogo de la diligencia señalada. Asimismo, hágase saber a las partes que si consideran estrictamente necesario acudir a este órgano jurisdiccional, su participación en la audiencia será mediante videoconferencia, a través del equipo de cómputo destinado para tal efecto, acorde con lo dispuesto en el artículo 261 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En el entendido que, de no manifestar su voluntad expresamente, se entenderá que no es su deseo estar presentes en la audiencia constitucional y se desahogará sin su asistencia. Solicitud de informe justificado. Se requiere a la autoridad responsable el informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, los cuales se computarán a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, y con una anticipación de por lo menos ocho días en relación con la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con los artículos 22 y 31, fracción I, y 117, de la Ley de Amparo. Expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, para lo cual acompañará, en su caso, copia certificada legible de las constancias necesarias para apoyarlo, pudiendo rendirlo a través de los medios que señala el referido numeral. Se le apercibe que de ser omisa en rendir su informe con justificación o de rendirlo sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se hará efectiva en su perjuicio, una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260 fracción II, de Ley de Amparo; 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se le hace saber que el aludir hechos falsos en su informe justificado, podría actualizar el delito previsto en el artículo 262, fracción I, de la ley de la materia, el cual prevé una pena de prisión de tres a nueve años y una multa de cincuenta a quinientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; más su destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Asimismo, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que puede remitir su informe con justificación, mediante el uso de firma electrónica, a través del correo electrónico institucional 4jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, manifieste bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales se encuentra imposibilitada para firmar electrónicamente y se cuenten elementos suficientes para tener por acreditada la autenticidad del escrito, acorde con lo establecido en el artículo 52 Bis, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo; debiendo confirmar la recepción del mismo al número telefónico 9515023565 ext. 2101, a fin de evitar dilaciones innecesarias. En términos de la jurisprudencia 2 a . / J . 176 / 2012 ( 10 a ), de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las autoridades responsables que sólo le serán notificadas mediante oficio, en su residencia oficial, las determinaciones que, por su importancia, deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. Causales de sobreseimiento Comuníquese a las partes que en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento en relación al acto reclamado, la deberán comunicar de inmediato, y de ser posible acompañarán las constancias que lo acrediten, con el apercibimiento que de omitir hacerlo, se les impondrá una multa de treinta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo. Intervención al Agente del Ministerio Público adscrito. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la ley en mención, dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde y hágase dicha notificación, así como las subsecuentes, mediante lista de publicación de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento del representante social, que la copia de la demanda de amparo queda a su disposición en la Actuaría de este juzgado. Domicilio, autorizados y consulta de expediente. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala en el escrito de cuenta y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Pedro Palacios Texa, pues a pesar de carecer de registro de cédula profesional ante los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación, del sitio de internet * * * * * * se advierte que tiene expedida por la Dirección General de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública la cédula profesional 12164308. En consecuencia, si el quejoso otorga la autorización en términos amplios del citado numeral, además se advierte el número de cédula profesional que tiene a su favor el profesionista en cita; ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este órgano de control constitucional. Lo anterior con apoyo en la tesis aislada 2 a . VIII / 2020 ( 10 a .), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Asimismo, se toma nota de los correos electrónicos y número telefónico proporcionados, de los que se hace saber a la parte quejosa, que sólo serán necesarios para entablar comunicación no procesal; no así para practicar notificaciones, toda vez que no se contempla en la Ley de Amparo. Pruebas Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas documentales de la parte quejosa las que anexa a su escrito inicial de demanda; las que se desahogan por su propia y especial naturaleza sin perjuicio de relacionarlas en el momento procesal oportuno. Con apoyo en el artículo precitado, téngase a la parte quejosa anunciando como pruebas de su parte la presuncional legal y humana, así como la de actuaciones; sin que haya lugar a perfeccionarlas, ya que derivan de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos; por lo que, prácticamente no tienen desahogo, es decir, que no tienen vida propia; como así lo ilustra la tesis aislada XX. 305 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, registrada con el número 209572, visible en la página 291, tomo XV, Enero de 1995, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I . 3 . C . 725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Envío de oficios Se ordena al actuario llevador de este juicio de amparo, realice las notificaciones que deriven de este expediente en los plazos legales contenidos en el artículo 24 de la Ley de Amparo, y de conformidad al contenido del capítulo IV "Notificaciones" del ordenamiento mencionado; notificaciones que deberán ser integradas de manera inmediata al expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al actuario firme los oficios derivados de este juicio y, en su caso, previa revisión del expediente, los entregue de acuerdo a las disposiciones legales aplicables al caso concreto, debiendo dejar constancia de su entrega o remisión (acuse con sello original en el cual, se haga constar en su caso la entrega de anexos y copias, guías de correo o mensajería acelerada y/o razón en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio). En el supuesto de existir alguna imposibilidad para su entrega, deberá hacerlo del conocimiento de la secretaria encargada de la mesa, a través de la razón correspondiente. En el entendido que las constancias y razones deberán vincular al expediente electrónico de manera inmediata, y entregar físicamente a las mesas de trámite, para ser glosadas al expediente físico, de ser el caso. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.
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