Jorge Rene Hernández Melendez
Expediente 859/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 21 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 859/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 15/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jorge Rene Hernández Melendez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE NUEVE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. Visto el estado actual los presentes autos de los cuales se desprende que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a la vista que se le dio en proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés; consecuentemente, esta autoridad procede de oficio a resolver sobre el cumplimiento a la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Sentencia y efectos. En la resolución pronunciado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en el amparo revisión administrativo 752/2021, de su índice, derivado del presente juicio de amparo, se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: Las autoridades responsables, Director General, Junta Directiva y Jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia, de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, residentes en esta ciudad, una vez que cause ejecutoria este fallo. a) Dejen sin efectos el oficio CJ-515/2021, de treinta de abril de dos mil veintiuno. b) Emitan otro, en respuesta a la petición que presentó la señalada relativa a la solicitud de afiliación de su cónyuge como beneficiario al régimen de la citada institución; prescindiendo de la aplicación de los artículos 25, fracción II, y último párrafo, así como 27, ambos del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, esto es que no se le exija que acredite lo relativo a incapacidad total permanente; que no esté recibiendo indemnización por ello, que sea mayor de cincuenta y cinco años, que no perciba cuando menos el salario mínimo general fijado para la zona económica en que resida, que acredite que dependía de la asegurada y que no tenía derecho por si mismo a las prestaciones del citado reglamento; esto es, no se le sujete a exigencias mayores que las establecidas para afiliar a una mujer. c) Asimismo, se le otorgue el servicio médico y hospitalario que requieran el quejoso así como los medicamentos y tratamientos necesarios, atendiendo a los lineamientos del referido instituto, así como a los propios de la profesión médica.". Ejecutoria. Dicha resolución causo ejecutoria el tres de enero de dos mil veintitrés, y se requirió a la responsable su cumplimiento. Ahora bien, la Delegada de las autoridades responsables adscritas a Pensiones Civiles del Estado, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, emitió el oficio DAV-133/2023, de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, dirigido a la parte aquí quejosa, donde en respuesta a la solicitud de su fallecida conyuge relativa a la petición de afiliación como beneficiario al régimen de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, hicieron de su conocimiento que se dejó insubsistente el oficio CJ-515/2021, emitiendo el diverso citado con antelación, donde prescindiendo de la aplicación de los artículos 25 fracción II y último párrafo, así como 27, ambos del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estrado de Chihuahua, y declarando procedente la afiliación del indicado por lo que a fin de continuar con el trámite correspondiente necesita apersonarse al Centro de Atención de Prestaciones Económicas, a efecto de llevar a cabo el procedimiento de alta en el sistema de Pensiones Civiles del Estado, para así poder gozar del servicio médico requerido. Lo cual se estima es acorde a los efectos por lo que se concedió el amparo y protección solicitado; es decir, que la autoridad se pronunciara en forma congruente sobre la petición del quejoso y se la notificara. Ello es así, dado que la respuesta emitida en el oficio en comento, no puede considerarse incongruente por el hecho de que se haga del conocimiento del solicitante que a fin de continuar con el trámite correspondiente necesita apersonarse al Centro de Atención de Prestaciones Económicas, a efecto de llevar a cabo el procedimiento de alta en el sistema de Pensiones Civiles del Estado, para así poder gozar del servicio médico requerido. Por tanto, al apreciarse por parte de este órgano jurisdiccional que al llevar a cabo lo anterior, la responsable no incurrió en exceso o defecto, ni tampoco existió imposibilidad para su cumplimiento, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, virtud a que se restituyó a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental transgredido. Apoyan lo anterior, en lo conducente, los criterios de rubro y contenido siguiente: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia." (Registro digital: 190356. Instancia: Segunda Sala. Novena Época. Materias(s): Común. Tesis: 2a./J. 1/2001. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Enero de 2001, página 203. Tipo: Jurisprudencia). "PETICION, DERECHO DE. CONGRUENCIA Y LEGALIDAD. El artículo 8o. constitucional obliga a las autoridades a comunicar un acuerdo escrito en respuesta a toda petición, y a comunicarlo en breve término. Es claro que la respuesta debe ser congruente con la petición, pues sería absurdo estimar que se satisface la obligación constitucional con una respuesta incongruente. Pero también es cierto que la respuesta no es incongruente por el hecho de que se diga al solicitante que se estima que faltan elementos formales o materiales en la petición, para poderle dar curso en cuanto al fondo de lo pedido. Y en esta caso, lo que procedería sería impugnar la legalidad de la exigencia de tales elementos o requisitos, pero no podría decirse válidamente que la autoridad omitió dictar un acuerdo congruente con la petición, pues la congruencia del acuerdo no debe ser confundida con la legalidad de su contenido." (Registro digital: 254765. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Séptima Época. Materias(s): Constitucional. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 75, Sexta Parte, página 47. Tipo: Aislada). En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto concluido, el cual carece de relevancia documental y es susceptible de depuración, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veinticinco de marzo de dos mil veinte; del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido en agosto de dos mil veinte, relativo al citado acuerdo, atendiendo a que se concedió la suspensión de plano solicitada.
- Principal
Visto el estado actual los presentes autos de los cuales se desprende que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a la vista que se le dio en proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés; consecuentemente, esta autoridad procede de oficio a resolver sobre el cumplimiento a la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Sentencia y efectos. En la resolución pronunciado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en el amparo revisión administrativo 752/2021, de su índice, derivado del presente juicio de amparo, se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: Las autoridades responsables, Director General, Junta Directiva y Jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia, de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, residentes en esta ciudad, una vez que cause ejecutoria este fallo. a) Dejen sin efectos el oficio CJ-515/2021, de treinta de abril de dos mil veintiuno. b) Emitan otro, en respuesta a la petición que presentó la señalada relativa a la solicitud de afiliación de su cónyuge como beneficiario al régimen de la citada institución; prescindiendo de la aplicación de los artículos 25, fracción II, y último párrafo, así como 27, ambos del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, esto es que no se le exija que acredite lo relativo a incapacidad total permanente; que no esté recibiendo indemnización por ello, que sea mayor de cincuenta y cinco años, que no perciba cuando menos el salario mínimo general fijado para la zona económica en que resida, que acredite que dependía de la asegurada y que no tenía derecho por si mismo a las prestaciones del citado reglamento; esto es, no se le sujete a exigencias mayores que las establecidas para afiliar a una mujer. c) Asimismo, se le otorgue el servicio médico y hospitalario que requieran el quejoso así como los medicamentos y tratamientos necesarios, atendiendo a los lineamientos del referido instituto, así como a los propios de la profesión médica.". Ejecutoria. Dicha resolución causo ejecutoria el tres de enero de dos mil veintitrés, y se requirió a la responsable su cumplimiento. Ahora bien, la Delegada de las autoridades responsables adscritas a Pensiones Civiles del Estado, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, emitió el oficio DAV-133/2023, de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, dirigido a la parte aquí quejosa, donde en respuesta a la solicitud de su fallecida conyuge relativa a la petición de afiliación como beneficiario al régimen de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, hicieron de su conocimiento que se dejó insubsistente el oficio CJ-515/2021, emitiendo el diverso citado con antelación, donde prescindiendo de la aplicación de los artículos 25 fracción II y último párrafo, así como 27, ambos del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estrado de Chihuahua, y declarando procedente la afiliación del indicado por lo que a fin de continuar con el trámite correspondiente necesita apersonarse al Centro de Atención de Prestaciones Económicas, a efecto de llevar a cabo el procedimiento de alta en el sistema de Pensiones Civiles del Estado, para así poder gozar del servicio médico requerido. Lo cual se estima es acorde a los efectos por lo que se concedió el amparo y protección solicitado; es decir, que la autoridad se pronunciara en forma congruente sobre la petición del quejoso y se la notificara. Ello es así, dado que la respuesta emitida en el oficio en comento, no puede considerarse incongruente por el hecho de que se haga del conocimiento del solicitante que a fin de continuar con el trámite correspondiente necesita apersonarse al Centro de Atención de Prestaciones Económicas, a efecto de llevar a cabo el procedimiento de alta en el sistema de Pensiones Civiles del Estado, para así poder gozar del servicio médico requerido. Por tanto, al apreciarse por parte de este órgano jurisdiccional que al llevar a cabo lo anterior, la responsable no incurrió en exceso o defecto, ni tampoco existió imposibilidad para su cumplimiento, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, virtud a que se restituyó a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental transgredido. Apoyan lo anterior, en lo conducente, los criterios de rubro y contenido siguiente: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia." (Registro digital: 190356. Instancia: Segunda Sala. Novena Época. Materias(s): Común. Tesis: 2a./J. 1/2001. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Enero de 2001, página 203. Tipo: Jurisprudencia). "PETICION, DERECHO DE. CONGRUENCIA Y LEGALIDAD. El artículo 8o. constitucional obliga a las autoridades a comunicar un acuerdo escrito en respuesta a toda petición, y a comunicarlo en breve término. Es claro que la respuesta debe ser congruente con la petición, pues sería absurdo estimar que se satisface la obligación constitucional con una respuesta incongruente. Pero también es cierto que la respuesta no es incongruente por el hecho de que se diga al solicitante que se estima que faltan elementos formales o materiales en la petición, para poderle dar curso en cuanto al fondo de lo pedido. Y en esta caso, lo que procedería sería impugnar la legalidad de la exigencia de tales elementos o requisitos, pero no podría decirse válidamente que la autoridad omitió dictar un acuerdo congruente con la petición, pues la congruencia del acuerdo no debe ser confundida con la legalidad de su contenido." (Registro digital: 254765. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Séptima Época. Materias(s): Constitucional. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 75, Sexta Parte, página 47. Tipo: Aislada). En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto concluido, el cual carece de relevancia documental y es susceptible de depuración, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veinticinco de marzo de dos mil veinte; del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido en agosto de dos mil veinte, relativo al citado acuerdo, atendiendo a que se concedió la suspensión de plano solicitada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Delegadas de las autoridades responsables adscritas a Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad; y, en atención a su contenido, téngasele informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, y para tal efecto remite copia del oficio de respuesta a la parte aquí quejosa. Conforme a lo anterior, toda vez que de acuerdo a la Ley de Amparo, este es el momento procesal para que la parte quejosa aduzca lo relativo al exceso o defecto en el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, por ello, con la única finalidad de salvaguardar su derecho a exponer los motivos por los cuales considere que existe el incumplimiento y a efecto de acatar lo previsto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, aplicable para el trámite del cumplimiento dado a la ejecutoria, dése vista a la parte quejosa, con el contenido del oficio y anexo referidos, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que sea legalmente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga debiendo exponer, en su caso, las razones particulares por las cuales considera que existe exceso o defecto en el cumplimiento dado a la sentencia, apercibido que transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado dictará resolución en la que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VISTO EL ESTADO DE LOS AUTOS, DE LOS QUE SE ADVIERTE QUE POR PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE TUVO A LA PARTE QUEJOSA, HACIENDO DIVERSAS MANIFESTACIONES RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DADO POR LA RESPONSABLE A LA EJECUTORIA DE AMPARO, EN RELACIÓN A QUE NO HA COMPARECIDO ANTE DICHO DEPARTAMENTO A PRESENTAR LA SOLICITUD CON LOS REQUISITOS QUE EXIGE EL NUMERAL 26 DEL REGLAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, LO QUE HACÍA LEGAL Y MATERIALMENTE IMPOSIBLE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SU SOLICITUD. EN TAL VIRTUD, ATENTO A LO EXPUESTO POR EL PROMOVENTE, CON COPIA SIMPLE DE DICHO ESCRITO CÓRRASE TRASLADO A LAS RESPONSABLES DIRECTOR GENERAL, JUNTA DIRECTIVA Y JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA, TODAS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, PARA QUE AL CONTESTAR EL REQUERIMIENTO AQUÍ FORMULADO MANIFIESTE LO QUE A SU INTERÉS LEGAL CONVENGA SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE QUE SE TRATA. APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO, CON APOYO EN LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 193, 238 Y 258 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE IMPONDRÁ EN VÍA DE APREMIO UNA MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 26, APARTADO B, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CONFORME A LA CANTIDAD PUBLICADA EL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EQUIVALENTE A $10,354.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), A RAZÓN DE $103.74 (CIENTO TRES PESOS 74/100 MONEDA NACIONAL) COMO VALOR DIARIO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 238 Y 258 DE LA LEY DE AMPARO. NOTIFÍQUESE.
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