Jorge René Andrade Baeza
Expediente 856/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 13 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 856/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 01/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Jorge René Andrade Baeza
- Jorge René Andrade Baeza y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por Tomas Roberto Hernández Valencia, apoderado legal del quejoso Jorge Rene Andrade Baeza, mediante el cual solicita se le devuelva el original de la documental que exhibió en autos, la cual ofreció como prueba en el presente juicio. Atento a lo anterior; dígase al promovente que deberá estarse a lo acordado en proveído de nueve de diciembre del año pasado, en donde se dejó a su disposición la citada documental que peticiona, la cual podrá recibir a través de las personas que autoriza para tal efecto en su escrito de cuenta. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Jorge René Andrade Baeza, por conducto de su apoderado legal, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días hábiles a recoger el documento original exhibido en autos; con el apercibimiento de que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido. Empero, para la devolución de la documental referida, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, el promovente o cualquiera de las personas autorizadas para ello, deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se hará la devolución del citado documento original, por lo que deberá agendar nueva cita. Ahora, de conformidad con el artículo 15 del citado acuerdo, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de lunes a viernes de ocho horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase a la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas deducidas del expediente laboral 782/2007, de su índice, que adjuntó a su informe justificado y que se manejaron por cuerda separada constante de un tomo. Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto: agréguese a los autos sin mayor proveer el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad; lo anterior, en virtud que de autos se advierte que el veintidós de noviembre del año en curso, se dictó sentencia definitiva en el presente asunto, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo. De igual forma, en atención a lo antes acordado, devuélvansele a la autoridad oficiante las copias certificadas de las constancias que remite, toda vez que resulta innecesaria su conservación en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
?AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con cincuenta minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistida por Armando Blanco Palmeros, Secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio de amparo 856/2021- 6, promovido por ++++++++++++++++++++, a través de su apoderado legal Tomás Roberto Hernández Valencia. Acto seguido, el secretario da cuenta con el escrito signado por Tomás Roberto Hernández Valencia, en su carácter de apoderado legal del quejoso, registrado en el libro de correspondencia con el folio13456. La secretaria en funciones de Jueza de Distrito, acuerda: Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta mediante el cual el apoderado legal del quejoso solicita la ampliación de la demanda de amparo, respecto de diversos actos que señala en este asunto; en atención a ello, se acuerda: Toda vez que en el presente juicio se encuentra señalada la audiencia constitucional para esta fecha, dígase al promovente que deberá estarse a lo que se determine en la presente resolución, toda vez que en el caso se reclama violación al artículo 17 Constitucional, por actos omisivos de las autoridades responsables. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la Secretaria en funciones de Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expid????????????? la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, la Secretaria en funciones de Jueza de Distrito, acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la presuncional legal y humana, la instrumental pública de actuaciones, así como las siguientes documentales: ? Original con firmas autógrafas de la audiencia de treinta de mayo de dos mil siete. ? Copia simple de los escritos de diecinueve y veintiuno de junio de dos mil diecinueve y de veintiséis de abril de dos mil veintiuno. ? Copia simple de la carta poder de diecinueve de junio de dos mil diecinueve Medios de convicción ofrecidos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. De igual forma, se da cuenta con las copias certificadas de diversas constancias deducidas del expediente laboral 782/2007, que remitió la junta responsable en apoyo a su informe justificado, las cuales obran glosadas en autos; asimismo, con las diversas documentales que remitió la citada autoridad en proveído de diez de los cursantes, las cuales se encuentran por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este juzgado. Al respecto la Secretaria en funciones de Jueza de Distrito, acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, la Secretaria en funciones de Jueza de Distrito, acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO, para resolver los autos del juicio de amparo 856/2021-6, promovido por Jorge René Andrade Baeza, a través de su apoderado legal Tomás Roberto Hernández Valencia, contra actos de la Junta Especial???????????? Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el treinta de julio de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común y turnada a este órgano jurisdiccional el tres de agosto siguiente, Jorge René Andrade Baeza, a través de su apoderado legal Tomas Roberto Hernández Valencia, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y las autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1.- La falta de impartición de justicia completa, pronta e imparcial que recae en EJECUTAR COMPLETA, FÍSICA, MATERIAL Y LEGALMENTE EL LAUDO DE FECHA 18 DE MARZO DE 2016, pues considero que las autoridades responsables se encuentran entorpeciendo la administración de justicia en mi perjuicio, pues no se encuentran cumpliendo lo establecido por los Artículos 940, 945, 946 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo en vigor. 2.- De la misma manera reclamo la FALTA DE NOTIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ASI COMO LA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUE RECAE EXPRESAMENTE EN LA FALTA DE ACUERDO RESPECTIVO DONDE SE PRONUNCIE EN RELACIÓN A LAS PROMOCIONES DE FECHAS 19 DE JUNIO DE 2019, 21 DE JUNIO DE 2019 Y 10 DE MAYO DE 2021, toda vez que para efectos de poder ejecutar completamente el laudo e impulsar el procedimiento de ejecución, se tienen que tener la actividad procesal por parte del actor, y en este caso solicitar se continúe con la secuela de la ejecución del laudo hasta su materialización total, actualizar los avalúos de los bienes ya embargados, y así poder dictar el remate de los mismos, en ese orden de ideas si el primer acto no se actualizaba, derivado que dé el dependen los ulterior, entonces no se podrá ejecutar el laudo ni adjudicar o rematar los bienes ya embargados. 3.- Reclamo también la eminente DENEGACIÓN DE JUSTICIA, por parte de las responsables ordenadoras a como se acredita con la falta de Acuerdo de mi promoción de fecha 19 de junio de 2019, 21 de junio de 2019 y 10 de mayo de 2021, en el cual se hace ver a las autoridades, la falta de impulso procesal respecto del procedimiento de ejecución, en tal virtud considero que se violan los principios de INMEDIATEZ, CELERIDAD, EQUIDAD PROCESAL Y SEGURIDAD JURÍDICA, que establece el Artículo 685 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo en Vigor, mismo que reza ".EI proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se Iniciará a Instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." AUTORIDADES RESPONSABLES PRESIDENTE EJECUTOR DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. PLENO DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. ACTUARIO ADSCRITO A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 5 INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. SEGUNDO. PREVENCIÓN Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó su registro bajo el expediente 856/2021-6, y se previno para que el promovente del juicio de amparo precisara que autoridades señalaba como responsables y que actos les reclamaba a cada una de ellas. Cumplido el requerimiento de mérito, por auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son???????????? estos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: ? La omisión de acordar los escritos presentados el diecinueve y veintiuno de junio de dos mil diecinueve y diez de mayo de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 782/2007, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. Tabasco, con residencia en esta ciudad; así como su notificación. Sin que pase inadvertido para la suscrita los diversos actos que señaló en su escrito de demanda y en el diverso de aclaración de demanda la parte quejosa; sin embargo, de un estudio integral de las constancias que obran en el presente expediente, se advierte que de lo que sustancialmente se duele el impetrante es la omisión de darle respuesta a sus escritos detallados con antelación, a través de los cuales impulsa la ejecución del laudo emitido en el referido juicio laboral de origen. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS AL ACTUARIO DE LA JUNTA RESPONSABLE, ASÍ COMO AL INSTITUTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. En primer término es inexistente el acto reclamado al actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. Lo anterior, toda vez que dicha autoridad responsable negó la existencia de los actos que se le reclaman, aunado a que los referidos actos se tratan de la omisión de acordar los escritos presentados por el impetrante el diecinueve y veintiuno de junio de dos mil diecinueve y diez de mayo de dos mil veintiuno; por tanto, al advertirse que a la fecha de la presentación del escrito de demanda no le había recaído acuerdo alguno a dichas promociones, resulta evidente que el fedatario no se encontraba en aptitud legal para notificar acuerdos que son inexistentes.???????????? Sobre el particular, es de tomar en cuenta, en lo conducente, lo expuesto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". De igual forma, en cuanto al acto reclamado a la responsable Instituto Registral del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, dicha autoridad responsable al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama. Sin que la parte quejosa haya aportado pruebas idóneas y fehacientes en contrario para desvirtuar dicha negativa. En efecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante el informe rendido por la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, la autoridad responsable no rinda el mencionado informe. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS.- No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en???????????? virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Aunado a que, con dicha negativa realizada por la citada responsable, se dio vista oportuna a la parte quejosa en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, sin que ésta se desvirtuara, lo cual era indispensable a efecto de que esta juzgadora estuviera en aptitud legal de analizar la constitucionalidad del acto reclamado. Sobre el particular, es de tomar en cuenta lo expuesto en la tesis VI.2o.A.4 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 903, del rubro y texto siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". Por ende, se consideran inexistentes los referidos actos reclamados a las citadas autoridades señaladas como responsables en el presente asunto. En ese sentido, en lo tocante a los actos reclamados a las citadas autoridades responsables, procede SOBRESEER en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 633 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL DIVERSO ACTO RECLAMADO. Las diversas autoridades responsables al rendir informe justificado negaron la existencia de los actos que se les reclama consistentes en dar contestación a los escritos presentados por el impetrante el 3 Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; ???????????? diecinueve y veintiuno de junio de dos mil diecinueve y diez de mayo de dos mil veintiuno, dentro del citado expediente laboral de origen; sin embargo, dichas negativas se desvirtúan con las documentales que exhibieron consistentes en diversas copias certificadas del referido juicio laboral de origen; mismas que obran glosadas al presente expediente y por cuerda separada, a las que se les concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo. De las referidas constancias se advierte la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa, en virtud que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, la junta responsable no había acordado lo relativo a los escritos presentados por la parte quejosa de los cuales se duele; por tanto son ciertos los actos reclamados a las referidas autoridades señaladas como responsables. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el??????????? acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, de las constancias remitidas por la junta responsable, al rendir su informe justificado, entre las que destaca la copia certificada del proveído dictado el seis de septiembre del año en curso, en el juicio laboral 782/2007, se desprende que dicha autoridad acordó los escritos presentados el diecinueve y veintiuno de junio de dos mil diecinueve y diez de mayo de dos mil veintiuno, dentro del citado expediente laboral de origen, promovidos por la parte quejosa, con los cuales impulsaba el procedimiento de ejecución del laudo condenatorio de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el tres de agosto de dos mil veintiuno, indudablemente existía la conducta omisiva de la junta responsable pues no había proveído respecto de los escritos presentados el diecinueve y veintiuno de junio de dos mil diecinueve y diez de mayo de dos mil veintiuno, dentro del referido juicio laboral de origen; sin embargo, a la presente data en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII,????????????? correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por +++++++++++++++++++++++++++, contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
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