Jorge Refugio Valdez Alexander

Expediente 488/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
488/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
09/01/2023

Partes del expediente

  • Jorge Refugio Valdez Alexander

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, nueve de enero de dos mil veintitrés.********************Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra del proveído de diez de octubre de dos mil veintidós [foja 07], mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por********************, ha transcurrido sin que se haya interpuesto medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se acuerda:********************Se declara que ha causado estado el proveído de diez de octubre de dos mil veintidós.********************Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido.********************Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental.********************Por último, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, último párrafo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales; se hace constar que tanto el expediente electrónico, como el impreso coinciden en su totalidad.********************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************Notifíquese.Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Luis Alberto González Villa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en los artículos 51 a 60 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes que a partir del ocho de los corrientes, se encuentra adscrita como titular de este órgano jurisdiccional la licenciada Judith Alhelí Andrade Villafán. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Arturo Samaniego Morales, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Se advierte que por auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, se otorgó acceso al quejoso al expediente electrónico. De igual manera, se advierte que por acuerdo de diez de octubre del propio año, se asentó que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, el correo electrónico **. Derivado de esto último, el día siguiente, la actuaria de la adscripción, envió el archivo que contenía el citado proveído de diez de octubre, tal como se advierte de la constancia que obra a foja. En virtud de lo anterior, se regulariza el procedimiento, para el solo efecto de dejar insubsistente el acuerdo de diez de octubre de dos mil veintidós, única y exclusivamente en la parte en que se asentó que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, el correo electrónico ***. En ese contexto, realicese la notificación del auto de diez de octubre del año que transcurre, en los términos ordenados en el diverso de nueve de septiembre de esta anualidad. Se agrega escrito del autorizado de la parte quejosa. Respecto a la primera solicitud, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, previa razón de entrega que se deje en autos. Respecto a la diversa petición, dígase al ocursante que se esté a lo ordenado en este mismo proveído. Notifíquese. Y EN CUMPLIMIENTO AL MISMO, SE NOTIFICA EL ACUERDO DE: Nuevo Laredo, Tamaulipas, diez de octubre de dos mil veintidós. Promoción Téngase por recibido el oficio proveniente del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, mediante el cual en cumplimiento a la solicitud que le formuló este órgano jurisdiccional en autos, remite copia del escrito de demanda. Determinación Téngase por cumplida lo anterior, para los efectos legales conducentes. Desechamiento En virtud de lo anterior, se trae a la vista de nueva cuenta la demanda de amparo, la cual se estima debe desecharse al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal como se expone a continuación. Del análisis efectuado al escrito de demanda, se advierte que el quejoso reclama del licenciado David Arias Moreno, en su carácter de visitador designado adscrito a la Dirección de Asuntos Notariales, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, lo siguiente: La visita extraordinaria de cuatro de mayo de dos mil veintidós, practicada en la Notaría Pública 106, ubicada en esta ciudad, la cual se encuentra a cargo del licenciado Reynaldo Eduardo Flores Villarreal. Así las cosas, como se anticipó, en el caso se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, este último dispositivo aplicado en sentido contrario, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" De los artículos transcritos, interpretados en sentido contrario, se desprende que el juicio es improcedente cuando el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para los efectos del amparo. En relación con ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 161133, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por tanto, para los efectos del juicio de amparo, las notas distintivas de acto de autoridad se rigen por los siguientes elementos: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Luego, si el amparo procede sólo contra actos de autoridad, es dable concluir que quedan excluidos los actos de particulares, siempre y cuando no se trate de actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos en los términos señalados, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese entendido, es pertinente destacar que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para dirimirlas. Por otro lado, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos; y se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para dirimir los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por tanto, la naturaleza jurídica de la relación entre el promovente y aquél a quien señala como autoridad responsable, son determinantes para efectos de la procedencia del presente juicio, pues se requiere que el acto que se reclame sea el que emita un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. En esos términos, se concluye que el juicio de amparo es procedente contra actos que violen derechos fundamentales, emitidos por quienes tengan el carácter de autoridades responsables; es decir, de aquellos entes que, con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; categoría dentro de la cual debe considerarse a los particulares que realicen u omitan actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; en caso contrario, si el acto reclamado no proviene de una autoridad en los términos precisados, el juicio de amparo resulta improcedente. Atento a lo anteriormente expuesto, el licenciado David Arias Moreno, en su carácter de visitador designado adscrito a la Dirección de Asuntos Notariales, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, señalado como autoridad responsable por la parte quejosa, en el caso a estudio, carece de las características distintivas que se citaron con antelación, las cuales debe tener una autoridad a fin de ser considerada como tal para los efectos del amparo. Esto es, el visitador designado adscrito a la Dirección de Asuntos Notariales es la persona investida por el Estado cuya encomienda es practicar las visitas que se le instruyan para verificar el funcionamiento regular y apegado a la ley de las Notarías. En tratándose de visitas extraordinarias que dichos funcionario realice, se constreñirán a verificar únicamente los actos o hechos que den motivo a la visita. Así las cosas, es inconcuso que la diligencia de visita extraordinaria reclamada, carece de las anteriores características, pues en su momento sólo dio fe de los hechos o actos que dieron motivo a la visita que le fue ordenada. Por lo que se puede concluir que la actividad del fedatario no es un acto unilateral con el que se cree, modifique o extinga una situación jurídica concreta del quejoso, puesto que únicamente hizo constar los hechos o actos respectivos que generaron la visita extraordinaria; sin perjuicio de que hubiere incurrido en alguna omisión o irregularidad al realizarla, puesto que en el cumplimiento a su deber solamente participan su superior inmediato, esto es, la persona titular de la Dirección de Asuntos Notariales. De lo antes expuesto, resulta improcedente la demanda de amparo, porque el Visitador en cuestión no tiene la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo y, por ello, contra el acto que se le atribuye no procede el amparo indirecto. Por tanto, en el caso, el aludido fedatario no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable, por analogía, la tesis XVII.2o.P.A.4 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimoséptimo Circuito, consultable en la página 2410, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE AL REDACTAR Y APROBAR ESCRITURAS. En la exposición de motivos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, que modificó los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoció la posibilidad de que los particulares violen derechos fundamentales cuando tengan a su cargo la prestación de servicios públicos o de interés público; sin embargo, aun cuando los notarios públicos ejercen funciones de orden público, no tienen, en su calidad de particulares, el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la ley de la materia, porque si bien al redactar y aprobar escrituras deben observar determinadas reglas, entre ellas la relativa a dejar acreditada la personalidad de quien comparezca en representación de una persona, la omisión en que pudieran incurrir no es un acto equivalente a los de autoridad, en virtud de que no actúan unilateral, imperativa y coercitivamente, es decir, desde una posición de supra a subordinación, al margen del concurso de voluntades de las partes contratantes, sino a petición de éstas, de manera que la voluntad de los gobernados no se encuentra supeditada al acto jurídico que se plasmó en el instrumento público relativo, de forma que tuvieran la obligación inexorable de acatarlo, lo que significa que las funciones que los fedatarios realizan no están previstas en una norma general que les otorgue facultades para actuar como una autoridad del Estado, esto es, que les permita dictar, ordenar o ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas concretas." Por lo que la omisión en que pudieran incurrir al realizar la verificación de los actos o hechos que dieron motivo a la visita respectiva, no es un acto equivalente a los de autoridad, en virtud de que no actúan unilateral, imperativa y coercitivamente, es decir, desde una posición de supra a subordinación, sino en cumplimiento al mandato de su superior inmediato. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el 61, fracción XXIII, y artículo 1°, último párrafo y 5°, fracción II, primer párrafo, éste a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jorge Refugio Valdez Alexander. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 749 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 505, Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, Apéndice de 1995, registro digital 394705, que refiere: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Domicilio Como lo solicita, téngase como domicilio del promovente para efectos de oír y recibir notificaciones el correo electrónico lic.homerobarrera@gmail.com. Promoción Téngase por recibido el escrito enviado a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, con la firma electrónica y certificado digital institucional de evidencia criptográfica por Francisco Dagoberto Gallardo Lerma, en su carácter de autorizado del quejoso Jorge Refugio Valdez Alexander, por medio del cual solicita se provea sobre la admisión de la demanda. Determinación Al respecto, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Alfredo Rivera Anaya, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, asistido de José Luis Batres Antonio, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, diez de octubre de dos mil veintidós. Promoción Téngase por recibido el oficio proveniente del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, mediante el cual en cumplimiento a la solicitud que le formuló este órgano jurisdiccional en autos, remite copia del escrito de demanda. Determinación Téngase por cumplida lo anterior, para los efectos legales conducentes. Desechamiento En virtud de lo anterior, se trae a la vista de nueva cuenta la demanda de amparo, la cual se estima debe desecharse al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal como se expone a continuación. Del análisis efectuado al escrito de demanda, se advierte que el quejoso reclama del licenciado David Arias Moreno, en su carácter de visitador designado adscrito a la Dirección de Asuntos Notariales, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, lo siguiente: ?La visita extraordinaria de cuatro de mayo de dos mil veintidós, practicada en la Notaría Pública 106, ubicada en esta ciudad, la cual se encuentra a cargo del licenciado Reynaldo Eduardo Flores Villarreal. Así las cosas, como se anticipó, en el caso se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, este último dispositivo aplicado en sentido contrario, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" De los artículos transcritos, interpretados en sentido contrario, se desprende que el juicio es improcedente cuando el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para los efectos del amparo En relación con ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 161133, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por tanto, para los efectos del juicio de amparo, las notas distintivas de acto de autoridad se rigen por los siguientes elementos: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Luego, si el amparo procede sólo contra actos de autoridad, es dable concluir que quedan excluidos los actos de particulares, siempre y cuando no se trate de actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos en los términos señalados, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese entendido, es pertinente destacar que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para dirimirlas. Por otro lado, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos; y se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para dirimir los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por tanto, la naturaleza jurídica de la relación entre el promovente y aquél a quien señala como autoridad responsable, son determinantes para efectos de la procedencia del presente juicio, pues se requiere que el acto que se reclame sea el que emita un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. En esos términos, se concluye que el juicio de amparo es procedente contra actos que violen derechos fundamentales, emitidos por quienes tengan el carácter de autoridades responsables; es decir, de aquellos entes que, con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; categoría dentro de la cual debe considerarse a los particulares que realicen u omitan actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; en caso contrario, si el acto reclamado no proviene de una autoridad en los términos precisados, el juicio de amparo resulta improcedente. Atento a lo anteriormente expuesto, el licenciado David Arias Moreno, en su carácter de visitador designado adscrito a la Dirección de Asuntos Notariales, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, señalado como autoridad responsable por la parte quejosa, en el caso a estudio, carece de las características distintivas que se citaron con antelación, las cuales debe tener una autoridad a fin de ser considerada como tal para los efectos del amparo. Esto es, el visitador designado adscrito a la Dirección de Asuntos Notariales es la persona investida por el Estado cuya encomienda es practicar las visitas que se le instruyan para verificar el funcionamiento regular y apegado a la ley de las Notarías. En tratándose de visitas extraordinarias que dichos funcionario realice, se constreñirán a verificar únicamente los actos o hechos que den motivo a la visita. Así las cosas, es inconcuso que la diligencia de visita extraordinaria reclamada, carece de las anteriores características, pues en su momento sólo dio fe de los hechos o actos que dieron motivo a la visita que le fue ordenada. Por lo que se puede concluir que la actividad del fedatario no es un acto unilateral con el que se cree, modifique o extinga una situación jurídica concreta del quejoso, puesto que únicamente hizo constar los hechos o actos respectivos que generaron la visita extraordinaria; sin perjuicio de que hubiere incurrido en alguna omisión o irregularidad al realizarla, puesto que en el cumplimiento a su deber solamente participan su superior inmediato, esto es, la persona titular de la Dirección de Asuntos Notariales. De lo antes expuesto, resulta improcedente la demanda de amparo, porque el Visitador en cuestión no tiene la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo y, por ello, contra el acto que se le atribuye no procede el amparo indirecto. Por tanto, en el caso, el aludido fedatario no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable, por analogía, la tesis XVII.2o.P.A.4 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimoséptimo Circuito, consultable en la página 2410, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE AL REDACTAR Y APROBAR ESCRITURAS. En la exposición de motivos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, que modificó los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoció la posibilidad de que los particulares violen derechos fundamentales cuando tengan a su cargo la prestación de servicios públicos o de interés público; sin embargo, aun cuando los notarios públicos ejercen funciones de orden público, no tienen, en su calidad de particulares, el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la ley de la materia, porque si bien al redactar y aprobar escrituras deben observar determinadas reglas, entre ellas la relativa a dejar acreditada la personalidad de quien comparezca en representación de una persona, la omisión en que pudieran incurrir no es un acto equivalente a los de autoridad, en virtud de que no actúan unilateral, imperativa y coercitivamente, es decir, desde una posición de supra a subordinación, al margen del concurso de voluntades de las partes contratantes, sino a petición de éstas, de manera que la voluntad de los gobernados no se encuentra supeditada al acto jurídico que se plasmó en el instrumento público relativo, de forma que tuvieran la obligación inexorable de acatarlo, lo que significa que las funciones que los fedatarios realizan no están previstas en una norma general que les otorgue facultades para actuar como una autoridad del Estado, esto es, que les permita dictar, ordenar o ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas concretas." Por lo que la omisión en que pudieran incurrir al realizar la verificación de los actos o hechos que dieron motivo a la visita respectiva, no es un acto equivalente a los de autoridad, en virtud de que no actúan unilateral, imperativa y coercitivamente, es decir, desde una posición de supra a subordinación, sino en cumplimiento al mandato de su superior inmediato. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el 61, fracción XXIII, y artículo 1°, último párrafo y 5°, fracción II, primer párrafo, éste a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jorge Refugio Valdez Alexander. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 749 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 505, Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, Apéndice de 1995, registro digital 394705, que refiere: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Domicilio Como lo solicita, téngase como domicilio del promovente para efectos de oír y recibir notificaciones el correo electrónico lic.homerobarrera@gmail.com. Promoción Téngase por recibido el escrito enviado a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, con la firma electrónica y certificado digital institucional de evidencia criptográfica por Francisco Dagoberto Gallardo Lerma, en su carácter de autorizado del quejoso Jorge Refugio Valdez Alexander, por medio del cual solicita se provea sobre la admisión de la demanda. Determinación Al respecto, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Alfredo Rivera Anaya, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, asistido de José Luis Batres Antonio, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 3,876 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano