Jorge Real González
Expediente 855/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 855/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 26/10/2022
Partes del expediente
- Jorge Real González
Actuaciones
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- Principal
JUICIO DE AMPARO. EN VIRTUD DEL AVISO DEJADO A LA PARTE PROCESAL QUE SE INDICA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE VEINTISEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SINTESIS DICE Zapopan, Jalisco, veintiséis de octubre de dos mil veintidós . Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que acreditara haber comparecido ante la responsable a fin de recoger el documento mercantil emitido en su favor, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a efecto de que este juzgado federal pudiera emitir pronunciamiento en torno al cumplimiento de la sentencia protectora, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano se pronunciaría sobre el cumplimiento de conformidad con el numeral 196 de la Ley de Amparo, únicamente con las constancias que obren en autos. Dicho acuerdo le fue notificado el nueve de septiembre pasado, lo que se aprecia de la constancia de notificación correspondiente, sin que desahogara la vista contenida en ese proveído. Ahora bien, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: ".Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós y, por ende, que no se le aplique en lo futuro; esto, desde luego, mientras perviva el vicio de inconstitucionalidad advertido en este fallo, durante el citado ejercicio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de título: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA". Ahora bien, toda vez que los motivos que llevaron a este juzgador a otorgar la protección constitucional solicitada están específicamente referidos al artículo 16, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, que establece que para determinar el monto de los derechos por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, incluidos fideicomisos o hipotecas, por cada uno, no obstante se encuentren en un solo documento, escritura, acta o póliza mercantil, se aplica sobre el valor que resulte mayor entre el catastral, el comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar, por el 0.50% (cero punto cincuenta por ciento), asimismo, el hecho de que este previsto en el noveno párrafo del referido inciso a), una diferencia con la adquisición de viviendas destinadas a casa habitación que no sean consideradas económicas, de interés social o unifamiliar, el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar al quejoso del pago del derecho correspondiente a tal servicio en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada contraria a la constitución general; en consecuencia: 2. La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco (sin importar que se haya decretado el sobreseimiento), deberá ubicar a la parte quejosa en la cantidad mínima fija a pagar, en relación con el trámite realizado, y devolverle el excedente que en su caso resulte, en relación con lo ya pagado. Lo anterior, en término de la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA." En el entendido de que la devolución de la diferencia que resulte deberá comprender, en su caso, la actualización de acuerdo con los numerales aplicables del Código Fiscal del Estado de Jalisco, y versar sólo en lo que exceda a la tarifa mínima." Al respecto, mediante auto de dos de septiembre pasado, se tuvo por recibido el oficio por medio del cual la Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, allegó copia certificada del oficio PFE-DCHE-JA-29748, por el cual se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Asimismo, en dicho auto, se recibió copia certificada de la orden de pago número 2121237, expedido a favor del quejoso por concepto de devolución de la cantidad que pagó en exceso. Cabe precisar que en el referido auto se requirió a la parte quejosa para que acreditara haber comparecido ante la responsable a fin de recoger el documento mercantil que fue emitido en su favor en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano se pronunciaría sobre el cumplimiento de conformidad con el numeral 196 de la Ley de Amparo, únicamente con las constancias que obren en autos. No obstante lo anterior, el quejoso no cumplió con tal requerimiento, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito y se procede a calificar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con las constancias que obran en autos. En ese contexto, de las documentales enviadas por la responsable, se advierte que, aunado a la desincorporación antes aludida, se ordenó la devolución en favor de la parte quejosa de la cantidad que pagó en exceso y que ésta fue notificada de tal circunstancia el nueve de septiembre pasado, por conducto de este juzgado, sin que hubiera acreditado haberse presentado a recoger el mencionado valor; por lo tanto, resulta evidente que la responsable cumplió con el núcleo esencial de la sentencia dictada en autos. Constancias que, de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue mas allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni tampoco existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto, por una parte, se sobreseyó y, por otra, se concedió la protección constitucional, por lo que es susceptible de depuración una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general conjunto. Devolución de documentos originales. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en términos del numeral 18, párrafo segundo, del acuerdo general en consulta, prevéngase a la parte quejosa para que, dentro del término de noventa días, comparezca a recoger los documentos que en original exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiséis de octubre de dos mil veintidós . Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que acreditara haber comparecido ante la responsable a fin de recoger el documento mercantil emitido en su favor, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a efecto de que este juzgado federal pudiera emitir pronunciamiento en torno al cumplimiento de la sentencia protectora, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano se pronunciaría sobre el cumplimiento de conformidad con el numeral 196 de la Ley de Amparo, únicamente con las constancias que obren en autos. Dicho acuerdo le fue notificado el nueve de septiembre pasado, lo que se aprecia de la constancia de notificación correspondiente, sin que desahogara la vista contenida en ese proveído. Ahora bien, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: ".Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós y, por ende, que no se le aplique en lo futuro; esto, desde luego, mientras perviva el vicio de inconstitucionalidad advertido en este fallo, durante el citado ejercicio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de título: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA". Ahora bien, toda vez que los motivos que llevaron a este juzgador a otorgar la protección constitucional solicitada están específicamente referidos al artículo 16, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, que establece que para determinar el monto de los derechos por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, incluidos fideicomisos o hipotecas, por cada uno, no obstante se encuentren en un solo documento, escritura, acta o póliza mercantil, se aplica sobre el valor que resulte mayor entre el catastral, el comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar, por el 0.50% (cero punto cincuenta por ciento), asimismo, el hecho de que este previsto en el noveno párrafo del referido inciso a), una diferencia con la adquisición de viviendas destinadas a casa habitación que no sean consideradas económicas, de interés social o unifamiliar, el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar al quejoso del pago del derecho correspondiente a tal servicio en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada contraria a la constitución general; en consecuencia: 2. La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco (sin importar que se haya decretado el sobreseimiento), deberá ubicar a la parte quejosa en la cantidad mínima fija a pagar, en relación con el trámite realizado, y devolverle el excedente que en su caso resulte, en relación con lo ya pagado. Lo anterior, en término de la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA." En el entendido de que la devolución de la diferencia que resulte deberá comprender, en su caso, la actualización de acuerdo con los numerales aplicables del Código Fiscal del Estado de Jalisco, y versar sólo en lo que exceda a la tarifa mínima." Al respecto, mediante auto de dos de septiembre pasado, se tuvo por recibido el oficio por medio del cual la Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, allegó copia certificada del oficio PFE-DCHE-JA-29748, por el cual se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Asimismo, en dicho auto, se recibió copia certificada de la orden de pago número 2121237, expedido a favor del quejoso por concepto de devolución de la cantidad que pagó en exceso. Cabe precisar que en el referido auto se requirió a la parte quejosa para que acreditara haber comparecido ante la responsable a fin de recoger el documento mercantil que fue emitido en su favor en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano se pronunciaría sobre el cumplimiento de conformidad con el numeral 196 de la Ley de Amparo, únicamente con las constancias que obren en autos. No obstante lo anterior, el quejoso no cumplió con tal requerimiento, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito y se procede a calificar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con las constancias que obran en autos. En ese contexto, de las documentales enviadas por la responsable, se advierte que, aunado a la desincorporación antes aludida, se ordenó la devolución en favor de la parte quejosa de la cantidad que pagó en exceso y que ésta fue notificada de tal circunstancia el nueve de septiembre pasado, por conducto de este juzgado, sin que hubiera acreditado haberse presentado a recoger el mencionado valor; por lo tanto, resulta evidente que la responsable cumplió con el núcleo esencial de la sentencia dictada en autos. Constancias que, de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue mas allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni tampoco existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto, por una parte, se sobreseyó y, por otra, se concedió la protección constitucional, por lo que es susceptible de depuración una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general conjunto. Devolución de documentos originales. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en términos del numeral 18, párrafo segundo, del acuerdo general en consulta, prevéngase a la parte quejosa para que, dentro del término de noventa días, comparezca a recoger los documentos que en original exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos.
- Principal
Zapopan, Jalisco, dos de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, por medio del cual remite el oficio y anexos signados por el Procurador Fiscal del Estado de Jalisco, a través del cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, informan las gestiones realizadas en cumplimiento a la sentencia de amparo, asimismo, remite copia certificada de la orden de pago número 2121237, expedido a favor de la parte quejosa. Ahora bien, en atención a lo anterior, se instruye al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que con copia de los oficios de cuenta y sus anexos, notifique personalmente a la parte quejosa el presente proveído, a efecto de que, dentro del término de tres días (de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo), acredite ante esta instancia jurisdiccional haber comparecido ante la autoridad señalada en líneas pretéritas, a efecto de recoger el documento mercantil emitido en su favor; ello, a fin de que este juzgado federal emita pronunciamiento en torno al cumplimiento de la sentencia amparadora. Bajo apercibimiento de que en caso de no cumplir, o bien, no manifestar impedimento legal alguno, se procederá de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, se emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia está cumplida. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa con copia autorizada de las constancias referidas en el auto
- Principal
JUICIO DE AMPARO. EN VIRTUD DEL CITATORIO DEJADO A LA PARTE PROCESAL QUE SE INDICA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SINTESIS DICE: Zapopan, Jalisco, dos de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, por medio del cual remite el oficio y anexos signados por el Procurador Fiscal del Estado de Jalisco, a través del cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, informan las gestiones realizadas en cumplimiento a la sentencia de amparo, asimismo, remite copia certificada de la orden de pago número 2121237, expedido a favor de la parte quejosa. Ahora bien, en atención a lo anterior, se instruye al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que con copia de los oficios de cuenta y sus anexos, notifique personalmente a la parte quejosa el presente proveído, a efecto de que, dentro del término de tres días (de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo), acredite ante esta instancia jurisdiccional haber comparecido ante la autoridad señalada en líneas pretéritas, a efecto de recoger el documento mercantil emitido en su favor; ello, a fin de que este juzgado federal emita pronunciamiento en torno al cumplimiento de la sentencia amparadora. Bajo apercibimiento de que en caso de no cumplir, o bien, no manifestar impedimento legal alguno, se procederá de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, se emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia está cumplida. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa con copia autorizada de las constancias referidas en el auto
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