Jorge Raúl Merino Torres
Expediente 492/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 492/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jorge Raúl Merino Torres
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 06 DE JULIO DE 2021, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "." León, Guanajuato, a seis de julio de dos mil veintiuno. I. Causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, por lo que dicha determinación ha causado firmeza procesal. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, ya que: Se desechó de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
León, Guanajuato, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno. I. Formación y registro del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libelo de gobierno respectivo con el número 492/2021-II, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento Expedientes. II. Parte quejosa. Jorge Raúl Merino Torres. III. Autoridades responsables. Juzgado Décimo Segundo Civil de Primera Instancia de esta ciudad, y otras. IV. Precisión del acto reclamado. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo y anexos que se acompañaron, se colige que la parte quejosa reclama en esta sede constitucional lo siguiente: La orden de desalojo respecto del bien inmueble ubicado en calle Laguna de Términos, número 102, fraccionamiento Lomas de la Trinidad, de esta ciudad, ordenada en el juicio ordinario civil 741/2018-C, del índice del Juzgado Décimo Segundo Civil de Primera Instancia de esta ciudad. V. Se desecha demanda de amparo. Acotado lo anterior, para proveer respecto a la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En relación con la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e "indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso se anexen; en tanto que lo indudable se traduce en que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En esas condiciones, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. En la especie, se estima que se surte de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 5°, fracción I y 6° del mismo cuerpo de normas invocado, pues el acto combatido no genera en la esfera de derechos del aquí quejoso una afectación real y actual. En efecto, los dispositivos de mérito estatuyen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En términos de las disposiciones legales transcritas, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. Al respecto, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el "perjuicio" es la base para promover el juicio de amparo, debiendo interpretarse "perjuicio" en el sentido de "ofensa" al derecho del quejoso, por lo que el mal debe ser real y efectivo para la procedencia del juicio constitucional, de modo que debe exigirse la comprobación por parte de éste, del derecho o interés que, en su concepto, ha sido afectado por el acto o actos que reclame de las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 3490, del Tomo LXXXII, de la quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias". Lo anterior significa que solo el quejoso directamente afectado con alguna determinación o actuación de las autoridades responsables, es el que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, ya que la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo, es decir, por quien figura como quejoso o como su representante legal, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, con la salvedad de las excepciones previstas por los artículos 8°, 15, y 16, de la Ley de Amparo, ya que, al ser la titularidad de la acción de amparo un derecho personalísimo, en principio, no es factible para que la ejerzan personas distintas a los quejosos o diversas a quienes legalmente los representen. Así, el agravio en cuestión debe ser material y susceptible de apreciarse objetivamente, entendiéndose por dicha afectación toda lesión u ofensa que la persona física o moral recibe en sus intereses jurídicos en lo individual como resultado de la emisión o ejecución del acto reclamado. Entonces, cuando esa afectación no proviene del acto reclamado sino que pudiese tener su origen en una fuente diversa, el juicio de amparo es improcedente para combatir sus efectos, pues sería desacertado el pretender instaurarlo para nulificar un acto que no es el que lesiona la esfera jurídica del particular, y así, aquél debe sobreseerse por lo que ve a tal actuación, ante la ausencia de un agravio personal y directo ocasionado por la emisión o ejecución del acto reclamado. Ahora bien, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la orden de desalojo respecto del bien inmueble ubicado en calle Laguna de Términos, número 102, fraccionamiento Lomas de la Trinidad, de esta ciudad, ordenada en el juicio ordinario civil 741/2018-C, del índice del Juzgado Décimo Segundo Civil de Primera Instancia de esta ciudad. A su vez, de la lectura integral del referido ocurso, se obtiene que la parte quejosa acude ante esta instancia constitucional como tercera extraña al juicio de origen, ostentándose propietario y poseedor del bien inmueble materia del acto reclamado; sin embargo, expresó que el mismo se encuentra dado en comodato a Ma. Ester Aranda Ornelas, quien es la persona que actualmente detenta la posesión del mismo, en virtud de la posesión precaria que el quejoso le otorgó. Manifestaciones a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". De lo anterior, se obtiene que el promovente del amparo no detenta la posesión del bien inmueble cuya desposesión acude a reclamar, ubicado en calle Laguna de Términos, número 102, fraccionamiento Lomas de la Trinidad, de esta ciudad, de lo que se colige que en modo alguno impacta en la esfera de derechos del peticionario del amparo el acto reclamado, consistente en la orden de desposesión respecto del bien raíz citado, ordenada en el juicio ordinario civil 741/2018-C, del índice del Juzgado Décimo Segundo Civil de Primera Instancia de esta ciudad; por tanto, el impetrante no resiente un perjuicio personal y directo que lo legitime a acudir en reclamo de la protección de la justicia federal, pues como quedó visto, el quejoso no tiene la posesión del multicitado bien inmueble. Lo anterior es así, dado que la posesión protegida por el artículo 14 Constitucional, no es otra que la definida por el derecho común, conforme el cual es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho; ese derecho debe tener origen en alguna de las figuras establecidas en la ley. Si bien es cierto, como lo aduce el quejoso, al adquirir el inmueble mediante contrato de compraventa obtuvo la posesión, también lo es que, al momento de darlo en comodato, la comodataria cuenta con la posesión del bien que le es ajeno en virtud de dicho acto jurídico (contrato de comodato); y ésta tiene el derecho de retener el bien temporalmente en su poder en calidad de comodataria, por consiguiente a ésta es a la que en dado caso le pudiera causar una afectación el acto reclamado, puesto que es quien detenta la posesión al emitirse el acto de desalojo impugnado. No resulta óbice para lo anterior, el hecho de que el quejoso manifieste que detenta la posesión civil sobre el inmueble materia de la litis, y que su comodataria, ejerce a su vez la posesión precaria sobre el mismo; en razón de que el propietario que deja de ejercer el poder de hecho, porque haya transmitido por cualquier vía el uso del bien (en este caso comodato), deja de ser poseedor a la luz de la realidad, por más que se le califique como poseedor original. Además, el acto combatido no se encuentra en los casos de excepción previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en los cuales cualquier persona puede presentar a nombre del directo quejoso la demanda constitucional, a saber: cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el directamente agraviado se encuentre imposibilitado para promover amparo, ni obra probanza alguna que acredite que el titular del bien inmueble que acude a defender el quejoso, sea menor de edad, o que se encuentre en la hipótesis que establece el artículo 16 de la Ley de Amparo. En ese contexto, es claro que carece de legitimación para instar la presente queja constitucional por su propio derecho, al no ocasionar afectación o perjuicio el acto reclamado en su esfera de derechos, por no estar dirigido a su persona, ni afectar un bien raíz respecto del cual detente actualmente la posesión. Es aplicable, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Novena Época, con registro 1002427, fuente Apéndice 1917-Septiembre 2011, localización Apéndice 1917-Septiembre 2011, materia civil, cuyo rubro y texto a la letra dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En mérito de todo lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia en análisis; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. No se soslaya que la parte quejosa también señala como autoridad responsable al Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia de esta ciudad, aduciendo que tiene participación en los hechos; empero, contrario a lo que asevera, de la lectura íntegra del libelo de cuenta, no se advierte que dicha potestad tenga injerencia en el acto reclamado; de ahí que deba prevalecer la determinación asumida en la presente actuación. VI. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su demanda de amparo, y como sus autorizados en término amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Gabriel López De Anda y Federico López Rodríguez, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como autorizados en términos restringidos del citado numeral y el correlativo 24, ambos del mismo ordenamiento legal, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Juan Ramón López González, Daniel Ignacio Antonio Morales Arroyo, Axel Humberto Mariscal Blanco y Karla Lizette Castro Espitia, a los primero dos por no contar con dicho registro, y al resto, por así haberlo solicitado. VII. Instrucción para notificaciones personales. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. VIII. Transparencia de las resoluciones judiciales y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. IX. Se exhorta y se requiere a las partes. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 1° del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, en la medida de lo posible, hagan uso de las herramientas tecnológicas y medios electrónicos disponibles, para permitir la tramitación del presente asunto, bajo el esquema de "juicio en línea". Por otra parte, con apoyo en el artículo 2°, fracción XIX del Acuerdo 13 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono y una cuenta de correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. X. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). A efecto de agilizar la tramitación del sumario en que se actúa, omítase firmar las minutas que al efecto se generen. Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el diecisiete de junio de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos del artículo 2, fracción VIII, primer párrafo, del Acuerdo General del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2021, relativo al periodo de su vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza y da fe.
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