Jorge Raúl Hernández Quiñonez
Expediente 582/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 582/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/03/2023
Partes del expediente
- Jorge Raúl Hernández Quiñonez
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, en contra del auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse desechado la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del referido Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/OGN
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos se obtiene que a la fecha transcurrió el plazo de quince días hábiles establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de inconformidad en contra del proveído de seis de octubre de dos mil veinte, en el que se declaró cumplido el fallo protector, sin que lo hubiera realizado; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo. Al tratarse de un asunto totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse concedido la protección constitucional, es susceptible de depuración, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General. Por otra parte, el cuaderno original del incidente de suspensión el cual es depurable, según lo dispone el numeral 18 fracción I, inciso a), del acuerdo en cita, debiéndose conservar la determinación que concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados a la parte quejosa; en cuanto al duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Finalmente, en conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio; se les comunica a las partes que a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, la denominación de este órgano jurisdiccional es Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/EBO/jkgt
- Principal
siete de marzo de dos mil veintitrés, Rufino Salgado Ramírez, actuario judicial de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hago constar que de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, siendo las nueve horas de esta fecha, se notifica por medio de lista a la parte quejosa Juan Orozco Gama, defensor particular de Jorge Raúl Hernández Quiñonez, el acuerdo dictado (a) el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional y se tiene por legalmente hecha la notificación del acuerdo antes citado, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Orozco Gama defensor particular de Jorge Raúl Hernández Quiñonez, contra actos del Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de Juzgado que corresponda, bajo número 582/2022-VIII. Ahora bien, analizado el escrito inicial, se procede a desechar de plano la presente demanda de derechos fundamentales, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." De lo anteriormente transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de juicio que no tienen una ejecución irreparable, entendiendo por tales, aquellos que revisten la característica de que la afectación que producen dentro de un procedimiento trasciende a los derechos sustantivos y no sólo a una consecuencia procesal. Ahora bien, en el presente caso la parte quejosa reclama al Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, la negativa de decretar la nulidad del escrito de acusación y reposición del plazo de investigación planteada en la audiencia de veintiséis de julio de dos mil veintidós, por la defensa del quejoso en la causa penal 629/2019. Acto reclamado que este órgano de control constitucional estima que no es de los considerados como de imposible reparación, al no producir una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, por las siguientes razones. Para avalar la anterior postura, en principio, debe decirse que el acto reclamado se encuentra relacionado con el sistema penal acusatorio, cuyo procedimiento se conforma de las etapas de investigación, intermedia y de juicio oral. La primera de ellas, es decir, la etapa de investigación tiene como finalidad la acumulación de datos de prueba suficientes, a partir de los cuales pueda determinarse, en un primer momento, si se sujeta o no a una persona a una investigación formalizada. Por su parte, la etapa intermedia, que también se realiza ante el Juez de Control, inicia con la formulación de la acusación por parte del Ministerio Público y tiene por objeto principal la preparación del juicio, fijándose de modo preciso su objeto, los sujetos intervinientes y los medios de prueba que deberán ser desahogados. Esta etapa se funda en la idea de que los juicios deben ser preparados convenientemente y se debe llegar a ellos luego de una actividad diligente; es decir, ambas etapas -investigación y etapa intermedia- se desarrollan previas al juicio oral, por lo que preparan su desahogo. Finalmente, una vez superada la etapa intermedia, se procederá a la realización del juicio oral. Ésta es la etapa principal de todo proceso penal, pues es en ella donde a través de la producción o desahogo de las pruebas señaladas en el auto de apertura a juicio, se resuelve de modo definitivo -aunque revisable- sobre la existencia del delito y la responsabilidad del acusado. De lo anterior se advierte que el sistema penal acusatorio se encuentra dividido en una serie de momentos o etapas, cada una de las cuales tiene una función específica, las que se van sucediendo irreversiblemente unas a otras; lo que significa que sólo superándose una etapa es que se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas, en atención al principio de continuidad, cuya finalidad es que el procedimiento se desarrolle sin interrupciones, de tal forma que los actos se sigan unos a otros en el tiempo. Por ello, si el objeto de la etapa intermedia consiste en ejercer un control sobre la investigación, que se garantice la protección o ejercicio de los derechos fundamentales del imputado y se depure el material probatorio; de tal forma que los efectos de la violación a estos derechos no trasciendan al juicio oral; debe colegirse que será precisamente al concluir la etapa intermedia -con el dictado del auto de apertura a juicio oral- cuando el imputado deba expresar los planteamientos que considere pertinentes en torno a la transgresión de alguno de sus derechos fundamentales, recurriendo a los medios de defensa a su alcance. Asimismo, de una interpretación sistemática e integral de las fracciones III, IV y V del invocado artículo 107 de la Ley de Amparo, se concluye que cuando se reclaman actos intraprocesales, como los que se dictan en la fase de investigación complementaria -negativa de reponer el plazo de investigación- no constituyen la última resolución dictada en ellos, toda vez que los efectos de dicha actuación se materializarán una vez que en la etapa intermedia se dicte el auto de apertura a juicio oral. Lo anterior toda vez que, si bien es cierto que durante la fase de investigación complementaria, tanto la víctima, como la defensa, pueden recopilar sus fuentes o datos de prueba que estimen pertinentes para el éxito de su causa, e incluso pueden verificar y profundizar sobre los datos probatorios que obran en la carpeta de investigación, como necesaria preparación al juicio oral, y tanto el Ministerio Público como la defensa pueden solicitar prórroga del plazo de investigación complementaria, también lo es que, el cierre de investigación no supone, necesariamente, la conclusión de la oportunidad para que la defensa ofrezca datos de prueba ni para que combata los que obran en la carpeta de investigación, pues la audiencia intermedia tiene, precisamente, como objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Lo que significa que aun y cuando se haya decretado el cierre de investigación, el imputado tiene derecho al descubrimiento probatorio, el cual es necesario para la celebración de la audiencia intermedia, en la cual, la defensa podrá ofrecer sus medios de prueba y combatir aquellos del Ministerio Público; la cual concluirá con una decisión del juez de control que excluya o determine los que se ventilarán en juicio oral. Por tanto, se estima que respecto del acto reclamado - negativa de reponer el plazo de investigación- el amparo indirecto procederá contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso; con excepción de que el acto reclamado intermedio tenga una ejecución que sea de imposible reparación, porque esta circunstancia permite su reclamación inmediata en el juicio de derechos fundamentales, lo que en el caso no acontece. Apoya a lo anterior, la tesis aislada IV.1o.P.27 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3502, registro 2020733, cuyo rubro y texto son (énfasis añadido): "ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, EMITIDAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA RELATIVA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y diferentes a las demás. La investigación tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; la etapa intermedia tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos, y el juicio tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. De ahí se tiene que el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia; entonces, según la lógica del procedimiento penal acusatorio, las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento; de otro modo, se trastocaría el curso regular del proceso. Bajo ese contexto, mediante el juicio de amparo indirecto pueden impugnarse únicamente las determinaciones tomadas en la etapa intermedia, empero después de celebrada la audiencia respectiva, una vez dictado el auto de apertura a juicio oral, esto es, justo en el cierre de la fase. En esa tesitura, si se reclama la determinación del Juez de control, mediante la cual desecha por improcedente el recurso de revocación interpuesto contra la negativa de ampliar el plazo de investigación complementaria, esa decisión sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente; por tanto, en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto. Desde luego, en todo caso, deberá impugnarse al término de la etapa intermedia, esto es, al controvertir el auto de apertura a juicio, si es que la violación trascendió en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO. Queja 5/2017. 1 de diciembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Rodríguez Gámez. Secretario: Ernesto Vladimir Tavera Villegas. Queja 110/2017. 22 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Ramón Ojeda Haro. Secretario: Alfonso Silva Vicencio. Queja 13/2018. 4 de mayo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Ramón Ojeda Haro. Secretario: Alfonso Silva Vicencio. Amparo en revisión 252/2017. 17 de mayo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Rodríguez Gámez. Secretaria: Mónica Josefina Rivera Beltrán.." De lo anterior se colige, entre otras cosas, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de juicio siempre y cuando produzcan una afectación de imposible reparación y sea la última resolución dictada en el procedimiento o etapa respectiva. Luego, como se precisó, los actos de imposible reparación son aquellos que afectan directamente derechos sustantivos de las partes -libertad, vida, posesión, propiedad- tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a través de los derechos fundamentales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución favorable. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de los gobernados y sin dejar huella en su esfera jurídica. En el presente caso -como se precisó- el acto reclamado consiste en la negativa de la autoridad responsable de reponer el plazo de investigación planteado en la audiencia de veintiséis de julio de dos mil veintidós, por la defensa del quejoso. Sin embargo, sus efectos no lesionan materialmente derechos sustantivos del quejoso, como podría ser su libertad, vida, propiedad o posesiones, entre otros, toda vez que la resolución reclamada se relaciona con cuestiones meramente adjetivas o procesales, como lo son, prorrogar el plazo de la investigación complementaria. Aunado a ello, el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en la etapa intermedia, la cual, como se precisó anteriormente, consiste en el auto de apertura a juicio oral, por lo que al ejercer el medio legal correspondiente que en su caso se promueva en contra de dicho auto, podrán reclamarse las violaciones cometidas durante la etapa de investigación complementaria que hubiesen dejado sin defensa a la parte quejosa, toda vez que es hasta ese momento en que se podrá verificar si, efectivamente, la actuación de la autoridad, derivó en la vulneración al derecho de igualdad entre las partes, al no haber ampliado el plazo de la investigación. Lo anterior en virtud de que, como se dijo, será hasta la última resolución dictada en la etapa anterior a la de juicio oral, cuando pudiera influir o no el sentido de la decisión de la autoridad responsable, toda vez que hasta el desahogo de la audiencia intermedia, la defensa del quejoso estaría en la posibilidad de ofrecer los medios de prueba que estime convenientes desahogar en la audiencia de juicio oral; por ello, es hasta que se dicte el auto de apertura a juicio oral - con el que termina la etapa intermedia- cuando se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado de dicha resolución, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, siempre y cuando ésta resulte adversa a los intereses del promovente. Por tanto, -se itera- si bien el juicio de amparo indirecto es la vía idónea para combatir el ejercicio de una adecuada defensa, lo cierto es que, por tratarse de una violación procesal, sólo puede ser impugnada en esta vía -al no admitir en su contra recurso ordinario alguno- cuando se haya emitido la resolución definitiva que ponga fin a esa fase procedimental, que en el presente caso resulta ser el auto de apertura a juicio oral. En ese sentido, si la negativa de reponer o ampliar el plazo de la investigación complementaria, solicitada por la defensa del quejoso, no constituye un acto de imposible reparación, pues no afecta en forma inmediata materialmente derechos sustantivos como la libertad, vida, propiedad, posesiones, entre otros -sino que, en todo caso se trata de una violación procesal-, por tanto, es claro que no puede surtirse el supuesto de procedencia previsto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, como se expuso en párrafos precedentes, el acto reclamado por el quejoso, si bien pudiera vulnerar su derecho de defensa, ésta no constituye un acto de imposible reparación, pues al tratarse de una violación procesal, no afecta en forma inmediata materialmente derechos sustantivos, por ello, dicho acto podrá reclamarse una vez dictado el auto de apertura a juicio oral, ya que es hasta ese momento en que se podrá verificar si, efectivamente, la actuación de la autoridad responsable, derivó en la vulneración del derecho de defensa del quejoso. Por otra parte, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, el contenido de la tesis aislada XVIII.3o.P.A. (10ª.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 58, septiembre de 2018, Tomo IIII, página 2513, cuyo rubro es "RESOLUCIÓN QUE DESECHA EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA NEGATIVA A LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AL TRATARSE DE UN ACTO CON EFECTOS IRREPARABLES, EXCEPCIONALMENTE ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO."; la cual al no ser obligatoria para quien aquí resuelve, permite sostener un criterio contrario al que ahí se sostiene En efecto, como se expuso en párrafos precedentes, si bien la negativa a la prórroga del plazo para la investigación complementaria -siempre y cuando no se haya excedido el plazo máximo previsto en la ley-, pudiera vulnerar el derecho de defensa del quejoso, éste no constituye un acto de imposible reparación, pues al tratarse de una violación procesal, no afecta en forma inmediata materialmente derechos sustantivos, por ello, dicho acto podrá reclamarse una vez dictado el auto de apertura a juicio oral, ya que es hasta ese momento en que se podrá verificar si, efectivamente, la negativa de la autoridad responsable de ampliar el plazo de investigación complementaria, derivó en la imposibilidad de aportar medios de prueba en la audiencia intermedia. Máxime que de la fecha en que se dictó el auto de vinculación a proceso -seis de marzo de dos mil veinte- a la fecha en que se solicitó la prórroga para el plazo de investigación -veintiséis de julio de dos mil veintidós-, evidentemente transcurrió en exceso el plazo de seis meses previsto en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para llevar a cabo la investigación complementaria. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de criterios 230/2021, cuya síntesis se encuentra publicada en la página oficial de dicho órgano de control constitucional, en el apartado "criterio que prevalece" bajo el rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. PRÓRROGA PARA LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA, NO PUEDE OTORGARSE UNA VEZ QUE SE HAN ALCANZADO LOS LIMITES MÁXIMOS QUE PARA ESE EFECTO ESTABLECE EL ARTÍCULO 321 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.", el cual se encuentra pendiente de publicación en los medios oficiales de difusión. En esas condiciones, al actualizarse el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario; se desecha la demanda de amparo, promovida por Juan Orozco Gama defensor particular de Jorge Raúl Hernández Quiñonez, en términos del numeral 113 del propio ordenamiento legal. Asimismo, se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito inicial de demanda. En otro orden, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. En consecuencia, se faculta al Actuario Judicial de este Juzgado para que, en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal del Consejo de la Judicatura Federal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, notifique personalmente el presente proveído a la totalidad de las partes a fin de que se impongan de su contenido. En el entendido de que para llevar a cabo tales diligencias, podrá hacer uso de medios electrónicos, debiéndose recabar las constancias necesarias que permitan verificar la entrega a su destinatario. Ahora bien, tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se EXHORTA a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, para configurar el expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese personalmente al promovente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 9,923 expedientes
- Jorge Prieto Solís336/2016
- Jorge Ramón Álvarez Gutiérrez964/2014
- Jorge Ramón Álvarez Gutiérrez54/2016
- Jorge Ramón Preciado Alcaraz807/2016
- Jorge Ramos Pérez663/2018
- Jorge Raúl Delgado Hernández1243/2016
- Jorge Raúl Núñez Pérez888/2021
- Jorge Raúl Núñez Pérez1379/2016
- Jorge René Longines Miranda293/2017
- JORGE RIVAS FÉLIX y Otros.1332/2017
- Jorge Rivera Salgado532/2017
- Jorge Rodolfo Lyle Fritch727/2020