Jorge Raúl Gutiérrez Herrera
Expediente 1163/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1163/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jorge Raúl Gutiérrez Herrera
Actuaciones
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa del auto de fecha 10/septiembre/2021, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el citatorio y/o aviso que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: Ciudad de México; diez de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la el Director Jurídico, en representación del Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, a través del cual en atención al requerimiento efectuado en proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno, remite copias certificadas de la resolución aprobada en ***, así como de todas las constancias que sirvieron de base para su emisión. En atención a ello, téngase por recibidas las constancias de mérito, la cual será considerada en el momento procesal oportuno; por tanto, se tiene por desahogado el requerimiento formulado en el auto de tres de septiembre del año en curso; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento ahí decretado. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y toda vez que de una revisión a las documentales remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se trata de los actos reclamados en el presente sumario; sin embargo, contienen información confidencial o/y reservada. En ese sentido, es menester precisar que el hecho de que las constancias contengan información confidencial, no implica que no deba darse a conocer a las partes que intervienen en este juicio, pues, en el primer caso, las únicas personas que tienen acceso a esa información son precisamente aquellas que tienen el carácter de parte en el proceso constitucional en que se actúa; aunado a que son documentales relativas a los actos reclamados. Por consiguiente, debe darse a conocer a las partes que intervienen en este juicio, pues tienen derecho a consultar las actuaciones; máxime que en el presente expediente sólo tienen acceso las partes que intervienen en el mismo, y NO ASÍ EL PÚBLICO EN GENERAL (TERCEROS), y al ordenar el resguardo de la información contenida en el informe que se recibe, se estaría evitando el acceso a la misma, de modo que las partes no podrían controvertirla ni alegar lo conducente. Consecuentemente, considerando la naturaleza de los actos reclamados y la especificidad del caso concreto, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia, al debido proceso y a una adecuada defensa, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se permite a las partes el acceso a las constancias exhibidas por la autoridad oficiante, únicamente para su consulta; SIN QUE EN CASO ALGUNO DICHA INFORMACIÓN PUEDA SER TRANSMITIDA, COPIADA, FOTOGRAFIADA, ESCANEADA O REPRODUCIDA POR CUALQUIER MEDIO. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia, por contradicción de tesis, P./J. 26/2015 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 22, septiembre de 2015, tomo I, materia común, Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo". Asimismo, robustece lo anterior el hecho de que los presupuestos previstos en la fracción IV del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no puede considerase como una regla absoluta como se desprende de la tesis P./J. 45/2007, visible en la página 991, del tomo XXVI, del mes de diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORMACIÓN RESERVADA. EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE SU DIVULGACIÓN. En términos de las fracciones IV y VI del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tanto los expedientes judiciales que no hayan causado estado, como las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, mientras no sea adoptada la decisión definitiva, constituyen información reservada. No obstante la imposibilidad de acceder a dicha información no puede considerarse como una regla absoluta, porque en aquellos supuestos en los cuales su difusión producirá mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación, debe hacerse una excepción a la regla general, privilegiando la transparencia y difusión de la información respectiva". Así como la tesis 1ª.XXXVII/2006, visible en la página 650, del tomo XXIII, del mes de febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS ARTÍCULOS 2o., 7o., 13, 14, 18, 19 Y 43 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTES EN 2004, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. Los citados preceptos, al establecer la facultad de los particulares titulares de la información que obra en poder de las autoridades para delimitar o determinar la parte que puede ser de conocimiento público, con el objeto de no poner en riesgo información relativa a secretos industriales o aspectos técnicos, entre otros y evitar con ello que se les perjudique en el desarrollo de su actividad y fin, no violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, dada la función y objetivo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de transparentar y publicitar todos los actos de las autoridades federales, así como garantizar el derecho a la información contenido en el artículo 6o. de la Constitución Federal, dicho ordenamiento debe buscar un equilibrio entre los principios contenidos en este precepto y aquellos que prevé el citado numeral 16, pues estimar lo contrario-que la información en la que tienen injerencia particulares y que obra en resguardo de las autoridades federales no puede ser proporcionada para consulta de otros gobernados- equivaldría a hacer nugatorio el derecho a la información y contravenir el propio fin para el cual fue creada la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Es por ello que en forma sui géneris se establecen los mecanismos para lograr el propósito de la indicada Ley y, a su vez, se garantiza a los particulares titulares de información en que interviene el Gobierno Federal, que no se trastoquen sus derechos públicos subjetivos". Por otra parte, del contenido de las constancias de mérito, se advierte diverso juicio de amparo que podría tener relación con los actos reclamados en la presente vía, además de que este órgano jurisdiccional se encuentra facultado para allegarse de todas las constancias y medios que estime necesarios para mejor resolver el asunto en que se actúa; por tanto, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo; solicítese de la manera más atenta al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirvan remitir a este juzgado federal, copia certificada de la papeleta de registro, escrito inicial de demanda, auto admisorio, en su caso, proveído por el que se admitió a trámite ampliación (es), del (os) acuerdo (s) que le hubiera (n) recaído a ésta (s), sentencia y auto mediante el cual quedó firme; o bien, permita el acceso total a las constancias que integran el expediente electrónico del juicio de amparo ***; asimismo, informe el estado procesal que guarda dicho sumario, lo anterior para los efectos legales conducentes. Resulta aplicable al caso, la tesis P./J. 17/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, página 108, que señala: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.". Lo anterior, en virtud de que podría actualizarse alguna causa de improcedencia prevista en el numeral 61, de la Ley de Amparo. Al respecto es de invocarse la jurisprudencia 163/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 176291, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 319, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Por último, a fin de que se proceda a realizar la notificación del presente proveído a la parte quejosa en el domicilio señalado, con fundamento en lo previsto en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario adscrito a este Juzgado Federal para practicar la diligencia que se encomienda, en horas y días inhábiles. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la Licenciada Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistida de Ana Luisa Cortés Narváez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Comuníquese a las partes lo resuelto por la Superioridad: "[.]PRIMERO. En la materia de la revisión se CONFIRMA la sentencia recurrida, dictada el once de mayo de dos mil veintiuno por la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 160/2021. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la sucesión de bienes de ***, contra los actos atribuidos a la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa y Director General de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, ambos de esta entidad federativa, por los razonamientos expuestos en el último considerando de la sentencia recurrida.[.]". Acúsese recibo. Por otra parte, se REQUIERE a las autoridades referidas. Se aperciben. Visto el oficio, se tienen por hechas sus manifestaciones y por informadas las gestiones de referencia, de las que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
...agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual hace del conocimiento a este juzgado federal el acuerdo dictado el veintisiete de agosto del año en curso, en el expediente R.A. 254/2021 del índice de ese órgano colegiado. En consecuencia, la suscrita queda enterada que el tribunal de alzada, con fundamento en el artículo 81 fracción I, inciso e) y demás relativos de la Ley de Amparo, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada el quince de julio del presente año y que, conforme a lo dispuesto en el numeral 82 de la ley de la materia, la parte quejosa se adhirió al citado recurso; lo anterior para los efectos legales conducentes.
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