Jorge Ramírez Navarrete

Expediente 1116/2013 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2013.

Datos del expediente

Expediente
1116/2013
Año
2013
Actuaciones
5
Última actuación
03/12/2013

Partes del expediente

  • Jorge Ramírez Navarrete

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DECLARO SU LEGAL INCOMPETENCIA, PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA, EN CONSECUENCIA; SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. AHORA BIEN, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR RESOLUCIÓN DICTADA POR ESTE ORGANO COLEGIADO, REMITASE AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCION DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDOLE EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE, EN SU MOMENTO PROCESAL, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.

  3. Juicio de Amparo Directo

    A SUS AUTOS EL OFICIO DEL PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA CIVIL Y FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO, FIRMANDO CONJUNTAMENTE CON LA SECRETARIA DE AMPAROS ADSCRITA, AL QUE AGREGAN EL ESCRITO DE ***. EN ATENCION A LO REMITIDO ESTESE A LO ACRODADO POR RESOLUCIÓN DE TRECE DE NOVIEMBRE PASADO Y EN SU OPORTUNIDAD REMITASE EL ESCRITO CON QUE SE DA CUENTA AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE HIDALGO, JUNTO CON LA DEMANDA DE GARANTÍAS Y SUS ANEXOS, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

  4. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE. fórmese expediente, regístrese y acúsese recibo. Ahora bien, en la especie, el suscrito considera que este tribunal colegiado carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver el juicio de amparo. Para constatar lo que se afirma, es menester precisar que el quejoso señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo son: a) Los "C.C. Magistrados de la Segunda Sala Civil y Familiar del H. "Tribunal de Justicia del Estado de Hidalgo. - - - b) El C. Juez "Tercero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de "Pachuca de Soto, Hidalgo. - - - IV. ACTO RECLAMADO: La "sentencia dictada en segunda instancia, dentro del Toca No. "552/2103, así como el auto admisorio de la demanda de divorcio "unilateral dictado en primera instancia que dio origen a esta "última, en especial lo marcado con el numeral V, inciso b) donde "se otorga la guarda y custodia provisional de mis menores hijos a "su mamá de nombre Margarita Santiago de la Cruz y segundo "marcado también como b) donde se señala como descuento por "pensión alimenticia el 50% de mi salario." Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo en vigor, se advierte que el diecinueve de septiembre de dos mil trece, la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, emitió resolución en el toca civil 552/2013-II, relativo al recurso de apelación interpuesto por Jorge Ramírez Navarrete, en contra del auto de catorce de mayo de dos mil trece, dictado por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro del juicio escrito familiar de divorcio unilateral 510/2013 promovido por Margarita Santiago de la Cruz en representación de sus menores hijos, en contra del ahora quejoso, resolución en la que se determinó confirmar el auto recurrido que admitió a trámite la demanda de divorcio unilateral y decretó como pensión alimenticia provisional el 50% del salario del quejoso a favor de la parte actora. Inconforme con dicha resolución Jorge Ramírez Navarrete, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Nancy Nayeli, Jorge Alberto y Jonathan de apellidos Ramírez Santiago, promovió juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Así, como ya se mencionó, el artículo 170, en su parte correspondiente, dispone que el juicio de amparo directo procederá contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; además de que para la procedencia de este deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la resolución de diecinueve de septiembre del presente año, dictada por la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en el toca civil 552/2013-II que confirmó el auto de catorce de mayo de dos mil trece, dictado por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro del juicio escrito familiar de divorcio unilateral 510/2013 que admitió a trámite la demanda de divorcio y decretó como medida provisional una pensión del 50% del salario del quejoso; por lo tanto, dicha resolución no es definitiva, toda vez que no pone fin al procedimiento; de ahí que si no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria vigente de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Es aplicable la tesis jurisprudencial por contradicción de tesis 16/2003, sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA "NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL "COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE "INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE "DISTRITO QUE CORRESPONDA. De la interpretación "sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se "desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia "definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano "competente para conocer de éste y cuál es la determinación que "debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no "puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de "procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano "jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente "relacionados, de tal manera que no es posible explicar la "procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda "de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una "sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo "relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo "conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal "incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia "del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de "conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema "Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. "40/97, de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO "PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. "ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO "DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO "DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Lo anterior resulta "congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de "la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un "tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de "Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia "del juicio de garantías." Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, que en términos de su artículo cuarto transitorio derogó los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; en concordancia, con lo preceptuado en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se indica a las partes que el Poder Judicial de la Federación, debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º , 3º , 5º , 6º , 7º y 8º del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.

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