Jorge Ramirez Mauleon

Expediente 1325/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 27 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1325/2021
Año
2021
Actuaciones
27
Última actuación
31/05/2022

Partes del expediente

  • Jorge Ramirez Mauleon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 1325/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió por una parte la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió por una parte la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió por una parte la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió por una parte la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Acto continuo, el secretario da cuenta con el estado de autos, informa las constancias que integran el expediente y certifica que transcurrieron ocho días de la recepción del último informe justificado rendido por las autoridades responsables, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. El Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias y, en razón que no existe obstáculo alguno, continúese con esta audiencia. Abierto el período probatorio, el secretario certifica que las partes no ofrecieron pruebas. Se acuerda: No existiendo pruebas que relacionar, se cierra el período probatorio. Abierto el período de alegatos, el secretario certifica que las partes no los formularon. Se acuerda: Como las partes no hicieron manifestaciones, se cierra esta etapa. En seguida, se dicta SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 1325/2021, promovido por JORGE RAMÍREZ MAULEON. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós y turnado a este Juzgado ese mismo día, el quejoso promovió demanda de amparo contra actos de las siguientes autoridades: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. Fiscal General del Estado de Veracruz Xalapa, Veracruz 23 NIEGA 2. Juez Primero de Primera Instancia 43 NIEGA 3. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial 16 NIEGA 4. Jefe de Detectives de la Policía Ministerial 20 NIEGA San Andrés Tuxtla, Veracruz 5. Comisario Regional de la Policía Ministerial 27 NIEGA 6. Coordinador de la Unidad de Detectives de la Policía Ministerial 28 NIEGA Cosamaloapan, Veracruz 7. Fiscal de la Sub-Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIX Distrito Judicial 40 NIEGA 8. Jefe de Detectives de la Policía Ministerial Base Isla y/o Comandante de Detectives de la Policía Ministerial 49 NIEGA 9. Comandante de la Policía Ministerial de Isla 56 NIEGA Ciudad Isla, Veracruz De quienes reclama los actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables su informe justificado; dar la intervención que le compete a la Fiscal de la Federación adscrita a este juzgado y, fijar fecha y hora para la audiencia constitucional la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. Hasta hoy no consta que las partes hayan consentido la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo del Acuerdo General 03/2013. Por la vía, en virtud de que se reclaman actos que inciden en el derecho fundamental de la libertad personal del quejoso, impugnables en amparo indirecto. La materia, pues se actúa como órgano de instrucción en materias penal, laboral y civil, así como de Control Constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, en razón que los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama en esta instancia: LA ORDEN DE APREHENSIÓN, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Del cuadro de reseña de autoridades responsables localizado en el resultando primero de esta resolución, se advierte que las autoridades señaladas con los números arábigos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados. Por tanto, como la parte quejosa no aportó medio de convicción con el cual desvirtuara la negativa de las autoridades responsables, siendo que a ésta corresponde acreditar la existencia del acto que les atribuye; procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JORGE RAMÍREZ MAULEON, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley.

  4. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos las piezas postales devueltas por el Servicio Postal Mexicano, que contienen los oficios 744 y 745 dirigidos a las autoridades responsables 8. Jefe de Detectives de la Policía Ministerial Base Isla y/o Comandante de Detectives de la Policía Ministerial, y 9. Comandante de la Policía Ministerial, ambos con residencia en Isla, Veracruz, por el motivo ahí expuesto. En esas condiciones, en obvio de mayores dilaciones y, afecto de no dejar en estado de indefensión a las partes, se ordena reexpedir los aludidos oficios a las autoridades con sus denominaciones correctas, a fin de que se impongan de su contenido; lo anterior, tomando en consideración que la autoridad señalada con el número 8, rindió su informe previo (foja 112) con la denominación Encargado de la jefatura de Detectives de la Policía Ministerial, y por cuanto hace a la autoridad 9, su denominación correcta es Comandante Municipal de la Policía en Isla, Veracruz (foja 35). Notifíquese en términos de ley.

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