Jorge Ramírez González
Expediente 690/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 41 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 690/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 27/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jorge Ramírez González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
... se declara que ha causado estado el acuerdo de referencia.... archívese el presente asunto como concluido... se decreta que este expediente junto con el incidente de suspensión carecen de relevancia documental... este expediente es destruible... por cuanto ve al original del incidente de suspensión ,,, procede su destrucción... Respecto al duplicado del incidente de suspensión... también es susceptible de destrucción...
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, treinta de septiembre de dos mil veinte. Del estado procesal que guardan los presentes autos, así como de la certificación que precede, hecha por la Secretaria de este órgano jurisdiccional se desprende que el quejoso no cumplió con lo requerido mediante proveído de treinta de enero de dos mil veinte; asimismo se estima necesario precisar: Por escrito recibido el veintidós de julio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad capital, y remitido por razón de turno a este órgano jurisdiccional, ese mismo día, Jorge Ramírez González, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad, de quien reclama: La resolución de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, dictada en el juicio civil 929/2018/IV por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, relativa al recurso de reclamación interpuesto contra la pensión alimenticia provisional decretada en dichos autos, consistente en el 40% del sueldo y demás prestaciones que percibe el aquí quejoso, en la que confirmó dicha medida. 2. Mediante proveído de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo origen del presente asunto, se señaló fecha para audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Joceline Grisel Villafuerte González. 3. Mediante proveído de quince de octubre de dos mil diecinueve, se advirtió la imposibilidad que existió para emplazar a juicio a la citada tercero interesada; en consecuencia, este órgano jurisdiccional ordenó realizar la investigación prevista por el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, para lo cual se giraron oficios a diversas autoridades para que informaran a este órgano jurisdiccional si con motivo de sus funciones tenían registrado algún domicilio de la tercero interesada. 4. Finalmente, por diverso acuerdo de treinta de enero pasado, toda vez que no fue posible el emplazamiento de la tercera interesada de referencia, se ordenó su emplazamiento por edictos, para lo cual, se requirió al quejoso Jorge Ramírez González para que en el término de veinte días contados a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho auto, se presentara a recogerlos y acreditara la publicación de los mismos, apercibido que de no hacerlo así, se decretaría el sobreseimiento en el juicio, notificándole personalmente dicho proveído; para lo cual el siete de febrero siguiente, se presentó a recogerlos por conducto de su autorizada. Precisado lo anterior, dado que a la fecha ya feneció el plazo que se otorgó al impetrante del amparo sin que acreditara la publicación de los edictos que fueron dejados a su disposición; se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el precitado acuerdo de treinta de enero de dos mil veinte, por lo que, se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto ante la imposibilidad de emplazar a la tercero interesada. Para evidenciar lo anterior, conviene reproducir el contenido de los siguientes artículos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 27.- Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: "Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. II.- Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; De lo anteriormente transcrito y señalado, se advierte que la Ley de Amparo, establece concretamente la forma en que debe ser emplazado a juicio el o los terceros interesados, lo cual debe hacerse mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por medio de edictos a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. Es decir, el emplazamiento del tercero interesado que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que la parte quejosa, en principio acuda a este órgano a recoger los edictos, y en segundo lugar, realice el pago de los mismos, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de garantías a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda la tercero interesada en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo procedimiento, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de garantías pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la tercero interesada, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de garantías constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa por no haber acudido a este Órgano a recoger los edictos para su publicación, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de garantías, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos, a costa del quejoso, para lograr el emplazamiento de la tercera interesada Joceline Grisel Villafuerte González, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propia quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y, que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Así pues, se advierte que la parte quejosa al no haber recogido los edictos ordenados en autos, como se le ordenó en proveído de treinta de enero de dos mil veinte, a pesar de haber sido notificado oportunamente para ello, tal y como se aprecia de autos, siendo su obligación para efectuar su publicación, tal como lo ordena la parte final del artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, por tanto, es dable sobreseer en el presente juicio, por falta de interés del impetrante del amparo en la prosecución del asunto que se resuelve. No pasa inadvertido para quien provee, el contenido de la tesis de jurisprudencia 2a./J.108/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, Tomo XXXII, agosto de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO." Lo anterior es así, ya que si bien el operador judicial debe ponderar una vez haya realizado la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, de la citada ley, las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos), y lo acredita en autos, la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura Federal, realice la publicación de los edictos respectivos, empero, de las constancias que integran el juicio de amparo que se resuelve no se advierte que el quejoso Jorge Ramírez González, haya manifestado algo al respecto, de ahí que este órgano federal no estaba obligado a realizar en forma oficiosa la ponderación a que refiere la Jurisprudencia transcrita, toda vez que carecía de los elementos para ello. Es aplicable por su contenido, la Jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo expuesto, con apoyo además en los artículos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, 5o, fracción III, inciso c) y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio constitucional fuera de audiencia. Finalmente, déjese sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con veinticinco minutos del uno de octubre de dos mil veinte; lo cual hágase del conocimiento de la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA Y EN LO CONDUCENTE DICE: Por lo expuesto, con apoyo además en los artículos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, 5o, fracción III, inciso c) y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio constitucional fuera de audiencia. Finalmente, déjese sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con veinticinco minutos del uno de octubre de dos mil veinte; lo cual hágase del conocimiento de la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
.... túrnense los presentes autos a cualesquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado, a fin de que por su conducto emplacen a la citada tercero interesada en el domicilio mencionado con antelación, con copia de la demanda y del auto de radicación de veintitrés de junio de esta anualidad. Por lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y como nueva fecha para su celebración se fijan las diez horas con cinco minutos del catorce de enero de dos mil veinte.
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