Jorge Quintero González
Expediente 1452/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1452/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/11/2019
Partes del expediente
- Jorge Quintero González
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que la quejosa no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de octubre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Vista la demanda de cuenta promovida por Jorge Quintero González, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1452/2019-II-D. DESECHAMIENTO Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En el caso, el quejoso reclama el citatorio de quince de octubre de dos mil diecinueve emitido en la carpeta de investigación NUC:LER/TOL/LER/054/188749/19/07, para que se presentara el veintisiete de octubre del año en curso a las catorce horas a rendir su entrevista, en su carácter de imputado, con el apercibimiento que de no hacerlo, se haría acreedor a una medida de apremio consistente en cien días de unidad de Media y Actualización de conformidad con el numeral 104 del Código Nacional de Procedimientos. Precisado lo anterior, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta en atención a que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: . b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . La fracción XXIII del primer artículo transcrito se interpreta en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que las demás fracciones del artículo 61 mencionado, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la constitución y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Luego, del último artículo transcrito se desprende que el juicio de amparo es procedente contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que se consideren de imposible reparación, es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que, cuando los reclamados no sean de los considerados como tales, el juicio biinstancial será improcedente. Ahora, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en las fracciones III, inciso b), y V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Máxime que el artículo 21 Constitucional, dispone: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines." El precepto constitucional transcrito con antelación, hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de la investigación del delito; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esta institución pública. Dicho precepto, consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal, denominada investigación del delito no judicializada (noticia criminal), los elementos del delito y la probable intervención o participación del imputado. Así pues, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de la investigación del delito, el Representante Social debe acreditar determinados hechos para demostrar los elementos del hecho delictuoso que se imputa al indiciado que, concatenados entre sí, den como resultado una presunción iuris tantum que demuestre los elementos del ilícito en cuestión y su probable intervención o participación. En esas condiciones y dado que corresponde a esa institución pública el acreditar la actualización de algún delito, por imperativo constitucional, en todos los casos se le constriñe a realizar "la investigación y persecución de los delitos" debiendo para ello, necesariamente "buscar y presentar los datos de pruebas que acrediten la probable participación o intervención en el hecho delictuoso del imputado". Lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 19 constitucional. De ahí que, como ya quedó expuesto, al Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 21, primer párrafo, de la Ley Fundamental, le impone la obligación de aportar los datos demostrativos que acrediten la existencia de un delito, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, destruyendo las pruebas aportadas por el Representante Social, lo cual, no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de probar la actualización de los mismos. En ese contexto, este órgano jurisdiccional estima que la revisibilidad, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la carpeta de investigación del delito debe ser determinada, en aras de preservar al menos en su expresión mínima necesaria a la función indagatoria, de manera casuística, tomando en consideración fundamentalmente si éstos constituyen o no actos cuyos efectos podrán o no ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial. Bajo este contexto, el citatorio no es más que una simple citación a comparecer ante el Ministerio Público, que la representación social emite en ejercicio de sus facultades constitucionales de investigación y que no afecta derechos sustantivos del gobernado, pues, por sí solo, no es un acto que afecte la libertad personal, se trata de una simple comunicación en el sentido de que requiere su presencia para desahogar una diligencia de carácter ministerial. Por tanto, ese acto de comunicación para que acuda a una diligencia ministerial, como tal, no incide en su libertad personal. No obsta a lo anterior el hecho de que a través del citatorio se haya apercibido al quejoso que de no comparecer se impondrían los medios de apremio contemplados en el artículo 104, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación; por tanto, se reitera, ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado; de ahí que el juicio de amparo resulte improcedente, pues se trata de un acto fuera de juicio que no le afecta. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 239 del Semanario Judicial de la Federación, tomo I (diciembre de 2018), Décimo Época, que a la letra dice: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin que obste lo anterior, cabe mencionar que el impetrante reclama el citatorio de quince de octubre de dos mil diecinueve emitido en la carpeta de investigación NUC:LER/TOL/LER/054/188749/19/07; del que se observa entre otras cosas que se señalaron las dieciséis horas del veintisiete de octubre del año en curso a fin de desahogar entrevista ministerial; sin embargo, la demanda fue presentada posteriormente a dicha citación (veintinueve de los actuales) En ese contexto, este juzgado advierte que respecto del acto reclamado precisado en el párrafo que antecede, se actualiza también la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, precepto que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y; [.] Del precepto antes transcrito, se infiere que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuya finalidad es restituir al quejoso al goce de sus garantías violadas por un acto de autoridad que vulnera la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, es decir, que para su procedencia es necesaria la particularidad de que la sentencia concesoria que en su caso llegare a dictarse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado y cuando se observe que los efectos del acto de autoridad impugnado no obstante que se hubiesen concretado en la esfera jurídica del quejoso, sin embargo, en virtud de que a la fecha en que se acuerda ya transcurrieron dicha fecha de presentación, ya que la data en la que citaron al impetrante fue señalada por la responsable el veintisiete de octubre de dos mil diecinueve, por ende, no tendría ningún efecto jurídico darle trámite a la presente demanda en caso de que se determinara que dicho acto es inconstitucional; lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando ésta subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado; por tanto, no obstante que pudiera ser susceptible de reparación, al no existir la materia del acto reclamado impide que sus efectos trasciendan a la esfera jurídica del quejoso y, por ende, que el fallo protector cumpla con su finalidad. Así las cosas, en el caso concreto, es cierto que dentro de la carpeta de la carpeta de investigación NUC: LER/TOL/LER/054/188749/19/07, se emitió el citatorio de quince de octubre del año en curso, del que se advierte que se citó al quejoso el día veintisiete de octubre del año en curso, a fin de llevar una diligencia de carácter ministerial; en consecuencia, se observa que subsiste el acto reclamado ya que no se ha dejado sin efecto dicho documento; sin embargo, a la presente fecha ha transcurrido la data estipulada por la responsable para llevar a cabo dicha diligencia. Luego entonces, el acto aquí reclamado jurídicamente no tendría efecto alguno, ya no podría trascender a la esfera jurídica del impetrante para que pudiera ser reparada, por haber dejado de existir la materia del mismo, por ello, al no poder surtir efecto legal el acto reclamado, carece de materia para continuar con su sustanciación. Circunstancia ésta, que impediría que el fallo protector cumpliera con su objetivo y, por el contrario, se ocasionaría un mayor perjuicio al impetrante. Tiene aplicación por analogía al caso concreto, la tesis jurisprudencial 2a. XCIX/2000, emitida por la Segundo Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta XII, Agosto de 2000, Página 357 de la Novena Época, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por lo expuesto, fundado y motivado, atento a lo dispuesto en los artículos 61, fracciones XXII y XXIII, y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA firmada Alejandro Nasta Luna, por derecho propio, por notoriamente improcedente. DOMICILIO No ha lugar a acordar de conformidad el domicilio señalado por la quejosa para oír y recibir notificaciones, toda vez que el mismo se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional; por tanto, conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señale diverso en la ciudad de Toluca o su zona conurbada (Metepec) AUTORIZADOS Por otra parte, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizadas a las personas que nombran en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del secretario Aldo Alejandro Santana Jiménez, que da fe.
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