Jorge Quero Morales
Expediente 772/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 772/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge Quero Morales
Actuaciones
- Principal
MESA IV A "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; seis de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el asunto como concluido. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que la demanda de amparo origen de este juicio fue desechada, el expediente es destruible dentro de cinco años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
El día de hoy, queda notificada la parte quejosa, por medio de la presente lista de acuerdos, de la determinación judicial de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio de amparo 772/2019; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante la cita que se le dejó con anticipación. Dicho auto, en lo conducente, dice: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Con la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la Delegada Federal en el Estado y otra autoridad, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 772/2019. Se instruye al Secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, así como para que firme los oficios que deriven de este asunto. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente hace consistir el acto reclamado en la imposición y cobro de la multa impuesta en el expediente administrativo PFC.OAX.B.3/****/2009, relativo a la queja que dijo fue promovida en su contra. Así, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Por su parte el artículo 107 Constitucional dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determinen la ley, de acuerdo con las bases siguientes: . IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la ley reglamentaria del juicio de amparo requiera como condición para decretar esa suspensión." De la apreciación conjunta de los numerales constitucional y reglamentario que anteceden se obtiene que deberá observarse el principio de definitividad, esto es, que el juicio de amparo en la materia administrativa será improcedente cuando contra el acto de autoridad proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre que la ley que lo establezca o lo rija no exija mayores requisitos que los previstos en la ley reglamentaria para la suspensión definitiva. En síntesis, el amparo es improcedente en términos de la aludida fracción del precepto reglamentario cuando se dan los siguientes supuestos: 1. Que el acto reclamado provenga de autoridad distinta de los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo; y, 2. Que deba ser revisado de oficio conforme a las leyes que lo rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal que haga valer la parte agraviada, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, para la concesión de la suspensión solicitada En el caso, contra la imposición y cobro de la multa impuesta en el expediente administrativo PFC.OAX.B.3/000507/2009, relativo a la queja promovida contra el quejoso, ante la Delegación Estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor, como lo dispone el artículo 3, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, procede el juicio nulidad conforme a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Dicho numeral prevé: "De la competencia del Tribunal y los Conflictos de Intereses Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; [.]." En efecto, la autoridad responsable impuso la multa al quejoso en el expediente administrativo PFC.OAX.B.3/000507/2009, y como consecuencia, su determinación puede ser impugnada ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme a la competencia que se establece en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A través del juicio de nulidad, se puede obtener la confirmación, revocación o modificación del acto reclamado; además de que en dicho juicio no se exige mayores requisitos para conceder la suspensión del mismo, que la Ley de Amparo, ya que de acuerdo los artículos 24 y 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, sólo basta que lo solicite la parte actora, que con la misma no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado; así como en su caso, la exigencia de alguna garantía económica para reparar el daño o garantizar el interés fiscal. Como consecuencia, se obtiene que la parte quejosa no observó el principio de definitividad que hace procedente el juicio constitucional, pues previo a la interposición del juicio de amparo, el acto reclamado es susceptible de modificación, revocación o de invalidación mediante algún recurso o medio de defensa legal, esto es, mediante el juicio de nulidad conforme a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual debe agotarse previamente a la interposición del juicio de amparo indirecto. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, localizable en la página un mil cuatrocientos cuarenta y seis, libro XXIV, tomo dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de dos mil trece, materias común y administrativa, registro 2004553, que a continuación se transcribe: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Así, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la consecuencia es desechar de plano la demanda de amparo en estudio por notoriamente improcedente. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Edgar Alejandro Castillo Sánchez, así como para imponerse de los autos a Julio cruz Montes, Ismael Luis Jiménez Arellanes, Aurelio García Rodríguez, Carlos Diego García Guzmán y José Manuel Blanco Martínez, dado que no se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, específicamente en el apartado de Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, no obstante que el uso de los medios electrónicos para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulada en la ley de la materia, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a dicha parte para utilizar cámara fotográfica, teléfono celular o scanner, que le permita copiar constancias y reproducir el contenido de las resoluciones que obren en el expediente; sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que haga de ellos el peticionario, quien estará obligado a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página dos mil ochocientos cuarenta y siete del tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, materia civil, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En el entendido de que dicha reproducción deberá realizarse en la secretaría correspondiente, dejándose constancia en el expediente de los documentos reproducidos. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos personales de las partes, al acceso, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo proveyó y firma la licenciada Adriana Alejandra Ramos León, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien actúa asistida del (la) licenciado (a) José Ernesto Salinas Pérez, Secretario (a) de Juzgado que autoriza la actuación y da fe. Doy fe.
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